20 febrero 2011

REPRESIÓN EN LOS PAÍSES ISLÁMICOS

Escribía el añorado José Saramago en su brillante novela “Ensayo sobre la lucidez” que “es regla inamovible del poder que resulta mejor cortar las cabezas antes de que comiencen a pensar, ya que después puede ser demasiado tarde”. Seguramente eso estarán barruntando ahora mismo la docena larga de sátrapas y tiranos que mal gobiernan sus países con puño de hierro, y que ahora, nadie sabe muy bien por qué, sus víctimas han decidido salir a la calle y reclamar libertad y el fin de los regímenes que dictatorialmente les oprimen desde hace décadas.

Era muy previsible (yo así lo anuncié hace unos días en IB3 TV) que estos autócratas que ahora ven amenazado su trono en Bahréin, Yémen, Marruecos, Argelia, Irán, Jordania, Libia y Siria, ante la protesta espontánea y pacífica de sus conciudadanos, recurrieran a la fuerza desmedida para reprimir las ansias de libertad. Y así tenemos el resultado trágico y luctuoso que detallan los medios de comunicación y que se incrementa de minuto en minuto. Antes de abandonar el poder, deciden sacar los tanques a la calle y ordenan al ejército y a la policía disparar contra los manifestantes. Queda feo decirlo, pero debo reconocer que no lamentaría en absoluto que a estos sátrapas les suceda lo mismo que le pasó a Chauchescu en Rumanía. Es lo que tiene enfrentarse a tu propio pueblo…


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17 febrero 2011

EL PP Y EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, el Magistrado Pascual Sala, ha anunciado que en menos de un año habrá sentencia sobre la constitucionalidad o no de la ley que permite el matrimonio homosexual. El equilibrio entre miembros progresistas y conservadores se muestra actualmente inclinado a favor de los progresistas y por ello, domina cierta tranquilidad en el PSOE de que el recurso que presentó el Partido Popular no prosperará. Sin embargo, y al margen de las decisiones del TC, me gustaría hacer una valoración en términos políticos y sociales de lo que ha supuesto la entrada en vigor de la Ley 13/2005, conocida como Ley del matrimonio homosexual. Han transcurrido más de cinco años y medio, y se han constituido más de 20.000 nuevas familias. La sociedad española en general parece haber aceptado con normalidad este tipo de uniones, aunque lamentablemente comprobamos que aún persisten puntuales comportamientos homófobos de menosprecio, rechazo e insulto hacia el colectivo gay que merecen nuestra condena.

Sin embargo, y gracias al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, la polémica no se ha desvanecido del todo y los colectivos homosexuales han venido reclamando con insistencia al PP la retirada del citado recurso, petición que ha sido desoída. El líder del PP, Mariano Rajoy, lejos de buscar distanciarse de la polémica, ha preferido empantanar aún más a su formación asegurando que llegado el momento, está dispuesto a poner fin a la ley incluso en el caso de que el TC declare su constitucionalidad e incluso se negó a comprometerse públicamente a mantener la ley aún en ese caso, lo que muestra una preocupante tendencia a la involución con los efectos jurídicos, sociales y políticos que eso tendría para miles de ciudadanos y sus familias. Ante la avalancha de críticas, matizó días más tarde que esperaría a ver qué decide el TC y escucharía lo que opina la gente, aunque esta matización no clarifica nada y es ambigua como sólo puede serlo el enigmático líder del PP. Al fin y al cabo, en el programa electoral del PP para las elecciones del año 2008, nada decían sobre el particular...


En su partido son ya muchos los que consideran este asunto superado, empezando por Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre (que ya en septiembre de 2005 calificó de inoportuno el recurso de inconstitucionalidad presentado y se manifestó en contra), Alfonso Alonso (alcalde de Vitoria), Celia Villalobos, Elías Bendodo (presidente del PP de Málaga), Javier Gómez (portavoz del grupo de gays y lesbianas del PP) y muchos otros. Pero en contra de este criterio, no es baladí recordar que se impuso el criterio de los más conservadores y el PP consiguió vetar la ley en el Senado con el apoyo de cuatro senadores de CiU (131 votos a favor del veto y 119 en contra). Tampoco podemos olvidar la polémica comparecencia del catedrático Aquilino Polaino de la mano del PP ante la Comisión de Justicia del Senado, quien aseveró que la homosexualidad era una psicopatología, cuando este criterio hace años que está absolutamente desterrado por la comunidad científica internacional. Así pues, es razonable que los homosexuales seamos críticos y beligerantes con el PP en esta trascendental cuestión.

En la sociedad española hay actualmente mucha gente, incluidos muchos votantes del PP, que han aceptado con total normalidad la posibilidad de que los homosexuales se casen en igualdad de condiciones que los heterosexuales. Sin embargo, hay una minoría que lo rechaza de plano, no sólo en el aspecto semántico por más que lo digan una y otra vez, sino también en el plano filosófico y legal, sencillamente porque su religión prohíbe las relaciones homosexuales. Esta minoría, dirigida por la cúpula jerárquica de la Iglesia católica, se halla agrupada en torno al Foro español de la familia y la asociación hazteoir.org, con el contundente apoyo mediático de la cadena de la Conferencia episcopal y el grupo Intereconomía.

El PP debe recapacitar acerca de las consecuencias de congratularse con quienes se oponen al matrimonio gay, que son pocos por más que hagan mucho ruido, y despreciar a quienes aceptan los cambios sociales y las nuevas formas de familia con naturalidad y tolerancia. La sociedad actual es plural y diversa y no acepta ni posturas inmovilistas ni regresiones en los derechos de las personas gobernando en contra de un colectivo determinado, que eso y no otra cosa sería derogar la ley vigente. Cuando el señor Rajoy dice que “los radicalismos no son buenos en ninguna faceta de la vida”, debería meditar sobre con quién se está alineando él mismo y a quién está complaciendo con sus comentarios sobre el matrimonio homosexual y a quién agraviando. ¿Quiénes son los radicales? Dado que pretende ser el presidente de todos los españoles, debe actuar como tal y separarse de las minorías radicales involucionistas para estar con la mayoría de la sociedad. Para eso, sólo hacen falta dos cosas: por un lado, no gobernar en contra de nadie, acatando y respetando lo que decidieron 187 diputados frente a los 147 que estaban en contra; y por otro, entender el espíritu de la Constitución de 1978: que los hombres y mujeres en España tienen los mismos derechos, y que si bien el artículo 32 de la Carta Magna establece que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”, en ningún momento se especifica que el matrimonio tenga que ser heterosexual. La sociedad ya ha dado el paso y le conviene al PP no quedarse atrás para contentar a una minoría radical que pretende imponer sus convicciones religiosas. Sus contradicciones en este espinoso asunto pueden salirle muy caras. Muchos responsables del PP ya lo han visto y sólo hace falta de que convenzan a su líder de que aparque de una vez este asunto y acepte lo que diga el Constitucional sin más objeciones.

Publicado en http://www.ultimahorapuntoradio.com/?p=4567

09 febrero 2011

O ESCAÑOS O BOMBAS


Por primera vez en su historia, Batasuna y sus herederos ideológicos se desmarcan de ETA y rechazan la violencia para hacer política, poder presentarse a las elecciones del 22 de mayo y, si así lo quieren los ciudadanos, entrar en los ayuntamientos. Rufino Etxeberría anuncia que con la fundación de un nuevo partido denominado “Sortu”, que según afirma “no es la continuidad de ninguna otra organización”, se da por cerrado el ciclo de la lucha armada y su justificación persistente por parte de Batasuna. ¿Es sincera esta conversión? ¿Obedece únicamente a la necesidad de presentar unas siglas a las próximas elecciones municipales o se han dado cuenta de que el terrorismo sólo les puede llevar a la cárcel, donde por cierto ya han estado casi todos los fundadores de la nueva formación? Aún es pronto para decirlo, pero ya se han levantado voces virulentas en contra de su legalización.

La Ley Orgánica de Partidos Políticos se elaboró en el año 2002 para hacer frente a ETA y a su entorno político –Batasuna– y tener el instrumento jurídico que permitiera expulsar de las instituciones a quienes ocupaban escaños y a la vez empuñaban pistolas y asesinaban a los rivales políticos, cuando no establecían a quién había que liquidar y justificaban los crímenes, secuestros, extorsiones y demás actos terroristas. Se les impuso cumplir unos requisitos muy claros y optar por las palabras o las bombas. Sin embargo, cabe recordar que fue una ley muy contestada por parte de no pocas organizaciones políticas y por amplios sectores de la ciudadanía, especialmente en Euskadi, que la consideraban un retroceso democrático porque privaba de voz a miles de ciudadanos, pues no se olvide que Euskal Herritarrok (la última marca legal con la que pudieron presentarse a unas elecciones municipales en junio de 1999) obtuvo 228.147 votos (el 19,63% de los electores) y 679 concejales en el País Vasco.

Tras ocho años y medio de aplicación de la Ley, esta ha demostrado su utilidad y el debilitamiento de ETA y su entorno operativo y político es evidente y de tal magnitud que no es fácil que puedan soportar cuatro años más proscritos de la vida política. Por eso tratan de inscribir una nueva organización que renuncia explícitamente a la violencia y marca distancias con ETA. Por eso y porque parecen haber concluido, tras un proceso interno de debate, que la violencia y el terrorismo les aparta de sus objetivos políticos más que les conduce a ellos. Pero es razonable que la sociedad española que ha sufrido su crueldad y sus crímenes, recele. Es muy normal que haya miles de ciudadanos que protesten en la calle ante el miedo de que puedan volver a estar en el Parlamento vasco y hasta en el Congreso de los Diputados (aun recordamos a Jon Idígoras, que en paz descanse, fumando en su escaño) y recelen de que sea una nueva trampa, la enésima, para colarse en las instituciones que les dan cargos y dinero. Ante este dilema sólo cabe la aplicación de la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia.

El PP en boca de su secretaria general, Mª Dolores de Cospedal, exigió al Gobierno que “no deje presentarse a Batasuna ni con un nuevo partido, ni con listas blancas ni con listas de partidos legales”. Merece la pena detenerse en esta exigencia, porque a fuerza de vivir en un estado de excepción política permanente nos hemos acostumbrado a no detectar las agresiones al sistema democrático. ¿Puede el poder ejecutivo en un Estado de Derecho impedir que otras formaciones políticas que hacen lo que la Ley les exige y cumplen los requisitos que en ella se imponen –aunque sea a regañadientes- impedir la legalización de una fuerza política para obstaculizar su concurrencia a unas elecciones? Como impone el sentido común y la separación de poderes, el órgano jurisdiccional competente no es ni puede ser jamás el Gobierno.

“Si la ley les hubiese obligado a decir '¡Viva España!' lo hubiesen dicho”, apuntó el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal. Y yo me pregunto perplejo: ¿Cabe esperar otra cosa que el cumplimiento de la Ley? Nada más podemos exigir, porque de lo contrario tendremos que concluir que no hay libertades políticas en este país, que sería tanto como darles la razón a los terroristas. Es perverso que algunos mantengan que si los batasunos cumplen a rajatabla lo que la Ley de Partidos exige, “han buscado una treta para burlar la Ley” y si no condenan la violencia, son lo mismo que ETA… ¿Qué les estamos demandando realmente? Oigo a Federico Jiménez Losantos preguntar “¿Han pedido la disolución de la banda? ¿Han pedido la entrega de las armas? ¿Han pedido que se entreguen los terroristas y tras pedir perdón a las víctimas, asuman las consecuencias penales de sus crímenes? ¡Noooooooo!”. Y yo me pregunto ¿es que acaso eso lo exige la Ley? ¡Noooooooo! Entonces, se les está pidiendo ir más allá de lo que la ley impone. El propio periodista lo reconoce un poco más tarde al decir “si aplican la ley de partidos la legalizarán”.

Si Sortu cumple estrictamente con la Ley Orgánica de Partidos Políticos, solo puede ser legalizada y no hay nada más que hablar desde el punto de vista jurídico y político. Y cualquier maniobra para presionar a los Tribunales en un sentido o en otro ha de ser claramente denunciada. En los últimos años ha habido importantes avances en la lucha contra ETA y su entorno, como el encarcelamiento de los integrantes de la mesa nacional de Batasuna. Pero también importantes fracasos que han supuesto un deterioro brutal de las libertades públicas establecidas en la Constitución. Estoy hablando de la muy reciente sentencia del caso Udalbiltza y del cierre indebido del diario Eguin. Quizá sea la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos la mejor forma de propinar un certero descabello a ETA, porque en esta ocasión lo que les dará alas será una eventual prohibición. Y si vuelven a engañarnos, los promotores de la nueva formación acabarán todos a la cárcel. Ellos sabrán lo que les conviene: o escaños o bombas.