MOTIVOS BASTARDOS

Se queja el presidente Bauzá de la campaña de acoso y derribo por el asunto de su farmacia y su presunta incompatibilidad; que el PSOE persigue acabar con él por la vía del asedio judicial; que pretenden judicializar la vida política para lograr en los tribunales lo que no consiguen en las urnas. Posiblemente tenga razón, pero justamente eso es lo que hizo el PP contra Margarita Nájera en Calvià, de manos de un joven y arrogante abogado, Carlos Delgado, quien gracias a una brutal campaña de desprestigio iniciada en 2002 y que terminó con 12 denuncias archivadas, logró arrebatar a Nájera la alcaldía de Calvià. Delgado deja su cargo de conseller de Turismo y aduce razones personales, pero no es verdad. Su imputación por el caso Radio Calvià es inminente. El también vicepresidente del PP balear  trata de revestir su dimisión de una dignidad más impostada que el peluquín de un calvo porque las sospechas de corrupción en la adjudicación de la emisora municipal que él denomina como “insignificancias” averiguadas por quienes elaboran informes propios de “Torrente”, como él califica despectivamente a los investigadores de la Guardia Civil, le llevarán en breve a declarar como imputado ante la jueza María del Carmen González.

Cuando se tienen recursos para ello –y ni al PP ni al PSOE nunca le faltaron recursos para eso–, la tentación de empantanar al rival político en pleitos interminables que generarán portadas sensacionalistas y titulares envenenados se hace irresistible. Lo ha vivido en sus propias carnes el ex portavoz del GOB, Miquel Àngel March, triturado por un proceso penal impulsado por una denuncia “manifiestamente temeraria” y con “motivaciones espurias”, según sospechas del magistrado Eduardo Calderón, que se ha prolongado 6 años y por los que finalmente ha resultado absuelto. También ha pasado por esto Joaquín Rabasco, quien padeció una campaña mediática repugnante que fructificó en una condena a un año y medio de cárcel por incitar a la violencia de género, por parte del juez Francisco José Pérez Martínez, destituido en abril por “falta de idoneidad para el ejercicio de la función judicial”. La Audiencia de Palma determina que aquella sentencia llegó a conclusiones irracionales con interpretaciones insensatas que se alejaban del contenido del vídeo, transformando los hechos. Los partidos deben dejar de utilizar la Justicia para acabar con el rival político.

 

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CASTRO, ATURA'T!

Para atreverse a atacar al juez Castro, el fiscal Pedro Horrach debe estar muy angustiado. La dureza de sus críticas recuerda otros “avisos” de la Fiscalía a jueces incómodos para el Estado. Y deja entrever que lejos de una divergencia jurídica  estamos ante un pulso en toda regla, ya anticipado en Vanity Fair. Las cosas han llegado muy lejos, le vienen a decir al veterano magistrado. Como en el Parado de Selva: ‘tura’t ben aviat, perquè si no t’atures seràs ‘turat! ¿Seríamos testigos de una confrontación así de no afectar a la hija del Rey? En ningún caso. Como tampoco el fiscal hubiese nunca recurrido una imputación del juez si la encausada no fuera la Infanta Cristina. Que ahora acuse a Castro de dilatar el procedimiento con diligencias que él considera innecesarias, redundantes y contradictorias, es tan grave como sórdido. No descarten que pida que pida el procesamiento del juez por filtraciones a la prensa.

“No se puede imputar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho”. Tiene razón el fiscal, pero omite que él mismo ha solicitado la imputación de decenas de personas con  menos indicios delictivos. Los ha interrogado con toda dureza para aclarar su implicación y no le ha preocupado el perjuicio que ello les pudiera acarrear porque forma parte de la acción de la Justicia. No estamos aún ante un juicio, sino ante una ciudadana que debe dar explicaciones de hechos delictivos protagonizados por su marido y de los que ella, cuanto menos, se ha beneficiado directamente, cosa que ya nadie duda. Horrach protege a la Infanta por ser lo que es, al margen de lo que haya hecho. Su nula voluntad de investigarla aflora en el reproche a Castro por haberlo hecho “provocando una dilación no conveniente”. No hay que restar importancia al “tipo, cuantía y color de los globos” de las fiestas del matrimonio ducal, porque bien que interesó el de las famosas escobillas de váter de Sant Feliu.

Tras 6 meses de minuciosa investigación del presunto soborno de Can Domenge, solo ha aparecido dinero no declarado en Andorra. ¿De quién? De Bartomeu Vicens. En el juicio nada dijo entonces del dinero en Andorra, sino que solo devolvió 160.000 € y aseguró no tener más. Mintió. Los fiscales no registraron su domicilio y solo fueron a casa de Munar y Nadal, donde nada hallaron. Igual si hubiesen ido a casa del “arrepentido” habrían tenido más suerte.

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HUMILLAR A MATAS

Si no hay circunstancias extraordinarias de reincidencia y peligrosidad, cuando alguien es condenado a una pena no superior a 2 años de cárcel y no tiene antecedentes penales, lo normal es que no sea encarcelado. Así lo recomienda la penología y la ciencia penitenciaria al atender los efectos perniciosos de la cárcel en delincuentes primarios, en aras de la reeducación y reinserción social de las penas privativas de libertad que  establece la Constitución. Así lo ha hecho casi siempre la Audiencia Provincial hasta que llegó el caso de Jaume Matas. Aunque no existe ningún riesgo de reincidencia, los jueces quieren darle un escarmiento, con extrema dureza, para que sirva de aviso a navegantes, lo que lleva implícito un agravio comparativo y un disfavor y por tanto una injusticia. Los magistrados y los fiscales quieren expiar sus propias culpas por su actuación hace años en Mapau y Bitel. El fiscal jefe Antonio de Vicente Tutor, fallecido recientemente, intentó sin éxito que aquello no quedara impune, lo que a la postre le costó el cargo entre cuchilladas de sus propios compañeros. Ahora parece que hay quien se lame las heridas y quiere cerrar un ciclo.

¿Por qué Antonia Martorell –por poner un ejemplo– condenada a 2 años por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, elude la cárcel si paga 7.200 € y Matas no puede eludir 9 meses pagando 10.840 €? En el primer caso, la esposa de Vicens elaboraba facturas falsas para ocultar los cobros ilegales a través de Metalumba hasta un total de 517.000 €. Por el contrario, en el caso de Matas el delito es de tráfico de influencias por haber beneficiado a Antonio Alemany con 140.000 €. ¿Dónde está la proporcionalidad?

Matas lo tiene todo en su contra y solo puede hacer dos cosas: claudicar e ir a prisión o esperar el indulto del Consejo de Ministros, que contará con los informes desfavorables de la Fiscalía y del tribunal. Si va a la cárcel, el primer trimestre estará en régimen cerrado, el segundo posiblemente se le conceda el tercer grado y los últimos 3 meses estará en libertad condicional. En nada se favorece la reinserción social del reo pero da igual porque lo que se persigue es humillar a Matas. Quizás le convenga al ex president que no le den el indulto porque las juezas que tan mal han encajado la sentencia del Supremo al enmendar su sentencia, se cobrarán venganza en los demás casos que están por juzgar.

 

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ENCHUFISMO

Copyright: Esteban Mercer.

Cuando el director de la Agencia Tributaria afirma que él no permitiría que hubiese injerencias políticas en su departamento –aunque es por eso que ha dimitido el director de Inspección–, suena casi tan falso como cuando el fiscal Pedro Horrach sostiene que él no está “para tapar a nadie ni para ocultar nada”. El entrevistado estrella de este mes en Vanity Fair –algo inaudito– se reivindica con una encendida apología de la Infanta Cristina de Borbón y nos fuerza a elegir entre creerle a él o creer al juez Castro. Naturalmente hay que confiar en Castro porque de momento no da entrevistas para justificarse ni para presionar a nadie y mucho menos para alimentar su vanidad.

 

Horrach dice que necesita algo a lo que agarrarse para imputar a la Infanta, aunque jamás ha necesitado tantos asideros para los centenares de mallorquines a los que ha imputado. El juez Castro se los proporciona en abundancia, pero ni él ni el Fiscal General del Estado los ven porque no quieren. Por el contrario se ha mostrado inflexible con Jaume Matas porque un hotelero –casualmente el principal competidor en la bahía de Alcudia de la compañía hotelera de la familia Horrach–  contrató a su mujer a requerimiento del ex president. Se ha montado un circo peripatético con dos fiscales, ¡dos!, acusando a Matas de recibir un soborno, con decenas de testigos y un jurado para que finalmente Matas sea condenado a pagar  9.000 € de multa, que es bastante menos de lo que ha costado el juicio. Contrasta el hecho que Maite Areal fuese nombrada asesora en la Comunidad de Madrid durante 5 años cobrando un suculento sueldo público, solo por ser la esposa del ministro de Medio Ambiente y sin embargo eso no constituya ninguna ilegalidad. Así está la Justicia. Los fiscales tras conocerse el veredicto se mostraron exultantes en público y se propinaron buenos abrazos en plena calle, como si Matas fuese el único que pidió trabajo para su mujer prevaliéndose de su cargo. Habrá que esperar a que José Mª Rodríguez algún día esté en disposición de hablar.

 

Para no perder la costumbre esta semana la Audiencia Provincial ha absuelto a otros 9 narcotraficantes de Ibiza al anular unas escuchas telefónicas. Suman 96 absoluciones en lo que va de año. ¿Ningún responsable policial va a ser cesado por esto? La Delegada del Gobierno, Teresa Palmer, debe abandonar su puesto si nadie asume su responsabilidad por este desastre continuado.

 

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