28 diciembre 2013

MOTIVOS BASTARDOS


Se queja el presidente Bauzá de la campaña de acoso y derribo por el asunto de su farmacia y su presunta incompatibilidad; que el PSOE persigue acabar con él por la vía del asedio judicial; que pretenden judicializar la vida política para lograr en los tribunales lo que no consiguen en las urnas. Posiblemente tenga razón, pero justamente eso es lo que hizo el PP contra Margarita Nájera en Calvià, de manos de un joven y arrogante abogado, Carlos Delgado, quien gracias a una brutal campaña de desprestigio iniciada en 2002 y que terminó con 12 denuncias archivadas, logró arrebatar a Nájera la alcaldía de Calvià. Delgado deja su cargo de conseller de Turismo y aduce razones personales, pero no es verdad. Su imputación por el caso Radio Calvià es inminente. El también vicepresidente del PP balear  trata de revestir su dimisión de una dignidad más impostada que el peluquín de un calvo porque las sospechas de corrupción en la adjudicación de la emisora municipal que él denomina como “insignificancias” averiguadas por quienes elaboran informes propios de “Torrente”, como él califica despectivamente a los investigadores de la Guardia Civil, le llevarán en breve a declarar como imputado ante la jueza María del Carmen González.

Cuando se tienen recursos para ello –y ni al PP ni al PSOE nunca le faltaron recursos para eso–, la tentación de empantanar al rival político en pleitos interminables que generarán portadas sensacionalistas y titulares envenenados se hace irresistible. Lo ha vivido en sus propias carnes el ex portavoz del GOB, Miquel Àngel March, triturado por un proceso penal impulsado por una denuncia “manifiestamente temeraria” y con “motivaciones espurias”, según sospechas del magistrado Eduardo Calderón, que se ha prolongado 6 años y por los que finalmente ha resultado absuelto. También ha pasado por esto Joaquín Rabasco, quien padeció una campaña mediática repugnante que fructificó en una condena a un año y medio de cárcel por incitar a la violencia de género, por parte del juez Francisco José Pérez Martínez, destituido en abril por “falta de idoneidad para el ejercicio de la función judicial”. La Audiencia de Palma determina que aquella sentencia llegó a conclusiones irracionales con interpretaciones insensatas que se alejaban del contenido del vídeo, transformando los hechos. Los partidos deben dejar de utilizar la Justicia para acabar con el rival político.
 
(Publicado en Última Hora)

21 diciembre 2013

CASTRO, ATURA'T!


Para atreverse a atacar al juez Castro, el fiscal Pedro Horrach debe estar muy angustiado. La dureza de sus críticas recuerda otros “avisos” de la Fiscalía a jueces incómodos para el Estado. Y deja entrever que lejos de una divergencia jurídica  estamos ante un pulso en toda regla, ya anticipado en Vanity Fair. Las cosas han llegado muy lejos, le vienen a decir al veterano magistrado. Como en el Parado de Selva: ‘tura’t ben aviat, perquè si no t’atures seràs ‘turat! ¿Seríamos testigos de una confrontación así de no afectar a la hija del Rey? En ningún caso. Como tampoco el fiscal hubiese nunca recurrido una imputación del juez si la encausada no fuera la Infanta Cristina. Que ahora acuse a Castro de dilatar el procedimiento con diligencias que él considera innecesarias, redundantes y contradictorias, es tan grave como sórdido. No descarten que pida que pida el procesamiento del juez por filtraciones a la prensa.

“No se puede imputar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho”. Tiene razón el fiscal, pero omite que él mismo ha solicitado la imputación de decenas de personas con  menos indicios delictivos. Los ha interrogado con toda dureza para aclarar su implicación y no le ha preocupado el perjuicio que ello les pudiera acarrear porque forma parte de la acción de la Justicia. No estamos aún ante un juicio, sino ante una ciudadana que debe dar explicaciones de hechos delictivos protagonizados por su marido y de los que ella, cuanto menos, se ha beneficiado directamente, cosa que ya nadie duda. Horrach protege a la Infanta por ser lo que es, al margen de lo que haya hecho. Su nula voluntad de investigarla aflora en el reproche a Castro por haberlo hecho “provocando una dilación no conveniente”. No hay que restar importancia al “tipo, cuantía y color de los globos” de las fiestas del matrimonio ducal, porque bien que interesó el de las famosas escobillas de váter de Sant Feliu.

Tras 6 meses de minuciosa investigación del presunto soborno de Can Domenge, solo ha aparecido dinero no declarado en Andorra. ¿De quién? De Bartomeu Vicens. En el juicio nada dijo entonces del dinero en Andorra, sino que solo devolvió 160.000 € y aseguró no tener más. Mintió. Los fiscales no registraron su domicilio y solo fueron a casa de Munar y Nadal, donde nada hallaron. Igual si hubiesen ido a casa del “arrepentido” habrían tenido más suerte.

(Publicado en Última Hora)

14 diciembre 2013

HUMILLAR A MATAS


Si no hay circunstancias extraordinarias de reincidencia y peligrosidad, cuando alguien es condenado a una pena no superior a 2 años de cárcel y no tiene antecedentes penales, lo normal es que no sea encarcelado. Así lo recomienda la penología y la ciencia penitenciaria al atender los efectos perniciosos de la cárcel en delincuentes primarios, en aras de la reeducación y reinserción social de las penas privativas de libertad que  establece la Constitución. Así lo ha hecho casi siempre la Audiencia Provincial hasta que llegó el caso de Jaume Matas. Aunque no existe ningún riesgo de reincidencia, los jueces quieren darle un escarmiento, con extrema dureza, para que sirva de aviso a navegantes, lo que lleva implícito un agravio comparativo y un disfavor y por tanto una injusticia. Los magistrados y los fiscales quieren expiar sus propias culpas por su actuación hace años en Mapau y Bitel. El fiscal jefe Antonio de Vicente Tutor, fallecido recientemente, intentó sin éxito que aquello no quedara impune, lo que a la postre le costó el cargo entre cuchilladas de sus propios compañeros. Ahora parece que hay quien se lame las heridas y quiere cerrar un ciclo.

¿Por qué Antonia Martorell –por poner un ejemplo– condenada a 2 años por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, elude la cárcel si paga 7.200 € y Matas no puede eludir 9 meses pagando 10.840 €? En el primer caso, la esposa de Vicens elaboraba facturas falsas para ocultar los cobros ilegales a través de Metalumba hasta un total de 517.000 €. Por el contrario, en el caso de Matas el delito es de tráfico de influencias por haber beneficiado a Antonio Alemany con 140.000 €. ¿Dónde está la proporcionalidad?

Matas lo tiene todo en su contra y solo puede hacer dos cosas: claudicar e ir a prisión o esperar el indulto del Consejo de Ministros, que contará con los informes desfavorables de la Fiscalía y del tribunal. Si va a la cárcel, el primer trimestre estará en régimen cerrado, el segundo posiblemente se le conceda el tercer grado y los últimos 3 meses estará en libertad condicional. En nada se favorece la reinserción social del reo pero da igual porque lo que se persigue es humillar a Matas. Quizás le convenga al ex president que no le den el indulto porque las juezas que tan mal han encajado la sentencia del Supremo al enmendar su sentencia, se cobrarán venganza en los demás casos que están por juzgar.
 
(Publicado en Última Hora)

06 diciembre 2013

ENCHUFISMO

Copyright: Esteban Mercer.
Cuando el director de la Agencia Tributaria afirma que él no permitiría que hubiese injerencias políticas en su departamento –aunque es por eso que ha dimitido el director de Inspección–, suena casi tan falso como cuando el fiscal Pedro Horrach sostiene que él no está “para tapar a nadie ni para ocultar nada”. El entrevistado estrella de este mes en Vanity Fair –algo inaudito– se reivindica con una encendida apología de la Infanta Cristina de Borbón y nos fuerza a elegir entre creerle a él o creer al juez Castro. Naturalmente hay que confiar en Castro porque de momento no da entrevistas para justificarse ni para presionar a nadie y mucho menos para alimentar su vanidad.
 
Horrach dice que necesita algo a lo que agarrarse para imputar a la Infanta, aunque jamás ha necesitado tantos asideros para los centenares de mallorquines a los que ha imputado. El juez Castro se los proporciona en abundancia, pero ni él ni el Fiscal General del Estado los ven porque no quieren. Por el contrario se ha mostrado inflexible con Jaume Matas porque un hotelero –casualmente el principal competidor en la bahía de Alcudia de la compañía hotelera de la familia Horrach–  contrató a su mujer a requerimiento del ex president. Se ha montado un circo peripatético con dos fiscales, ¡dos!, acusando a Matas de recibir un soborno, con decenas de testigos y un jurado para que finalmente Matas sea condenado a pagar  9.000 € de multa, que es bastante menos de lo que ha costado el juicio. Contrasta el hecho que Maite Areal fuese nombrada asesora en la Comunidad de Madrid durante 5 años cobrando un suculento sueldo público, solo por ser la esposa del ministro de Medio Ambiente y sin embargo eso no constituya ninguna ilegalidad. Así está la Justicia. Los fiscales tras conocerse el veredicto se mostraron exultantes en público y se propinaron buenos abrazos en plena calle, como si Matas fuese el único que pidió trabajo para su mujer prevaliéndose de su cargo. Habrá que esperar a que José Mª Rodríguez algún día esté en disposición de hablar.
 
Para no perder la costumbre esta semana la Audiencia Provincial ha absuelto a otros 9 narcotraficantes de Ibiza al anular unas escuchas telefónicas. Suman 96 absoluciones en lo que va de año. ¿Ningún responsable policial va a ser cesado por esto? La Delegada del Gobierno, Teresa Palmer, debe abandonar su puesto si nadie asume su responsabilidad por este desastre continuado.
 
(Publicado en Última Hora)

30 noviembre 2013

FISCALES CONTRA EL RUIDO


En Girona la Fiscalía pedía 7 años de cárcel para una pianista por contaminación acústica y lesiones psíquicas a una vecina. Luego lo rebajó a 20 meses y lo mismo a los padres de la pianista por cooperadores necesarios. Afortunadamente fueron absueltos.  En Palma el intendente Antonio Vera acusa al fiscal Subirán de actuar contra él porque no se tramitó con la celeridad que le hubiese gustado una denuncia suya por ruidos.  Estos casos demuestran que a la Fiscalía no le gusta el ruido, ni el físico ni el mediático. Siendo Palma una ciudad estridente como pocas y la apatía que en esta materia atenaza a la Policía Local, se entiende el berrinche de Subirán. ¿Quién podría reprochárselo?

El policía Santiago Adrover ha reconocido ante la jueza el amaño del concurso de ascenso a oficial de la Policía Local de Palma y ha confesado que le facilitó las preguntas otro imputado. Además admitió ser militante del PP y acusó al intendente Vera de colocar a agentes afines al partido para puestos clave. Vera dice que él no ha sido y que amaños los ha habido siempre. Es un asunto feo pero que nadie lo saque de quicio porque eso de colocar amigos no es exclusivo de nadie y está bastante generalizado. Seamos honestos. ¿Alguien puede creerse que solo UM enchufaba a afiliados en el Imfof o en Emaya? ¿No lo hacen el resto de partidos? Lo que pasa es que nunca se ha investigado a los demás.

Hasta la Guardia Civil “amaña” ascensos, aunque lo hace con una técnica más perfeccionada y sutil. No se llega a la cutrez de filtrar las preguntas del examen desde el propio ordenador oficial, como parece haber sucedido en la Policía Local de Palma. En la Benemérita, como en la Policía Nacional, cada año se condecora a varios agentes. Las condecoraciones se imponen exclusivamente a propuesta del mando, bajo criterios subjetivos y solo a los agentes más afectos al régimen. Cada medalla tiene asignada una determinada puntuación, lo que hace que aquellos que las tienen estén muchísimo mejor situados para ascender que aquellos que no han recibido ninguna jamás, por muy buenos servicios que hayan protagonizado. El perfil de los condecorados –siempre hay excepciones– es muy claro y nada tiene que ver con su profesionalidad, sino con su docilidad y mansedumbre. Lo mismo que las medallas que Policía y Guardia Civil otorgan a algunos jueces y fiscales, que premian no ya la docilidad, sino la sumisión ovina.

(Publicado en Última Hora)

 

26 noviembre 2013

LA MITAD DE LA LEGISLATURA


Se han cumplido ya dos años desde que el Partido Popular de Mariano Rajoy ganó las elecciones generales en noviembre de 2011. En aquella confrontación electoral el Partido Popular logró 10.830.000 votos y 186 escaños, lo que le otorgó la amplia mayoría absoluta de la que ahora disfruta.  

El presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y junto a él el PSOE, llevaron a cabo una irresponsable gestión de la crisis, con un gasto público desbocado, un desplome de los ingresos y negando negligentemente que la crisis financiera causada por la quiebra de Lehman Brothers pudiera afectar al país. Las revelaciones que en los últimos días está haciendo el vicepresidente económico de ZP, Pedro Solbes, dibujan a la perfección el grado de ausencia de la realidad que vivió Zapatero. Por culpa de su ineptitud económica arrastró al PSOE a la situación calamitosa en la que aún hoy se  encuentra.

Sin embargo los socialistas no fueron los únicos que se comportaron irresponsablemente. Los populares hicieron gala de esa misma cualidad y actualmente podemos ver en Youtube montones de vídeos donde criticaban que se subiera el IVA o los demás impuestos, donde se hacía mofa de la Alianza de Civilizaciones a la que aún hoy España pertenece, donde se acusaba al Gobierno de connivencia con ETA y de ultrajar a las víctimas y un largo etcétera. Dos años después los populares incurren en muchas de las críticas que ellos mismos hacían al Ejecutivo de Zapatero. Han pisoteado sus propias líneas rojas (educación, sanidad y servicios sociales), han reducido las pensiones y aumentado la edad de jubilación, establecido el copago farmacéutico, han suprimido prestaciones sanitarias y han subido todos los impuestos, incluido el IRPF y el IVA que tanto exigían rebajar cuando estaban en la oposición, a la par que decretaban una amnistía fiscal para quienes tuvieran fondos en el extranjero. Han reducido las becas, implementado tasas judiciales, abaratado el despido a través de una reforma laboral contestada con una huelga general pero aplaudida por la Comisión Europea e incluso ya han sufrido una primera manifestación de víctimas del terrorismo contra la excarcelación de presos etarras tras la anulación de la doctrina Parot. Hay muy pocos aspectos de su programa electoral que el PP haya respetado. Y por si no fuera poco, el PP se ha visto envuelto en un caso de financiación ilegal acusado por quien fue su propio tesorero, Luis Bárcenas, actualmente en prisión provisional.

Ante esta avalancha de promesas incumplidas y de desilusión generalizada, el partido de Mariano Rajoy exhibe unos pocos indicadores económicos positivos que sólo perciben las grandes empresas y el sector financiero, pero que la ciudadanía está muy lejos de notar en el día a día. Se argumenta que se ha eludido el rescate del país, obviando que se optó por un rescate del sistema bancario que ha constado desde 2007 cerca de 220.000 millones de euros, de los que 40.000 millones son a fondo perdido. Y también se argumenta que la prima de riesgo se ha reducido significativamente y que el grifo de la financiación de la deuda pública está abierto. Sin embargo, los altos impuestos, la caída generalizada de los salarios y la altísima tasa de paro (26.9%) siguen frenando el consumo la recuperación económica parece aún muy lejana a pesar de los mensajes optimistas del Gobierno.

En mayo de 2011 ante un PSOE completamente noqueado los ciudadanos optaron por el otro gran partido de gobierno: el PP de Mariano Rajoy, quien a la tercera logró imponerse a los socialistas. Pero en estos dos años se ha puesto de manifiesto que el PP recurrió a promesas que ellos sabían que no podrían cumplir. Criticaron irresponsablemente a ZP pero han ido más allá en muchas de las cosas que él hizo. Buena parte de su electorado está descontento y esperaban soluciones de verdad y no simplemente humo.

En mayo de 2015 habrá elecciones autonómicas y muy posiblemente también generales si Rajoy decide adelantarlas, cosa que yo estoy convencido que hará. Solo faltaría, si se cumple el pronóstico, un año y 5 meses para una nueva convocatoria electoral. Previamente, dentro de 6 meses, en mayo del año próximo tendremos elecciones al Europarlamento y veremos cuan satisfechos están los ciudadanos con el Gobierno. Ya les aventuro yo que poco.

(Publicado en http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/10518-la-mitad-de-la-legislatura)

22 noviembre 2013

PLACAS Y LOSAS

Dice el juez José Castro que el último alegato del fiscal Horrach donde exonera a la Infanta Cristina es muy cualificado. Sin duda se trata de cortesía procesal. Cuando un fiscal muta su función de acusador público y se convierte en defensor real, es todo menos cualificado. Recuerda al fiscal Jaime Guasp defendiendo al Govern en la muerte de Alpha Pam. Bien es verdad que este fiscal en enero de este año ya desbarró con comentarios que sonaron xenófobos en el juicio de un marroquí que había violado e intentado asesinar a la ciudadana británica Cheryl Maddison.  
 
Nuestros representantes políticos están muy aburridos y como modo de luchar contra la abulia que les somete, a menudo se dedican a realizar propuestas absurdas y en muchos casos populistas que, además, nos cuestan dinero. A algunos de estos perezosos gestores de lo público les ha dado por proponer la retirada de las placas conmemorativas de la inauguración de infraestructuras si en ellas aparece el nombre de algún político condenado por corrupción. A sensu contrario si la condena fuera por traficar con droga, pederastia o conducir borracho, no sería necesario proceder a la retirada de la placa en cuestión. Así lo han acordado, entre otros, los ayuntamientos de Alcudia y Andratx, aunque otros seguirán la moda. El presidente Bauzá no es ajeno a estos pasatiempos. Ordenó retirar el cuadro de Jaume Matas, pero no hizo lo propio con el de Gabriel Cañellas, implicado en el caso de financiación ilegal del PP con las comisiones del túnel de Sóller, que se libró de la condena porque el delito había prescrito. Maria Salom, que sabe bastante del escabroso asunto, ha decidido que el cuadro de Munar no sea exhibido, aunque está hecho y buen dinero nos costó. Confío en que cuando abandone el cargo dará instrucciones para que tampoco cuelguen el suyo dada su implicación en el cobro de comisiones del Túnel de Sóller.
 
Salom, política profesional de las que dice aborrecer José Ramón Bauzá –a quien, por cierto, alguien debería explicar las diferencias entre una sentencia y el escrito de un fiscal–, dice que los problemas de Televisión de Mallorca derivan de la compra de Son Puig, un inmueble que no servía como sede del ente. Debería leerse las dos sentencias que dicen lo contrario y no pasarse de lista. Ella decidió el cierre de [M] y ella debe apechugar con las consecuencias políticas de su decisión. Esa es su losa.

 


 

16 noviembre 2013

LA GUINDA DEL PASTEL


Uno de los tipos que fue descubierto con las manos en la caja pública se dirige a la Fiscalía y apunta el nombre de Jaume Matas. Entonces su delito es reducido sustancialmente y la pena es mínima. Eso es lo que obedeciendo al Ministerio Público ha hecho Juan Francisco Gálvez, exdirector general de Juventud. Por el mero hecho de acusar sin la más mínima prueba al expresidente Matas, ve reducida su pena de los 12 años iniciales hasta tan solo 3 años. Desde que en 2008 se destapó el caso Turisme Jove, Gálvez no había implicado jamás a Matas, pero pocos días antes del juicio se forja un pacto de conformidad, se va al juzgado y dice que actuaba por orden del ex president. ¿Qué credibilidad puede otorgársele? Ninguna. Gálvez no ha sido acusado de cohecho, delito del que sí se ha acusado a Gosálvez y Amengual. ¿Cómo es posible que siendo el superior inmediato en la cadena jerárquica, Gálvez sea exonerado del soborno? Es el premio que le otorga la Fiscalía por acusar a Matas. Ni la exconsellera Rosa Puig ni la eurodiputada Rosa Estarás, que disfruta de su exilio dorado en el Europarlamento, se ven implicadas en el asunto. No son el objetivo a batir, por suerte para ellas.
 
Veremos idéntico proceder en el caso Metalumba. El juicio comenzará el lunes y se sentarán en el banquillo Miquel Nadal, Bartomeu Vicens y otros cinco acusados, entre los que está el abogado Jaime Montis. La Fiscalía solicitaba 19 años y 3 meses para Vicens, pero tras servirles en bandeja la cabeza de Munar en Can Domenge, la pena no superará los 3 años y además su mujer, Antonia Martorell, no tendrá que ir a la cárcel cuando le pedían 13 años y 3 meses. La Fiscalía debería explicar a cuento de qué rebaja de este modo sus peticiones de pena. Vicens es otro que por acusar a su superior se lleva el premio gordo. Infame.
 
Pero la guinda del pastel es el papel del fiscal Horrach a la hora de proteger a la Infanta Cristina. Primero fue un insólito recurso ante una citación como imputada. Ahora se anticipa al juez Castro y se retrata con un escrito que pretende absurdamente justificar lo injustificable, actuando de defensor y no de acusador. No es que Horrach no quiera llevar a juicio a la hija del Rey, ¡es que ni siquiera tiene curiosidad por oír su versión de los hechos en un interrogatorio en el juzgado! Desde que es fiscal anticorrupción, ¿con cuantas personas ha actuado así? Con ninguna. Jamás.
 
(Publicado en Última Hora)

12 noviembre 2013

POLÉMICA CON EL SEGUNDO CASINO


Está sucediendo ante nuestras mismísimas narices un caso paradigmático de lo que consideran nuestros políticos que es un concurso público. Se trata del concurso para la licencia de instalación y explotación del segundo casino de Mallorca. El Reglamento de casinos de juego de Baleares establece que la autorización para instalar y explotar un casino se efectuará previa convocatoria de un concurso público. No da otra opción que la de convocar un concurso, que se presente todo aquel que reúna los requisitos y que gane el mejor. No el que quieran los políticos, sino el mejor. Y así se hizo por parte de la Vicepresidencia Económica – Dirección General de Comercio y Empresa del Govern de les Illes Balears, publicando las bases que rigen el concurso en el BOIB del 29 de diciembre de 2012.

Un concurso es, según lo define el diccionario de la RAE, “Competencia entre quienes aspiran a encargarse de ejecutar una obra o prestar un servicio bajo determinadas condiciones, a fin de elegir la propuesta que ofrezca mayores ventajas”. Así pues, aquella propuesta que mejor se ajuste al pliego de condiciones y obtenga la mayor puntuación según unos criterios objetivos debe resultar la ganadora. Pero resulta que el alcalde de Palma Mateo Isern y el teniente de alcalde Álvaro Gijón se muestran extrañados de que una empresa de las que se presentó al concurso, Bingo Teatro Balear, que no es la que ellos quisieran que ganase, haya obtenido la máxima puntuación según los técnicos de la Mesa de Contratación del Govern. Se habla de malestar notable en el gobierno municipal del PP y en la dirección del Consorcio de la Playa de Palma, y también en el Ayuntamiento de Calvià, en manos del PP. Sin embargo, en la citada Mesa de Contratación no hay ningún representante de los Ayuntamientos de Palma y Calvià, y por tanto su opinión no deja de ser una mera expresión de lo que les gustaría que sucediera, que en este caso y por lo que comprobamos, se aleja sustancialmente de las bases del concurso convocado por el Govern balear. El Govern debe sujetarse escrupulosamente a las bases del concurso y no apartarse ni un milímetro de él.

Estamos ante un caso emblemático de manipulación e intento de amaño de un concurso que de materializarse merece la máxima atención de la Fiscalía. Ante la convocatoria de un concurso público, unos políticos de la administración local (Isern y Gijón) muestran su predilección por una de las empresas concursantes. Y ante el resultado de las puntuaciones otorgadas por la Mesa de Contratación se muestran decepcionados y expresan –con gran sinceridad, todo hay que reconocerlo– que el concurso se convocó para que se instalase el casino en la Playa de Palma. Es decir, para que la licencia se concediese a una de las empresas concursantes, sin atender ninguna otra oferta.
 
Las bases del concurso son públicas y en ellas se determina los aspectos de la oferta a valorar. Y si una de las empresas, según los criterios técnicos, obtiene la máxima puntuación, esa es la que debe ganar al margen de otras consideraciones políticas que desprenden un tufo a corrupción que empieza a ser algo más que molesto. Después de lo que hemos vivido en esta Comunidad Autónoma parece increíble que los políticos del PP se atrevan a intentar influir en el resultado de un concurso público para que gane una de las ofertas que no ha obtenido la mayor puntuación. Creíamos que Mateo Isern nos traía otra forma de hacer política… pero parece que la cabra tira al monte y que su política es la de siempre. En este caso ni siquiera se cuidan de decirlo.

Ya se intentó un primer amaño al otorgar 20 puntos si el casino se ubicaba en una “zona turística madura”, sin que en la fecha de la convocatoria hubiese ninguna zona así declarada, lo que se hizo por decreto el 7 de junio de este año. Sin embargo, los técnicos de la Mesa de Contratación no han querido prestarse a una manipulación tan burda y cutre que recuerda mucho a la filtración de los exámenes de ascenso a oficial la Policía Local de Palma. Sencillamente no han aceptado el traje a medida que suponía la declaración de la Playa de Palma como “zona turística madura” y aquí radica el gran malestar de Isern y  Gijón. Afortunadamente ellos no son quienes deben decidir, pero ya comprobamos cómo despliegan todas sus armas para otorgar el concurso del segundo casino a la empresa que ellos previamente ya habían decidido. Cualquiera puede imaginar a cambio de qué.

(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/10310-polemica-con-el-segundo-casino)

09 noviembre 2013

A POR LOS DE UM


La Fiscalía va a por la cúpula de la extinta Unió Mallorquina. No se salva nadie. Munar, Nadal, Flaquer, Buils, Julve, Lliteres, Mateo y Eugenia Cañellas, Vidal, Mas, Losada, Rodríguez, Segura, Massanet, Castañer, Mir, Colom y Moragues. 18 capitostes para quien los fiscales Carrau y Subirán piden penas de prisión en la pieza Cilma del caso Voltor. De hecho, creen que todos conformaban una asociación ilícita para delinquir, con estructura piramidal. Deducir eso por el hecho de que una empresa no hiciera un determinado trabajo –aunque sí lo cobrara– es ir muy lejos y hacen falta más que suposiciones para demostrarlo. Pero los fiscales pescan con la red grande y no les importa si se llevan por delante a gente que nada tenía que ver con el asunto porque ya no persiguen a cada uno de los supuestos delincuentes, sino a todos los miembros de UM en su conjunto.

Esta tendencia del Ministerio Público de ver en todo a gente conchabada para delinquir contrasta con su miopía con el Instituto Nóos y con Aizoon. Consideran que la Infanta Cristina de Borbón, a pesar de ser propietaria al 50% de Aizoon, nada tenía que ver con la trama protagonizada supuestamente por su esposo Iñaki Urdangarin y Diego Torres. ¿No sería más fácil sospechar que Iñaki fuera el testaferro de su esposa? Y quién sabe si nos quedamos cortos. Dada la facilidad de la Fiscalía para atribuir tramas organizadas y redes delictivas, podrían en su delirio pensar que la Casa Real tuvo algo que ver en el saqueo de las arcas públicas. La defensa numantina que los fiscales hacen de la Infanta Cristina es vergonzante. Incluso el Fiscal General del Estado, sin haber interrogado a la hija del Rey, afirmó hace unas semanas que la Infanta ignoraba que en Nóos se cometían ilegalidades.

Con todo lo que vamos descubriendo de la trama Gürtel o con el asunto de los ERES de Andalucía, se sigue sin ver ninguna actuación contundente contra el PP ni contra el PSOE, como las vimos contra UM hasta conseguir su desaparición. Si en Unió Mallorquina alguien cometió alguna ilegalidad, es de Justicia que se aclare y que pague por ello. Pero la criminalización general a todo un partido político, a todos los que tuvieron alguna responsabilidad en él, e incluso a sus militantes es inaceptable. No lo hacen con el PSOE, ni con el PP, ni con nadie. Es fácil adivinar por qué sí con UM.

(Publicado en Última Hora)

05 noviembre 2013

¡A QUIÉN LE IMPORTAN LOS DERECHOS HUMANOS!


La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que resuelve que la aplicación de la ‘Doctrina Parot’ con efectos retroactivos vulnera el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades individuales ha levantado ampollas en España. Dejando a un lado la indignación y el dolor de las víctimas del terrorismo, que considero absolutamente normal y comprensible, hemos visto ataques furibundos contra el tribunal y contra sus miembros, en especial el designado en 2007 a propuesta del Reino de España, Luis López Guerra.

La actividad de la banda terrorista ETA durante 40 años y las más de 800 personas asesinadas, y en especial el hecho de que ETA aún existe y mantiene sus arsenales, además de centenares de presos y huidos, aunque decretó el 20 de octubre de 2011 un cese definitivo de su actividad armada, hacen que sea casi imposible abordar aspecto alguno de este espinoso asunto sin ser tachado de equidistante, en el mejor de los casos. Puedo asegurar que yo no lo soy en absoluto y que los 19 años de permanencia en la Guardia Civil me enseñaron mucho sobre ETA y sobre las víctimas, muchísimas de ellas pertenecientes al Cuerpo. Sin embargo, también me interesó mucho conocer directamente la realidad social que se vivía en Euskadi, lo que me llevó a percibir que las cosas eran muy distintas a como las narraban los medios de comunicación de Madrid.

En mi opinión, la ‘Doctrina Parot’ representaba un cambio penológico que tenía muy difícil justificación legal. Sin embargo el Gobierno con el apoyo del PSOE y del PP decidieron asumir el desgaste correspondiente pero evitar la excarcelación de decenas de presos sanguinarios que habían acabado con la vida de muchas personas de forma cruel y despiadada y sin haber mostrado el más mínimo arrepentimiento por lo que habían hecho. No quisieron soltar a aquellos que conforme a la doctrina de beneficios penitenciarios aplicados hasta la fecha ya habían cumplido su condena. De ahí que surgiera la ‘Doctrina Parot’ como única forma de evitar la excarcelación de los etarras. Tanto PSOE como PP pelearon duro para que el Tribunal Supremo bendijese la legalidad de la operación y más tarde el Tribunal Constitucional, pero era previsible que aquello acabara en Estrasburgo. Prefirieron mirar hacia otro lado y evitar las excarcelaciones de terroristas y pensaron “este marrón que se lo coma Estrasburgo”, porque sabían que el TEDH lo tumbaría.

En España ha sucedido lo que en muchos países que han sufrido el terrorismo: se han utilizado atajos que en mayor o menor medida suponían vulneración de los Derechos Humanos, cuando no directamente crímenes de Estado. Lo han hecho los poderes públicos en la creencia de que no había otro modo de actuar, por pura impotencia y a veces para corregir errores pasados, sin caer en la cuenta que la vulneración de los DD.HH. nunca es la solución de nada.
 
En España nunca se han tenido en cuenta las denuncias de Amnistía Internacional sobre las normas antiterroristas. Nunca se han investigado seriamente las denuncias de malos tratos a terroristas detenidos, ni las muertes bajo custodia policial o penitenciaria. Nunca se ha formado a los miembros de las Fuerzas de Seguridad a conciencia en este asunto. Nunca se han castigado severamente los excesos. Ni siquiera se han adoptado medidas contundentes para evitar que sucedieran, como la instalación de videocámaras en el interior de los centros de detención. Aquello parecían “daños colaterales” y que los que los denunciaban estaban del lado de los terroristas. Sin embargo, cuando estos asuntos salen de las fronteras nacionales son consideradas prácticas ilegales y no tienen defensa posible. Y esto mismo ha sucedido con la ‘Doctrina Parot’. Pero que nadie se llame a engaño. Sucedió muchas veces antes cuando tribunales de otros países denegaban extradiciones. Hace unos días un tribunal de Bélgica acaba de denegar la extradición de la etarra Natividad Jáuregui atendiendo los argumentos de su abogado, quien alegó “el peligro de violación de los derechos humanos que corren los vascos por la justicia española”.
 
Otros países, como Estados Unidos o el Reino Unido, no aceptan ser sometidos a otros tribunales distintos a los suyos. Ese es el modo de evitarse disgustos como el que España ha tenido. Pero precisamente por su desprecio declarado a los Derechos Humanos cargan con la etiqueta correspondiente, aunque a ellos parezca darles igual. España quiso parecer un país respetuoso con los Derechos Humanos sin serlo. Y ahora vemos el resultado.

Sin embargo yo no creo que debamos rasgarnos las vestiduras. ETA ha sido derrotada y la lección que debemos aprender es que hay que dar pasos para que la paz sea definitiva, total y sin posibilidad de marcha atrás. A mi juicio –y me expongo a la crítica, lo sé– nuestros gobernantes no debieran hacer como si ETA aún existiese y deben favorecer un clima que permita dar por zanjada esta tremenda herida nacional. El terrorismo ya no es una de las preocupaciones fundamentales de los españoles según las encuestas del CIS. No hagamos como si aún lo fuera. Nuestro Estado de Derecho es fuerte y tiene mecanismos sobrados para maniobrar en esta situación. Pero los atajos no dan resultados.

(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/10152-a-quien-le-importan-los-derechos-humanos)

02 noviembre 2013

POGROMO DE POLÍTICOS


Las juezas de la Audiencia habrán concedido a lo largo de su carrera  centenares de suspensiones de condena a narcotraficantes, maltratadores, estafadores, ladrones, agresores sexuales, personas violentas, conductores borrachos y todo tipo de criminales que se han librado de la cárcel por tener condenas menores de 2 años y carecer de antecedentes penales. Pese a que reconocen la nula peligrosidad criminal de Jaume Matas y que la pena impuesta por el Supremo no es grave, han decidido vengarse. La frustración que les causó la sentencia, como reconoció el fiscal Horrach, desató un pogromo a políticos que persigue encarcelar al mayor número posible de ellos, aunque sea por penas menores. Nada hay más arbitrario porque a igual condena menor, unos se libran, como Miquel Oliver y otros deberán ingresar. Dicen que Matas tiene otras causas abiertas, pero obvian que la suspensión de la condena está condicionada a que el penado no vuelva a delinquir en un plazo determinado. Se demuestra así que Matas no tiene ningún trato de favor, sino que es víctima de una cacería judicial.

Los magistrados pretenden resarcirse del varapalo del Supremo y en lugar de cobrar 10.840 euros de multa a Matas, harán que entre todos costeemos los 55 euros al día que cuesta un preso. La cárcel no es gratis y además en este caso no sirve para nada, como reconocen Sus Señorías. Primero fue Munar y más tarde Cardona, quien pronto no será el único conseller de Matas entre rejas. El ex president es la siguiente pieza a batir a toda costa y sea como sea. Le reprochan que no se haya arrepentido, pero ¿han demostrado los jueces arrepentimiento por haberle condenado indebidamente a 6 años? Ni piden perdón ni aceptan la sentencia del Supremo.

Matas, contrariamente a lo que los jueces de la Audiencia dijeron, no se quedó ni un céntimo público. No malversó, no defraudó a la Administración, no falsificó documentos ni tampoco prevaricó. Pero aún así lo encierran para escarmiento general. No para castigo de sus delitos, sino para que sirva de ejemplo, como en los autos de fe de la Santa Inquisición. Mientras tanto los mismos jueces se entretienen echando por tierra el trabajo de la Guardia Civil y absuelven a ‘La Paca’, ‘El Moreno’, ‘La Guapi’, ‘El Ico’ y otros 87 narcos este año anulando escuchas telefónicas. Parece que consideran preferible encerrar antes a políticos que a narcotraficantes de Son Banya.
 
(Publicado en Última Hora)

25 octubre 2013

UN POLÍTICO POCO POLÍTICO


El alcalde Mateo Isern es un político poco político. En muchos aspectos dice cosas y actúa de modo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Transmite franqueza y sinceridad, algo que se agradece. Ante una irregularidad supuestamente cometida por varios altos cargos y funcionarios del Ajuntament de Palma en el concurso de ascenso a oficial de la Policía Local ha actuado con transparencia y contundencia. Compareció y explicó profusamente lo ocurrido. Dijo qué iba a hacer al respecto, no sin antes pedir disculpas a la ciudadanía, algo inaudito. Forzó la dimisión del director de Seguridad Ciudadana Enrique Calvo y días más tarde la del intendente jefe de la Policía Local Antonio Vera. Recordemos que ya cesó hace un año al asesor de distrito Antoni Ensenyat por un episodio de violencia contra su ex mujer. Entonces no dio la cara directamente pero ahora ha corregido este detalle, lo cual le honra.
 
Sin embargo Isern se ha pasado de frenada a la hora de adoptar medidas cautelares contra el intendente Vera y los oficiales Barceló, Javier y Adrover, ya que un cese en funciones por 6 meses es una medida excesivamente severa que no se aplicaría ni en la mismísima Guardia Civil, institución militar donde una suspensión cautelar no puede exceder de 3 meses. Se les retira el 70% de sus retribuciones cuando ni siquiera han declarado ante el juez –lo harán el 27 de noviembre–, pero el alcalde ya les ha juzgado y condenado anticipadamente. Quizás lo hace para distraer la atención y así proteger al concejal del ramo, Guillermo Navarro, que está en una situación política límite. Y mientras miramos hacia Vera y Calvo (a quien el PP mantiene en la presidencia de la junta local de Es Pont a pesar de ser el principal sospechoso), no advertimos los repugnantes movimientos y la motivación del agente Dani M. que desveló el asunto cuando fue descubierto por colaborar con los Ángeles del Infierno, junto a otro agente local ahora encarcelado, Nicanor G. Se repite así el esquema de un presunto delincuente que al tener problemas señala a otros que están más arriba para irse de rositas.
 
Como la Guardia Civil investiga el asunto por orden judicial, otro día les contaré cómo hacen ellos para “amañar” los ascensos con una técnica mucho más refinada por ancestral con idéntico objetivo: que habitualmente –no siempre– asciendan los afines al mando. No solo sucede en la Policía Local de Palma.
 
(Publicado en Última Hora)

24 octubre 2013

TODOS SOMOS MÁS POBRES


Al principio de la crisis, allá por 2008, lamentábamos la situación de todos aquellos españoles obligados a trabajar duramente a cambio de un sueldo que rozaba los mil euros. Eran una nueva clase social: los mileuristas. Gente que casi malvivía sin posibilidad de progresar y los jóvenes sin posibilidad de independizarse. Hoy, 5 años más tarde, quien es mileurista tiene mucha suerte. Primero porque significa que tiene trabajo y no pertenece al 21% de parados que quieren trabajar y no encuentran un puesto de trabajo, lo cual es casi como si te hubiese tocado la lotería de Navidad. Y segundo, porque aunque en un ejercicio de cinismo mayúsculo el ministro Montoro niegue que los sueldos han caído, sino que se “ha reducido su crecimiento”, todos aquellos que trabajan, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, saben que trabajan mucho más y en peores condiciones, por bastante menos dinero de lo que lo hacían en 2008.

Las entidades sociales que atienden a los más desfavorecidos de nuestros conciudadanos  han advertido alarmados que el 18,5% de la población balear está por debajo del umbral de la pobreza. Vamos, que son pobres y malviven con menos de 307 euros al mes. Mucha gente ha perdido sus casas al quedar en el paro y dado que la crisis está durando tanto, muchos ya han agotado las prestaciones por desempleo y están acogidos a la renta mínima de inserción. Los bancos de alimentos y los comedores sociales están desbordados. El VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social presentado recientemente por Cáritas Española, junto a su memoria de 2012, advierte de una de cada tres personas que ellos atienden lleva más de tres años demandando ayuda. Esto significa que además de ser legión los socorridos por Cáritas, hasta colocar a la entidad al límite de su capacidad, se está cronificando la situación. Y todos sabemos que cuanto más dura una situación así, más difícil es salir de ella. Quienes sufren la situación con mayor dureza son los niños. La pobreza infantil afecta en Mallorca a unos 45.000 niños, el 36% de los menores de 16 años. La población infantil empobrecida se ha disparado un 56% a consecuencia de la crisis y esto se traduce en absentismo y fracaso escolar, así como en un incremento de consumo de drogas, embarazos no deseados y abortos.

Lamentablemente nuestra sociedad parece anestesiada ante estos datos indiscutibles que describen una realidad social dramática. Tampoco parece preocupar a los políticos, más ocupados en tirarse los trastos a la cabeza y en sus absurdos reproches cada martes en el Pleno del Parlament antes que en analizar la situación de los más necesitados y en buscar formas de ayudarles a salir de su agónica situación.

Paralelamente al empobrecimiento general de la clase trabajadora vemos que el número de millonarios en España (técnicamente aquellos que tienen un patrimonio superior al millón de dólares, 740.000 € al cambio) aumentó un 13% entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013. Ya llegan hasta las 402.000 personas según un informe de Credit Suisse. Esto ha sucedido en plena recesión y mientras el paro alcanzaba máximos históricos.

La clase media está siendo triturada y va camino de desaparecer. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres lo son cada vez más. El nivel de injusticia social es vergonzoso y las señales de alarma ni siquiera nos sacan de nuestro letargo, de la hipnosis a la que estamos sometidos entre fútbol, fórmula 1, concursos de canto y sálvames varios. Ni siquiera nos altera que la televisión pública RTVE emita de lunes a viernes un programa bochornoso como “Entre todos”, donde se pone en evidencia cómo el Gobierno ha hecho descarada dejación de sus obligaciones y los derechos sociales han sido sustituidos por la caridad. El país, como antes le sucedió a Grecia, Portugal e Irlanda, tras el rescate es más pobre y con más parados. Y todos más pobres e insolidarios.

19 octubre 2013

DELINCUENTES CON TALENTO


Nuestra sociedad no valora suficientemente a la gente con talento. Es injusto. Debemos reconocer públicamente a la gente que es capaz de tirar adelante proyectos, pese a las dificultades. Tenemos entre nosotros a un emprendedor de lujo: Miquel Oliver Reus. Su estrecha vinculación con el PSOE fue la llave de su prosperidad en los negocios. Su padre fue presidente del PSIB; uno de sus hermanos, Pere Antoni, fue director general del Govern Antich; y su actual pareja fue concejal en Palma con Ramón Aguiló. Cuando Jaume Matas llegó al Consolat de Mar en 2003 ordenó el veto a la empresa de Oliver y este se dirigió a camelar al Consell de Mallorca, la única institución que no estaba bajo el control del PP. Se reunió con Miquel Nadal y le comentó la posibilidad de vender el 50% de las acciones de Video U, la productora que tenía junto a su ex esposa Luisa Almiñana y su amigo Ramón Rullán.
 
Se llevó el dinero de la venta, los famosos 300.000 euros que según Nadal le entregó Munar –sin más prueba que la palabra de uno contra la del otro, aunque el tribunal creyó a Nadal ignorando las pruebas de descargo–. Se embolsó el dinero de las subvenciones otorgadas a Video U. Y cuando fue descubierto, lo negó todo para meses más tarde, en febrero de 2010, asesorado convenientemente por su hermano Antoni, magistrado del TSJB, decidirse a colaborar con la Fiscalía y entregar una declaración escrita, la misma que entregaron Almiñana y Rullán, donde implicaban a otras personas que interesaban a los fiscales infinitamente más que ellos. Entre los tres devolvieron el día antes de empezar el juicio 120.000 €, una muy pequeña parte del botín. Oliver y su banda lograron dos atenuantes muy cualificadas y fueron condenados a 1 año y 3 meses de cárcel por malversación de caudales públicos, eludiendo entrar en prisión.
 
Estamos ante un crimen perfecto urdido por un genio. Él tenía los problemas, él tramó el fraude, su empresa solicitó las subvenciones –aunque sostuvo la delirante tesis que fue Margarita Sotomayor, a la sazón directora insular de Comunicación, quien le instó a hacerlo-, no hicieron el trabajo y se llevaron la pasta. Una vez descubiertos señalaron a otros y ahora ellos están libres mientras aquellos están en la cárcel. Hay que reconocer que encarcelar a Miquel Oliver y sus secuaces no luce en absoluto, pero encerrar a Nadal y Munar, eso es otro cantar.
 
(Publicado en Última Hora)

17 octubre 2013

SU DELITO, LA PRESIDENCIA DE MALLORCA


Decía Nietzsche que alegrarse del mal ajeno es la forma máxima del resentimiento. Evitemos caer en tan mezquino comportamiento. Maria Antònia Munar está en la cárcel porque los jueces de la Audiencia Provincial creyeron a pies juntillas la versión de Miquel Nadal, a pesar de haberla cambiado para lograr una atenuante que reduce a menos de la mitad el tiempo de cárcel que cumplirá (ella 66 meses y él 31,5). Creyeron a los que ofrecieron vender Video U, Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Ramón Rullán, quienes sólo por señalarla a ella se han ido de rositas. Impunidad total. La palabra de unos consumados y contumaces embusteros con trato de favor de la Fiscalía ha valido más que la palabra de Munar y el testimonio de dos funcionarios chóferes de la ex presidenta que negaron la versión de Nadal. Margalida Sotomayor paga caro su negativa a pactar con la Fiscalía y defender su inocencia. Los caraduras que sugirieron el mangoneo, se llevaron la pasta y solo devolvieron una pequeña parte del botín están libres, riéndose a carcajadas de haber burlado a todos y de ver que la opinión pública se muestra satisfecha porque los políticos están entre rejas y ellos no. Somos así de necios.
 
El Tribunal Supremo ha demostrado que su vara de medir es distinta según quién se siente en el banquillo. Lluc Tomás (PP), Javier Rodrigo de Santos (PP) o Jaume Matas (PP), vieron generosamente reducidas sus penas, cuando no directamente absueltos.  Los de Unió Mallorquina no tienen suerte en Madrid. No reciben el mismo trato que los sospechosos del PP ni del PSOE. Buils, Vicens, Nadal y Munar no han conseguido convencer a los jueces, aunque cabe preguntarse si había alguna posibilidad de hacerlo. Todo estaba escrito de antemano. La filtración de la sentencia al periódico El Mundo horas antes de hacerla pública no es una anécdota más.
 
Munar insiste en su inocencia. Alega que no fue propietaria de Video U nunca. Los jueces exhiben como única prueba la palabra de otros imputados: la declaración de Nadal con el episodio de los 300.000 € en el coche oficial y la existencia de dos testaferros, no uno. Se pregunta el Supremo ¿para qué quería Nadal dos testaferros? Y me pregunto yo ¿para qué quería Munar a Nadal si el dinero era suyo? Basta muy poco para encerrar a alguien 5 años y medio. Su delito es haber sido la presidenta de Mallorca y nacionalista. Delito gravísimo para la Justicia, aquí y en Madrid.
 
(Publicado en Última Hora)

12 octubre 2013

JUECES GARANTISTAS CON LOS NARCOS


Felicitaciones a los miembros de la Guardia Civil en el día de la Virgen del Pilar,  aunque tengan poco que celebrar. Quisiera ver a los soberbios jueces de la Audiencia Provincial de Palma que tan cómodamente juzgan y dictan sentencias desde sus confortables despachos de Can Berga, hacer seguimientos o vigilancias en el poblado de Son Banya entre basura, excrementos y ratas. Es inaudito el desprecio con que pisotean el ímprobo y sacrificado trabajo de los guardias civiles del EDOA que durante meses han  investigado las tramas del narcotráfico. No se trata de desmantelar un punto de venta, sino de ir a la génesis del asunto para capturar a los que introducen la droga en Mallorca.

Si una cosa sucede una vez, es una anécdota; pero si algo sucede tres veces, con idénticos argumentos, se constata indubitadamente la determinación de los magistrados de la Audiencia de echar por tierra el trabajo de las Fuerzas de Seguridad con sentencias que además de inexplicables, parecen dirigidas a humillar a los agentes acusándoles de no hacer lo necesario para acabar con los supermercados de la droga. O como dijo el fiscal Julio Cano durante el juicio del caso Kabul, exigiéndoles “la misma prueba para autorizar unas escuchas que la que se necesita para una sentencia condenatoria”. Los guardias civiles solicitaron los pinchazos con elementos que a la Fiscalía y a los jueces de instrucción les parecieron fundados. Se confirmaron las sospechas y se comprobó la existencia de los delitos. Se registraron domicilios y se incautó  droga y dinero. Pero la Audiencia sentencia que no había indicios suficientes para ordenar los pinchazos. Todo el caso a la papelera. Impunidad total.
Su afán garantista ha permitido que solo en este año 2013 hayan sido absueltos 21 acusados en la operación Dragone, otros 36 en la operación Kabul y ahora otros 12 en la operación Benazir: en total 69 narcotraficantes de rositas. Mientras tanto los mismos jueces envían a prisión a personas que no suponen ningún peligro para los ciudadanos, incluso por condenas de un año de cárcel o sin que haya sentencia firme. O se permite que el chico que adquirió material para fabricar explosivos y causar una masacre en la UIB, tras llegar a otro hediondo pacto con la Fiscalía, sea condenado a tan solo 4 años de cárcel cuando podría ser condenado a 20. Dejan a los peligrosos en libertad y encierran a personas inofensivas.
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05 octubre 2013

BOLOS SIN SÍMBOLOS


Hace unos días ingresó en prisión Llorenç Casasnovas Pons, ex concejal de Ciutadella, para cumplir una condena a un año de prisión. Aunque habitualmente nadie va a la cárcel por condenas no superiores a dos años si carece de antecedentes penales, los jueces de la Audiencia Provincial de Palma consideraron que en este caso el condenado debía ser encarcelado. Lo mismo pasó con Joaquín Rabasco, ex líder de ASI, quien fue a la cárcel para cumplir dos años. Ambos deber parecer peligrosísimos políticos a los que hay que tener aislados para que puedan rehabilitarse, a juicio de los jueces de la Audiencia de Palma. Los mismos jueces que tienen en la cárcel preventivamente a Josep Joan Cardona y Maria Antònia Munar sin que haya sentencia firme, alegando que pueden escaparse, algo infundado, peregrino y absurdo. Los mismos jueces que exigen que vaya al trullo a sus 74 años de edad el peligrosísimo reo Antoni Alemany. Los mismos jueces que pretenden enviar a la cárcel al ex presidente Jaume Matas por una condena de 9 meses, si el Fiscal se decide a pedirlo, aunque en Madrid no son partidarios de encarcelar a ex ministro de España.

Los profesores de la enseñanza pública que están en huelga exigen la retirada del proyecto de Ley sobre el uso de los símbolos que se tramita en el Parlament por la vía de urgencia. En ella se prevén sanciones de hasta 10.000 € a los que coloquen símbolos no permitidos en edificios oficiales de la Caib en lo que se considera un escarmiento para los que han secundado la campaña “Enllaçats per la llengua” colocando el lazo cuatribarrado en los colegios. La delegación de la Obra Cultural Balear de Santa Margalida, sin embargo, consintió en humillarse al organizar un bolo sin ningún símbolo, escudo o bandera que identificara a los organizadores. Nadie hubiese adivinado que los organizadores eran de la OCB porque no había ni una triste senyera. El conferenciante fue el fiscal Pedro Horrach. Es de suponer que quieren estar a bien con la Fiscalía Anticorrupción por si investiga las generosas subvenciones que recibieron años atrás. O quizás que se relaje en el asunto del Camí, que mantiene imputado a Emili Gallardo y a Miquel Ensenyat, ambos del PSM. ¿Quién sabe? Es inaudito que la OCB renuncie a situar los símbolos tradicionales de la tierra por los que tan dignamente luchan los docentes, solo para darle gusto al fiscal Horrach organizándole un bolo.
 
 
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28 septiembre 2013

SIN PRUEBAS, NO


¿Quién tiene razón, el juez Castro cuando ve indicios de un montón de delitos cometidos por Francisco Camps y Rita Barberá, o los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, quienes creen que no hay pruebas para imputar a dos aforados del parlamento autonómico? Si tenemos en cuenta lo que ha dicho el Tribunal Supremo en otras causas que ha instruido el juez Castro, parece que está claro que en Baleares hay cierta alegría a la hora de imputar delitos de corrupción a políticos, sustentando las acusaciones con poca base probatoria y con mucha imaginación. Vamos, que todo empezó con un enriquecimiento ilícito de Jaume Matas y su compra del palacete de San Felio y hemos acabado encarcelando al autor de los discursos del president. Y se investiga la organización de unas conferencias por parte del yerno del Rey y si cobró mucho o poco y cómo se le concedió la organización de las jornadas. Cosas que pueden parecer bien o mal, caras o baratas, provechosas o inútiles, pero hechas al fin y al cabo. Según el TSJV, discutibles éticamente, pero sin base suficiente penalmente.
 
El fiscal Horrach dijo en la conferencia que pronunció en Santa Margalida que es muy lícito usar el testimonio de arrepentidos. Y defendió que habría que pagarles por ello. Produce escalofríos pensarlo porque Vicens aseguró ante el tribunal del caso Can Domenge que a pesar de haberse quedado con 600.000 € del soborno, entregaba a la Justicia tan solo 160.000 porque no le quedaba más ya que lo había destinado a pagar fianzas, abogados y para vivir. Terminado el juicio y antes de dictarse sentencia se supo que tenía 600.000 euros en una cuenta en Andorra. Por tanto mintió al tribunal. Y es normal que lo hiciera, porque busca salir lo mejor posible de todos los casos que tiene abiertos y sobre todo, librar a su mujer de la cárcel. Horrach obvió que se está dando un trato de favor a un reo que miente, solo porque incrimina a quien está por encima de él. Y es que ese es el único objetivo, según reconoció el propio fiscal: cargarse a los de arriba, con o sin pruebas. Pero no lo ven así los jueces de Madrid y Valencia.
 
A veces da la sensación que en Baleares todo el mundo se ha liado la manta a la cabeza con la presunta corrupción de la legislatura 2003/2007 y se arman sumarios y se juzgan casos que conduzcan a la “limpieza” de aquella época, sin atender a las pruebas, que es lo que realmente cuenta.
 
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21 septiembre 2013

S'ASE LI VA DIR AL PORC ORELLUT


Empezaré por aplaudir el nacimiento de una nueva publicación, El Económico, de la mano del Grup Serra. En una época donde lo normal es ver cerrar periódicos, comprobar que nace alguno es motivo de alegría. ¡Felicidades!
 
Según sospecha Hacienda, el Institut Mallorquí d’Afers Socials en 2007, cuando era presidido por el ibicenco Antoni Serra (PP), adjudicó a dedo a la empresa Nimbus contratos por valor de 120.000 €. Cuando aún resuenan los ecos de las palabras sobre corrupción que pronunció María Salom con motivo de la Diada de Mallorca, nos llegan noticias inéditas de la financiación ilegal del PP, el partido honesto e incompatible con la corrupción en palabras de su actual secretaria general Mª Dolores de Cospedal. María Salom no pierde ocasión para hablar de corrupción, imprudentemente. “S’ase li va dir al porc orellut”.

El exdelegado de Hacienda Raúl Burillo le dijo a Jordi Évole que “en Palma, había pocas situaciones que se nos resistieran”. Sonó a “nos cargamos a quien nos de la gana”. Ahora el fiscal Horrach reconoce su “frustración personal” por la rebaja de condena a Jaume Matas, lo cual significa que meter en la cárcel al expresident se ha convertido en una cuestión personal. Cuando dice que hará todo lo posible para que sea condenado es inevitable sentir un escalofrío. ¿Es esto someterse a los principios de legalidad e imparcialidad de los que presumió en La Vila?

Vemos a insignes representantes del Ministerio Fiscal entregados a la interpretación y al arte dramático. Las actuaciones de Horrach son estupendas, como lo son las de Carrau, más discreto y menos dado a subirse al escenario ni para dar conferencias. Pero ni uno ni otro descuidan una oportunidad para ofrecer buenos titulares. El fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada tampoco se queda corto cuando saca el “Asesinato en el Orient Expréss” en la vista por el caso ‘Temps d’Esport’. Sin embargo, siendo como son hombres de leyes se espera de ellos más argumentos jurídicos y menos titulares de prensa. ¿O es que están huérfanos de ellos? Por más que Horrach diga que “no estoy para tapar nada ni proteger a nadie”, lo cierto es que lo parece y mucho. Tapa y protege a la Infanta Cristina de Borbón y tal comportamiento contrasta con la actitud del juez José Castro, quien abandonado por la Fiscalía ahora se toma cafés con la acusación popular. Y además, “excusatio non petita, accusatio manifesta”.
 
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20 septiembre 2013

DISCURSOS POLÍTICOS EN MADRID


Anoche mientras preparaba la cena tuve la oportunidad de escuchar en Radio Nacional de España a Miguel Ángel Domínguez, el presentador del programa “24 horas” entrevistar a Ana Oramas, diputada del Grupo Mixto y portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Oí a la representante canaria hablar muy claramente sobre asuntos que afectan y preocupan a los ciudadanos de aquella región insular ultraperiférica: del turismo, las prospecciones petrolíferas que está haciendo Repsol muy cerca de Lanzarote y Fuerteventura, el sector agrícola canario y las exportaciones de sus productos, las conexiones aéreas, el 34% de paro que afecta a aquel archipiélago (un 71% de paro juvenil), el abandono escolar temprano para dedicarse a la hostelería y la construcción, las tasas aeroportuarias y la financiación de la deuda de Aena, la exigencia casi prehistórica de presentar el certificado de residencia cada vez que se toma un vuelo, etc.
 
Oramas reclamó una reforma del sistema de financiación autonómica, algo que también hizo por la mañana el presidente del Govern de les Illes Balears en el foro Cinco Días en Madrid donde disertó sobre lo bien que marcha la economía balear y lo bien que lo hace su gobierno. Lamentablemente a Bauzá no lo oí en su discurso ningún otro aspecto reivindicativo como los expuestos por Oramas, excepto el modelo de financiación, que viene a ser como clamar en el desierto si atendemos a las palabras pronunciadas por Mariano Rajoy en Marivent el día 9 de agosto tras su tradicional despacho con el Rey, donde dijo que la situación económica de Baleares es diferente ya que las cosas nos van mejor que a otras zonas de España.
 
Dejemos de lado que nunca se entrevista a un diputado por Baleares del PP o del PSOE en el “24 horas” de RNE. Omitamos que si se hiciese, ellos se dedicarían a atacar al rival político y no se detendrían ni un instante en los asuntos que realmente importan a los ciudadanos de nuestra comunidad. Pasemos por alto que desde Xisco Antich -aquel tipo que fue presidente del Govern balear durante dos legislaturas- sustituyó a Pere Sampol en el Senado, no hemos tenido constancia de tener senador autonómico, ni que los que tenemos hagan algo productivo. ¿Quién conoce a Maria Antonia Garau, José Sala, Margarita Durán, José Antonio Manchado o Juana Francisca Pons? ¿Alguien conoce que hagan algo por nosotros? Se limitan a obedecer a sus respectivas formaciones, PP y PSOE, y nada más.
 
Les confieso que ayer mientras cenaba estuve muy celoso de los canarios. Los envidié enormemente. Al menos ellos tienen en Madrid representantes que hacen algo. O que se preocupan para que parezca que algo hacen. Nosotros ni eso. Y Bauzá se va a Madrid a contarles que ya no hace falta crear los nuevos impuestos que él mismo anunció, sin percatarse de que los de Madrid no pueden votar en las elecciones autonómicas o municipales de Baleares, por más que él se preocupe antes de ofrecer una buena imagen allí que aquí. Obviamente aquí no es fácil que los ciudadanos olviden que se dedica a apagar los incendios que él mismo prende.

16 septiembre 2013

CONFUNDIR LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ CON EL MINISTERIO DE DEFENSA


Cuando un líder político abandona posiciones moderadas y razonables, deja inmediatamente de buscar el consenso porque ya no le sirve de nada. Nada va a lograr buscando aliados porque no los encontrará. Sólo aduladores que usualmente están en nómina de su partido y que se ganan su futura posición en las listas electorales a golpe de tuit halagador y servil. A partir de ahí empieza una deslegitimación del adversario y una criminalización de todo aquel que se oponga al viraje ideológico, que será contestado por los partidos contrincantes con mayores cuotas de intransigencia, lo que agudiza la gravedad de la situación.

Le sucedió a Rodríguez Zapatero y ahora le sucede a José Ramón Bauzá. Pretende un cambio de modelo radical y sin disimulo. Un giro españolista ajeno a las bases de su propio  partido que desecharon a Carlos Delgado y sus planteamientos lingüísticos como presidente del Partido Popular de Baleares en dos ocasiones. Que no se olvide que el modelo que Bauzá ahora denomina de inmersión lingüística, que jamás ha sido tal inmersión, ha sido el defendido durante décadas en Baleares por el PP. Bauzá está siendo animado por grupúsculos españolistas radicales que achacan a la normalización lingüística la responsabilidad de las altas cifras de abandono escolar temprano, al margen de cualquier informe científico pedagógico y omitiendo cualquier otro análisis del por qué y cómo se ha llegado a esta situación.

La Assemblea de Docents y los cuatro sindicatos representativos en la enseñanza (Stei-i, CCOO, UGT, ANPE)  han convocado a partir de hoy una huelga indefinida. Muchas otras entidades comprenden sus razones y le dan su apoyo. La “minoría pancatalanista radical” que el Govern despreciaba se ha convertido en la práctica unanimidad de la comunidad educativa, alarmada por las imposiciones del Partido Popular en un ámbito, el de la educación, donde nada debería hacerse sin consenso. Han confundido la Conselleria d’Educació con el Ministerio de Defensa. El Govern tenía una excusa magnífica para pedir un “téntol” tras la suspensión del calendario de aplicación del TIL por parte del TSJIB y buscar el consenso, pero prefirió tirar de decreto ley, el 25º en lo que va de legislatura, viajar este camino completamente solo y así acabó de incendiar las aulas.

En este estado de cosas el Govern insiste en defender el plurilingüísmo, como si ese fuera el problema. Ahí no está el quid de la cuestión. El debate está en el cómo, en si se respeta la autonomía de los centros y los consells escolars como establece la Ley; en si las cosas se hacen por “ordeno y mando” y con amenazas de expedientes disciplinarios o si se hacen convenciendo, dialogando y con moderación; en si los profesores tienen la formación adecuada para impartir clases en inglés, y los alumnos el nivel acorde para seguir las clases con normalidad y ser evaluados con garantías de éxito; en si el Govern ha tramitado legalmente el calendario del TIL o no, lo cual quedó claro tras la suspensión cautelar dictaminada por el TSJIB; en si se ha hecho algo para evitar la huelga o no, aunque cada vez parece más claro que el Govern quería y quiere un choque de trenes para criminalizar a todo el sector educativo; en si la inmersión lingüística es la culpable del abandono escolar temprano o existen otras muchas causas que los recortes del Govern Bauzá han agudizado aún más; en si la aplicación del TIL es o no progresiva. Todos estos interrogantes son el quid de la cuestión, pero el Govern no ha buscado ni cree necesitar más apoyos que los de sus 34 diputados.

El papel desempeñado por algunos de ellos, en especial por Antoni Camps y Aina Maria Aguiló, ambos miembros de la Comisión de Educación en el Parlament, es absolutamente incendiario e impropio de representantes de la ciudadanía. No se limitan a defender sus posiciones políticas, sino que desde Twitter se dedican a lanzar soflamas a menudo ofensivas contra quienes no opinan como ellos. La diputada Aguiló, traspasa los límites de su juramento al asumir el escaño planteando cosas que están al margen de la legalidad estatutaria de Balears, como es el asunto de la lengua propia de Baleares, la lengua catalana. Camps, por su parte, llegó al punto de bajeza moral y de actitud tabernaria al amenazar en un artículo publicado el domingo en el periódico El Mundo/El Día de Baleares a los docentes que decidan secundar la huelga, mostrándose partidario de apartarlos de la docencia, rozando el delito de coacciones.

La estrategia de Bauzá y del PP ante la huelga de docentes es resistir el pulso por agotamiento del rival. De este modo el Govern podrá vencer, pero desde luego no podrá convencer. Incurrirá él mismo en la causa primera del fracaso escolar: la ausencia de acuerdos y negociación en materia de educación y la imposición de modelos educativos  ideológicos y altamente politizados.

De este choque de trenes el Govern posiblemente saldrá victorioso, pero su imagen democrática sufrirá mucho y se demostrará lo que algunos denuncian: que el Govern Bauzá es incapaz de dialogar, de llegar a acuerdos y que con su rodillo parlamentario hace y deshace a discreción. Los colegios e institutos estarán carbonizados por este enfrentamiento y eso es algo que acabarán pagando los alumnos. Una vez más.

(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/9379-confundir-la-conselleria-d-educacio-con-el-ministerio-de-defensa)

14 septiembre 2013

ES GUANYAR FA RIURE!


La Guardia Civil y la Policía Nacional desarticularon a finales de julio una banda de delincuentes denominada “los ángeles del infierno” en una brillante operación.  Según parece, contaban con ayuda de algunos policías locales, uno de los cuales ingresó en prisión provisional. Otro, acuciado por múltiples expedientes disciplinarios, reveló que tenía documentos que probarían el supuesto amaño de los exámenes de promoción interna a oficial. A raíz de esto el juez José Castro se rehabilita de sus escarceos con la abogada de Manos Limpias y envía al fiscal anticorrupción Juan Carrau a registrar el cuartel de la Avenida San Fernando, ante las supuestas evidencias de que los exámenes habrían sido filtrados a algunos aspirantes. El director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, es el principal sospechoso y se ha visto obligado a dimitir. El concejal Guillermo Navarro no gana para dolores de cabeza. Ya sufrió las críticas de algunos mandos por el concurso-oposición para la plaza de intendente jefe de la Policía Local, quienes acusaron al Ayuntamiento de montar un traje medida para que el actual intendente Antonio Vera tenga la plaza en propiedad.
 
Siguiendo el modus operandi habitual, un tipo (en este caso un policía local) ofrece a la Fiscalía su colaboración en un caso de mayor trascendencia mediática y política a cambio de ver atenuados sus problemas con la Justicia. La Fiscalía acepta participar en el “conchabeo” y espera que el juez Castro, ¡qué casualidad!, esté de guardia para solicitar el registro y pedir el secreto del sumario, como tantas otras veces. Un bofetón a José María Rodríguez en el trasero de Enrique Calvo por las fotos publicadas esta semana en ABC y por su almuerzo con Matas. No cabe duda que Castro se ha convertido en un juez incómodo, un instructor activo que trata de apoyarse en la acusación popular para continuar su acoso a la Infanta Cristina, aún sin la Fiscalía.
 
Cada vez que María Salom habla de corrupción suelta una leve sonrisa socarrona que se asemeja mucho al tic de Mariano Rajoy cuando miente, parpadeando un solo ojo. El jueves en el Teatro Principal, durante el acto central de la Diada de Mallorca, se llenó la boca de  corrupción y no podía aguantarse la risa. Habiendo tenido un papel tan principal en el caso del  Túnel de Sóller y habiendo salido indemne, ya se comprende. Como cantaba Tomeu Penya, es guanyar fa riure!
 
(Publicado en Última Hora)

07 septiembre 2013

INCORRUPTIBLES


Si usted necesita algo del PP, haga una visita al despacho profesional de la abogada Mabel Cabrer. Si de quien necesita alguna gestión es del PSOE, pásese por el despacho profesional de Antoni Diéguez. En ambos casos es fácil que deba abonar una suculenta minuta. En este contexto que Jaume Matas haya sido condenado por tráfico de influencias parece un chiste. De momento el juez  José Castro no los ha puesto en su punto de mira porque suficiente tiene con Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina. Debe ser muy trabajoso desentrañar todas las interioridades del matrimonio a través de los correos de Diego Torres y de los informes de la Agencia Tributaria cuando no llevan errores, lo que raramente sucede. Por cierto, ¿qué padre con dinero no se lo prestaría a su hija para comprarse una casa?
 
Un bedel del Parlament tiene un régimen de incompatibilidades severo y no puede  dedicarse a ninguna otra actividad pública ni privada en aras a proteger su independencia. Por el contrario los diputados pueden simultanear su cargo con el ejercicio de la abogacía o cualquier otra profesión y representar a otros ciudadanos con intereses que quizás no sean coincidentes con el interés general ni el bien común, cobrar un buen sueldo público por ‘dedicación plena’ que no es plena y tener un  negocio montado en otro lado. Obviemos que al bedel no se le permite tuitear compulsivamente en su jornada laboral.
 
Hay quien califica a algunos jueces y fiscales de incorruptibles: José Castro, Mercedes Alaya, Pablo Ruz, Pedro Horrach, etc. Es este un ejemplo de ligereza. Desconfiemos de halagadores y adulados. En Baleares un coronel jefe de la Guardia Civil fue condenado por falsificar facturas; unos pilotos del SAR utilizaban las aeronaves de salvamento para transportar invitados a una boda a Formentera, lo que le costó el cargo al jefe del Escuadrón; un inspector jefe del grupo de atracos del Cuerpo Nacional de Policía fue sobornado por la matriarca de Son Banya ‘la Paca’, quien a su vez resultó inexplicablemente absuelta en el juicio de la operación Kabul al declararse nulas las escuchas telefónicas, a pesar de la incautación de 8 kilos de cocaína y 600.000 € en metálico; en la cárcel de Palma fue desmantelada una trama mafiosa de funcionarios de prisiones que suministraba droga y móviles a los presos a cambio de dinero y favores sexuales. ¿No es arriesgado calificar a alguien de incorruptible?
 
(Publicado en Última Hora)

04 septiembre 2013

¡MALDITOS ÓRGANOS CONSULTIVOS!


Los órganos consultivos son un auténtico estorbo. Los políticos lo que quieren es hacer lo que les venga en gana y más les convenga a cada momento. Es por eso que se rodean de órganos consultivos y asesores para dar a sus decisiones arbitrarias y caprichosas una apariencia de profesionalidad y de legalidad que a menudo no tienen. De hecho, siempre se dice que los informes de los órganos consultivos y asesores son preceptivos, pero no vinculantes. O sea, que si dicen lo que el político de turno quiere oír, les hace caso. Y si no lo dicen, pues va directo a la papelera porque no es obligatorio ceñirse a sus instrucciones.

El Consell Consultiu de les Illes Balears informó poniendo pegas al proyecto de Ley de Símbolos que había ideado el conseller de Presidencia Antonio Gómez, alias “Es Garriguer”, para poner frenos a los lazos con los colores del Estendard del Rei Jaume I en los centros educativos, en defensa del catalán. Contravenir a un político mediocre que estudia derecho en sus ratos libres, aunque sea advirtiéndole de que la pintoresca ley que pretende sacarse de la manga tiene trazas de inconstitucionalidad –casi nada–, es motivo suficiente en este país para que te pongan la cruz y la raya. Y así ha sucedido.

El último episodio acaecido en agosto, un mes muy complicado para hacer algo con prisas, como todo mallorquín sabe o debiera saber, es relativo a la recientemente aprobada Ley de protección y uso sostenible del litoral, que modifica la Ley de Costas. Al parecer el Govern solicitó al Consell Consultiu de les Illes Balears un dictamen para recurrir ante el Tribunal Constitucional dicha Ley por invasión de competencias. Dado que el plazo para hacerlo concluía el 30 de agosto, el presidente del Consultiu, el veteranísimo jurista Rafael Perera tuvo que alterar el calendario de los miembros del órgano que preside a fin de deliberar y emitir un dictamen en el plazo previsto. Pero en el último momento, el Govern se lo pensó mejor y decidió que dijera lo que dijese el Consultiu, no pensaban recurrir la Ley y por tanto, el dictamen ya no era necesario. Este comportamiento fue considerado un agravio y ha sentado fatal a los vocales del Consultiu y mucho peor a su presidente, quien ha enviado una carta de protesta al president Bauzá ya que se siente ninguneado y donde además y aquí viene lo peor, ¡se atreve a defender su independencia!

La consellera de Administraciones Públicas y portavoz del Govern, Nuria Riera, se mostró contrariada porque la carta de Perera tuviera trascendencia en los medios de comunicación y afirmó que aunque así lo ha sugerido el gobierno central, el Govern no tiene intención de proceder a la supresión del Consell Consultiu. ¿Cabe mayor amenaza nada velada?

No es muy aventurado pronosticar que de seguir así las cosas Rafael Perera dimitirá, que es lo que busca Antonio Gómez, o bien el Govern se cargará de un manotazo, como el que tumba una mosca, al Consell Consultiu siguiendo la sugerencia de Mariano Rajoy para redimensionar la Administración. Ya vemos cómo se las gasta el Govern de Bauzá: todo aquel que critica al Ejecutivo y en especial quien no se doblega a los caprichos del vicepresidente Gómez es laminado sin contemplaciones. ¿Quieren ejemplos? Van desde el director del Centre Balears Europa hasta el Centre de Recerca Económica UIB-Sa Nostra, pasando por el Consell de la Joventut. Sus purgas dentro del PP son conocidas y la lista de personas vetadas en IB3, ente del que Gómez fue Director General –algo absolutamente insólito en una democracia– ya son legión. Ahora van a por el Consell Consultiu para que aprenda quien manda aquí. La deriva autoritaria del Govern de les Illes Balears ya va camino de convertirse en legendaria.

Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/9188-malditos-organos-consultivos

31 agosto 2013

ECHARLE LA CULPA AL EMPEDRADO


Si el Consell finalmente tiene que indemnizar con 13 millones € a FCC por la compra de Son Puig, que debía haber sido la sede de TV Mallorca, será gracias a  Rodrigo de Santos, teniente de alcalde de Urbanismo de Catalina Cirer, que denegó pertinaz y caprichosamente las licencias de obras para rehabilitar la finca, fiel a su estilo de torpedear todo proyecto ajeno por la vía de no conceder las licencias. Afirma el actual conseller insular de Presidencia, Jaume Juan, que es una barbaridad que TV Mallorca comprara Son Puig ya que “en ningún momento ha servido para lo que tenía que servir y que no se tomaran las medidas adecuadas para saber lo que se compraba”. Omite maliciosamente y así lo ha dicho la Justicia, que existían informes favorables del Servei d’Urbanisme del Departament del Territori del Consell sobre su adecuación arquitectónica y del doctor en economía de la UIB Antonio Serra Cantallops sobre la propuesta económica. Ambos informes concluían que la oferta técnico-económica del licitador era viable y ajustada a los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas.
 
En dos ocasiones se han pronunciado los tribunales sobre la compra de Son Puig y en ambas ocasiones se constató su legalidad y que FCC ofreció soluciones técnicas viables que contaron con el visto bueno de la Comisión de Centro Histórico y del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. Pero la gerencia de Urbanismo, ya en enero de 2008, siendo alcaldesa y regidora del área en cuestión Aina Calvo, volvió por enésima vez a denegar la licencia. Calvo es, por tanto, la segunda gran responsable de esta ruina. Por más proyectos que se presentaron el Ajuntament de Palma no concedió las licencias de obras. Primero fue el PP y luego el PSOE. Dice la Audiencia Provincial que FCC “procuró el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con numerosos e infructuosos esfuerzos unilaterales ante la administración municipal”. Y es por ello que los Tribunales condenaron a TV Mallorca a pagarle 13 millones.
 
Cuando Marisa Goñi, con el respaldo de Francina Armengol, rescindió el contrato con FCC cavó la tumba de TV Mallorca. Y María Salom ofició unas exequias de lujo, incluyendo el archivo de RTV Mallorca, que tendrá que pagar. Si lo quería para el Consell, habérselo pensado antes de acordar su cierre. Con semejante panorama ya se entiende que hagan como el cojo, que siempre le echa la culpa al empedrado.

(Publicado en Última Hora)

26 agosto 2013

HOMOFOBIA RECALCITRANTE


El señor Agustín Buades, también conocido como Instituto de Política Familiar de Baleares, tiene la costumbre de enviar a los medios de comunicación aburridos e insulsos comunicados de prensa cada fin de semana para asegurarse que ante la escasez informativa los medios publicarán sus ocurrencias, a menudo camufladas entre datos estadísticos de origen diverso. Son conocidas, gracias a ello, sus posturas beligerantes hacia el aborto y la homosexualidad, entre otras cuestiones.

Sin embargo, la reciente noticia de que una pareja de jóvenes gais mallorquines van a ser padres a través de maternidad subrogada ha dado la oportunidad de salirse de su pauta semanal y emitir un comunicado que retrata al personaje y deja a las claras lo que pretende desde su plataforma: someter a toda la ciudadanía a su rasero moral y hacernos comulgar a todos con su visión ética ultracatólica de la familia tradicional, única válida para él. Se le ha presentado, pues, una ocasión única para ilustrarnos sobre la finalidad de las técnicas de procreación asistida que a él le han sido reveladas exclusivamente y cuya interpretación sólo él está en condiciones de hacer; sobre lo que conviene o no a los menores; sobre los deseos y pretensiones de las parejas de tener descendencia, etc. Como se puede ver, asuntos todos de una raíz íntima y personalísima sobre los que el señor Buades, desde su alta cátedra y su infinita sabiduría, establece doctrina según su peculiar visión y lo que es peor, quiere obligarnos a todos a pasar por el aro de sus convicciones morales.

En mi opinión, Agustín Buades es un homófobo recalcitrante. Lo demuestra su último comunicado de prensa fechado el 23 de agosto, donde siembra dudas de que los hijos de la pareja gay en cuestión vayan a tener “un patrimonio genético”, “una gestación y un nacimiento humanamente dignos” y “una familia normalmente constituida, que aseguren el íntegro desarrollo de su personalidad”. Lo que aquí subyace es que Buades considera que a los niños que van a venir se les priva de una familia, cuando tal cosa es absoluta y radicalmente falsa. Es cierto que no una familia tradicional, pero una familia a fin de cuentas. Una familia que Buades considera no idónea y a la que atribuye irremisiblemente problemas “de orden psicológico, jurídico y social”, que acompañarán toda su vida a los niños.

Lo que la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 establece sin género de dudas es que “siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiento de afecto y de seguridad moral y material”. Y esto, a priori, no lo garantiza una familia heterosexual, sino que lo garantizan la responsabilidad, el amor y el deseo de paternidad/maternidad.

El señor Buades y su Instituto jamás han mostrado la más mínima preocupación por los niños huérfanos, o en situación de desamparo, o los nacidos de madres viudas, sino únicamente por aquellos que no nacen en el seno de una familia tradicional “de un acto de amor verdadero”, lo cual demuestra que a él el interés superior del menor le importa un comino, excepto cuando hay una pareja homosexual por en medio, síntoma inequívoco de su odio hacia los homosexuales.

El señor Buades estaría encantado de vivir en Rusia, pero esto no es Rusia, es España, donde aunque a él le revuelva las tripas, el matrimonio entre personas del mismo sexo es absolutamente legal, constitucional y equiparable en todo al matrimonio entre personas de diferente sexo. Los hijos de las parejas homosexuales, de gais y lesbianas, también niños, son sus hijos y las suyas también son familias que merecen todo el respeto y la protección que las demás. Le guste o no. Sea esto conforme con su ultramontana moral católica o no lo sea. No es posible aceptar juicios apriorísticos sobre la capacidad de los homosexuales para tener hijos y criarlos en un ambiente positivo que favorezca su desarrollo integral en un espíritu de comprensión y tolerancia. El colectivo LGTB ha demostrado estar dispuesto para luchar por sus derechos como familias con los mismos derechos que las demás. Y el señor Buades haría bien en no someter a nadie a sus humillaciones gratuitas ni a sus burlas. La dignidad de las personas está por encima de todo esto. Si quiere vejar homosexuales, puede irse a vivir a Rusia, donde gracias a la ley de Putin es previsible que se sienta mucho más a gusto que aquí.

(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/8985-homofobia-recalcitrante)