Hoy se cumplen dos años del asesinato de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada. El 30 de julio de 2009 los terroristas de ETA colocaron dos artefactos explosivos en los bajos de sendos jeeps de la Guardia Civil que estuvieron estacionados en la calle sin vigilancia. A las 13:30 horas explotó la bomba lapa adosada en los bajos del Nissan Patrol que llevaban los agentes, causándoles la muerte. Más tarde fue hallado el segundo artefacto adosado en otro vehículo estacionado frente al cuartel de Palmanova pero que estaba averiado. Los TEDAX lo neutralizaron. Así pues, fueron dos los coches bomba que ETA logró colocar, además de los pequeños artefactos que explosionaron al domingo siguiente causando el pánico en Palma.
Dos años después no se sabe quién ordenó cometer los atentados. No hay pistas acerca de qué etarras se desplazaron a Palma trayendo los explosivos. Se desconoce quién los colocó en los bajos de los dos coches. Nada se sabe de quién facilitó la información a los terroristas o si fueron los propios autores quienes obtuvieron la información necesaria para atentar con éxito y escapar sin levantar sospechas. Se ignora si contaban –y aún puedan contar– con infraestructura en la isla. Demasiadas incógnitas. La posibilidad nauseabunda de que estos crímenes queden impunes cobra fuerza. La falta de resultados en la investigación es clamorosa. Hemos visto que en casos mucho menos importantes desembarcaban en la isla medio centenar de agentes especialistas dedicados en exclusiva a investigar supuestos delitos que urgen bastante menos a la población. Y no creo que haya ningún delito que sea más perentorio esclarecer que este atentado.
Aún habrá quien tache de exitosa y brillante la gestión del Gobierno o de la Guardia Civil en la lucha antiterrorista. No seré yo. Sus autocomplacientes responsables han sido condecorados. Posiblemente todos asciendan. Pero dos años después de cosechar un fracaso como el que nos ocupa, alguien tendría que asumir su responsabilidad. Hay dos crímenes impunes y hasta que no se juzgue a los responsables y sus autores hayan cumplido sus penas, no descansaremos tranquilos. Ellos y sus familiares lo merecen.
Publicado en La Gaceta, edición Baleares, hoy 30 de junio de 2011.
Dos años después de los atentados de ETA en Palmanova, aún están en el aire muchas incógnitas. ¿Quiénes fueron los autores materiales del asesinato de Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada? ¿Quién ordenó atentar en Mallorca? ¿Cuándo llegaron los terroristas? ¿Dónde se alojaron? ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? ¿Tuvieron algún tipo de apoyo o cobertura logística o se lo proporcionaron todo ellos mismos? ¿Captaron ellos por sí mismos la información necesaria para atentar o fueron otros quienes se la facilitaron? ¿Cómo fue posible que se movieran por la isla libremente sin ser detectados en plenas vacaciones de verano y estando aquí los Reyes? ¿Cuándo adosaron las dos bombas lapa en los bajos de sendos jeeps de la Guardia Civil? ¿Cómo es posible que no existiese videovigilancia en los alrededores de las dos dependencias de la Guardia Civil de Palmanova que hubiese permitido arrojar luz sobre la manipulación de los vehículos? ¿Por qué permanecían los vehículos policiales en la calle sin vigilancia? ¿Cuándo colocaron los terroristas los explosivos que detonaron en diversos establecimientos la semana siguiente del asesinato de Carlos y Diego? ¿Estaban aún aquí los terroristas o ya habían huido? ¿Cómo lograron burlar el cerco de la operación jaula, donde incluso se cerró el aeropuerto de Palma durante horas?
Durante estos dos años hemos visto airear muchas hipótesis, algunas sin ningún fundamento, la mayoría muy preocupantes porque desvelan un nivel de vulnerabilidad alarmante. Pero es hora de empezar a reclamar pruebas, no hipótesis. Si no hay pruebas que llevar a un eventual juicio, los crímenes quedarán impunes. ETA mantiene un alto el fuego desde el 5 de septiembre de 2010, pero han sido localizados zulos con explosivos en Francia y han sido detenidos militantes armados o con material para fabricar bombas. Y no muestra ninguna intención de disolverse ni se lo exige Bildu. ETA sigue viva, que nadie se engañe.
Estamos determinados a mantener viva la memoria de Carlos y Diego, por eso debemos exigir cada día la captura de los etarras que acabaron con sus vidas. Hemos visto mucho más despliegue de recursos policiales y judiciales en estos años en Mallorca por casos que nos atemorizan muchísimo menos y la clamorosa falta de resultados en esta investigación es muy alarmante. Parece que a nadie le importe. Los culpables deben pagar por sus crímenes conforme a la ley. Estos atentados no pueden quedar sin castigo.
“Ellos primero sancionan a los representantes, luego nos hacen el recorte de derechos y el propio director general en el Consejo de la Guardia Civil dice que va a ser benévolo con los expedientes... ésa es la moneda de cambio. Han hecho la jugada perfecta, nos han dejado prácticamente mudos”. Alberto Moya. AUGC.
Esta es la sincera confesión del secretario general de AUGC, Alberto Moya, expresada al diario El Faro de Ceuta el domingo 17 de julio. Son la moneda de cambio y están prácticamente mudos y con ellos, toda la Guardia Civil.
Uno a uno, mis pronósticos se han ido cumpliendo rigurosamente. No me alegro. La nula capacidad de maniobra de los dirigentes de AUGC derivada de su manifiesta incompetencia y su negligente gestión está llevando a todos los guardias civiles a una situación límite. Si a finales de 2007 habíamos conseguido, a través de la persuasión -combinando presión y negociación- unos avances importantes e inauditos en los derechos laborales y profesionales del colectivo, casi cuatro años más tarde los retrocesos son innegables. El último de ellos y el más importante, aunque no el único, ha sido la supresión del derecho de reunión y manifestación pactado entre PSOE y PP a través de una enmienda en el Senado a la Ley de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad que se acaba de aprobar. El zarpazo a los derechos de los guardias civiles es mayúsculo, con respecto a lo logrado en 2007. Pero ¿por qué sucede esto? A mi entender, el Gobierno se atreve a dar estos tijeretazos en los derechos de los guardias civiles porque no espera ni teme respuesta alguna que merezca tal nombre. Ya lo avisé en este mismo blog en diciembre del año pasado. Han transcurrido 7 meses y ahora la situación es considerablemente peor. No solo para los dirigentes de AUGC, que también, sino que en la situación de extrema debilidad en que se hallan, han arrastrado a todo el colectivo con ellos y han tirado por la borda buena parte de los logros conseguidos años atrás con mucho esfuerzo y con grandes sacrificios, arruinando el trabajo hecho por quienes les precedieron en la dirección de la Asociación. Rubalcaba les colocó al borde del precipicio y ellos han dado un paso al frente, arrastrando en su caída a todo el colectivo.
La actual Junta Directiva de AUGC con el apoyo de algunas delegaciones importantes y con el silencio de la mayoría de los delegados, que se lo han permitido mirando irresponsablemente hacia otro lado, como si no fuera con ellos, ha desmantelado en buena medida la Asociación tal y como estaba en el año 2007, que es cuando se conseguían objetivos. Desde principios del año 2008 hasta el momento presente, se empeñaron en cambiar todo el trabajo que se había hecho en el ámbito organizativo y de gestión interna –y conste que no fue obra mía ni de mi equipo, sino que lo heredé de mi antecesor, Fernando Carrillo, porque nunca me permití el lujo de ponerme a revolverlo todo mientras funcionase razonablemente bien, pues eso nos despistaba y nos alejaba de nuestros objetivos prioritarios– y entretenidos en crear problemas, cambiar de bancos, aseguradora, operadores de telefonía, empresa de publicidad, publicaciones, abogados, sede nacional, compra de pisos, despidiendo al personal, etc. etc., no han estado a lo que realmente importa a los guardias civiles: sus derechos y su situación laboral y profesional. Los máximos responsables de AUGC, haciendo gala de una negligencia nunca vista, no han estado a lo que había que estar -y eso que están liberados-, sino en otras cosas que a los afiliados, los verdaderos dueños de la organización, no les interesan lo más mínimo, ellos sabrán con qué motivación. Una organización que algún día aspira a ser un sindicato, se ha dedicado a deslocalizar y a despedir a los trabajadores por capricho. A eso se han dedicado los dirigentes actuales y así nos va a todos.
Me ratifico en lo que dije meses atrás y además, añadiré algún ejemplo de acción absurda, a parte del numerito de los guardias encapuchados. Se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con la intención de presentar una Iniciativa Legislativa Popular para reformar la Ley de Personal de la Guardia Civil. Según establece la Ley Orgánica 3/1984, se requieren 500.000 firmas. Con eso se consigue que los responsables de la organización a nivel provincial estén entretenidos recogiendo firmas, pero parece que nadie se esté preguntando para qué va a servir este ímprobo esfuerzo organizativo. Yo responderé: ¡Para nada! Será absolutamente inútil porque además, en el improbable caso de que se consiga reunir las firmas requeridas –la propia Junta Directiva Nacional de AUGC ha reconocido la dificultad de la empresa en un comunicado hecho público– lo más probable es que la Mesa del Congreso de los diputados, con los votos de PP y PSOE voten su inadmisión a trámite. Pero mientras tanto, centenares de compañeros y compañeras habrán estado movilizados trabajando, perdiendo el tiempo y gastando recursos para nada. Recuérdese que en los 32 años de democracia, sólo se ha aceptado por el Pleno del Congreso una única ILP de las 9 presentadas. ¿Es realista pensar que la segunda que se apruebe será la nuestra? En este asunto, como en tantos otros, se está haciendo el ridículo absoluto. Somos el hazmerreírr.
Merecería la pena detenerse en la política absurda y un tanto irresponsable de ir de la manita de la Unión de Oficiales y de otras asociaciones, cuando sus intereses distan mucho de los de la generalidad de nuestros afiliados. El colmo del despropósito y un ejemplo clarificador del grado de renuncia que AUGC hace de sus principios, su historia y las aspiraciones de sus afiliados es observar en la web de la citada asociación profesional defensora de los derechos de una parte de los siempre privilegiados oficiales, el logotipo de AUGC sobre una afirmación tan falsa como esta: “Queremos ser militares, pero con derechos”. Nunca en mi vida creí llegar a leer esta declaración de principios bajo el logotipo de AUGC. Y así, no es raro que el PSOE utilice a su conveniencia "nuestro deseo" de querer ser militares, para igualarnos en derechos con los miembros de las FAS. Un auténtico dislate.
Las amenazas de dimitir del Consejo de la Guardia Civil proferidas ante el propio presidente del Consejo el día 20 de junio, constituyen otro ejemplo más de la supina irresponsabilidad que embarga a nuestros dirigentes y de su comprometida situación. Porque las dimisiones no se anuncian, ¡se presentan! En AUGC no. En AUGC lo anuncian a bombo y platillo, se lo dicen al director y a los generales, a ver si consiguen asustarles... pero ahí siguen, en el Consejo y sin dimitir. Y con tanto farol y con tanta amenaza de dimisión pero sin hacerla efectiva jamás, porque nunca se les ha pasado por la cabeza seriamente, la credibilidad de AUGC está por los suelos y sin margen de maniobra. ¡Patético! Los dirigentes actuales han pasado de recibir en pie al director general del Cuerpo en sus asambleas y tomarse cubatas con diputados del PSOE a que no les cojan el teléfono, sin solución de continuidad. Y claro está, la frustración y el desconcierto son enormes.
Como respuesta a los retrocesos en materia de derechos, la Junta Directiva de AUGC ha anunciado, junto a otras asociaciones profesionales, una nueva manifestación. Otra más y van tres. A parte de la creación de una Asociación de familiares a la antigua usanza. Pero no se dan cuenta que una manifestación por sí misma, si no va acompañada de más acciones, de una estrategia continua, no hará que se consiga nada. Igual que las anteriores que han organizado estérilmente. Al respecto, me remito a mis reflexiones de diciembre del año pasado. Pero quiero añadir algo más. ¿Cuántas manifestaciones ha organizado AUGC ha nivel nacional desde la aprobación de la Ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles? Si la memoria no me falla, llevamos dos (18-10-2008 con los sindicatos de la Policía Nacional y 18-9-2010 con otras asociaciones de guardias), a parte de otras concentraciones menores. ¿Qué se ha conseguido?Nada, a parte de acumular expedientes disciplinarios sin ningún beneficio. Nada. ¿Por qué? Porque el planteamiento es erróneo desde su mismo origen. Ya pasó en el año 2007 y hubo gente que no lo entendió. Las manifestaciones no son un fin por sí mismo, sino un instrumento para lograr un objetivo superior. Aquí funcionan a base de acción-reacción y no hay más estrategia que esa. Ahí termina todo. Y así no puede haber más que lo que hay: unos dirigentes que no son más que figurantes, unos de historia lúgubre, otros verbosos y todos unidos en matrimonio perpetuo con el fracaso.
Tras cada manifestación ha habido, cómo era previsible, apertura de expedientes disciplinarios y no se ha conseguido nada de nada, sencillamente porque nuestros dirigentes lo primero que han hecho ha sido exigir cobardemente el archivo de sus expedientes, sin entrar a negociar nada más. Han dejado clarísimo al Gobierno lo atemorizados que están, dónde está su punto flaco y que arreglar la situación de los expedientados es lo primero y de esta forma, se han convertido en rehenes del Ejecutivo. Ahora, los dirigentes-rehenes proponen una nueva manifestación pero ¿qué se pretende conseguir? ¿Es realista pensar que el Parlamento o el Gobierno darán marcha atrás en su decisión de prohibir las manifestaciones reivindicativas de guardias, solo porque se vuelva a convocar otra manifestación por parte de aquellos a quienes los dos partidos mayoritarios acaban de privar de ese derecho? Es obvio que no y que eso lo complicará todo aún más. Persistiendo en esta política improvisada, suicida e inútil, vamos a conseguir hacer bueno aquello que decía José Saramago en su novela 'Las intermitencias de la muerte': “Las manifestaciones nunca han servido para algo. De otro modo, nunca se autorizarían”.
Hubo una manifestación que sirvió y de mucho: la del 20 de enero de 2007. También la del 22 de abril de 2006, ambas en la Plaza Mayor de Madrid, que le costó el cargo a Carlos Gómez Arruche. ¿Ya nadie se acuerda? Es normal que no, dado que muchos de los delegados actuales ni siquiera estaban en la Asociación, por lo que no han conocido los tiempos en que se conseguían los objetivos. Sé muy bien la diferencia entre aquellas movilizaciones eficaces y las sucesivas, estériles. Entonces había una estrategia que no se acababa con la manifestación y existía la determinación nítida de no parar hasta lograrlo, pagando el precio que hiciese falta sin quejarnos, además de que teníamos capacidad de persuadir, lo que no sucede ahora. Nunca se habló con la Administración, con posterioridad a las manifestaciones, de expedientes disciplinarios ni sanciones. Jamás, aunque es verdad que hubo quienes se fueron al PSOE a negociar por su cuenta. Son algunos de los que ahora lloran cobardemente porque no les cierran sus expedientes… ¿Dónde está el elemento diferenciador de las manifestaciones que han sido útiles de las que han sido inútiles? Los dirigentes de la Asociación y sus planteamientos para evitar ser sancionados. Quien no lo quiera ver, que no lo vea, pero esta ceguera colectiva que embarga a los delegados provinciales de AUGC nos está llevando a todos 15 años atrás. Y eso es imperdonable. La responsabilidad de lo que está pasando ya no es solo del PSOE ni del PP, sino que los responsables de la Asociación -también de la mayoría de los delegados provinciales- se han hecho cómplices consintiendo que la organización esté desarmada y muda, permitiendo que se les utilice como moneda de cambio. No hay capacidad de influir, ni vías de interlocución. NO HAY NADA Y ASÍ NOS VA A TODOS POR SU INCAPACIDAD Y SU DESIDIA...
Los cauces de comunicación con la Administración están rotos. No hay estrategia. No hay estructura adecuada y eficaz en la organización para llevarla adelante, como sí hubo en su día. Y los interlocutores están absolutamente quemados, sin posibilidad de reconducir la situación, a parte de que no están capacitados para hacer frente a situaciones difíciles. Cada errático paso que se da agrava el problema y cada día que pasa, también. No hay más salida que buscarles sustitutos, porque de seguir así van directos a la inmolación profesional y personal. Y con ellos están arrastrando a AUGC.El martirio a cambio de nada. Las llamadas retóricas a la lucha, las arengas y las soflamas del tipo “¡Ganaremos esta batalla! ¡Podemos! ¡Lo vamos a conseguir! ¡A por ellos…!”, son esperpénticas y ridículas, suenan huecas y no conducen a ningún lado. El propio secretario general lo reconoce con franqueza en la entrevista que he citado al principio. Están mudos, además de atados de pies y manos y a merced de la Dirección General y de los generales. Y con ellos, todos nosotros y la propia organización. Sin embargo, su análisis es de una simpleza alarmante, porque lo que debería preguntarse Alberto Moya y los demás es ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo es posible que AUGC haya pasado de la victoria al fracaso en tan poco tiempo? Durante su mandato, esta organización ha perdido de forma alarmante su influencia, la capacidad de respuesta y la presencia mediática. Y todo eso nos lleva al deprimente punto en el han colocado a todos los guardias civiles.
Exhorto a los responsables provinciales y nacionales de la organización a detenerse, reflexionar sobre dónde están, qué se ha conseguido en los últimos años y a la vista de esta reflexión, plantearse TODAS las posibilidades posibles para salir de este embrollo. Ya no se trata de apoyar a los colegas con medidas improvisadas sin calcular las consecuencias. La simple y estúpida acción-reacción no conduce a nada. La convocatoria de una nueva manifestación, sin más, es otro ejemplo de lo que acabo de explicar. Se trata de los guardias civiles y del futuro de AUGC. Y también, por qué no decirlo, del futuro profesional de los dirigentes expedientados. Ellos ya no pueden aportar nada más a la lucha y su futuro está seriamente comprometido, sin –y esto es lo peor– haber conseguido avances en nuestros derechos, sino todo lo contrario. Son un estorbo y ellos lo saben. O toman el timón caras nuevas, sin las mordazas y ataduras que tienen estos, o dentro de siete meses la situación será aún peor de lo que es ahora. Cuanto más tarde la organización en ver esto, más hondo será el pozo del que habrá que salir. Los dirigentes actuales y el colectivo con ellos. Y lamentablemente, quizás habrá quienes no puedan de salir de él y no habrá forma de ayudarles. Me gustaría equivocarme pero creo que será así, para desgracia de todos.
El 2 de diciembre del año pasado terminé mi artículo así: “Lamento la situación enormemente, pero mientras no se reconozca por parte de todos los dirigentes actuales de AUGC, sean del ámbito que sean, que la actual JDN está abrasada e incapaz de solucionar el conflicto sin arder ellos mismos arrastrándolos a todos, no hay razones para pensar que la situación pueda remontar”. El tiempo me está dando la razón inexorablemente. Hoy estamos peor que hace medio año y muchísimo peor que hace cuatro años, y no hay razones para pensar que la situación vaya a mejorar. ¿Qué hace la Asociación y sus dirigentes al respecto? Nada, porque nada pueden hacer en estas circunstancias. Hay que ponerle remedio ya, sin demora, porque AUGC se está jugando mucho. Se lo está jugando TODO.
Para poner luz en el asunto, ha querido la casualidad que el mismo día que Chicho Lorenzo, padre del campeón del mundo de motociclismo acusara, refiriéndose a los catalanistas, de“usar la violencia contra todo aquel que no piensa como vosotros”, la Audiencia Provincial de Palma haya confirmado la condena impuesta a un guardia civil que el 7 de agosto de 2009 agredió a un ciudadano en el aeropuerto de Palma por hablarle en catalán cuando le solicitó la documentación. No recuerdo ningún caso de una agresión contra un ciudadano por hablar en castellano. Sin embargo, tenemos este caso peculiar y preocupante por cuanto la agresión provino de un funcionario público encargado de hacer cumplir la Ley.
Hacemos mal en dar cancha a un anticatalanista recalcitrante, que en su delirio afirma que“el pueblo balear está sufriendo el genocidio de su cultura, su identidad y su lengua a manos del catalanismo anexionista”. Un radical que profiere amenazas como“Las cosas están cambiando, las banderas tribarradas del Reino de Mallorca están saliendo del armario y empezamos a organizarnos contra el enemigo que nos quiere anexionar y eliminar la cultura, la identidad y la lengua balear. Cada día somos más, si no nos dejan en paz por las buenas, tendrán que dejarnos en paz por las malas”, solo merece nuestra censura y nuestro desprecio por chulo, mafioso y matón de barrio. Y con sus propios argumentos de trastornado demuestra, a parte de su ignorancia patológica, su ideología basada en el odio y en el anticatalanismo. Siempre me ha parecido muy estúpido ser anti algo. Pero este país es así.
Alguien que habla de“genocidio de la cultura balear a manos del catalanismo fascista”o está íntimamente penetrado del fascismo que denuncia, como sospecho o no está en sus cabales. Si no, que se lo pregunten al que se llevó los bofetones en el aeropuerto por hablar en catalán, la lengua propia y una de las dos oficiales de las islas. Seguramente el guardia que le pegó piensa bastante parecido al señor Lorenzo, pero este va de víctima y hace el ridículo.
Recuerdo a Rubalcaba afirmar categórico el 20 de marzo de 2007 ante la Comisión de Interior del Congreso: “Defiendo el derecho de los guardias civiles a manifestarse, lo defiendo, pero de uniforme no. (…) Le digo lo que yo pienso. ¿Tienen derecho a manifestarse? Sí. ¿Tienen derecho a ir de uniforme? No”. Este era en 2007 el criterio del actual candidato del PSOE expresado tras la manifestación de guardias civiles uniformados tan solo 60 días antes en Madrid. Tres años más tarde y mediando la convocatoria de dos manifestaciones contra la política gubernamental, el Gobierno cercena de raíz el derecho constitucional de manifestación de los guardias civiles, recurriendo de forma sorpresiva y obscena –con la complicidad del PP– a una enmienda en el Senado del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad. Se elude así todo debate en la Comisión de Interior, ya que la comisión competente es la de Economía y Hacienda. Una canallada.
Tres años más tarde, el PSOE desanda sus pasos y deroga el artículo que reconocía el derecho de manifestación en la Ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles, que ellos mismos impulsaron y negociaron con la mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que yo entonces presidía. El PSOE te lo da, el PSOE te lo quita.
No descubro nada si afirmo que Rubalcaba es un tipo camaleónico capaz de decir una cosa y al día siguiente la contraria sin despeinarse, según le convenga. Cuenta ahora con la gran ventaja de haber descabezado de facto a la AUGC a base de expedientar a sus dirigentes, de forma que no pueden abrir el pico porque se juegan su expulsión. Se lo han puesto fácil y se han convertido en rehenes del Gobierno. Harían bien en dejar paso a otros compañeros para que hagan lo que ellos no pueden hacer so pena de suicidarse profesionalmente de forma inútil. Carecen de capacidad de maniobra y son un obstáculo que lastra a la asociación. Y Rubalcaba aprovecha la circunstancia y demuestra que además de camaleónico, es astuto y maligno. Los guardias anuncian otra manifestación que les puede costar la carrera a los convocantes y de nada servirá. Rubalcaba les ha hecho jaque mate.
(Publicado en La Gaceta, edición Baleares, hoy 25 de julio de 2011)
Dos son los libros que en lo que llevamos de verano he leído sobre la monarquía en España. El primero del historiador menorquín recientemente fallecido, Gabriel Cardona, titulado “Alfonso XIII, el rey de espadas” (Planeta de los libros, 2010). El segundo, “La Monarquía necesaria. Pasado, presente y futuro de la Corona en España” de Tom Burns Marañón (Editorial Planeta 2007).
Burns explica que Felipe González le confesó que en 1976, antes de que Adolfo Suárez fuese designado presidente del Gobierno por el S.M. el Rey, el entonces vicepresidente y ministro de Governación Manuel Fraga Iribarne tenía la absoluta certeza de que iba a ser nombrado presidente del Gobierno en sustitución de Carlos Arias Navarro. Entonces, en el transcurso de una reunión, Fraga propuso que después de las elecciones habría un gobierno conservador encabezado por él mismo y que al cabo de unos años, unos diez o doce según el recuerdo de González, el gobierno de Fraga daría paso a uno socialdemócrata encabezado por González. Así, la restauración de la monarquía se asentaría sobre el llamado “turnismo pacífico” de conservadores y socialistas, a imagen y semejanza de la 2ª restauración, cuando el reinado de Alfonso XIII se asentó en el intercambio en el poder entre los conservadores de Cánovas y los liberales de Sagasta. La ley del péndulo.
Pero ¿cómo garantizar la alternancia en el poder de forma exacta sin recurrir al caciquismo ni al pucherazo? En democracia es imposible hacerlo. Pero la realidad es que efectivamente está sucediendo inexorablemente. Merced al enorme poder que acumulan socialistas y populares, al control de los medios de comunicación de unos y otros, al control de la Justicia, las instituciones y los órganos constitucionales, y a una ley electoral que les beneficia clarísimamente en detrimento de los demás partidos. Ocho años para los populares, ocho años para los socialistas. Y las comunidades autónomas, que se arreglen como puedan. Ahí sí que pueden pescar los nacionalistas y los restantes partidos, solos o en coalición, siempre que no se les ocurra tocar el pastel estatal ni las componendas entre los dos partidos mayoritarios. Si tal cosa sucediera, como pasó con el Plan Ibarretxe, o con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aténganse a las consecuencias: PSOE y PP se alían para acabar con semejantes veleidades. Utilizan sus poderosos resortes partidistas y unidas sus fuerzas, acaban con cualquiera que se interponga. Y no hay más que hablar. Yo no sé qué tenga de cierta esta teoría, pero a mí no me parece descabellada en absoluto. Y me hace sospechar que vivimos en una democracia tutelada.
Un comportamiento apartado de la ética y a veces plenamente delictivo (las escuchas ilegales del tabloide británico News of the World) puede acabar arrastrando a todo un imperio empresarial como el de Rupert Murdoch al desastre. En la política sucede algo parecido con la diferencia que el nivel de exigencia ética debe ser infinitamente mayor. Por eso considero que se equivoca el Partido Popular cuando acepta tener por aliados políticosa personas con pocos escrúpulos y debiera exigir gobernar como lista más votada y vencedora de las elecciones sin entregar contrapartidas.
Cuando el PP de Alcudia acepta pactar con la edil tránsfuga Carme García,logra la alcaldía a costa de asociarse con alguien que se comporta de forma políticamente inaceptable e inmoral. Su última fechoría al afirmar que, aunque entregó el carné del partido, nunca causó baja en el PSM-Iniciativa Verds, con la única pretensión de usurpar un grupo municipal para cobrar dinero público es el colmo de la caradura. ¿Alguien así es de fiar?
Cuando el PP de Campos acepta pactar con +Acció, entregando numerosas e importantes áreas de gestión (entre ellas, cómo no, urbanismo) a alguien que tan solo 14 días antes entregó la alcaldía a la formación con menos representación en el consistorio (seguramente como fórmula de presión para conseguir todo lo que ahora ha obtenido), se coloca en una situación absolutamente vulnerable para sufrir en cualquier momento una nueva moción de censura que envíe a Sebastià Sagrera a la oposición.
El PP hace mal en aceptar a estos socios de gobierno. No hay que entregarles áreas de responsabilidad o cuotas de poder y presupuesto. Ponen precio a sus votos y cualquier día se pueden cambiar de bando apoyando a quien más les convenga. Son muy malos compañeros de viaje y generalmente, malos socios de gobierno. No miran por el interés general sino por el suyo personal.
Recuerdo al señor Bauzá e Isern afirmar categóricos que si no obtenían mayoría absoluta, no gobernarían. Creo que en buena medida la clave de sus aplastantes victorias fue ese contundente mensaje. Lástima que no todos los candidatos del PP hayan adoptado ese honesto criterio, porque hay pactos que es mejor no hacer aunque haya que estar en la oposición cuatro años.
Cuando el director del Centre de Recerca Económica de “Sa Nostra”, Antoni Riera, plantea que es necesario realizar una reforma estructural a medio plazo de la administración pública, todos pensamos en el copago de la sanidad o en la reducción del número de funcionarios, con el consiguiente aumento de trabajadores en paro. Pero no se trata de eso. Como él mismo explicó, hay que estudiar muy bien qué partidas se recortan, porque algunos de estos recortes podrían afectar a la economía. También yo opino que no todos los recortes son buenos y hay que contener el gasto corriente al máximo, sin afectar en lo posible a los servicios públicos esenciales.
Mientras el país reflexiona sobre esto, surge la polémica por la visita de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, al Lazareto de Mahón y nos enteramos de la existencia de residencias públicas, mayoritariamente de la administración central, destinadas a proporcionar servicios vacacionales a los funcionarios de determinados ministerios, en flagrante competencia desleal con el sector hotelero. El ministerio de Defensa se lleva la palma en cuanto a la titularidad de residencias y clubes deportivos para el disfrute de los militares y sus familias. Esto es lo que ha de abordarse con urgencia cuando hablamos de reformar la administración pública. ¿Cuántos millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado dedicamos a mantener edificios, servicios y personal cuya labor no repercute de forma directa en los ciudadanos?
La Guardia Civil pronto inaugurará la casa cuartel de Palmanova. Junta a las instalaciones policiales se han construido 32 viviendas con un coste de 3,8 millones de euros. ¿Por qué razón hay que facilitar vivienda a unos pocos agentes cuando todos ellos podrían costearse el alquiler de una, como hacen el resto de trabajadores? Rémoras del pasado. Llevamos años aceptando como normal cosas que no tenemos por qué soportar. Es buena hora de adelgazar la administración y prescindir de cosas superfluas que no revierten en la ciudadanía ni en los servicios públicos, sino que son privilegios heredados de épocas pasadas. He aquí un terreno dónde reestructurar y procurar un importante ahorro.
La fiscalía anticorrupción y la policía buscan a un hombre extranjero vinculado laboralmente a un constructor que supuestamente habría pagado un soborno de entre cuatro y seis millones de euros por ganar el concurso para la edificación de un proyecto en el solar de Palma. De nada le habría servido ya que destinando tan descomunales cantidades para amaños, pronto se arruinó y se vio inmerso en concurso de acreedores. Los bancos se quedaron con todo lo que tenía incluido el solar adjudicado fraudulentamente.Las pesquisas las dirige un juzgado de instrucción de Palma, el cual lleva semanas investigando una pieza declarada secreta tratando de poner luz en el caso. Se inició al tener conocimiento la fiscalía de labios de un ciudadano que conocía los hechos de forma indirecta. Los datos pudieron ser corroborados a través de una segunda persona, pero este testigo sólo sabía del caso por referencias. Otros medios también apuntaron en idéntico sentido.
“Alguien está siendo investigado al estar implicado presuntamente en algún delito no concretado, cometido por no se sabe muy bien quién, cuando hizo algo con claros indicios de ilegalidad, aunque no está claro dónde ni en qué momento y aun está por determinar su grado de implicación en el caso con exactitud”.
Esto que acabo de relatar con ironía y a ratos con frases literales tomadas de la prensa, es la noticia de la semana para algunos. Lo único riguroso del artículo son los datos del yate del empresario, obtenidos en internet, salvando la errata de confundir manga por calado. Solo hay acusaciones de corrupción disparatadas basadas en testimonios “de segundas personas o por referencias” pero esto es suficiente para llenar una portada y dramatizar un relato sin prueba alguna. Instalados como estamos en un clima de sospecha generalizada, todo vale. Lo que cuenta es vender periódicos, aún a cuenta del rigor periodístico del que han abdicado.
En estos días comprobamos estupefactos que hay quienes pretenden colarnos causas por consecuencias, no sé si por maledicencia o porque confunden el origen de una situación con el acontecimiento que resulta de ella. Se acusa a los implicados en casos de corrupción de demorar deliberadamente los procesos presentando recursos. ¿No será más bien que la falta clamorosa de jueces, personal y medios materiales que padece endémicamente la Justicia retrasan la instrucción de las causas de forma completamente desproporcionada y abusiva? Quien ejerce un derecho a nadie ofende. Yo no veo ningún afán de demorar los procedimientos en aquellos acusados que, no estando conformes con decisiones del juez instructor, elevan los recursos que la Ley prevé. Es la misma Ley la que establece los recursos que se pueden plantear con el objetivo de reclamar contra las resoluciones judiciales, ya sea ante la autoridad que las dictó o ante alguna otra. Por tanto, ¿qué reproche se puede hacer a quien ejerce la acción que la propia Ley pone a su disposición en caso de disconformidad? Es más, el hecho de no recurrir determinadas resoluciones es determinante en el proceso, pues implica conformidad con lo decidido por el Juez. Por tanto, es perentorio recurrir las decisiones con las que uno está disconforme y a nadie debe extrañar este comportamiento.
El propio presidente del TSJIB, Antoni Terrasa, afirmó tras despachar con el president Bauzá que la falta de magistrados en la Audiencia Provincial hace que se acumulen retrasos en la resolución de los recursos que se presentan por los interesados. Reconocimiento palmario que la causa de los retrasos no está en que los procesados planteen los recursos que la Ley prevé, sino en el lamentable hecho que no hay magistrados para resolverlos ágilmente. Son ya muchas las personas que llevan meses y meses imputados sin ir a juicio. Y no son ellos los culpables de este retraso. No confundamos.
