23 septiembre 2017

DÉJENLES MALVERSAR TRANQUILOS

Cuando tras la aprobación por el Parlament de Catalunya de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica, Mariano Rajoy dijo a los independentistas “no subestimen la fuerza del Estado español”, les estaba advirtiendo claramente de lo que iba a pasar. Nadie en su sano juicio podría esperar que los poderes del Estado se quedaran de brazos cruzados viendo como medio Parlament de Catalunya da un golpe de Estado en toda regla. No se comprenden los rostros desencajados de los miembros del Govern de la Generalitat, con Carles Puigdemont a la cabeza, tras las detenciones de algunos altos cargos ordenadas por la autoridad judicial, porque era absolutamente previsible lo que iba a suceder. Yo mismo lo pronostiqué pero no tiene ningún mérito porque estaba cantado.

Evidentemente, ni los registros ni las detenciones ni las incautaciones de papeletas van a solucionar el conflicto que se vive en Catalunya, pero tampoco la convocatoria de un referéndum ilegal para proclamar la independencia al día siguiente. ¿Sería admisible que la Justicia no actuase contra quienes desde despachos oficiales de la Generalitat están cometiendo flagrantes delitos, como prevaricación, desobediencia y malversación? A decir de algunos, los jueces y fiscales deben abstenerse de perseguir delitos si estos son perpetrados en edificios de la Generalitat y en nombre del “procés”. Hay que  incorporar esta eximente al Código Penal, porque de lo contrario se traspasan las líneas rojas, a decir de nuestra presidenta Francina Armengol.


La gente que no simpatiza con delincuentes, ni les justifica, ni se manifiesta a su favor para que se les deje cometer sus fechorías sin que la Justicia ni las Fuerzas de Seguridad obstaculicen sus planes, se sentirá algo confusa. El martes Carlos Saura defendió encendidamente la independencia del Poder Judicial en el Parlament. Al día siguiente todos los que aprobaron la proposición no de ley salieron a la calle para exigir que la Justicia no actúe contra los políticos independentistas y que les dejen malversar tranquilos. Bonita forma de defender la independencia judicial. Para los señores del PSIB, Més, Podem, el Pi y Gent per Formentera, si un juez ordena el registro de una conselleria del PP, es algo que hay que aplaudir, pero en cambio si se registra la Generalitat esto nos lleva a un estado de excepción que liquida las libertades. Sí, las libertades de los golpistas.

(Publicado en Última Hora)

22 septiembre 2017

FRUSTRADOS

Tras conocerse el miércoles que la Guardia Civil había detenido a 14 altos cargos de la Generalitat de Catalunya por su participación en la organización del Referéndum ilegal, la frustración se adueñó de mucha gente. Consideran que se vulneran sus derechos civiles si no se les deja votar. En efecto, el Estado no les deja votar en un Referéndum que conculca la Constitución, el Estatut d’Autonomia y que fue aprobado violando el reglamento del Parlament y los derechos de los partidos de la oposición. Eso a los independentistas les da igual, pero a la mitad de la sociedad catalana, no. Y tampoco al Estado, que ahora ha desplegado toda su fuerza, que es mucha y muy grande. La Generalitat podrá movilizar a tanta gente como quiera, pero la fuerza la tiene el Estado. Y una de dos, o los secesionistas la minusvaloraron, o está sucediendo en Catalunya justamente lo que ellos querían que sucediera. Esta es la teoría de Josep Antoni Duran i Lleida, expresada en un artículo en La Vanguardia. “Ahora comienza el mambo”, como anunciaron los chicos de la CUP. Las cosas están justo donde ellos querían.  Ante las detenciones ordenadas por un juez, disturbios violentos, pues no otra cosa es lo que se pudo ver a la puerta de la Conselleria de Economía, donde la turba impedía la salida de la comisión judicial y de los agentes que habían llevado a cabo el registro. Los tres vehículos de la Guardia Civil destrozados certifican que las protestas ya no son solo pacíficas. Al menos los que protestaron en Vila y Sant Francesc sí lo hicieron civilizadamente. Pero la suya era más bien una actitud de desencanto porque comprueban que no habrá Referéndum. Pero aunque lo hubiera, ellos no iban a poder votar, así que decepcionados deben andar desde antes de las detenciones.

(Publicado en Periódico de Ibiza y Formentera)

19 septiembre 2017

RECIBIR LECCIONES DE DEMOCRACIA DE SEGÚN QUIÉN

Es tremendo -y en cierto modo insufrible- andar viendo cómo según quién se permite el lujo de aleccionar sobre democracia a los demás. Quizás esto sea lo peor del proceso independentista, en mi opinión. Porque leer a muchos de los que lanzaron panegíricos a la muerte de Fidel Castro, o son incapaces de censurar el encarcelamiento de líderes opositores en Venezuela, hablar ahora de ataque a las libertades civiles en España porque se registren imprentas y se intervengan planchas, la verdad, es hiriente.

La aplicación de la Ley no me parece antidemocrático. Quizás lo antidemocrático sea haber tenido que llegar hasta este punto, pero de esto no se puede culpar solo a una parte, sino a ambas. Pero como últimamente oímos decir a la gente de Junts pel Sí y de la CUP, ellos argumentan tener un mandato del pueblo de Catalunya, expresado en las últimas elecciones autonómicas, que ellos plantearon como plebiscitarias. Otra falacia descomunal, porque ganaron por poco en escaños, pero en votos fueron derrotados, aunque eso no les importa.

Todo el mundo pudo ver por televisión de qué modo se aprobaron en el Parlament de Catalunya la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica. Y que sean quienes las aprobaron con desprecio máximo hacia el procedimiento legal, el Estatuto de Autonomía y los derechos de los diputados de la oposición, quienes anden dando lecciones de lo que es o no es democrático, es un tanto escarnecedor. Aquello fue todo menos democrático. Y ahí está el origen del vicio que presenta el Referéndum.
Pretender que en menos de 30 días desde la aprobación a la fuerza de unas leyes, se lleve a cabo un Referéndum de autodeterminación con gravísimas consecuencias para todos los habitantes de Catalunya, es todo menos democrático. Pero les da igual, porque están determinados a declarar la independencia unilateral sea como sea. Si el Estado les da excusas, mejor que mejor. Pero como el Estado también parece determinado a impedir el Referéndum, pues ganará el más fuerte. Y el más fuerte es sin duda, el Estado, que puede argumentar que está aplicando la Ley, aunque sea imputando a 700 alcaldes que igual se lo merecen y no debieran serlo por despreciar la Ley.

Obviamente que el conflicto precisará de una solución política en su momento. Ahora desde luego, no. Ahora hay que restablecer la legalidad con los instrumentos que la Ley dispone. Sin complejos y sin temor. Por mucho que quienes la conculcan de modo tan grosero, haciendo de su capa un sayo, acusen al resto de no respetar la democracia. La democracia no es pisotear la Ley. Y quien lo hace, debe cargar con las consecuencias de ello.


Y en todo este fregado, los oportunistas de Podem ven el cielo abierto para erosionar aún más al PP, verdadero objetivo a batir para ellos. Si hace falta alinearse con el independentismo, pues se hace y no pasa nada. Su propósito es tumbar la Constitución y abrir un proceso constituyente, como tienen más que anunciado. Y para hacerlo les viene genial todo lo que está pasando en Catalunya. Quieren demolerlo todo y comenzar de cero y cuantos más daños se produzcan en el entramado institucional y político, tanto mejor. Pero difícilmente pueden los que vienen a demoler, construir nada. Lo suyo es destruir, no construir.

(Publicado en mallorcadiario.com)

17 septiembre 2017

UN LODAZAL POLÍTICO

El Consell d’Eivissa está parcialmente sumergido en un enorme lodazal y no será fácil que salga de él indemne. Mucho menos a golpe de tuit de su presidente, Vicent Torres. Hace dos años que el Ayuntamiento de Santa Eulària asume unos trabajos y su correspondiente coste, pese a que no le corresponde hacerlo. Lo asume para evitar que se repita la hedionda situación de malos olores provenientes de la estación depuradora de aguas residuales de Santa Eulària apestando a los vecinos. El consistorio recoge los lodos de la depuradora, los mezcla con restos de poda y así se les puede dar un uso agrícola, lo que además de ser beneficioso para el campo y los agricultores, supone reducir los costes de transportar los lodos a la península para su adecuado tratamiento, porque además y como agravante, en Eivissa no hay planta de tratamiento de residuos. Pero obviamente, el Ayuntamiento de Santa Eulària asumió la gestión de los lodos con el compromiso del Consell y del Govern de correr con los gastos, el primero como institución competente de la gestión de los residuos y el segundo como generador de dichos residuos. Pero ahora resulta que ni el Consell d’Eivissa ni el Govern balear quieren pagar y se tiran los trastos a la cabeza con excusas de mal pagador.

Todos hemos podido ver al presidente Vicent Torres durante un pleno del Consell d’Eivissa, comprometiéndose a pagar. Lo lógico, pues la competencia sobre residuos es del Consell, aunque no se conozca ni una sola actuación durante esta legislatura para mejorar la gestión de los residuos de la isla, sino más bien al contrario. Pues bien, ahora la institución insular no solo no paga, sino que ha llevado a los tribunales al Ayuntamiento de Santa Eulària para no hacerlo.

Nos encontramos ante un caso más, el enésimo en lo que va de gobierno PSOE-Podem/Guanyem, que se pudre en los despachos por pura incompetencia del conseller insular de Medio Ambiente, Miquel Vericad, de quien no se conoce -ni vaticino que se conocerá- que haya solucionado o encarrilado siquiera, alguno de los muchos e importantes problemas que en materia medioambiental y de residuos padece Eivissa. Asunto que pasa por sus manos, asunto que saca moho y que se enquista sin que se avizore ni remotamente una posible solución. Vericad es por sí mismo casi peor que la Xylella. Infinitamente peor que un helminto. Una absoluta nulidad. Aunque para ser justos hay que reconocer que la ineptitud es un rasgo fundamental de la inmensa mayoría de políticos de Podem/Guanyem. Ahora también se suma la prepotencia y su desprecio hacia los medios de comunicación que les interpelan sobre sus obligaciones. Ya ven, los adalides de la transparencia no se ponen al teléfono ni rinden cuentas, salvando contadas excepciones.

El extraño caso de las multas que desaparecen

Mucho nos lo temíamos, pero ahora ya se trata de algo más que una mera sospecha, porque el Ayuntamiento de Sant Antoni cree poder tratar el misterioso asunto de la desaparición de dos multas de tráfico que la Policía Local puso al teniente de alcalde, Pablo Valdés, con el mismo desdén y opacidad con que han ofrecido públicas explicaciones: de ningún modo. Negándose a hablar con la prensa, ocultándose -como si se tratara de delincuentes que temen ser descubiertos- y negando cualquier irregularidad. Pero ahí está la irregularidad ante nuestros ojos, que constituye un clamoroso y repugnante caso de corrupción, por cuanto alguien en el consistorio portmanyí escondió las multas impuestas a Valdés y no las grabó en el sistema informático existente al efecto. Solo cuando este periódico denunció el asunto, el joven político pagó las multas -400 euros-, pero sigue sin dar la cara y el equipo de gobierno municipal sigue sin ofrecer explicaciones convincentes ni tampoco facilita el expediente a la oposición. Podemos, por tanto, afirmar que de no haberlo publicado Periódico de Ibiza, las multas aún estarían sin pagar. Repugnante.

Un auténtico desgobierno


El gobierno municipal de Sant Antoni es un auténtico desgobierno. Pero no de ahora, sino desde que llegaron al Ayuntamiento. Lo demuestra la catarata de escándalos y despropósitos que ha protagonizado el equipo de Josep Tur ‘Cires’, compuesto por PSOE, Reinicia y El Pi. Esta última formación política ahora no sabe si seguir dando apoyo a aquel desgobierno y continuar erosionándose con sus socios, o abandonar el barco, dejar que gobiernen en minoría y desvincularse del desgobierno y de los escándalos. Pero quizás ya sea tarde porque durante más de dos años han sido cooperadores necesarios de las gamberradas de Pablo Valdés y Aída Alcaraz, con la apatía del alcalde y presidente del Club Náutico. Todo les parecía no tener importancia, pero la tenía y ellos consentían en todo. Y es que a veces es mejor trabajar desde la oposición y no ponerse de lodo hasta las orejas.  

(Publicado en Periódico de Ibiza y Formentera)

16 septiembre 2017

COSAS QUE NO CAMBIAN

Esta semana ha empezado el curso escolar. Este año el Govern saca pecho por el dinero que se ha invertido en obras en los centros educativos y por los docentes que han sido contratados desde que se inició la legislatura. Pese a ello, hay 122 barracones, 16 más que el año pasado y 29 más que en 2015, cuando gobernaba el PP. Los diputados de Podem , Salvador Aguilera y Balti Picornell -actualmente presidente del Parlament- afirmaron en octubre del año pasado que la propuesta de su partido era que hubiera “cero barracones al final de la legislatura”. Pasado el ecuador, se intuye que tan ambicioso objetivo será imposible. Más modesto era el objetivo que afirmó tener el conseller de Educación, Martí March. Decía conformarse con reducir a la mitad los barracones existentes en toda la comunidad autónoma, hasta una cincuentena. La solución no es fácil ni inmediata, como se duele desprender del discurso de Podem. Pero es digno de resaltar que lo que en la legislatura de José Ramón Bauzá eran barracones indignos, ahora sean aulas modulares perfectamente equipadas. Este es un ejemplo flagrante del doble discurso imperante.

Lo mismo sucede con el espinoso asunto del requisito del catalán para el personal médico de la sanidad pública balear. Los partidos que ahora gobiernan parecían tenerlo muy claro cuando gobernaba Bauzá, pero ahora andan a la gresca entre ellos y sin poder hacer lo que dijeron que harían cuando llegaran al poder. Aseguraron que la lengua propia de Balears volvería a ser un requisito para optar a un trabajo en el sector público autonómico y no un simple mérito como estableció el PP. Pero el “Govern del canvi” -como se autodenominan-, resulta que no cambia nada y que ahora han caído en la cuenta de que si hacen lo prometieron, no habrá personal suficiente para cubrir las necesidades en determinadas categorías. Incluso las clases en la flamante nueva facultad de medicina de la UIB se dan en lengua castellana porque alumnos de Balears hay realmente pocos y no se hubiesen enterado de nada en su primer año de carrera.

Es descorazonador que los firmantes de los “Acords pel canvi” no cambien cosas que aseguraron que modificarían tan pronto como llegaran al Govern. Se comprueba una vez más  que una cosa es predicar y otra, dar trigo. Y también que hay quien maneja con mucha soltura un doble discurso, uno para cuando gobiernan y otro cuando están en la oposición.

(Publicado en Última Hora)

10 septiembre 2017

BIENVENIDOS A LA REALIDAD

Tan pronto como fue aprobada el 18 de julio pasado la modificación de la Ley de Turismo de Balears para regular el alquiler turístico, los socialistas ibicencos se esforzaban en exhibir dicha norma como una eficaz herramienta para luchar contra el alquiler ilegal, principalmente en pisos y apartamentos. Tal cosa ya estaba vetada en la Ley Delgado y ahora vuelve a estarlo gracias a la “emergencia habitacional” que Podem Eivissa se sacó de la manga como un eficaz golpe de efecto, con la excepción de que se podrán alquilar pisos a turistas cuando se trate de la vivienda habitual del propietario y como máximo 60 días al año. O sea, que ahora la norma es más permisiva que antes, a pesar de Podem y de la “emergencia habitacional”. ¡Menudo negocio!

Pero la realidad siempre se impone a los discursos falaces, al populismo y al discurso maniqueo, porque en un ejercicio de sinceridad que debemos agradecer, el director insular de Turismo ahora ya reconoce que la nueva Ley ni es tan buena ni es tan eficaz. Las sanciones que se impongan no se pueden pagar al momento con descuento, como sí sucede en otras materias. Además, es previsible que los expedientados recurrirán al orden contencioso administrativo para que la Justicia revise los expedientes y las eventuales sanciones. Así, la cosa puede alargarse y no será tan rápido ni fácil sancionar como algunos prevén. El gozo de Viviana de Sans y de Podem Eivissa en un pozo. Ellos que se han hartado días atrás de atribuirse el éxito de la nueva regulación del alquiler turístico, ahora resulta que hay nueva legislación, pero que las sanciones tardarán años en ejecutarse.

Luego salta el Consell d’Eivissa y dice que no, que se actuará con contundencia, que la culpa es del PP y de los recortes de personal que se aplicaron. Nada dice del origen de los recortes, como si el PP hubiese decidido hacerlos por capricho o por un afán de destruir el sector público, sin mencionar la quiebra en que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero dejó al país, con la prima de riesgo disparada, sin crédito internacional y a punto de la intervención financiera por parte de la Unión Europea. Pero de eso, ¿quién se acuerda? La culpa es del PP.
En todo caso, bienvenidos a la realidad, porque nadie crea que de la noche a la mañana los guiris entrando y saliendo con sus maletas en bloques de pisos y apartamentos, van a desaparecer. Desgraciadamente.

Multas en los cajones

Aunque pueda pensarse que con el pago de los 400 euros por las dos multas que la Policía Local le impuso el 31 de marzo al teniente de alcalde de Sant Antoni, Pablo Valdés, la cosa queda zanjada. Nada más alejado de la realidad. En primer lugar, porque los vecinos de Sant Antoni deben estar preocupados porque su munícipe tenga ahora tan solo 6 puntos en el carné de conducir, si no menos. A este ritmo habrá que ponerle un coche oficial y un chófer antes de que haya nuevas elecciones. Y en segundo lugar y más importante aún que lo anterior, es que se debe una explicación a la ciudadanía por haber tenido en un cajón durante más de 5 meses las dos multas citadas. Como no hay explicación posible ni Valdés, ni Alcaraz ni nadie da la cara. Pero no podrán esconderse toda la vida. Tampoco el alcalde Pep Tur ‘Cires’, que en su afán negacionista cae en la tentación de pensar aguantando el chaparrón algunos días, ya está el asunto solucionado. Pero no lo está en absoluto porque estamos ante un caso de corrupción que apesta. El consistorio que él preside está bajo sospecha de guardar multas en un cajón a según quién. ¿Le parece lógico, o normal, o irrelevante, o algo sobre lo que no haya nada que decir? Los adalides de la transparencia, de la honestidad, de la rendición de cuentas, se parapetan en el silencio para eludir sus responsabilidades.

Silvia Tur está eufórica

La diputada autonómica de Gent per Formentera tuiteó el pasado miércoles, tras la aprobación de la ley del referéndum en el Parlament de Catalunya, que había mucho que aprender en lo sucedido allí. Habrá que preguntarle si se refería al atropello a los derechos de los diputados con el incumplimiento del reglamento. En el Parlament de Balears durante la legislatura pasada por un abuso de los decretos ley, perfectamente legales, los partidos de la oposición que hoy gobiernan, montaban cirios de agárrate y no te menees. Pero lo más llamativo es que Tur cree que el debate de la ley del referéndum “sin duda marcará un antes y un después en la historia de todos nosotros”. La euforia independentista debió cegarla porque es difícil pensar que vaya a cambiarnos la vida lo que allí sucedió. Como no sea a Carme Forcadell, a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras, etc., a los que apuesto que la Justicia  inhabilitará como hizo con Artur Más. Seguro que eso a los “formenterencos”, que diría Pablo Iglesias, les quita el sueño.

Feliz domingo.

(Publicado en Periódico de Ibiza y Formentera)

09 septiembre 2017

LA FUERZA DEL ESTADO

Tas la aprobación en el Parlament de Catalunya de la ley del referéndum y de la ley de transitoriedad jurídica, y entre medias la firma del decreto de convocatoria del referéndum del 1º de octubre por parte del Govern de la Generalitat en pleno, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció en rueda de prensa el jueves y lanzó un mensaje a los secesionistas: “no subestimen la fuerza del Estado español”. Cruzado el Rubicón de la desobediencia clara, manifiesta y persistente a las sentencias del Tribunal Constitucional, el Estado y los partidos constitucionalistas que en este asunto muestran total apoyo al Gobierno (PP, PSOE y C’s), plantean la necesidad de recurrir a la fuerza del Estado español, no tanto para solucionar el conflicto (que solo podrá hacerse por la vía de la política y el diálogo, suponiendo que haya alguna voluntad de hacerlo), sino para impedir el referéndum.

Los independentistas han subestimado la fuerza del Estado, que es infinitamente superior a la suya, por más que no así la capacidad de movilizar a la ciudadanía en Catalunya. Pero cuando de fuerza se habla, la del Estado es apabullante. Sé de lo que hablo. Por las bravas no doblegarán a España, que tiene muchos mayores recursos y experiencia en embravecerse. La opinión pública española ahora mismo aceptará de buen grado cuantas actuaciones de fuerza se hagan para impedir el referéndum y solo rechistarán los independentistas y Podemos. El Estado ha movilizado ya todos sus recursos de fuerza porque la amenaza a su integridad territorial es incluso de mayor magnitud que la perpetrada durante décadas por ETA, aunque  ahora no haya ni bombas ni muertos. Pero la amenaza que España percibe es muchísimo mayor.


Jueces, Fiscalía, CNI, Policía, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra (alguno se va a quedar hecho polvo cuando vea a la policía autonómica interviniendo urnas), con sus respectivos servicios de información, sus ingentes recursos públicos sin límite presupuestario, su capacidad infinita de intervenir las comunicaciones, etc. El Gobierno ya sabe hasta dónde están las urnas y las papeletas. Unos días antes de terminar este mes, la Policía Judicial se presentará allí y las intervendrá. Tendrán que hacer el referéndum con cajas de cartón. Luego vendrá la catarata de juicios e inhabilitaciones por desobediencia al TC, Carme Forcadell la primera. Y España entera se fumará un puro.

(Publicado en Última Hora)

07 septiembre 2017

CORRUPCIÓN EN SANT ANTONI

“Vamos teniendo muestras de que el nuevo gobierno es corrupto… nos roban por todos los lados”. Este comentario hecho por una ciudadana en las redes sociales, refiriéndose al equipo de gobierno municipal de Sant Antoni, motivó que el teniente de alcalde de Reinicia, Pablo Valdés, advirtiese a su autora de que o bien retiraba dicha afirmación -a todas luces excesiva- o presentaría una denuncia ante la Guardia Civil. Si la mujer que lanzó aquella acusación hubiese sabido que Valdés fue denunciado por la Policía Local el día 31 de marzo por conducir sin cinturón y hablando por el teléfono móvil, pero inexplicablemente las dos multas han desaparecido y no consta que el líder de Reinicia las haya pagado ni le hayan sido retirados los puntos del permiso de conducir, quizás no hubiera matizado su acusación añadiendo un “presuntamente”. Cuando algo huele mal suele ser porque está corrupto. Las excusas del alcalde Pep Tur Cires que pudimos oír en Radio Ibiza son vergonzosas y ratifican que Cires ha hecho del negacionismo su guía política y así le va, emboscado en negar la evidencia. La decencia política exige que se explique de inmediato qué ha pasado con las dos multas impuestas a Valdés. De no hacerlo, es absolutamente lógico que los vecinos de Sant Antoni piensen que estamos ante un caso de flagrante corrupción, pues eso y no otra cosa es que desaparezcan misteriosamente dos multas de tráfico impuestas al teniente de alcalde del consistorio. ¿Podríamos presumir que es el cauce habitual que se le da a las multas de los gobernantes y sus allegados en aquel municipio? ¿Qué hubiera hecho y dicho Valdés si se hubiese descubierto algo así durante la legislatura pasada? Chanchullo, mangoneo, corrupción, pufo, etc. Ahora su silencio y el de Aída Alcaraz son elocuentes por incriminatorios. Y eso es corrupción.

(Publicado en Periódico de Ibiza y Formentera)

05 septiembre 2017

EL PACTE SE RESQUEBRAJA

La abstención de Més per Menorca en la convalidación del Decreto Ley que modifica la recientemente aprobada modificación de la Ley de Turismo -Decreto Ley que lo dice todo sobre la chapuza jurídica perpetrada-, demuestra que el Pacte de Progrés 3.0 está más que tocado. Aunque la orquesta de Francina Armengol sigue tocando como si nada, emulando a la del Titanic, lo cierto es que los partidos que firmaron los Acords pel Canvi en junio de 2015 se encuentran profundamente divididos y enfadados con Podem Illes Balears, formación política neonata que no ha parado de causarles más problemas que alegrías en su decisión de comportarse como partido que da apoyo al Govern y con el que aprueba los presupuestos, pero sin integrarse en el Ejecutivo y actuando en muchas ocasiones como si estuviera en la oposición.

La esquizofrenia de Podem, que también está profundamente dividido como se deduce de su proceso de primarias para designar al nuevo o nueva secretaria general tras la súbita pérdida de apoyos del aún secretario general, Alberto Jarabo, trae por el camino de la amargura a PSIB, Més per Mallorca y Més per Menorca. Estos últimos ya no soportan más el postureo y las estridencias de Podem, sobre todo tras el episodio de los contratos de las consellerias de Més con su gurú electoral, Jaume Garau, que le costó el cargo a la consellera Ruth Mateu. Además, el ninguneo permanente de sus socios para con la formación menorquina, es sumamente irritante. El último episodio consistió en el anuncio de la subida del impuesto turístico un 100%, sin haberlo negociado con Més per Menorca.


Pasado el ecuador de la legislatura, los partidos coaligados tienen necesidad cada vez mayor de desmarcarse unos de otros. Y de exteriorizar sus desencuentros, como está sucediendo con el asunto del mérito/requisito del catalán en las plazas que convoque la Conselleria de Salut. Muchos de estos desencuentros son sobredimensionados precisamente para mandar un mensaje al propio electorado, debilitando al Govern en su conjunto, que sigue tocando como si nada pasase. Pero pasa. Ahí está la convalidación de Decreto Ley, una monstruosidad legislativa sin precedentes en la historia del Parlament de Balears.  

(Publicado en mallorcadiario.info)

03 septiembre 2017

SUS DECISIONES TIENEN CONSECUENCIAS

El Govern de les Illes Balears con la aquiescencia de PSIB, Més per Mallorca y Podem, se dispone a perpetrar la mayor subida de un impuesto que se recuerde en Balears. Se trata del impuesto sobre pernoctaciones turísticas, popularmente conocido como impuesto turístico o ecotasa. A partir del 1º de enero de 2018, si usted se aloja en un hotel de 3 o cuatro estrellas, pagará 3 euros por noche. Aunque vaya usted a Formentera, a Mallorca o a Menorca por trabajo o por necesidad. Se incrementa la cuantía del impuesto un 100%, el doble de lo que se paga ahora. ¿Por qué razón se produce esta brutal subida que todos, no solo los turistas, pagaremos? Básicamente por la turismofobia de Podem, que ha extorsionado a sus socios con esta exigencia para dar apoyo a los presupuestos del Govern para el año próximo. No será la única extorsión, ya lo verán. Y todo ello proveniente de los embusteros que afirmaron hace dos años y dos meses que no darían su apoyo a ese impuesto si lo tenían que pagar los residentes. Pues aquí lo tienen. Por cierto, que los de Més per Menorca andan cabreados y no aseguran su apoyo al aumento de la ecotasa porque nadie les ha preguntado y además no están de acuerdo en que se pague lo mismo en temporada baja que en temporada alta. Pero bueno, estos también están todo el día lloriqueando y amenazando, y luego se las envainan que da gusto. Ya lo verán con la convalidación del decreto ley que modifica la Ley turística.

Nadie que sepa un poco del asunto del turismo recomendaría el incremento decidido y justamente por ello el Govern no ha pedido opinión a nadie. Con el argumento de que los turistas no se han quejado a la hora de pagarla -como si quejarse sirviera de algo- y de que la creación del impuesto turístico no ha supuesto una reducción del número de visitantes ni de lo que se gastan aquí según las estadísticas -sobre eso habría mucho que hablar, pero mejor que se lo pregunten a los comerciantes de La Marina de Vila-, se anuncia que esos tres euros diarios tendrán un efecto inocuo para el turismo y permitirán recaudar 120 millones de euros el año próximo.

Imaginemos por un instante que a usted en su bar preferido le cobran el café a 1,50 euros y de golpe le dicen que se lo van a cobrar a 3,00 euros por capricho del propietario del bar, sin que los bares cercanos hagan tal cosa. Bueno, es más, los bares de la competencia cobran el café a 1 euro. ¿Tendría eso alguna consecuencia para su bar favorito? Es previsible que sí y que se redujese la clientela de forma proporcional a la subida. Aunque mucho me temo que eso es lo que persiguen PSIB, Més y Podem, porque piensan que hay demasiados turistas -recuerden la dichosa masificación- y la ecotasa tendrá un efecto disuasorio que nos librará de tantos visitantes incómodos. Pero mucho me temo que sucederá otra cosa que ya se ha empezado a notar claramente en Ibiza ante la escalada de precios: vendrán los mismos o más, pero gastarán menos o directamente no gastarán. ¿Les preguntamos a los comerciantes y restauradores de La Marina, calle de la Virgen y Mercat Vell?
Es por ello que sorprende el entusiasmo con que el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, apoya que se doble la ecotasa que todos los que pernoctemos en un establecimiento hotelero pagaremos, seamos turistas o no. A Ruiz le parece una medida ajustada a la realidad en la que vivimos. Pero más parece que a Ruiz le importan poco las consecuencias que puedan acarrear, como poco le importan las consecuencias de sus decisiones. ¿Les preguntamos a los comerciantes de La Marina?

Juanjo Ferrer, sin fuerzas

Le sucede como al equipo de gobierno de Sant Antoni, también con un alcalde socialista al frente: que sus decisiones acarrean consecuencias. En aquel caso deliberadamente adoptadas con la intención de liberar las calles de terrazas, pero que suponen un notable descenso de ventas para aquellos que las tienen en comparación con el año pasado. Juanjo Ferrer, el dimitido concejal de El Pi Eivissa, se llevó el tirón de orejas de parte de los comerciantes y restauradores, su nicho electoral, y fue incapaz de corregir una situación generada por una ordenanza municipal que su departamento redactó y que él votó. Claro que se quedó sin fuerzas, ¡cómo no! Él es en gran medida responsable del descontento de los empresarios de Sant Antoni de Portmany y cuando quiso solucionarlo, fue demasiado tarde. No es Pablo Valdés alguien dispuesto a dar pasos atrás. Así que ahí tienen el resultado. El Pi tiene una difícil papeleta, porque o soluciona el desaguisado que ayudaron a causar, cosa que ahora ya no es fácil, o su electorado votará en masa al PP. Ya lo verán.


Que pasen un buen domingo.