30 diciembre 2011

EL NUEVO MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA GUARDIA CIVIL


Ya sabemos quiénes serán los integrantes de la cúpula del ministerio del Interior. El nuevo titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz, ha decidido que Ignacio Ulloa sea el nuevo secretario de Estado de Seguridad, el número dos del ministerio. Y al frente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado situará a Ignacio Cosidó en el Cuerpo Nacional de Policía y a Arsenio Fernández de Mesa en la Guardia Civil. El Partido Popular finiquita así el fracasado experimento del “mando único” que ideó el entonces ministro José Antonio Alonso, aunque fue puesta en marcha por Alfredo Pérez Rubalcaba el 8 de septiembre de 2006, situando al frente al mallorquín Joan Mesquida.


Cuando se anunció en 2006 la creación del mando único, con un mismo director general para ambos cuerpos, en cumplimiento del compromiso electoral del PSOE, todos pensamos ilusionados que significaría paulatinamente una homologación de protocolos, procedimientos, organización y estructuras de los dos cuerpos, hasta llegar progresivamente con el paso tiempo a una unificación total entre Policía y Guardia Civil, que siempre he pensado que sería lo mejor. Rápidamente nos dimos cuenta de que no iba a ser así y que se trataba únicamente de una medida cosmética para hacer creer a la ciudadanía que la coordinación era mayor entre ambos cuerpos. Hemos de reconocer que en ciertos aspectos se avanzó, porque la situación de partida era nefasta, pero desde luego el hecho de tener un mando único no ha servido para mucho. En la Guardia Civil solo ha servido para multiplicar el número de generales. Cuando el PP abandonó el poder en 2004 había 17 generales y ningún teniente general. En la actualidad hay justo el doble, 34 generales (4 tenientes generales, 22 de brigada y 8 de división). Esta proliferación vírica de altos cargos, absolutamente desproporcionada e injustificada, supone un coste brutal en sueldos, viviendas, coches oficiales y otras prebendas propias de estos altos mandos como la limpieza de sus viviendas particulares con cargo a los presupuestos generales del Estado, entre otras. Y sin ningún provecho. Estamos hablando de algunos millones de euros anuales.

Además, el mando único ha supuesto un enorme y creciente malestar entre los funcionarios de ambos Cuerpos debido a las diferencias en las condiciones laborales de los agentes y los derechos sindicales y de representación. Se ha hecho más patente que a pesar de tener el mismo director general, a unos se les trata de una forma por el hecho de pertenecer a un Cuerpo de naturaleza civil y a otros de otra muy diferente y más gravosa por el hecho de estar en un Cuerpo militar, a pesar de que todos ellos desempeñan la misma función.

En la actualidad, las relaciones de las asociaciones profesionales de guardias civiles con el ministerio del Interior están completamente rotas y los dirigentes de aquellas están expedientados y sancionados en su gran mayoría sin que hayan sacado ningún logro para el colectivo. Y veo muy difícil reconstruir los puentes y el diálogo por parte de los dirigentes de las asociaciones, incapaces de dar el relevo o de modificar su estrategia, por lo demás errática y fracasada hasta el momento. El nuevo director general de la Benemérita no será en este asunto muy favorecedor del diálogo, sino todo lo contrario. Su trayectoria como Delegado del Gobierno en Galicia en los tiempos del presidente Aznar y del Prestige le describe como una persona muy beligerante con el movimiento asociativo en la Guardia Civil y mucho más con AUGC. Un viejo enemigo de la organización accede al principal despacho de Guzmán el Bueno. Les van a caer más palos que a los olivos en la recogida de la aceituna. Y no me alegro.


El PSOE defraudó las expectativas de la inmensa mayoría de los guardias civiles, quienes le dieron la espalda hartos de menosprecio, mentiras y represión. Los socialistas han transitado en su relación con las asociaciones profesionales desde una etapa de diálogo y cooperación entre los años 2001-2004 (hasta el punto de incluir algunas de las más importantes demandas de AUGC en su programa electoral) hasta la incomunicación total y las medidas represivas de ámbito disciplinario contra los dirigentes de la organización mayoritaria. Esta evolución debiera ser objeto de análisis por parte del PSOE tras su Congreso Federal que se celebrará el próximo febrero en Sevilla. El PSOE perdió de forma absurda el apoyo de miles de guardias civiles y sus familias, y el responsable máximo de esta pérdida de apoyo fue Alfredo Pérez Rubalcaba (aunque hay que reconocer que Carmen Chacón desde el ministerio de Defensa contribuyó en todo lo que pudo), primero por las reticencias a cumplir sus compromisos electorales, lo que definiríamos como su inmovilismo inicial y más tarde su falta de diálogo, su menosprecio, hasta llegar a la represión pura y dura. Terminaron incluso por pactar indecentemente con el PP dar pasos atrás en los derechos reconocidos a los guardias civiles en la Ley de Derechos y Deberes de 2007. He aquí los resultados cosechados con esta política tan poco socialista y tan alejada de los trabajadores de la Guardia Civil.

En el manifiesto “Mucho PSOE por hacer” se reconoce en el punto 8 que otro factor importante de la pérdida de apoyos sufrida por el PSOE “ha sido la pérdida de credibilidad sufrida a lo largo de los últimos años”. Los puntos 18 y 19 ahondan en lo anterior: “A nuestro juicio la pérdida de credibilidad y coherencia ha sido fruto de la erosión de nuestros mecanismos democráticos y del aislamiento social progresivo de nuestro partido. Ese es el porqué de nuestros errores. Antes de que los ciudadanos se alejaran de nosotros, nosotros nos alejamos de los ciudadanos. (…) La exclusiva concentración en las tareas institucionales y el ensimismamiento orgánico nos han llevado a perder en buena medida el pulso de la calle. Y una lealtad mal entendida ha hecho que se omitieran críticas necesarias y ha evitado que ese pulso se transmitiera hacia la dirección de nuestra organización”.


Deseo francamente que el PSOE analice en profundidad y con autocrítica por qué sus votantes les han abandonado, o como a menudo suelo decir, por qué motivo el PSOE abandonó a sus votantes. Solo así podrán corregir los errores cometidos en los últimos cuatro años de gobierno. Y por parte de AUGC, deseo lo mismo: que analicen de forma autocrítica los motivos de su fracaso en los últimos años. Pero en este caso reconozco que mi esperanza es nula. Mientras los actuales dirigentes no reconozcan el fiasco de su gestión y den el relevo a otros más competentes que puedan hacer lo que ellos ya no pueden de ningún modo, que es reconstruir los puentes de diálogo sin debilidades derivadas de su situación personal e individual, no hay nada que hacer para la que un día fue una asociación profesional combativa y fuerte, y ahora no hay quién la reconozca. Nada me gustaría más que AUGC dejara de ser una triste correduría de seguros, para volver a ser un sindicato como la copa de un piso.

20 diciembre 2011

AUSTERIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN



Ayer el señor Mariano Rajoy nos dio a todos una alegría cuando en su discurso de investidura, entre otras muchas cosas, anunció la puesta en marcha de un paquete de reformas económicas empezando por la del sector público, para primar la austeridad, lograr mayor eficiencia y evitar duplicidades. “Abordaremos por ello, con carácter urgente, una serie de medidas que permitan reducir costes y mejorar el funcionamiento de la Administración”. Esto, que es tan básico y necesario, imprescindible diría yo en tiempos como los que corren, ha sido la excepcionalidad en la administración pública, acostumbrada a dilapidar recursos en las estupideces más sórdidas. Solo en los últimos meses y debido a la alarmante falta de liquidez hemos visto cómo las Administraciones recortan todo lo recortable, lo cual es muy sano, pero seguimos comprobando que se sigue dedicando ingentes cantidades de dinero público a muchos conceptos que son difícilmente justificables en la coyuntura actual.


Publica ‘20 minutos’ que “Interior paga 500.000 euros al año para limpiar casas de generales” (http://www.20minutos.es/noticia/1249791/0/interior/limpieza/casas-generales/). En resumidas cuentas, se informa de que el Ministerio del Interior –es decir, todos los españoles con nuestros impuestos– paga la limpieza de las casas del director general de la Guardia Civil y de todos los generales, mientras el resto de agentes hace como todo el mundo, que es o limpiarlo cada cual o pagarlo de su bolsillo. En total, se destina medio millón de euros al año. El colmo del asunto es que, según la información publicada por ‘20 minutos’, un portavoz de la Guardia Civil indicó que esta es “una de las prerrogativas que tiene la cúpula de la Benemérita y que todo es legal ya que hay una normativa que así lo autoriza para los funcionarios de nivel 30”. O sea, que se reconoce impudicamente que son prerrogativas (esto es privilegios) pero que son legales. Deben serlo cuando se presupuesta y se adjudica a una empresa especializada las tareas de limpieza correspondientes en las viviendas oficiales de unos 35 altos funcionarios públicos de la Guardia Civil. Será legal, pero es bastante escandaloso y muy poco edificante. No les resulta suficiente con que el Estado ponga a su disposición una vivienda, sino que además hay que pagarles la limpieza, el mantenimiento y apostaría el cuello a que no pagan ni luz, ni gas, ni gastos de comunidad, ni teléfono, ni nada de nada.

Si quiere Rajoy ya tiene por dónde empezar a primar la austeridad. Urge liquidar el sistema de “prerrogativas” que envuelve a los altos mandos militares del Ejército y la Guardia Civil. ¿Cuántos millones nos cuestan a todos las casas, clubes militares, coches oficiales, conductores, asistentes, etc? Seguro que el dinero que se dedica en limpieza de las casas de los generales será muy bienvenido en adecentar alguno de los más de 3.000 cuarteles que la Benemérita tiene en toda España y cuyo estado es deplorable. Al fin y al cabo, imagino que si no se lo paga el Estado, es decir todos con nuestros impuestos, no serán tan guarros de no limpiarlo ellos... o pagarlo de sus suculentas nóminas, como hacemos los demás mortales. ¿O acaso se les ha olvidado lo que es hacer zafarrancho...? En nombre de la austeridad, es bien hora de que Rajoy les recuerde cómo se hace y que se dedique el dinero que llevamos pagando, medio millón de euros al año, a cosas que redunden en beneficio de todos y no en los privilegios de unos pocos altos funcionarios.

17 diciembre 2011

AMAIUR NO PUEDE PEDIR FAVORES PORQUE NADA HA HECHO PARA RECIBIRLOS



Si Amaiur no tiene grupo parlamentario propio, de lo cual me alegro, es porque han concurrido dos circunstancias: la primera, nítida, que no reúnen los requisitos que exige el reglamento del Congreso de los Diputados. Claro que en otras ocasiones esto no ha sido óbice para que la Mesa permitiera la constitución de un grupo parlamentario, pero esa es una decisión política de la propia Mesa. La segunda, es que nadie les ha prestado diputados, operación de filibusterismo parlamentario bastante común por lo demás, pero indecente, máxime si se hace como lo ha hecho Esquerra Republicana de Catalunya, para lograr dinero y una vez sobrado, me vuelvo al grupo mixto. Parece obvio que el reglamento necesita ciertos retoques.

Amaiur necesitaba favores para constituir su propio grupo, y el PP no está por la labor de hacérselos. Y es que el camino se demuestra andando... Hasta ahora no han hecho mucho para que el resto de formaciones políticas admitan su reinserción en la vida política y parlamentaria. Aún no condenan la actividad de ETA que, aunque pasada, sus muertos y heridos ahí siguen, esperando que se reconozca el daño que se les ha causado y con ellos a toda España, se pida perdón y se colabore para esclarecer los atentados de autoría desconocida. Aún tiene Amaiur mucho que demostrar. Podrían empezar pidiendo definitivamente la disolución de ETA.

16 diciembre 2011

LA FRACTURA SOCIAL QUE SE AVECINA


Un país donde los bancos, cuyas ganancias son desorbitadas y mantenidas cuando no aumentadas año tras año, fríen a comisiones abusivas a sus clientes, al margen de asfixiarles económicamente al no conceder crédito. Donde el regulador de dichos bancos, el todopoderoso Banco de España, consiente mirando hacia otro lado que muchos de los directivos de las entidades y de las cajas de ahorro desfalquen al cobrar  cantidades astronómicas o perciban despidos multimillonarios indecentes de dinero público cuando las han llevado a la bancarrota. Un país donde un gobierno autonómico acuerda liberalizar al cien por cien un sector como el comercio, condenando a los pequeños comerciantes a una muerte lenta por inanición frente a los gigantescos centros comerciales, y lo hace por su propia cuenta y riesgo sin consultar con nadie, mucho menos con los comerciantes afectados. Un país donde se embarga el sueldo y las propiedades a un ciudadano para pagar el tratamiento contra el VIH, sencillamente porque es funcionario y no tiene Seguridad Social sino un régimen especial cuyo seguro privado no cubre este tratamiento. Un país donde se desahucia a ancianos o a personas con discapacidad, sin que ninguna institución pública o privada acuda en su auxilio y les ayude a pagar lo que ellos no pueden, evitando así que queden en la calle. Un país donde los enfermos de cáncer deben esperar meses para una intervención quirúrgica que les salve la vida, aunque muy posiblemente llegue tarde por falta de recursos sanitarios.

Un país donde un Gobierno aboca al 20 % de la población al desempleo (el 45 % si hablamos de menores de 25 años) y no hace nada para evitarlo, los ciudadanos votan masivamente para expulsarlos del Gobierno y el Ejecutivo que le sustituye se dedica a despedir a los pocos que ya trabajaban, entre ellos profesores y personal sanitario, incrementando aún más las tasas de paro en nombre de la austeridad y de la contención del gasto, pero sin mencionar nunca la contención del paro y fiándolo todo a la iniciativa privada, cuyos representantes más destacados, los dirigentes de la patronal empresarial, sugiere sin pudor el despido libre y los mini empleos a 450 euros al mes (los mileuristas que antes se quejaban ahora serán considerados potentados privilegiados). Un país donde las personas dependientes no cobran aquello que una Ley establece que tienen derecho a percibir para sufragar sus necesidades básicas. Un país donde los comercios y las calles están vacías en plena navidad porque nadie tiene un duro y los que sí lo tienen, también tienen metido el miedo de quedarse sin trabajo hasta en el tuétano y prefieren no gastar, por lo que cada día son más los negocios que echan a más trabajadores a la calle o cierran directamente.

Un país donde sucede todo esto y los representantes de los ciudadanos se limitan a descalificarse en el Parlamento, acusándose de “y tu eras peor cuando gobernabas…”, está condenado a sufrir en sus carnes una fractura social tan lesiva como inevitable. Ya se verá lo que tarda el agua de la paciencia ciudadana en derramarse por los rebosaderos… Ya está pasando en otros países vecinos, pero en nuestra inconsciencia y en la irresponsabilidad de nuestros gobernantes, aquí nos limitamos a discutir sobre la zona de exposición en el museo de cera de la horrenda e inerte estatua del yerno del Rey o la tibia de un delantero de la selección nacional de fútbol o los trajes del ex presidente de la Generalitat Valenciana. Y mientras tanto, la paciencia ciudadana se va agotando.


02 diciembre 2011

UTILIZACIÓN POLÍTICA DEL CASO URDANGARÍN


 Nóos era una asociación aparentemente sin ánimo de lucro que no movía un folio sin cobrar cantidades millonarias. Generalmente a las administraciones públicas, sus potenciales clientes. También a grandes empresas, ávidas de llevarse bien con las altas instituciones del Estado. ¿Qué veían en Nóos sus potenciales clientes? A la hija del Rey y a su marido, quien fuera destacado deportista olímpico en sus buenos tiempos, vicepresidente del Comité Olímpico Español (no sé si puede haber algo más corrupto que el Comité Olímpico Internacional y su independiente modo de designar las sedes olímpicas) y la capacidad de influencia que ello lleva aparejado y se les presupone. Porque no es lo mismo que las altas instituciones del Estado hablen bien de ti, pues contribuyes a su bienestar económico, a que ni te conozcan porque no les importas un pimiento. Al fin y al cabo, se necesita algo más que un concurso público para que la Vuelta ciclista a España o el Tour de Francia decidan venir a correr una etapa en Mallorca, o que puedas organizar un mundial de ciclismo en pista. Negar esto es vivir en la inopia.

Bien está que se investigue si hay indicios de delito y que quien los haya cometido pague por ello y devuelva el dinero, si procede. Ahora bien, que nadie crea que la investigación judicial y el juicio paralelo promovido por algunos medios de comunicación (una vez más la dicotomía entre opinión pública y opinión publicada) no tendrá consecuencias. Por supuesto que las tendrá y habrá que cargar con ellas. Cuando nos ponemos todos tan chulitos con la familia real diciendo que nadie está por encima de la Ley, debemos dar por descontado que les va a coger un repelús a venir por Mallorca que el mero hecho de pisar la base aérea de Son San Joan cursará para ellos con terribles sarpullidos. Una alergia de las malas. Porque una cosa es que el juez haga sus averiguaciones e instruya un sumario por diversos delitos, que ya se probará si concurren o no y quién es el responsable. Pero de ahí a alentar una causa general contra familia real o la monarquía, va un trecho. Yo, desde luego, a donde no me quieren procuro no ir. Y no soy rico y poderoso. Apuesto a que el verano de 2012 se dejarán ver poco por aquí. Ya lo verán. Y luego nos lamentaremos del trato dispensado. Cuando el daño esté hecho, cuando la Copa del Rey de vela se celebre en Barcelona o en Valencia, cuando el Rey y su familia pisen Mallorca con la asiduidad que van a Tenerife, cuando los refuerzos policiales de la operación verano se limiten a unos pocos policías que cubran las vacaciones de los de aquí, cuando Baleares deje de asociarse a un lugar privilegiado en el que hasta el Jefe del Estado quiere estar mucho antes que en la capital y pase a identificarse con Sicilia y la mafia, cuando el domingo de Pascua en la Seo sea un domingo más, triste y anodino, con las calles vacías... Cuando todo esto pase, dentro de unos años, nos acordaremos de tanta tinta vertida irresponsablemente sobre la imagen de Baleares.

Y es que hemos visto cómo desde la prudencia que los partidos políticos de Baleares mostraron en los días posteriores al registro de la sede de Nóos en Barcelona, algunos han transitado hasta posturas que rayan el ridículo. ¿A qué viene pedir al Govern todos los contratos realizados con el Instituto Nóos? Pues que se ha decidido utilizar el asunto políticamente. ¿Pero acaso no lo está investigando un juez? Por supuesto –se dirá– pero una cosa es la responsabilidad judicial y otra la responsabilidad política. Vamos, que les da igual que el juez Castro y la fiscalía anticorrupción estén investigando el asunto. Se quiere hacer de ello un asunto político para desgastar al adversario. PP = corrupción. Reconoce el diputado Toni Alorda, del PSM, que “ahora seguramente es un mal momento para llevarla al Tribunal de Cuentas y buscar una línea de investigación propia porque está bajo investigación judicial penal y la tenemos que respetar. No queda más remedio que llevar una investigación administrativa”. Más claro, agua. Claro que queda más remedio: confiar en que los jueces y fiscales hagan su trabajo con independencia. Pero una “investigación administrativa” da mucho más juego político, dónde va usted a parar…

Capítulo aparte merece la propuesta hecha por el PSM de que los 1,7 millones de euros que el Govern ha previsto dedicar en 2012 a la limpieza y mantenimiento del Palacio de Marivent, se traspasen a la Consellería de Educación. Estoy muy de acuerdo, porque considero que la Casa Real debiera costear de su asignación presupuestaria (8,43 millones de euros en 2011) el mantenimiento de la residencia que utilizan de forma exclusiva. No veo por qué debemos hacerlo con nuestros impuestos los ciudadanos de Baleares. Pero puestos a hacer demagogia, propongo que la asignación que el PSM recibe de los presupuestos públicos en cualquiera de las Administraciones lo destine a la Consellería de Educación, faltos como estamos de fondos para calefacción y luz en los centros educativos. El dinero que damos de nuestros impuestos al PSM serviría para pagar los recibos de Gesa igual de bien que el dinero que se destina a Marivent. Ya están tardando los nacionalistas en renunciar a él si son coherentes. Como no lo son, pura demagogia.