PLACAS Y LOSAS

Dice el juez José Castro que el último alegato del fiscal Horrach donde exonera a la Infanta Cristina es muy cualificado. Sin duda se trata de cortesía procesal. Cuando un fiscal muta su función de acusador público y se convierte en defensor real, es todo menos cualificado. Recuerda al fiscal Jaime Guasp defendiendo al Govern en la muerte de Alpha Pam. Bien es verdad que este fiscal en enero de este año ya desbarró con comentarios que sonaron xenófobos en el juicio de un marroquí que había violado e intentado asesinar a la ciudadana británica Cheryl Maddison.  

 

Nuestros representantes políticos están muy aburridos y como modo de luchar contra la abulia que les somete, a menudo se dedican a realizar propuestas absurdas y en muchos casos populistas que, además, nos cuestan dinero. A algunos de estos perezosos gestores de lo público les ha dado por proponer la retirada de las placas conmemorativas de la inauguración de infraestructuras si en ellas aparece el nombre de algún político condenado por corrupción. A sensu contrario si la condena fuera por traficar con droga, pederastia o conducir borracho, no sería necesario proceder a la retirada de la placa en cuestión. Así lo han acordado, entre otros, los ayuntamientos de Alcudia y Andratx, aunque otros seguirán la moda. El presidente Bauzá no es ajeno a estos pasatiempos. Ordenó retirar el cuadro de Jaume Matas, pero no hizo lo propio con el de Gabriel Cañellas, implicado en el caso de financiación ilegal del PP con las comisiones del túnel de Sóller, que se libró de la condena porque el delito había prescrito. Maria Salom, que sabe bastante del escabroso asunto, ha decidido que el cuadro de Munar no sea exhibido, aunque está hecho y buen dinero nos costó. Confío en que cuando abandone el cargo dará instrucciones para que tampoco cuelguen el suyo dada su implicación en el cobro de comisiones del Túnel de Sóller.

 

Salom, política profesional de las que dice aborrecer José Ramón Bauzá –a quien, por cierto, alguien debería explicar las diferencias entre una sentencia y el escrito de un fiscal–, dice que los problemas de Televisión de Mallorca derivan de la compra de Son Puig, un inmueble que no servía como sede del ente. Debería leerse las dos sentencias que dicen lo contrario y no pasarse de lista. Ella decidió el cierre de [M] y ella debe apechugar con las consecuencias políticas de su decisión. Esa es su losa.