30 abril 2013

SOBRECOGE TANTA CARADURA



El Govern de les Illes Balears que preside José Ramón Bauza, en su lucha por meter en vereda a las empresas públicas que proliferaron en tiempos del último presidente del PP que le precedió en el Consolat de Mar, Jaume Matas, ha ido despidiendo a trabajadores con un desprecio absoluto hacia la legislación laboral. Las cosas en este ámbito no se pueden hacer peor porque se ha pretendido despedir sin indemnización. Y así el despido de siete trabajadores del Institut d’Innovació Empresarial de Balears (IDI), empresa pública que Bauzá heredó de Antich, pero que Antich heredó de Matas (podríamos discutir inútilmente quién recibió peor herencia), ha sido declarado nulo por la Justicia. Fueron despedidos sin indemnización y esto no es legal. La empresa se benefició de su trabajo y aunque gracias a la reforma laboral del PP podían ser despedidos con una indemnización de 20 días por año, no se les pagó nada. Ahora deben ser readmitidos, abonados sus salarios pendientes y vueltos a despedir con la citada indemnización.
 
Es obsceno que el diputado del PP Fernando Rubio acuse, siguiendo el guión correspondiente, al Govern del Pacte por haber dejado unas plantillas sobredimensionadas, hipotecando y atando de pies y manos al Govern actual. ¿Cómo cabe calificar entonces lo que hizo Matas al crear todo este universo de empresas públicas? No recuerdo haber oído entonces a Fernando Rubio quejarse y eso que él era conseller insular. Tampoco se lamenta ahora por aquel dislate que es la génesis del problema. Y tampoco le he oído nunca quejarse por el elevado número de asesores existente en la Conselleria de Turismo, donde actualmente anida su propia esposa Cristina Puig, aunque debe ser por sus propios méritos porque ya estuvo en el Ajuntament de Marratxí bajo el manto protector del entonces alcalde del municipio y actual president del Govern, José Ramón Bauzá.

Es casualidad que acabamos de conocer que el presidente de Emaya y regidor de Medi Ambient, Andreu Garau, ha enchufado en esta empresa pública como cargo de libre designación al presidente del distrito del PP de calle Aragón, un tal David Suñer. Y que en junio del año pasado ya contrataron de igual modo a Francisco Rodríguez, también militante del PP del mismo distrito. Igual que hicieron con Pedro Campaner, otro militante del PP digitado en Emaya, al que hicieron jefe de un departamento de nueva creación. ¿Con qué caradura nos habla Fernando Rubio de plantillas sobredimensionadas? ¿Con qué desvergüenza se atreve a darnos la tabarra sobre la herencia recibida alguien que ha hecho de su vida y la de sus parientes más cercanos un continuo ejemplo de nepotismo y enchufismo más descarado? Hace falta sentir desprecio por los ciudadanos y por sus impuestos para manifestarse con esta ligereza. O ser un parásito político criado en el vivero de los de su especie, las Nuevas Generaciones del PP.

Poco importa lo que hiciera el Pacte de Progrés porque la sentencia de los ciudadanos de Balears fue emitida el 22 de mayo de 2011 y los enviaron a la oposición. Pero es descorazonador que a cada decisión errónea que ahora protagoniza el PP, como despedir a trabajadores sin indemnización, haya que escuchar la oportuna justificación en que la izquierda la hizo peor. Es insufrible comprobar que nada ha cambiado y que las políticas arrogantes y de menosprecio a la ciudadanía son continuadamente repetidas tanto por PSOE como por PP. También UM enchufaba a sus adictos en Emaya y miren cómo terminó. No veo dónde está la diferencia entre lo que denuncia el PP y lo que ellos mismos hacen.

(Publicado en www.ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/7145-sobrecoge-tanta-caradura) 

 

27 abril 2013

CRIMINALES PELIGROSOS

En Estados Unidos tienen a sus superhéroes que luchan contra los malhechores, aparte del sheriff Joe Arpaio, que es real aunque no lo parezca. En Baleares, siempre más eficaces, tenemos a la Fiscalía y a la Sección 2ª de la Audiencia Provincial, quienes día y noche nos protegen de peligrosos criminales. En una semana han puesto entre rejas a Lorenzo Casasnovas, ex concejal de Ciutadella, y a Joaquín Rabasco, ex concejal de Llucmajor, que aunque no figuraban entre los hombres más buscados del FBI ni de la Guardia Civil –seguramente por algún descuido inexplicable–, eran “peligrosos criminales” capaces de los peores actos.

El primero fue condenado a 12 meses de cárcel, pero arbitrariamente le ha sido denegada la suspensión de la condena que se aplica siempre que la condena sea inferior a 24 meses sin antecedentes penales. Es por esto que Isabel Pantoja previsiblemente no entrará en la cárcel, aunque tiene mucha suerte de no haber topado con los magistrados Gómez-Reino, De la Serna y Jiménez, los miembros de la Sección 2ª que pronto tendrán oportunidad de demostrar su valentía con la Infanta Cristina. El ex líder de ASI, Joaquín Rabasco, fue condenado a 2  años e igualmente ingresará en prisión, aunque los hechos por los que fue condenado ocurrieron ¡hace 13 años!

¿Creen que nos sale gratis tener las cárceles llenas? Cada día que un preso está encerrado tiene un coste estimado de 1.644 euros al mes (casi 55 euros al día). España es con diferencia el país de la Unión Europea con mayor población penitenciaria, aunque las tasas de criminalidad son inferiores a la media de nuestros socios. ¿Cómo se explica? Porque aquí todo lo castigamos con la cárcel. No entra en nuestros planes condenar a trabajos en beneficio de la comunidad, como se hace en toda Europa. Y así tenemos a más de 70.000 reclusos que nos cuestan un Potosí. Hasta a José  Ortega Cano le quieren enviar a la cárcel dos años y medio –y a algunos les parece poco–  cuando habría que preguntarse ¿qué se soluciona con eso? No se trata de dejar a nadie sin castigo pero cuando no hay peligrosidad, hay alternativas a la cárcel más eficaces y baratas. Por ejemplo, podrían obligar al torero a cuidar heridos por accidente de tráfico en un hospital por la noche. Sin embargo, preferimos enviar a la gente a la cárcel y así las tenemos llenas de reclusos que no supone

20 abril 2013

CHAVISMO A LA MALLORQUINA


Al chavismo le ha salido en Mallorca un duro competidor en la persona de María Salom, presidenta del Consell, decidida a emular lo peor de los regímenes populistas iberoamericanos de izquierdas. Dado que de momento no se atreve a nacionalizar empresas privadas o directamente expropiarlas, como hubieran hecho Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia, ha decidido utilizar un atajo: enviar un contrato suscrito hace más de 10 años con el voto a favor del PP a la Fiscalía, para ver si se declara nulo. Ahora que en el PP aún derraman lágrimas por la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, icono de la derecha liberal –en Madrid van a ponerle hasta una calle–, cuesta entender que el PP se preste al populismo del PSIB y de Més y anuncie la revisión de los contratos de las grandes concesiones, como las de Mac Insular o Tirme. Después de la creación de los nuevos impuestos “ecológicos” esto es lo que nos faltaba por ver en el PP: una revolución bolivariana.

Salom se adhiere entusiasta a la demagogia de los partidos de izquierdas. Se entiende así mejor por qué el empecinamiento en reducir el Consell a su mínima expresión. No era para redimensionar la institución, sino porque el Consell les viene muy grande. Enorme. Incapaces de buscar soluciones efectivas y reales, se ponen en manos de los principales responsables de la catastrófica situación en que nos hallamos: PSIB y Més per Mallorca.

Después del fiasco de la importación de residuos para su incineración en Son Reus y ante la asfixia económica a la que José Ramón Bauzá la ha condenado, María Salom necesitaba una cortina de humo bien espesa para camuflar tanta nulidad y tanta vacuidad. Y así envían a la Fiscalía un informe del Consell, para ver si se anula el contrato con Mac Insular, cuando han fracasado las negociaciones que mantenían con la adjudicataria. ¿No  tiene pinta de maniobra perversa?

El controvertido contrato tuvo en 2003 el voto favorable del PP y de la propia María Salom. Si algo se hizo mal contó con su anuencia culposa. No se le puede dar la culpa de todo a la herencia recibida y que siempre cuele. Y ahora pretende expurgar su responsabilidad importando el chavismo a Mallorca: que a una empresa, después de haber realizado una inversión multimillonaria, se le pretenda retirar la concesión, ¿no es un abuso? En Venezuela no, pero aquí sí. ¿Por qué no expropia directamente, María Chavez?

(Publicado en Última Hora el 20.4.2013)

EXCESOS VERBALES


 
Quizás sea mucho pedir a nuestros gobernantes, a nuestros representantes públicos o en general, a todos aquellos que ocupan un puesto de responsabilidad con relevancia pública que tengan sangre fría, no se acaloren y procuren ser comedidos en sus declaraciones. Quizá pedimos demasiado. Pero fíjense, en los últimos días tenemos ejemplos estremecedores del uso excesivo de adjetivos fuera de tono: la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal equipara en reiteradas ocasiones a los afectados por las hipotecas que participan en las protestas ante el domicilio de los políticos, actos también conocidos como “escraches”, con los fascistas. Un musicólogo de Bunyola llamado Amadeu Corbera ha comparado al presidente del Círculo Balear Jorge Campos con el asesino de Guillem Agulló (un joven maulet valenciano asesinado en 1993 por individuos de ultra derecha). El diputado del PSIB y escritor Lluís Maicas acusa a José Ramón Bauzá de perpetrar un “genocidio lingüístico” y le califica de “analfabeto”. El diputado de UPyD Toni Cantó en una entrevista afirma que hay que poner límites a la inmersión lingüística en catalán “de la misma manera que no se puede decir que se permita a los pederastas campar a su anchas”. Quizás en un nivel de gravedad menor, pero igualmente fuera de lugar la ministra de Trabajo, la ínclita Fátima Báñez, nos alecciona a todos explicando que el hecho de que muchos jóvenes hayan salido de España a buscar trabajo porque aquí ya no hay esperanza, a eso se llama “movilidad exterior”. 

Harían todos bien en tomarse una infusión relajante y respirar hondo. Póngase todo el mundo tranquilo porque las hipérboles descriptivas están resultando excesivas a todas luces. Ya sabemos que la situación es muy complicada y que todo el mundo está muy quemado, pero ¿en qué contribuyen expresiones tan desmedidas como las citadas en apaciguar las aguas? En absolutamente nada.

El país tiene suficientes problemas como para que personas públicas vengan a encender los ánimos de mala manera. Los “calentones de Twitter” (como los llama el propio Toni Cantó), los exabruptos, las exageraciones, los comentarios salidos de tono, los excesos verbales en suma, deberían estar penados por ley. No solo no ayudan sino que nos hunden a todos en la depresión. Si quienes debieran dar ejemplo de saber estar y de mesura andan rebuznando memeces de este tono, dan ganas de apuntarse a lo de la movilidad exterior y no volver hasta que la situación mejore.

(Publicado en www.ciutat.es el 20.4.2013)
http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/6998-excesos-verbales

13 abril 2013

¿ARREPENTIDA DE QUÉ?


He aquí a una persona sin escrúpulos de ningún tipo, una sinvergüenza de marca mayor, de cabo a rabo, pillada in fraganti llevándose el dinero de nuestros impuestos a espuertas, exigiendo y cobrando comisiones a empresarios que trabajaban para la empresa pública que se dedicó a desfalcar sin rubor, según su propia confesión. Antònia Ordinas ha logrado que todo el mundo atienda sus arrogantes y delirantes explicaciones, dirigiendo la atención sobre otra persona. Esta descarada, que guardaba 240.000 euros en latas de Cola Cao enterradas en su jardín y que una vez trascendió la existencia de un agujero presupuestario en el CDEIB se negó a devolver 18.000 euros, pretende que otra persona cargue con el muerto: el ex Conseller Josep Joan Cardona.

Ordinas está rebautizada indecentemente con el adjetivo de “arrepentida”, que en Mallorca se antepone al nombre de aquellos delincuentes sorprendidos en pleno saqueo de los fondos públicos que no aciertan a pronunciar aquello de “no es lo que parece” sino “yo sólo obedecía órdenes”. Un adjetivo nunca peor utilizado. “Arrepentida” sería si antes de ser sorprendida hubiese comparecido ante la Policía para denunciar los hechos y no una vez descubierta con el botín. ¿Qué arrepentimiento es este? ¿Arrepentida de qué? Sin embargo la Fiscalía la premia generosamente como si hubiese sido una confesión a iniciativa propia. Sin que nada hubiese sido desenmascarado. Piden 21 años para Cardona y sólo 4 para Ordinas. Y todo porque Ordinas incrimina a su superior, el ex conseller Cardona y ya de paso a Toni Pastor, a Biel Company y al que haga falta, emulando a Diego Torres.

Ordinas no está “arrepentida”, está envilecida. Ya que en la cárcel no estará ni dos años, el tribunal debiera condenarla a destierro, por su infinita desvergüenza y su intensa dedicación al latrocinio indiscriminado. Para la Fiscalía la lección es muy sencilla: “por mucho que hayas robado, si cuando te pillan apuntas a tus superiores te vas prácticamente indemne, aunque tus argumentos sean rocambolescos e increíbles y no tengas pruebas”. Todo imputado puede mentir y previsiblemente lo hará si eso puede beneficiarle. Es incomprensible que jueces y fiscales se presten a esto porque no se trata de “arrepentidos”, sino de caraduras ejerciendo de lo que son y a los que la Fiscalía da un trato de privilegio por ello. Nada más nauseabundo y alejado de la Justicia.

(Publicado en Última Hora, 13.4.2013)

09 abril 2013

VAYA DILEMA: CON EL JUEZ O CON EL FISCAL

En esta vida a veces hay que tomar partido. Y llama profundamente la atención que aquellos que continuamente lo hacen, escribiendo en los periódicos y opinando en emisoras de radio, en esta ocasión callen como muertos. Ante la posible imputación de la Infanta Cristina de Borbón, hija menor del Rey Juan Carlos I, no se entiende que ilustres cronistas de Tribunales y Sucesos,  usualmente bien informados a través de acreditadas fuentes de la Fiscalía y/o de los juzgados, se dediquen a mirar desde la barrera y con absoluta asepsia quirúrgica se limiten a informar del estado de la cuestión sin pronunciar su sentencia, por lo común inapelable.

Es una situación inaudita porque en todos los casos de corrupción suelen dictar sentencia con inusitada contundencia, conocedores de todo el sumario y de los detalles ocultos, solo conocidos por los investigadores. La presunción de inocencia es algo que a menudo olvidan y no les cabe en la cabeza la existencia de argumentos exculpatorios, porque siendo sus fuentes las que son, estos argumentos no interesan y carecen de toda credibilidad para ellos, motivo por el cual los obvian, contribuyendo con entusiasmo al juicio paralelo.
 
En el caso Urdangarin y con respecto a la posible imputación de la duquesa de Palma, solo se puede estar a favor del juez José Castro, que es quien quiere escuchar la versión de la Infanta Cristina, o a favor del fiscal Pedro Horrach, quien ha recurrido la decisión del juez instructor ante la Audiencia Provincial y ha logrado paralizarla. Se nos presenta, por tanto, una dicotomía perfecta: se está a favor del juez Castro o a favor del fiscal Horrach. No hay matices. O blanco o negro, sin escala de grises. Este dilema ha desenmascarado definitivamente a un puñado de falsos periodistas, obligados entre decidir por una fuente o por otra, lo que lleva a desacreditar a la contraria. Y eso es tanto como preguntarle a un niño: ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Imposible contestar.
 
Y de esta forma tenemos a tan ilustres informadores, a menudo trocados en fiscales y jueces desde su estrado del medio de comunicación para el que trabajan, situados habitualmente por encima del bien y del mal, siempre en posesión de la verdad absoluta, dictando sentencias condenatorias sin atender a más argumentos que los acusatorios, que en este caso concreto –si acaso el más difícil–, guardan silencio y omiten su veredicto. Nos quedamos huérfanos de su criterio y por eso lo exigimos ahora. Pero ahora callan porque no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo.
 
Si tuvieran el más mínimo criterio propio y no fueran meros transmisores mediocres del parecer de otros, ahora nos iluminarían con su discernimiento. Pero no. Y fíjense si es fácil. Lo estamos viendo en los últimos días. Los medios monárquicos atacan con dureza al juez Castro y defienden las tesis del fiscal. Los medios republicanos aplauden a rabiar al magistrado, acusando al fiscal de cobarde y de no atreverse con la hija del Rey de España. Prácticamente todo el mundo ha tomado partido. Pero los excelsos  periodistas de Tribunales y Sucesos especializados en el caso Palma Arena –y por ello en el caso Nóos– mantienen una equidistancia tan sospechosa como reveladora de que sus crónicas durante los últimos años no han sido información periodística, como era su deber, sino la de meros escribientes de las fuentes que les facilitaban acceso al sumario, conculcando la Ley y sus obligaciones de funcionarios públicos. Incapaces de sostener una tesis si no es la indicada por otro. Y eso no ha sido nunca periodismo.
 
Publicado en www.ciutat.es:

06 abril 2013

HORRACH, COMO CAGANCHO EN ALMAGRO

La imputación de una Infanta de España no es moco de pavo. Reconozcámoslo. El juez José Castro ha demostrado ser valiente y osado, aunque algunos lo llamarán imprudente.  Muchos no pensábamos que se atreviera a dar el paso y sin embargo, ahí le tenemos intentando cerrar  los juzgados otro sábado más para interrogar a la esposa de Iñaki Urdangarin, lo que aprovecharán los antimonárquicos e independentistas para increpar a la hija del Rey. Pescar en río revuelto.
 
A buen seguro que Castro ha meditado en profundidad el alcance de tan grave decisión sin contar con el apoyo del fiscal Horrach, con quien trabaja codo con codo desde hace años para esclarecer el caso Palma Arena (del que el caso Urdangarin es solo una de las 24 piezas separadas que faltan por enjuiciar). Y ha optado por no hacer con doña Cristina distingos, como si fuera una más. Sin embargo, para ello ha tenido que rectificar sus propias decisiones y desandar el camino andado cada vez que se opuso contundentemente a su imputación cuantas veces se lo pidió la acusación popular que ejerce Manos Limpias. Ahora, aunque nadie se lo pide formalmente y aunque la Audiencia Provincial ratificó sus anteriores decisiones de dejar a la hija del Rey al margen de todo, ha decidido dar el paso por sí y bajo su cuenta y riesgo, lo que ilustres juristas ponen en cuestión. Pero Castro ya ha sido subido a los altares y suceda lo que suceda, pasará a la historia judicial de nuestra democracia.
 
Por su parte el fiscal Pedro Horrach presenta un recurso a la decisión del juez y la paraliza. Dice que lo hace sin presiones de ningún tipo y que este tipo de recursos es normal. ¿Normal? ¿En cuántos casos la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido una imputación ordenada por el Juez en un caso de presunta corrupción? A pesar de que en Baleares son varios centenares los imputados, no lo ha hecho jamás. Así, vemos a Horrach transmutado en abogado defensor de Cristina de Borbón, al nivel de Miquel Roca i Junyent. Y a costa de ello ha quedado a los ojos de todos como  Cagancho en Almagro: el torero que presa del miedo intentó asesinar, que no matar, al toro desde el callejón, pinchando en cuello, costados y brazuelos. Tuvo que salir escoltado por la Guardia Civil de la turba enfurecida. Así están quedando Horrach y la Fiscalía: con las vergüenzas al aire. Para el Ministerio Público no todos somos iguales ante la Ley. Ya no cabe duda.
 
Publicado en Última Hora el 6.4.2013.

 

02 abril 2013

EL CINISMO DEL PSM


Hay que tener valor para traer al Parlamento un asunto del que se carece absolutamente de toda competencia, con la que está cayendo. Como si los ciudadanos no tuvieran suficientes problemas. Como si todo fuera bien y no hubiera ninguna crisis económica, el Grupo Parlamentario PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta una proposición no de ley instando al Gobierno central a que realice las gestiones necesarias para que a Iñaki Urdangarin le lea retirado el título de Duque de Palma y pide que se tramite por la vía de urgencia. ¡Nada más y nada menos!

Constatamos una vez más -la enésima- que la oposición parlamentaria, además de ser responsable en gran parte de la situación dramática de nuestra economía, carece de la más mínima propuesta lógica, racional y sensata que contribuya a salir del estado penoso en que nos encontramos. A falta de ideas, ¿qué mejor que entretenerse y marear al personal con propuestas absurdas y ridículas de las que se carece de toda competencia? Como todo el mundo sabe, los títulos nobiliarios sólo puede retirarlos el mismo que los impuso, el Rey de España. Y en todo caso, lo prudente es esperar a que haya una sentencia de un tribunal y no a la mitad del proceso. Una vez haya una sentencia, con su correspondiente declaración de hechos probados, sería aceptable una iniciativa como la que impulsa la coalición de Biel Barceló. Pero ahora resulta  ridículo y oportunista, porque busca pescar en río revuelto y camuflar sus propias carencias en cuanto a propuestas para recuperar el nivel de vida perdido por los ciudadanos baleares en los últimos años.
 
No contentos con eso, además, proponen que el Parlament “inste a Urdangarin o en su defecto a la Casa Real, a asumir el compromiso claro y contundente de devolver el dinero público presuntamente defraudado si finalmente se demuestra judicialmente”. Otro brindis al sol patético y ridículo, porque si así sucede será la propia sentencia judicial la que establecerá quién y cuánto dinero debe ser devuelto en concepto de responsabilidad civil. Y hasta ahora y por lo que se conoce del sumario, no parece que la Casa Real tenga responsabilidad alguna en nada de lo que se está instruyendo por parte del juez José Castro en esta pieza separada del caso Palma Arena. Ninguna responsabilidad. Por tanto, ¿a qué viene instar a nada a la Casa Real? Viene a actuar con una infinita irresponsabilidad y a una demagogia elefantiásica, como es su costumbre.

Es una pena que no aprovechen la ocasión y aprovechen para, en línea de su propuesta relativa a Urdangarin, proponer que el Parlament “inste a Emili Gallardo, Joana Lluïsa Mascaró, Magí Moranta, y en su defecto a la coalición MÉS per Mallorca, a asumir el compromiso claro y contundente de devolver el dinero público presuntamente defraudado” en el caso de las subvenciones otorgadas por el Pacte a la asociación PAS Amics del Camí. ¿Qué se apuestan a que no lo hacen? ¿A qué viene no hacerlo? Viene a actuar con una infinita irresponsabilidad y a una demagogia elefantiásica, como es su costumbre. A lo que ahora podemos sumar una caradura de cemento armado, porque hablar de “dinero público presuntamente defraudado” en el Parlament con lo que tienen ellos en su propia casa, con un auto de prisión preventiva de la dureza del dictado por la jueza Carmen González, hace falta ser cínicos.

Publicado en www.ciutat.es el 2.4.2013.
http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/6662-el-cinismo-del-psm