Felicitaciones a los miembros de la Guardia Civil en el día de la Virgen del Pilar, aunque tengan poco que celebrar. Quisiera ver a los soberbios jueces de la Audiencia Provincial de Palma que tan cómodamente juzgan y dictan sentencias desde sus confortables despachos de Can Berga, hacer seguimientos o vigilancias en el poblado de Son Banya entre basura, excrementos y ratas. Es inaudito el desprecio con que pisotean el ímprobo y sacrificado trabajo de los guardias civiles del EDOA que durante meses han investigado las tramas del narcotráfico. No se trata de desmantelar un punto de venta, sino de ir a la génesis del asunto para capturar a los que introducen la droga en Mallorca.
Si una cosa sucede una vez, es una anécdota; pero si algo
sucede tres veces, con idénticos argumentos, se constata indubitadamente la
determinación de los magistrados de la Audiencia de echar por tierra el trabajo
de las Fuerzas de Seguridad con sentencias que además de inexplicables, parecen
dirigidas a humillar a los agentes acusándoles de no hacer lo necesario para
acabar con los supermercados de la droga. O como dijo el fiscal Julio Cano durante
el juicio del caso Kabul,
exigiéndoles “la misma prueba para autorizar unas escuchas que la que se necesita
para una sentencia condenatoria”. Los guardias civiles solicitaron los
pinchazos con elementos que a la Fiscalía y a los jueces de instrucción les
parecieron fundados. Se confirmaron las sospechas y se comprobó la existencia
de los delitos. Se registraron domicilios y se incautó droga y dinero. Pero la Audiencia sentencia
que no había indicios suficientes para ordenar los pinchazos. Todo el caso a la
papelera. Impunidad total.
Su afán garantista ha permitido que solo en este año 2013
hayan sido absueltos 21 acusados en la operación Dragone, otros 36 en la operación Kabul y ahora otros 12 en la operación Benazir: en total 69 narcotraficantes de rositas. Mientras tanto
los mismos jueces envían a prisión a personas que no suponen ningún peligro
para los ciudadanos, incluso por condenas de un año de cárcel o sin que haya
sentencia firme. O se permite que el chico que adquirió material para fabricar
explosivos y causar una masacre en la UIB, tras llegar a otro hediondo pacto
con la Fiscalía, sea condenado a tan solo 4 años de cárcel cuando podría ser
condenado a 20. Dejan a los peligrosos en libertad y encierran a personas inofensivas.
(Publicado en Última Hora)
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