La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que
resuelve que la aplicación de la ‘Doctrina Parot’ con efectos retroactivos
vulnera el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades
individuales ha levantado ampollas en España. Dejando a un lado la indignación
y el dolor de las víctimas del terrorismo, que considero absolutamente normal y
comprensible, hemos visto ataques furibundos contra el tribunal y contra sus
miembros, en especial el designado en 2007 a propuesta del Reino de España,
Luis López Guerra.
La actividad de la banda terrorista ETA durante 40 años y
las más de 800 personas asesinadas, y en especial el hecho de que ETA aún
existe y mantiene sus arsenales, además de centenares de presos y huidos,
aunque decretó el 20 de octubre de 2011 un cese definitivo de su actividad
armada, hacen que sea casi imposible abordar aspecto alguno de este espinoso
asunto sin ser tachado de equidistante, en el mejor de los casos. Puedo
asegurar que yo no lo soy en absoluto y que los 19 años de permanencia en la
Guardia Civil me enseñaron mucho sobre ETA y sobre las víctimas, muchísimas de
ellas pertenecientes al Cuerpo. Sin embargo, también me interesó mucho conocer
directamente la realidad social que se vivía en Euskadi, lo que me llevó a
percibir que las cosas eran muy distintas a como las narraban los medios de
comunicación de Madrid.
En mi opinión, la ‘Doctrina Parot’ representaba un cambio
penológico que tenía muy difícil justificación legal. Sin embargo el Gobierno
con el apoyo del PSOE y del PP decidieron asumir el desgaste correspondiente
pero evitar la excarcelación de decenas de presos sanguinarios que habían
acabado con la vida de muchas personas de forma cruel y despiadada y sin haber
mostrado el más mínimo arrepentimiento por lo que habían hecho. No quisieron
soltar a aquellos que conforme a la doctrina de beneficios penitenciarios
aplicados hasta la fecha ya habían cumplido su condena. De ahí que surgiera la
‘Doctrina Parot’ como única forma de evitar la excarcelación de los etarras.
Tanto PSOE como PP pelearon duro para que el Tribunal Supremo bendijese la
legalidad de la operación y más tarde el Tribunal Constitucional, pero era
previsible que aquello acabara en Estrasburgo. Prefirieron mirar hacia otro
lado y evitar las excarcelaciones de terroristas y pensaron “este marrón que se
lo coma Estrasburgo”, porque sabían que el TEDH lo tumbaría.
En España ha sucedido lo que en muchos países que han
sufrido el terrorismo: se han utilizado atajos que en mayor o menor medida
suponían vulneración de los Derechos Humanos, cuando no directamente crímenes
de Estado. Lo han hecho los poderes públicos en la creencia de que no había
otro modo de actuar, por pura impotencia y a veces para corregir errores
pasados, sin caer en la cuenta que la vulneración de los DD.HH. nunca es la
solución de nada.
En España nunca se han tenido en cuenta las denuncias de
Amnistía Internacional sobre las normas antiterroristas. Nunca se han
investigado seriamente las denuncias de malos tratos a terroristas detenidos,
ni las muertes bajo custodia policial o penitenciaria. Nunca se ha formado a
los miembros de las Fuerzas de Seguridad a conciencia en este asunto. Nunca se
han castigado severamente los excesos. Ni siquiera se han adoptado medidas
contundentes para evitar que sucedieran, como la instalación de videocámaras en
el interior de los centros de detención. Aquello parecían “daños colaterales” y
que los que los denunciaban estaban del lado de los terroristas. Sin embargo,
cuando estos asuntos salen de las fronteras nacionales son consideradas
prácticas ilegales y no tienen defensa posible. Y esto mismo ha sucedido con la
‘Doctrina Parot’. Pero que nadie se llame a engaño. Sucedió muchas veces antes
cuando tribunales de otros países denegaban extradiciones. Hace unos días un
tribunal de Bélgica acaba de denegar la extradición de la etarra Natividad
Jáuregui atendiendo los argumentos de su abogado, quien alegó “el peligro de
violación de los derechos humanos que corren los vascos por la justicia
española”.
Otros países, como Estados Unidos o el Reino Unido, no
aceptan ser sometidos a otros tribunales distintos a los suyos. Ese es el modo
de evitarse disgustos como el que España ha tenido. Pero precisamente por su
desprecio declarado a los Derechos Humanos cargan con la etiqueta
correspondiente, aunque a ellos parezca darles igual. España quiso parecer un
país respetuoso con los Derechos Humanos sin serlo. Y ahora vemos el resultado.
Sin embargo yo no creo que debamos rasgarnos las vestiduras.
ETA ha sido derrotada y la lección que debemos aprender es que hay que dar
pasos para que la paz sea definitiva, total y sin posibilidad de marcha atrás.
A mi juicio –y me expongo a la crítica, lo sé– nuestros gobernantes no debieran
hacer como si ETA aún existiese y deben favorecer un clima que permita dar por
zanjada esta tremenda herida nacional. El terrorismo ya no es una de las
preocupaciones fundamentales de los españoles según las encuestas del CIS. No
hagamos como si aún lo fuera. Nuestro Estado de Derecho es fuerte y tiene
mecanismos sobrados para maniobrar en esta situación. Pero los atajos no dan
resultados.
(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/10152-a-quien-le-importan-los-derechos-humanos)