29 noviembre 2014

QUERELLA VA, QUERELLA VIENE


El jueves en el Congreso Rosa Díez, líder de UPyD, propuso al presidente Mariano Rajoy la modificación de 2 artículos de la Constitución para suprimir el aforamiento a todos los parlamentarios, al entender que se trata de un privilegio. El aforamiento no es sinónimo de impunidad como a menudo se quiere hacer creer. Se introdujo en el ordenamiento jurídico español, como en el de muchos países, para proteger a los cargos públicos y representantes políticos de querellas maliciosas que buscaran apartarles de sus funciones con acusaciones infundadas. Es lo que se conoce como fuero parlamentario. Antaño fue una práctica habitual tender una trampa al rival político y acusarle de cometer algún delito para acabar con él. Ahora sólo es necesario que le citen como imputado. Hay individuos que han aprendido la estrategia y no dudan en aplicarla, judicializando la vida política y recurriendo a Fiscalía y Tribunales para intentar conseguir allí lo que no se ha logrado en las urnas, sabiendo que un  imputado se ha convertido en un apestado político.

Antoni Verger, portavoz de MÉS en el Ajuntament de Palma, no ha podido presentarse a las primarias de su formación (aunque algunos dirán que más se trataba de una OPA hostil contra Esquerra Republicana y su presidente Joan Lladó) ante la inminencia de su imputación por la compra de unos trenes sin concurso previo cuando era director general de Mobilitat durante el Pacte de Progrés. Verger, con gran enfado, acusa a José Ramón Orta, actual gerente de SFM, de presentar una querella falsa sólo para acabar con su carrera política. Quizás sea verdad pero ¿cuántas veces lo ha hecho antes el PSM? Ellos tienen el récord en presentar denuncias, pero hay que ver lo mal que les sienta beber del jarabe que tan a menudo ellos recetan. Ahora MÉS quiere denunciar penalmente al exalcalde de Mancor y conseller del Consell Insular Bernardí Coll. También un exregidor del PSM denunció al alcalde de Vilafranca, Montserrat Rosselló (PP) por un asunto alejado del ámbito penal que ha supuesto su imputación, con la evidente intención de que José Ramón Bauzá lo aparte de la lista municipal en las elecciones, en aplicación del Código Ético, cuyo incumplimiento denuncia oportunistamente Esquerra Unida. Pretender acabar con el rival político utilizando los tribunales es barriobajero y ya hay demasiada gente que le ha cogido el gusto a tan artera maniobra.

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22 noviembre 2014

MONTAJES POLICIALES Y JUDICIALES


Katiana Vicens, líder de CC.OO. Baleares, ha recurrido la condena a pagar una multa de 3.960 euros que le fue impuesta por un delito de coacciones y otro de daños. Por suerte para ella resultó absuelta de la acusación más grave, un delito contra los derechos de los trabajadores por el que la Fiscalía solicitaba (y sigue solicitando, ya que también ha recurrido con una persistencia digna de mejor causa) 4 años y medio de cárcel, cosa excesiva a todas luces. Tras el juicio Vicens criticó que la actuación del Ministerio Público rozaba la inconstitucionalidad. PSIB, MÉS, UGT y STEI-i, entre otros, le mostraron su apoyo.
 
También acabamos de conocer la condena a Marcel Pich de Endavant-OSAN y Robert Abela de CGT, a 8 meses de cárcel y 240 euros de multa. La Fiscalía les acusó de desorden público, lesiones y atentado a la autoridad durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012, por lo que pedía 4 años de cárcel para cada uno de ellos, muy lejos de la pena impuesta afortunadamente. A raíz de esta condena, el sindicato STEI-i ha denunciado el “montaje policial y judicial” llevado a cabo contra Pich y Abela, y rechaza “la represión contra las personas que impulsan el despertar del pueblo mallorquín”. MÉS se pronunció en parecidos términos, mostrando su solidaridad con los condenados y rechazando “la criminalización de los movimientos sociales y sindicales”.
 
La izquierda nacionalista considera toda actuación judicial contra sus afines o amigos como actos de represión intolerables, mientras que las actuaciones policiales y judiciales contra otras formaciones políticas, entidades sociales o colectivos son aplaudidas y jaleadas. Cuando han ocurrido, los de MÉS se han felicitado públicamente pero cuando son ellos los puestos en la picota, se trata de actuaciones represivas contra el pueblo mallorquín. Los de Biel Barceló hablan de “acción coordinada desde altas instancias del Estado Español”, pero sólo alzan la voz cuando los suyos o sus allegados son las pretendidas víctimas. Si los procesos son a otros, se trata de la pura y simple acción de la Justicia. No les parece censurable la interrupción a gritos de una celebración religiosa en un templo católico, ni la ocupación tumultuosa del despacho de un conseller, pero si se juzga y condena a dos activistas por enfrentarse a la Policía, estamos ante un montaje policial y judicial. ¡Y luego querrán que los tomemos en serio!

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17 noviembre 2014

NÚÑEZ, EL MÁS RICO DE LA CÁRCEL


Pese a sus 83 años y su inmensa fortuna, José Luis Núñez ingresó junto a su hijo en la prisión barcelonesa de Quatre Camins. Una condena de la Audiencia de Barcelona a 6 años de cárcel por sobornar a inspectores de Hacienda, que luego el Supremo redujo a 2 años y 2 meses, ha terminado poniendo entre rejas a quien fue presidente del F.C. Barcelona entre 1978 y 2000. Defraudaron a finales de los 90 más de 13 millones de euros pagando a  inspectores con dinero e inmuebles por más de un millón.
 
Núñez desembarcó en Mallorca en septiembre de 2004 al adquirir 37.000 metros cuadrados en la fachada marítima. Solo 2 meses antes el responsable de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, había anunciado la reforma de la fachada marítima. Núñez quería  demoler el edificio Gesa y edificar 3 bloques de pisos de lujo de hasta 7 alturas. El Colegio Oficial de Arquitectos quiso impedirlo y solicitó al Consell la protección del emblemático edificio de Josep Ferragut. Al ver sus planes frustrados, Núñez se querelló contra la cúpula del Consell por la adjudicación 7 meses antes del solar de Can Domenge. Una venganza en toda regla que consiguió llevar a Munar, Nadal y Vicens a la cárcel. Incluso encargó a los detectives de la agencia Método 3 que espiasen a Munar. Finalmente la compraventa del solar de la fachada marítima fue anulada y Endesa debe devolver los 73 millones que Núñez pagó por el solar. Debe ser el tipo más rico de la cárcel de Quatre Camins.
 
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15 noviembre 2014

LA SEMILIBERTAD DE MATAS


Ángel Yuste, responsable de Instituciones Penitenciarias, compareció el jueves ante la Comisión de Interior del Congreso para explicar por qué su departamento otorgó el tercer grado a Jaume Matas. Negó categóricamente que el ex ministro haya recibido trato de favor o privilegio alguno y fundamentó su decisión en que ha mostrado un comportamiento ejemplar en la cárcel, está plenamente integrado en la sociedad, tiene familia normalizada, acredita tener trabajo y tiene contactos sociales previos a la comisión del delito. Sus prolijas explicaciones resultaron convincentes, aunque los diputados de la oposición, decididos a utilizar esta cuestión para desgastar al Gobierno, le criticaron duramente. El diputado mallorquín Pablo Martín acusó a Yuste de generar alarma social ya que lo considera un indulto encubierto. Reconozcamos que en materia de indultos y de corrupción el PSOE acredita gran experiencia. Sin embargo, cuesta entender qué alarma social puede causar que Matas salga de la cárcel cada día para trabajar y regrese cada noche a dormir. ¡Qué ridículo! ¡Ni que fuera el pederasta de Ciudad Lineal! Es deplorable que el responsable de las prisiones tenga que explicar a sus señorías lo que es el régimen abierto, al que están sometidos más del 16% de los internos en España no porque les convenga a ellos –que también–, sino porque le conviene a toda la sociedad. Las penas impuestas por los tribunales deben estar encaminadas a lograr la reinserción social de los penados y la cárcel –aún más el régimen cerrado– debiera limitarse absolutamente a los delitos graves y a los delincuentes peligrosos. Lamentablemente en España preferimos encarcelar a Isabel Pantoja, aunque de nada sirva, antes que dejarla en semilibertad o colocarle un GPS y que así pueda trabajar y pagar la multa de más de un millón de euros a que fue condenada por blanqueo.
 
Ayer el Fiscal General del Estado Eduardo Torres Dulce defendió la decisión de la Fiscalía de recurrir ante el juzgado de vigilancia penitenciaria para lograr revocar el tercer grado a Matas. Se comprende su nerviosismo con el pastel que tiene a cuenta del 9N, pero esta intranquilidad no debería llevarle a cometer excesos como el de calificar de miserables a quienes no mantienen el mismo criterio que el fiscal Pedro Horrach. Ni José Castro ni los magistrados de la Audiencia de Palma se merecen estos improperios.
 
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08 noviembre 2014

MÁXIMA ALARMA


Ante la situación de “máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política” que denuncian en un comunicado 5 asociaciones de jueces y fiscales, era previsible que la sección 2ª de la Audiencia no dejase ir sin más a Cristina de Borbón. Hubiesen podido evitar que fuera juzgada, asumiendo las tesis de su defensa y de la Fiscalía –a la que censuran duramente por criticar al juez Castro y por considerar que carecía de interés en recurrir y de legitimación–, pero no lo han hecho. Admiten que pueden existir 2 delitos fiscales cometidos por la infanta, aunque la exoneran del blanqueo de capitales. Es curioso porque estos mismos jueces, en otros asuntos muy  relevantes, han condenado al considerar lógico que unos acusados debían estar al corriente de lo que hacían sus subordinados; pero la hermana del Rey no tenía por qué saber de las fechorías que cometía su esposo y de cuyo fruto ella se beneficiaba a través de Aizoon, sociedad pantalla participada al 50% por ambos cónyuges. La infanta debe renunciar ya a sus derechos dinásticos y prepararse para ir a juicio. Sus abogados han sufrido un durísimo  varapalo y deberán encomendarse a la doctrina Botín, de dudosa aplicación a este caso.
 
Jueces y fiscales se han erigido como el último dique de contención contra la corrupción. Esta “máxima alarma” aconseja a la Fiscalía recurrir el 3er grado de Jaume Matas. Nadie se conforma con verle entrar en prisión por una condena de 9 meses por la que nadie sería encarcelado. Ahora se exige abolir la progresión de grado e incluso aprobar el cumplimiento íntegro de penas, como a los terroristas. ¡Ejemplaridad! Se alega la alarma social que causa que Matas salga de la prisión, pero Antònia Ordinas y Felipe Ferré, condenados a más de 3 años de cárcel, ya disfrutan de permisos, salen a la calle y nadie se alarma por eso. Los socialistas acusan al Gobierno de conceder un indulto encubierto a Matas al otorgarle el 3er grado pero ellos, como el resto de grupos parlamentarios, apoyaron en 1979 la Ley Penitenciaria. Seguramente se les olvidó impedir la progresión de grado si el penado se apellida Matas. En circunstancias normales el expresident estaría 3 meses encerrado, 3 en 3er grado y 3 en libertad condicional, pero no vivimos en la normalidad y los jueces y fiscales han determinado que a grandes males, grandes remedios, con el grado de injusticia que eso conlleva.
 
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01 noviembre 2014

AL FIN MENOS IMPUESTOS


El Govern aprobó el lunes el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2015. El conseller José Vicente Marí explicó sus líneas básicas. Todas las consellerias, exceptuando la de Hacienda, aumentan su presupuesto. Se reduce el gasto destinado a deuda pública y el gasto financiero, se devuelve un 25% de la paga extraordinaria que no se pagó a los trabajadores públicos en 2012 y lo más importante, se bajan impuestos directos como IRPF, transmisiones patrimoniales para vehículos usados y casi todas las tasas. Cuesta entender el pesimismo y la acerada crítica de algunos analistas ante este anuncio de reducción de la presión fiscal que aumentará la renta de los baleares en 250 millones durante los 2 próximos años. Esta es una medida necesaria para estimular el consumo, cosa imprescindible para fortalecer la recuperación económica y la creación de puestos de trabajo. La crisis ha sido dura y difícil para todos. Su gestión no ha sido fácil, pero las medidas económicas puestas en marcha por el Govern de José Ramón Bauzá parecen haber dado resultado.
 
El PP está presentado estos días a sus cabezas de lista en muchos municipios enarbolando la bandera de la estabilidad. Ponen el acento en su principal baza, subrayando las incertidumbres que los pactos postelectorales generan, en especial cuando no se anuncian con antelación. Si la líder del PSIB Francina Armengol no lo aclara, los electores no saben si su partido estará dispuesto a pactar con Podemos si le hiciera falta para llegar al Consolat de Mar. Otros líderes y candidatos del PSOE lo han descartado con rotundidad, como Pedro Sánchez o su candidato a la alcaldía de Madrid, Antonio M. Carmona, quien afirma que “nunca pactará para gobernar ni con ‘populares’ ni con populistas”. Pero Armengol calla.
 
Quienes esperan poder pactar con Podemos, llegado el caso, son los de MÉS. Uno de los suyos, Andreu Caballero, ha sido condenado a pagar de su propio patrimonio alrededor de 10.000 €, como otros 9 miembros del consejo de administración de Televisió de Mallorca. La Justicia les considera responsables de la insolvencia del ente al no solicitar concurso voluntario de acreedores en el plazo legal. Pero MÉS ha anunciado que se hará cargo de este pago, subvencionando la negligencia y mala gestión de uno de los suyos en una empresa pública. En lugar de apartarle, le premian. Un deplorable ejemplo.
 
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