30 noviembre 2013

FISCALES CONTRA EL RUIDO


En Girona la Fiscalía pedía 7 años de cárcel para una pianista por contaminación acústica y lesiones psíquicas a una vecina. Luego lo rebajó a 20 meses y lo mismo a los padres de la pianista por cooperadores necesarios. Afortunadamente fueron absueltos.  En Palma el intendente Antonio Vera acusa al fiscal Subirán de actuar contra él porque no se tramitó con la celeridad que le hubiese gustado una denuncia suya por ruidos.  Estos casos demuestran que a la Fiscalía no le gusta el ruido, ni el físico ni el mediático. Siendo Palma una ciudad estridente como pocas y la apatía que en esta materia atenaza a la Policía Local, se entiende el berrinche de Subirán. ¿Quién podría reprochárselo?

El policía Santiago Adrover ha reconocido ante la jueza el amaño del concurso de ascenso a oficial de la Policía Local de Palma y ha confesado que le facilitó las preguntas otro imputado. Además admitió ser militante del PP y acusó al intendente Vera de colocar a agentes afines al partido para puestos clave. Vera dice que él no ha sido y que amaños los ha habido siempre. Es un asunto feo pero que nadie lo saque de quicio porque eso de colocar amigos no es exclusivo de nadie y está bastante generalizado. Seamos honestos. ¿Alguien puede creerse que solo UM enchufaba a afiliados en el Imfof o en Emaya? ¿No lo hacen el resto de partidos? Lo que pasa es que nunca se ha investigado a los demás.

Hasta la Guardia Civil “amaña” ascensos, aunque lo hace con una técnica más perfeccionada y sutil. No se llega a la cutrez de filtrar las preguntas del examen desde el propio ordenador oficial, como parece haber sucedido en la Policía Local de Palma. En la Benemérita, como en la Policía Nacional, cada año se condecora a varios agentes. Las condecoraciones se imponen exclusivamente a propuesta del mando, bajo criterios subjetivos y solo a los agentes más afectos al régimen. Cada medalla tiene asignada una determinada puntuación, lo que hace que aquellos que las tienen estén muchísimo mejor situados para ascender que aquellos que no han recibido ninguna jamás, por muy buenos servicios que hayan protagonizado. El perfil de los condecorados –siempre hay excepciones– es muy claro y nada tiene que ver con su profesionalidad, sino con su docilidad y mansedumbre. Lo mismo que las medallas que Policía y Guardia Civil otorgan a algunos jueces y fiscales, que premian no ya la docilidad, sino la sumisión ovina.

(Publicado en Última Hora)

 

26 noviembre 2013

LA MITAD DE LA LEGISLATURA


Se han cumplido ya dos años desde que el Partido Popular de Mariano Rajoy ganó las elecciones generales en noviembre de 2011. En aquella confrontación electoral el Partido Popular logró 10.830.000 votos y 186 escaños, lo que le otorgó la amplia mayoría absoluta de la que ahora disfruta.  

El presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y junto a él el PSOE, llevaron a cabo una irresponsable gestión de la crisis, con un gasto público desbocado, un desplome de los ingresos y negando negligentemente que la crisis financiera causada por la quiebra de Lehman Brothers pudiera afectar al país. Las revelaciones que en los últimos días está haciendo el vicepresidente económico de ZP, Pedro Solbes, dibujan a la perfección el grado de ausencia de la realidad que vivió Zapatero. Por culpa de su ineptitud económica arrastró al PSOE a la situación calamitosa en la que aún hoy se  encuentra.

Sin embargo los socialistas no fueron los únicos que se comportaron irresponsablemente. Los populares hicieron gala de esa misma cualidad y actualmente podemos ver en Youtube montones de vídeos donde criticaban que se subiera el IVA o los demás impuestos, donde se hacía mofa de la Alianza de Civilizaciones a la que aún hoy España pertenece, donde se acusaba al Gobierno de connivencia con ETA y de ultrajar a las víctimas y un largo etcétera. Dos años después los populares incurren en muchas de las críticas que ellos mismos hacían al Ejecutivo de Zapatero. Han pisoteado sus propias líneas rojas (educación, sanidad y servicios sociales), han reducido las pensiones y aumentado la edad de jubilación, establecido el copago farmacéutico, han suprimido prestaciones sanitarias y han subido todos los impuestos, incluido el IRPF y el IVA que tanto exigían rebajar cuando estaban en la oposición, a la par que decretaban una amnistía fiscal para quienes tuvieran fondos en el extranjero. Han reducido las becas, implementado tasas judiciales, abaratado el despido a través de una reforma laboral contestada con una huelga general pero aplaudida por la Comisión Europea e incluso ya han sufrido una primera manifestación de víctimas del terrorismo contra la excarcelación de presos etarras tras la anulación de la doctrina Parot. Hay muy pocos aspectos de su programa electoral que el PP haya respetado. Y por si no fuera poco, el PP se ha visto envuelto en un caso de financiación ilegal acusado por quien fue su propio tesorero, Luis Bárcenas, actualmente en prisión provisional.

Ante esta avalancha de promesas incumplidas y de desilusión generalizada, el partido de Mariano Rajoy exhibe unos pocos indicadores económicos positivos que sólo perciben las grandes empresas y el sector financiero, pero que la ciudadanía está muy lejos de notar en el día a día. Se argumenta que se ha eludido el rescate del país, obviando que se optó por un rescate del sistema bancario que ha constado desde 2007 cerca de 220.000 millones de euros, de los que 40.000 millones son a fondo perdido. Y también se argumenta que la prima de riesgo se ha reducido significativamente y que el grifo de la financiación de la deuda pública está abierto. Sin embargo, los altos impuestos, la caída generalizada de los salarios y la altísima tasa de paro (26.9%) siguen frenando el consumo la recuperación económica parece aún muy lejana a pesar de los mensajes optimistas del Gobierno.

En mayo de 2011 ante un PSOE completamente noqueado los ciudadanos optaron por el otro gran partido de gobierno: el PP de Mariano Rajoy, quien a la tercera logró imponerse a los socialistas. Pero en estos dos años se ha puesto de manifiesto que el PP recurrió a promesas que ellos sabían que no podrían cumplir. Criticaron irresponsablemente a ZP pero han ido más allá en muchas de las cosas que él hizo. Buena parte de su electorado está descontento y esperaban soluciones de verdad y no simplemente humo.

En mayo de 2015 habrá elecciones autonómicas y muy posiblemente también generales si Rajoy decide adelantarlas, cosa que yo estoy convencido que hará. Solo faltaría, si se cumple el pronóstico, un año y 5 meses para una nueva convocatoria electoral. Previamente, dentro de 6 meses, en mayo del año próximo tendremos elecciones al Europarlamento y veremos cuan satisfechos están los ciudadanos con el Gobierno. Ya les aventuro yo que poco.

(Publicado en http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/10518-la-mitad-de-la-legislatura)

22 noviembre 2013

PLACAS Y LOSAS

Dice el juez José Castro que el último alegato del fiscal Horrach donde exonera a la Infanta Cristina es muy cualificado. Sin duda se trata de cortesía procesal. Cuando un fiscal muta su función de acusador público y se convierte en defensor real, es todo menos cualificado. Recuerda al fiscal Jaime Guasp defendiendo al Govern en la muerte de Alpha Pam. Bien es verdad que este fiscal en enero de este año ya desbarró con comentarios que sonaron xenófobos en el juicio de un marroquí que había violado e intentado asesinar a la ciudadana británica Cheryl Maddison.  
 
Nuestros representantes políticos están muy aburridos y como modo de luchar contra la abulia que les somete, a menudo se dedican a realizar propuestas absurdas y en muchos casos populistas que, además, nos cuestan dinero. A algunos de estos perezosos gestores de lo público les ha dado por proponer la retirada de las placas conmemorativas de la inauguración de infraestructuras si en ellas aparece el nombre de algún político condenado por corrupción. A sensu contrario si la condena fuera por traficar con droga, pederastia o conducir borracho, no sería necesario proceder a la retirada de la placa en cuestión. Así lo han acordado, entre otros, los ayuntamientos de Alcudia y Andratx, aunque otros seguirán la moda. El presidente Bauzá no es ajeno a estos pasatiempos. Ordenó retirar el cuadro de Jaume Matas, pero no hizo lo propio con el de Gabriel Cañellas, implicado en el caso de financiación ilegal del PP con las comisiones del túnel de Sóller, que se libró de la condena porque el delito había prescrito. Maria Salom, que sabe bastante del escabroso asunto, ha decidido que el cuadro de Munar no sea exhibido, aunque está hecho y buen dinero nos costó. Confío en que cuando abandone el cargo dará instrucciones para que tampoco cuelguen el suyo dada su implicación en el cobro de comisiones del Túnel de Sóller.
 
Salom, política profesional de las que dice aborrecer José Ramón Bauzá –a quien, por cierto, alguien debería explicar las diferencias entre una sentencia y el escrito de un fiscal–, dice que los problemas de Televisión de Mallorca derivan de la compra de Son Puig, un inmueble que no servía como sede del ente. Debería leerse las dos sentencias que dicen lo contrario y no pasarse de lista. Ella decidió el cierre de [M] y ella debe apechugar con las consecuencias políticas de su decisión. Esa es su losa.

 


 

16 noviembre 2013

LA GUINDA DEL PASTEL


Uno de los tipos que fue descubierto con las manos en la caja pública se dirige a la Fiscalía y apunta el nombre de Jaume Matas. Entonces su delito es reducido sustancialmente y la pena es mínima. Eso es lo que obedeciendo al Ministerio Público ha hecho Juan Francisco Gálvez, exdirector general de Juventud. Por el mero hecho de acusar sin la más mínima prueba al expresidente Matas, ve reducida su pena de los 12 años iniciales hasta tan solo 3 años. Desde que en 2008 se destapó el caso Turisme Jove, Gálvez no había implicado jamás a Matas, pero pocos días antes del juicio se forja un pacto de conformidad, se va al juzgado y dice que actuaba por orden del ex president. ¿Qué credibilidad puede otorgársele? Ninguna. Gálvez no ha sido acusado de cohecho, delito del que sí se ha acusado a Gosálvez y Amengual. ¿Cómo es posible que siendo el superior inmediato en la cadena jerárquica, Gálvez sea exonerado del soborno? Es el premio que le otorga la Fiscalía por acusar a Matas. Ni la exconsellera Rosa Puig ni la eurodiputada Rosa Estarás, que disfruta de su exilio dorado en el Europarlamento, se ven implicadas en el asunto. No son el objetivo a batir, por suerte para ellas.
 
Veremos idéntico proceder en el caso Metalumba. El juicio comenzará el lunes y se sentarán en el banquillo Miquel Nadal, Bartomeu Vicens y otros cinco acusados, entre los que está el abogado Jaime Montis. La Fiscalía solicitaba 19 años y 3 meses para Vicens, pero tras servirles en bandeja la cabeza de Munar en Can Domenge, la pena no superará los 3 años y además su mujer, Antonia Martorell, no tendrá que ir a la cárcel cuando le pedían 13 años y 3 meses. La Fiscalía debería explicar a cuento de qué rebaja de este modo sus peticiones de pena. Vicens es otro que por acusar a su superior se lleva el premio gordo. Infame.
 
Pero la guinda del pastel es el papel del fiscal Horrach a la hora de proteger a la Infanta Cristina. Primero fue un insólito recurso ante una citación como imputada. Ahora se anticipa al juez Castro y se retrata con un escrito que pretende absurdamente justificar lo injustificable, actuando de defensor y no de acusador. No es que Horrach no quiera llevar a juicio a la hija del Rey, ¡es que ni siquiera tiene curiosidad por oír su versión de los hechos en un interrogatorio en el juzgado! Desde que es fiscal anticorrupción, ¿con cuantas personas ha actuado así? Con ninguna. Jamás.
 
(Publicado en Última Hora)

12 noviembre 2013

POLÉMICA CON EL SEGUNDO CASINO


Está sucediendo ante nuestras mismísimas narices un caso paradigmático de lo que consideran nuestros políticos que es un concurso público. Se trata del concurso para la licencia de instalación y explotación del segundo casino de Mallorca. El Reglamento de casinos de juego de Baleares establece que la autorización para instalar y explotar un casino se efectuará previa convocatoria de un concurso público. No da otra opción que la de convocar un concurso, que se presente todo aquel que reúna los requisitos y que gane el mejor. No el que quieran los políticos, sino el mejor. Y así se hizo por parte de la Vicepresidencia Económica – Dirección General de Comercio y Empresa del Govern de les Illes Balears, publicando las bases que rigen el concurso en el BOIB del 29 de diciembre de 2012.

Un concurso es, según lo define el diccionario de la RAE, “Competencia entre quienes aspiran a encargarse de ejecutar una obra o prestar un servicio bajo determinadas condiciones, a fin de elegir la propuesta que ofrezca mayores ventajas”. Así pues, aquella propuesta que mejor se ajuste al pliego de condiciones y obtenga la mayor puntuación según unos criterios objetivos debe resultar la ganadora. Pero resulta que el alcalde de Palma Mateo Isern y el teniente de alcalde Álvaro Gijón se muestran extrañados de que una empresa de las que se presentó al concurso, Bingo Teatro Balear, que no es la que ellos quisieran que ganase, haya obtenido la máxima puntuación según los técnicos de la Mesa de Contratación del Govern. Se habla de malestar notable en el gobierno municipal del PP y en la dirección del Consorcio de la Playa de Palma, y también en el Ayuntamiento de Calvià, en manos del PP. Sin embargo, en la citada Mesa de Contratación no hay ningún representante de los Ayuntamientos de Palma y Calvià, y por tanto su opinión no deja de ser una mera expresión de lo que les gustaría que sucediera, que en este caso y por lo que comprobamos, se aleja sustancialmente de las bases del concurso convocado por el Govern balear. El Govern debe sujetarse escrupulosamente a las bases del concurso y no apartarse ni un milímetro de él.

Estamos ante un caso emblemático de manipulación e intento de amaño de un concurso que de materializarse merece la máxima atención de la Fiscalía. Ante la convocatoria de un concurso público, unos políticos de la administración local (Isern y Gijón) muestran su predilección por una de las empresas concursantes. Y ante el resultado de las puntuaciones otorgadas por la Mesa de Contratación se muestran decepcionados y expresan –con gran sinceridad, todo hay que reconocerlo– que el concurso se convocó para que se instalase el casino en la Playa de Palma. Es decir, para que la licencia se concediese a una de las empresas concursantes, sin atender ninguna otra oferta.
 
Las bases del concurso son públicas y en ellas se determina los aspectos de la oferta a valorar. Y si una de las empresas, según los criterios técnicos, obtiene la máxima puntuación, esa es la que debe ganar al margen de otras consideraciones políticas que desprenden un tufo a corrupción que empieza a ser algo más que molesto. Después de lo que hemos vivido en esta Comunidad Autónoma parece increíble que los políticos del PP se atrevan a intentar influir en el resultado de un concurso público para que gane una de las ofertas que no ha obtenido la mayor puntuación. Creíamos que Mateo Isern nos traía otra forma de hacer política… pero parece que la cabra tira al monte y que su política es la de siempre. En este caso ni siquiera se cuidan de decirlo.

Ya se intentó un primer amaño al otorgar 20 puntos si el casino se ubicaba en una “zona turística madura”, sin que en la fecha de la convocatoria hubiese ninguna zona así declarada, lo que se hizo por decreto el 7 de junio de este año. Sin embargo, los técnicos de la Mesa de Contratación no han querido prestarse a una manipulación tan burda y cutre que recuerda mucho a la filtración de los exámenes de ascenso a oficial la Policía Local de Palma. Sencillamente no han aceptado el traje a medida que suponía la declaración de la Playa de Palma como “zona turística madura” y aquí radica el gran malestar de Isern y  Gijón. Afortunadamente ellos no son quienes deben decidir, pero ya comprobamos cómo despliegan todas sus armas para otorgar el concurso del segundo casino a la empresa que ellos previamente ya habían decidido. Cualquiera puede imaginar a cambio de qué.

(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/10310-polemica-con-el-segundo-casino)

09 noviembre 2013

A POR LOS DE UM


La Fiscalía va a por la cúpula de la extinta Unió Mallorquina. No se salva nadie. Munar, Nadal, Flaquer, Buils, Julve, Lliteres, Mateo y Eugenia Cañellas, Vidal, Mas, Losada, Rodríguez, Segura, Massanet, Castañer, Mir, Colom y Moragues. 18 capitostes para quien los fiscales Carrau y Subirán piden penas de prisión en la pieza Cilma del caso Voltor. De hecho, creen que todos conformaban una asociación ilícita para delinquir, con estructura piramidal. Deducir eso por el hecho de que una empresa no hiciera un determinado trabajo –aunque sí lo cobrara– es ir muy lejos y hacen falta más que suposiciones para demostrarlo. Pero los fiscales pescan con la red grande y no les importa si se llevan por delante a gente que nada tenía que ver con el asunto porque ya no persiguen a cada uno de los supuestos delincuentes, sino a todos los miembros de UM en su conjunto.

Esta tendencia del Ministerio Público de ver en todo a gente conchabada para delinquir contrasta con su miopía con el Instituto Nóos y con Aizoon. Consideran que la Infanta Cristina de Borbón, a pesar de ser propietaria al 50% de Aizoon, nada tenía que ver con la trama protagonizada supuestamente por su esposo Iñaki Urdangarin y Diego Torres. ¿No sería más fácil sospechar que Iñaki fuera el testaferro de su esposa? Y quién sabe si nos quedamos cortos. Dada la facilidad de la Fiscalía para atribuir tramas organizadas y redes delictivas, podrían en su delirio pensar que la Casa Real tuvo algo que ver en el saqueo de las arcas públicas. La defensa numantina que los fiscales hacen de la Infanta Cristina es vergonzante. Incluso el Fiscal General del Estado, sin haber interrogado a la hija del Rey, afirmó hace unas semanas que la Infanta ignoraba que en Nóos se cometían ilegalidades.

Con todo lo que vamos descubriendo de la trama Gürtel o con el asunto de los ERES de Andalucía, se sigue sin ver ninguna actuación contundente contra el PP ni contra el PSOE, como las vimos contra UM hasta conseguir su desaparición. Si en Unió Mallorquina alguien cometió alguna ilegalidad, es de Justicia que se aclare y que pague por ello. Pero la criminalización general a todo un partido político, a todos los que tuvieron alguna responsabilidad en él, e incluso a sus militantes es inaceptable. No lo hacen con el PSOE, ni con el PP, ni con nadie. Es fácil adivinar por qué sí con UM.

(Publicado en Última Hora)

05 noviembre 2013

¡A QUIÉN LE IMPORTAN LOS DERECHOS HUMANOS!


La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que resuelve que la aplicación de la ‘Doctrina Parot’ con efectos retroactivos vulnera el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades individuales ha levantado ampollas en España. Dejando a un lado la indignación y el dolor de las víctimas del terrorismo, que considero absolutamente normal y comprensible, hemos visto ataques furibundos contra el tribunal y contra sus miembros, en especial el designado en 2007 a propuesta del Reino de España, Luis López Guerra.

La actividad de la banda terrorista ETA durante 40 años y las más de 800 personas asesinadas, y en especial el hecho de que ETA aún existe y mantiene sus arsenales, además de centenares de presos y huidos, aunque decretó el 20 de octubre de 2011 un cese definitivo de su actividad armada, hacen que sea casi imposible abordar aspecto alguno de este espinoso asunto sin ser tachado de equidistante, en el mejor de los casos. Puedo asegurar que yo no lo soy en absoluto y que los 19 años de permanencia en la Guardia Civil me enseñaron mucho sobre ETA y sobre las víctimas, muchísimas de ellas pertenecientes al Cuerpo. Sin embargo, también me interesó mucho conocer directamente la realidad social que se vivía en Euskadi, lo que me llevó a percibir que las cosas eran muy distintas a como las narraban los medios de comunicación de Madrid.

En mi opinión, la ‘Doctrina Parot’ representaba un cambio penológico que tenía muy difícil justificación legal. Sin embargo el Gobierno con el apoyo del PSOE y del PP decidieron asumir el desgaste correspondiente pero evitar la excarcelación de decenas de presos sanguinarios que habían acabado con la vida de muchas personas de forma cruel y despiadada y sin haber mostrado el más mínimo arrepentimiento por lo que habían hecho. No quisieron soltar a aquellos que conforme a la doctrina de beneficios penitenciarios aplicados hasta la fecha ya habían cumplido su condena. De ahí que surgiera la ‘Doctrina Parot’ como única forma de evitar la excarcelación de los etarras. Tanto PSOE como PP pelearon duro para que el Tribunal Supremo bendijese la legalidad de la operación y más tarde el Tribunal Constitucional, pero era previsible que aquello acabara en Estrasburgo. Prefirieron mirar hacia otro lado y evitar las excarcelaciones de terroristas y pensaron “este marrón que se lo coma Estrasburgo”, porque sabían que el TEDH lo tumbaría.

En España ha sucedido lo que en muchos países que han sufrido el terrorismo: se han utilizado atajos que en mayor o menor medida suponían vulneración de los Derechos Humanos, cuando no directamente crímenes de Estado. Lo han hecho los poderes públicos en la creencia de que no había otro modo de actuar, por pura impotencia y a veces para corregir errores pasados, sin caer en la cuenta que la vulneración de los DD.HH. nunca es la solución de nada.
 
En España nunca se han tenido en cuenta las denuncias de Amnistía Internacional sobre las normas antiterroristas. Nunca se han investigado seriamente las denuncias de malos tratos a terroristas detenidos, ni las muertes bajo custodia policial o penitenciaria. Nunca se ha formado a los miembros de las Fuerzas de Seguridad a conciencia en este asunto. Nunca se han castigado severamente los excesos. Ni siquiera se han adoptado medidas contundentes para evitar que sucedieran, como la instalación de videocámaras en el interior de los centros de detención. Aquello parecían “daños colaterales” y que los que los denunciaban estaban del lado de los terroristas. Sin embargo, cuando estos asuntos salen de las fronteras nacionales son consideradas prácticas ilegales y no tienen defensa posible. Y esto mismo ha sucedido con la ‘Doctrina Parot’. Pero que nadie se llame a engaño. Sucedió muchas veces antes cuando tribunales de otros países denegaban extradiciones. Hace unos días un tribunal de Bélgica acaba de denegar la extradición de la etarra Natividad Jáuregui atendiendo los argumentos de su abogado, quien alegó “el peligro de violación de los derechos humanos que corren los vascos por la justicia española”.
 
Otros países, como Estados Unidos o el Reino Unido, no aceptan ser sometidos a otros tribunales distintos a los suyos. Ese es el modo de evitarse disgustos como el que España ha tenido. Pero precisamente por su desprecio declarado a los Derechos Humanos cargan con la etiqueta correspondiente, aunque a ellos parezca darles igual. España quiso parecer un país respetuoso con los Derechos Humanos sin serlo. Y ahora vemos el resultado.

Sin embargo yo no creo que debamos rasgarnos las vestiduras. ETA ha sido derrotada y la lección que debemos aprender es que hay que dar pasos para que la paz sea definitiva, total y sin posibilidad de marcha atrás. A mi juicio –y me expongo a la crítica, lo sé– nuestros gobernantes no debieran hacer como si ETA aún existiese y deben favorecer un clima que permita dar por zanjada esta tremenda herida nacional. El terrorismo ya no es una de las preocupaciones fundamentales de los españoles según las encuestas del CIS. No hagamos como si aún lo fuera. Nuestro Estado de Derecho es fuerte y tiene mecanismos sobrados para maniobrar en esta situación. Pero los atajos no dan resultados.

(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/10152-a-quien-le-importan-los-derechos-humanos)

02 noviembre 2013

POGROMO DE POLÍTICOS


Las juezas de la Audiencia habrán concedido a lo largo de su carrera  centenares de suspensiones de condena a narcotraficantes, maltratadores, estafadores, ladrones, agresores sexuales, personas violentas, conductores borrachos y todo tipo de criminales que se han librado de la cárcel por tener condenas menores de 2 años y carecer de antecedentes penales. Pese a que reconocen la nula peligrosidad criminal de Jaume Matas y que la pena impuesta por el Supremo no es grave, han decidido vengarse. La frustración que les causó la sentencia, como reconoció el fiscal Horrach, desató un pogromo a políticos que persigue encarcelar al mayor número posible de ellos, aunque sea por penas menores. Nada hay más arbitrario porque a igual condena menor, unos se libran, como Miquel Oliver y otros deberán ingresar. Dicen que Matas tiene otras causas abiertas, pero obvian que la suspensión de la condena está condicionada a que el penado no vuelva a delinquir en un plazo determinado. Se demuestra así que Matas no tiene ningún trato de favor, sino que es víctima de una cacería judicial.

Los magistrados pretenden resarcirse del varapalo del Supremo y en lugar de cobrar 10.840 euros de multa a Matas, harán que entre todos costeemos los 55 euros al día que cuesta un preso. La cárcel no es gratis y además en este caso no sirve para nada, como reconocen Sus Señorías. Primero fue Munar y más tarde Cardona, quien pronto no será el único conseller de Matas entre rejas. El ex president es la siguiente pieza a batir a toda costa y sea como sea. Le reprochan que no se haya arrepentido, pero ¿han demostrado los jueces arrepentimiento por haberle condenado indebidamente a 6 años? Ni piden perdón ni aceptan la sentencia del Supremo.

Matas, contrariamente a lo que los jueces de la Audiencia dijeron, no se quedó ni un céntimo público. No malversó, no defraudó a la Administración, no falsificó documentos ni tampoco prevaricó. Pero aún así lo encierran para escarmiento general. No para castigo de sus delitos, sino para que sirva de ejemplo, como en los autos de fe de la Santa Inquisición. Mientras tanto los mismos jueces se entretienen echando por tierra el trabajo de la Guardia Civil y absuelven a ‘La Paca’, ‘El Moreno’, ‘La Guapi’, ‘El Ico’ y otros 87 narcos este año anulando escuchas telefónicas. Parece que consideran preferible encerrar antes a políticos que a narcotraficantes de Son Banya.
 
(Publicado en Última Hora)