Se queja el presidente Bauzá de la campaña de acoso y derribo por el asunto de su farmacia y su presunta incompatibilidad; que el PSOE persigue acabar con él por la vía del asedio judicial; que pretenden judicializar la vida política para lograr en los tribunales lo que no consiguen en las urnas. Posiblemente tenga razón, pero justamente eso es lo que hizo el PP contra Margarita Nájera en Calvià, de manos de un joven y arrogante abogado, Carlos Delgado, quien gracias a una brutal campaña de desprestigio iniciada en 2002 y que terminó con 12 denuncias archivadas, logró arrebatar a Nájera la alcaldía de Calvià. Delgado deja su cargo de conseller de Turismo y aduce razones personales, pero no es verdad. Su imputación por el caso Radio Calvià es inminente. El también vicepresidente del PP balear trata de revestir su dimisión de una dignidad más impostada que el peluquín de un calvo porque las sospechas de corrupción en la adjudicación de la emisora municipal que él denomina como “insignificancias” averiguadas por quienes elaboran informes propios de “Torrente”, como él califica despectivamente a los investigadores de la Guardia Civil, le llevarán en breve a declarar como imputado ante la jueza María del Carmen González.
Cuando se tienen recursos para ello –y ni al PP ni al PSOE
nunca le faltaron recursos para eso–, la tentación de empantanar al rival
político en pleitos interminables que generarán portadas sensacionalistas y
titulares envenenados se hace irresistible. Lo ha vivido en sus propias carnes
el ex portavoz del GOB, Miquel Àngel
March, triturado por un proceso penal impulsado por una denuncia
“manifiestamente temeraria” y con “motivaciones espurias”, según sospechas del magistrado
Eduardo Calderón, que se ha
prolongado 6 años y por los que finalmente ha resultado absuelto. También ha
pasado por esto Joaquín Rabasco,
quien padeció una campaña mediática repugnante que fructificó en una condena a
un año y medio de cárcel por incitar a la violencia de género, por parte del
juez Francisco José Pérez Martínez,
destituido en abril por “falta de idoneidad para el ejercicio de la función
judicial”. La Audiencia de Palma determina que aquella sentencia llegó a
conclusiones irracionales con interpretaciones insensatas que se alejaban del
contenido del vídeo, transformando los hechos. Los partidos deben dejar de
utilizar la Justicia para acabar con el rival político.
(Publicado en Última Hora)