25 octubre 2009

ESPAÑOLES BUENOS Y ESPAÑOLES MALOS


Precisamente ayer hizo 17 años que juré bandera en un solemne acto militar en la Academia de guardias de la Guardia Civil de Baeza (Jaén). Reconozcamos que la efeméride no merece una celebración por todo lo alto, ni cumple soltar fuegos artificiales, pero sí invita a reflexionar sobre varias cuestiones. En primer lugar y para aquellos que no lo sepan, conviene explicar qué es jurar bandera. Las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra (al que paradójicamente la Guardia Civil no pertenece desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978) en su artículo 428 y el artículo 59 del Reglamento de Actos y Honores Militares (RD 834/1984) regulaba dicho acto castrense hasta la aprobación de la Ley de la Carrera Militar en 2008.

La fórmula que se usaba hasta ese año era esta: “¿Juráis por Dios y por vuestro honor y prometéis a España, besando con unción su bandera, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarles nunca y derramar, si es preciso, en defensa de la soberanía e independencia de la Patria, de su unidad e integridad territorial y del ordenamiento constitucional, hasta la última gota de vuestra sangre?” Todos los presentes debían responder en voz alta: “¡Sí, lo juramos!”. Continuaba el oficial que tomaba juramento: “Si así lo hacéis, la Patria os lo agradecerá y premiará y si no, mereceréis su desprecio y su castigo, como indignos hijos de ella”. Añadía los correspondientes vivas de rigor (a España y al Rey), y a continuación el capellán castrense añadía la siguiente invocación: “ruego a Dios que os ayude a cumplir lo que habéis jurado o prometido”. Este ceremonial se celebraba de forma muy habitual en muchos cuarteles de toda España y millones de españoles lo han llevado a cabo, unos de forma voluntaria y feliz, y otros contra su voluntad.

Como ya he dicho, tras la entrada en vigor de la Ley de la Carrera Militar el 1º de enero de 2008, su artículo 7º estableció una nueva fórmula para el juramento, con relevantes modificaciones en el fondo: el jefe de la unidad militar que tome el juramento o promesa ante la Bandera pronunciara la siguiente formula: “¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?” Los soldados contestarán: “!Sí, lo hacemos!”. Y el jefe de la unidad militar replicará: “Si cumplís vuestro juramento o promesa, España os lo agradecerá y premiara y si no, os lo demandara”.

Cuento esto porque hace tan solo unos pocos años este país se dividía en buenos españoles y malos españoles, aquellos que habían hecho la mili y los que no la habían hecho ni querían hacerlo, bien por declararse objetores de conciencia, bien por declararse insumisos. Recordemos que gracias a estos y aquellos, al movimiento social que generaron, a sus polémicas protestas y también al sacrificio que algunos de ellos hicieron incluso ingresando en la cárcel, desapareció la mili obligatoria y universal.

En el discurso que el coronel director de la Academia de guardias pronunció el día de mi jura de bandera, Antonio López López, quien años más tarde acabó como general mandando la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se expresó en estos términos: “(…) su juramento no ha sido fruto de irreflexión inconsciente ni frivolidad de juventud sino que, plenamente asumido y valorado, absolutamente aceptadas sus consecuencias y la vinculación permanente que de ello se deriva, se convierte en ejemplo de la generosidad y de desprendimiento que nos gustaría ver seguido por toda la juventud española”. Y añadió: “Todos los que hoy han prestado juramento merecen el reconocimiento social, pero hay un núcleo, dentro de ellos, que merece concreta referencia por cuanto su gesto tiene especial relevancia dentro de un punto de vista comparativo: me refiero al de nuestras mujeres alumnas, que con el mayor entusiasmo, vienen a asumir deberes y obligaciones tradicionalmente asignados a los hombres según el viejo reparto de los papeles sociales. ¡Curiosos espectáculo y maravilloso ejemplo el que nos brindan, y que brindan a otra juventud esta vez masculina y ausente de aquí, que parece resistirse a aceptar que el servicio a la sociedad dignifica y engrandece a quien lo asume! Así lo exigen el buen sentido, la tradición, la solidaridad, la natural defensa de lo que nos es propio, el respeto a los demás y, también, la Ley. El artículo 30 de nuestra Constitución afirma que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”; concepto este, el de la defensa de España, que nosotros asumimos hasta sus últimas consecuencias, pero que debe ser también interpretado en sentido amplio, como una prestación personal no necesariamente cruenta que la Carta Magna define tanto como derecho como deber. Sin embargo, desgraciadamente no todos los españoles hacen la misma definición. Muchos hay que reivindican terca y obstinadamente sus derechos haciendo dejación de sus obligaciones con la misma terquedad y firmeza. En esto nos distinguimos: en que aquellos, cuando del servicio a España se trata lo interpretan como una desgraciada obligación mientras que nosotros lo reclamamos como un derecho irrenunciable. Por eso no podemos ser iguales. Por eso somos españoles privilegiados, porque hacemos pública reclamación del derecho a ser generosos en el servicio a quienes lo precisan”.

La sociedad española ha superado estos planteamientos arcaicos y su mentalidad caduca y rancia en muy pocos años. Españoles patriotas y buenos cristianos. Prácticamente nadie se acuerda ya del servicio militar obligatorio, de los sorteos anuales, de las juras de bandera masivas en los Centros de Instrucción de Reclutas (CIR) ubicados en la mayoría de capitales de provincia. Pero para que existan las Fuerzas Armadas actuales, algunas voces fueron acalladas de forma totalmente injusta. Me estoy acordando del ex coronel Amadeo Martínez Inglés, quien fue expulsado del Ejército en 1990 por reclamar la desaparición de la mili obligatoria y por pedir públicamente la profesionalización del Ejército. Y qué curioso, eso lo hizo el PSOE. Contra todo pronóstico, quienes eliminaron la mili fueron los Populares de José María Aznar, no los socialistas de Felipe González. Paradojas de la política que es justo no olvidar.

Pero volviendo a mi jura de bandera, debemos reconocer lo mucho que ha cambiado la sociedad española, las Fuerzas Armadas y la propia Guardia Civil. Hoy en día, un discurso desentonado, rancio y mohoso como el que pronunció el coronel López López sería motivo de escándalo. Aunque lo pensase, un funcionario público no puede expresarse de este modo, porque no hay españoles buenos y españoles malos. O al menos, no los hay desde esa muy peculiar, simplista, obtusa y sectaria visión de la realidad.

13 octubre 2009

La otra Guardia Civil

Ayer se celebró la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de España y de la Guardia Civil. Las autoridades correspondientes se encargaron de hacer un triunfal y autocomplaciente balance oficial de lo ocurrido en la Benemérita durante este último año. Como nadie las ha mencionado en sus discursos, plantearé yo algunas de las inquietudes que atenazan a muchos guardias civiles, esencialmente aquellos que no están en los despachos sino en la calle.

El asesinato en atentado terrorista de Diego Salvá y Carlos Saenz de Tejada, marca y marcará para siempre a la Guardia Civil en esta Comunidad Autónoma. Este hecho dramático y triste para todos, especialmente para sus familiares y sus compañeros de Palmanova, puso en evidencia que tampoco aquí estamos libres de sufrir los zarpazos de ETA. Pero este atentado también puso en evidencia las condiciones de seguridad (o mejor sería decir la ausencia de ellas) con que en muchos lugares se trabaja, que cabe calificar, siendo muy benevolentes, de manifiestamente mejorables. Es inadmisible a estas alturas de la lucha contra ETA que siga habiendo, no sólo en Baleares, sino en toda España, cuarteles sin las adecuadas medidas de seguridad. Tampoco se puede admitir la carencia de medios materiales adecuados a la labor que se desempeña y aún menos si esos medios materiales son equipos de seguridad individual como chalecos antibalas o guantes anti corte.

También es muy importante avanzar a mayor ritmo en la mejora de las instalaciones y en la construcción de nuevos cuarteles que ofrezcan un mejor servicio a los ciudadanos. Actualmente no se progresa como sería deseable y muchos ofrecen un estado deplorable. Palmanova es el ejemplo más lastimoso, pero hay otros, como Formentera y Sóller.

En un escenario de recesión económica, el Gobierno se ve obligado a adoptar medidas de contención del gasto que afectan a los funcionarios. Los guardias civiles no se escapan de esta realidad. Sin embargo, se corre el riesgo de aumentar aún más las diferencias salariales ya existentes, que son causa de oprobio para las Fuerzas de Seguridad dependientes del ministerio del Interior. El esfuerzo por reducir las diferencias salariales entre guardias civiles-policías nacionales por un lado, y policías autonómicas-policías locales por otro, realizado durante la legislatura pasada, se ha demostrado insuficiente ya que no se ha producido la equiparación salarial y es difícil que con la crisis actual se pueda plantear algo similar. Sin embargo, sigue habiendo muchos aspectos en los que mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los funcionarios, que no significan aumento de las partidas presupuestarias. Hablo de la ampliación y mejora de derechos de representación colectiva, la mejora de la carrera profesional, el desarrollo de la regulación de las asociaciones profesionales y de la Ley de derechos y deberes, la mejora de los turnos y horarios de servicio, mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar, etc. Todo esto redundaría en una mayor motivación del personal y por tanto, en mayores índices de eficacia.

Dos asuntos muy importantes que afectan a los agentes de la Guardia Civil destinados en Baleares: insularidad y policía autonómica. Urge equiparar la indemnización de residencia de los funcionarios de Baleares con la percibida por los de Canarias. En el actual contexto económico, el problema es más grave que nunca. El goteo incesante de agentes que se marchan a la península en cuanto pueden, es un mal ya endémico para nuestras plantillas que hay que atajar. Y ya hace demasiados años que se reclama sin ningún éxito, porque Madrid no demuestra la sensibilidad necesaria.

Durante el último debate de política general en el Parlament, fueron muchas las fuerzas políticas que plantearon la necesidad de crear la policía autonómica, de acuerdo con la previsión contemplada en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía del año 2007. Muchos agentes, a la vista de cómo nacieron y cómo se han desarrollado otros cuerpos de policía autonómicos (Ertzaintza y Mossos d’Esquadra), contemplan este fenómeno con natural preocupación. Este es un asunto que puede afectar a muchas familias y en ningún caso debería hacerse a espaldas y/o en perjuicio de los agentes de las Fuerzas de Seguridad que ya trabajan en las islas.

Al recibir la orden para que la escuadra que comandaba zarpase de Cádiz con destino a Cuba, a combatir contra la muy superior, moderna y poderosa flota norteamericana en 1898, el almirante Pascual Cervera Topete, cerciorado de que estaban siendo enviados a la segura destrucción de los navíos y al sacrificio de centenares de vidas, como así sucedió, escribió al ministerio en los siguientes términos: “Aun cuando estoy seguro de que nada nuevo digo a V.E. (…) En cambio de este deficiente estado de material, tengo la satisfacción de hacer constar que el espíritu del personal es inmejorable y que la patria encontrará en él cuanto quiera exigirle. ¡Lástima que mejor y más numeroso material con más recursos y menos trabas no ponga a este personal en condiciones de llevar cumplidamente su cometido! Y sin alargar más este escrito doy a V.E. la seguridad de que sean cuales fueren las contingencias del porvenir, estas fuerzas llenarán cumplidamente sus deberes”. No diré yo que en tan dramática situación se encuentre la Guardia Civil, pero el espíritu de las palabras de Cervera bien lo suscribirían muchos agentes. Que la Virgen del Pilar nos proteja y nos guarde, ya que parece que nadie más está dispuesto a hacerlo, por más que a algunos se les llene la boca de adulaciones y alabanzas en el día de hoy.

09 octubre 2009

TRAPOS SUCIOS

Hoy el periódico Última Hora publica en su página 14 este artículo de opinión:


TRAPOS SUCIOS

Dos agentes de la Guardia Civil de Inca han denunciado a su sargento en el juzgado de guardia por haberles vejado, insultado y finalmente, por encañonarles con su pistola y amenazarles con pegarles dos tiros. Parece que hay testigos de la conducta del suboficial y tanto los denunciantes como los testigos, han sido dados de baja médica por causas psicológicas. Al sargento le ha sido retirada el arma de fuego, lo que viene a ser la confirmación tácita de la existencia de irregularidades, aunque inexplicablemente no ha sido apartado del servicio y, por tanto, continúa ocupando una posición de superioridad jerárquica sobre los denunciantes y los testigos y, lo que es peor y más alarmante, sigue teniendo acceso a las armas de fuego del cuartel.

A la espera de que por parte de la Autoridad Judicial se aclare lo sucedido, el más elemental sentido de la prudencia aconseja adoptar las medidas cautelares que la ley prevé en estos casos y que según denuncia la asociación mayoritaria de guardias civiles AUGC, no se han implementado aún. Y además, leemos que algunos mandos de la comandancia están disgustados pues consideran que los guardias han hecho mal denunciando los hechos en el juzgado, con el argumento de que “los trapos sucios se lavan en casa”. Me pregunto ¿cuánto tiempo tardarían esos mismos mandos en ordenar la detención y puesta a disposición del juzgado togado militar, de un guardia que echara mano a su arma de fuego para amenazarles a ellos? ¿Hablarían entonces de lavar los trapos sucios en casa? Debería ser motivo de reflexión la circunstancia de que los guardias habitualmente consideren inútil denunciar algo de forma interna, y opten por acudir a la vía jurisdiccional. Y en cualquier caso, ¿cómo puede reprocharse a un trabajador que acuda a los juzgados cuando presuntamente ha sido víctima de acoso laboral y de amenazas, lo que pudiera ser constitutivo de delito?

No es la primera vez, ni será la última, que se pretenda hacer pasar al agresor por víctima y a las víctimas por agresores. Y eso es lo que a buen seguro hubiera sucedido si se optara por “lavar los trapos sucios en casa”.


Joan Miquel Perpinyà
Ex secretario general deAUGC