NO CABE RECURSO

"Contra esta resolución no cabe recurso alguno, pudiendo los interesados reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas". ¿Cual es la parte de “no cabe  recurso alguno” que no se acaba de entender bien? Parece increíble que gente tan docta y sabia como el prestigioso letrado catalán Miquel Roca i Junyent, abogado de la infanta Cristina de Borbón, o el portavoz de los concejales socialistas de Valencia, Joan Calabuig (que estudió algo de Derecho), no entiendan el significado de la frase que encabeza esta columna. Estos ilustres personajes, tan pronto leyeron el auto de apertura de juicio oral que el juez José Castro cantó el lunes con más ganas que los niños de San Ildefonso con los números de la lotería de Navidad, se lanzaron a anunciar un recurso que no cabe y por tanto no puede ser admitido. ¿Se imagina que sube a un avión y cuando la azafata advierte a los pasajeros que apaguen el móvil, alguien corre a sacárselo del bolsillo para hacer una llamada? Hemos pasado del “te pongo una querella” a “te meto un recurso”. Al menos Anticorrupción ha mostrado más cautela en esta ocasión.

Hablando de recursos, ¿piensa la Fiscalía recurrir el tercer grado concedido a José Luis Núñez padre e hijo, al igual que recurrió el concedido a Jaume Matas? Pese a que fueron condenados a 2 años y 2 meses por sobornar inspectores de Hacienda, solo han cumplido 38 días de reclusión. Una minucia que no ha sido calificada de "indulto encubierto" por el PSOE, ni ha merecido una comparecencia parlamentaria por parte del responsable de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. Ahora no ha habido escándalo alguno. Con Matas se afirmó que no había mostrado público arrepentimiento ni estaba reinsertado. ¿Acaso lo están los Núñez? Debe de haberles cundido mucho el tratamiento recibido en Quatre Camins. Es una absoluta vergüenza que el tío más rico de la cárcel haya sido puesto en libertad sin haber cumplido ni un 9% de su condena. Sobornar a funcionarios durante años con un millón de euros para defraudar 13 millones en impuestos se arregla con 38 días de privación de libertad, y como son ricos, separados del resto de reclusos. Hasta los sindicatos de prisiones han denunciado el escandaloso trato de favor. Se alegará que Núñez padre tiene 83 años, pero su hijo tiene bastantes menos y también disfruta ya de la semilibertad. Y contra esto sí cabe recurso.

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BÚSQUEDA DE NOTORIEDAD

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó enviar a prisión preventiva al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Tan radical medida fue solicitada por UPyD. Critica el magistrado que UPyD no es parte perjudicada y les reprocha su búsqueda de notoriedad. Yo añadiría que también rédito político, que es lo que busca cualquier partido porque todos quieren ganar las elecciones o quedar en la mejor posición posible y utilizan la corrupción ajena para desgastar al rival, a la vez que hipócritamente disimulan la propia cuando no la encubren directamente. Hay formaciones que incurren en irregularidades para financiarse y así obtener más recursos para sus campañas electorales, lo que parece haber sucedido en el PP de Jaume Matas según declaró Daniel Mercado (propietario de Over y beneficiario confeso del presunto amaño de contratos en Madrid, Castilla-León, Valencia y Baleares), y también en el de Francisco Camps, recién imputado por la Fórmula 1.

No se entiende que el juez Andreu critique la búsqueda de notoriedad. ¿Qué otra cosa mueve a Manos Limpias? Es lo que normalmente buscan quienes ejercen la acusación popular. A Manos Limpias no les basta con que la infanta Cristina haya pagado los 587.413 euros que le reclamó la Fiscalía como responsable civil a título lucrativo y  exigen responsabilidades penales. No basta con que devuelva el dinero. Pero lo que nunca ha bastado para nadie, sobra para la Infanta, amparada en su desconocimiento y nula participación. ¿Y si utilizó a su marido de testaferro? Ella nunca tuvo necesidad de hacer nada directamente. Si Iñaki Urdangarin no hubiera sido marido de Cristina de Borbón y yerno del rey Juan Carlos I, ¿hubiera sido recibido por Matas y hubiera cobrado dinero público, a dedo y sin concurso?

La Fiscalía ha anunciado que recurrirá si el juez José Castro no aplica la doctrina Botín a la infanta, lo único que evitaría que se siente en el banquillo. Sus abogados podrán alegar dicha doctrina en la primera sesión del juicio, como cuestión previa, pero ella no se librará de estar allí presente. Y si los magistrados de la Audiencia hacen lo que han hecho siempre, cosa que no hay por qué dudar ya que la Justicia es igual para todos, postergarán su decisión hasta dictar sentencia, con lo que la infanta tendrá que permanecer en el banquillo todo el juicio. Como el resto de los mortales.

 

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PEREGRINACIÓN A LOS PATINES

El sindicato STEI-i también se apunta a aquello de “A la Fiscalía vas, Barrabás” y tras convocar a la prensa, claro está, fueron a hacerse una foto a la sede del Ministerio Público en la Plaza de los Patines porque, según dicen, la consellera Nuria Riera, la directora del SOIB Xisca Ramis, el secretario general de la Consellería y el profesor a cuyo traslado se opuso absolutamente el dimitido director general de Educación Miguel Deyá, han cometido presuntamente delitos de prevaricación, tráfico de influencias, soborno y malversación de caudales públicos. ¡Y dos huevos duros! De esta peregrinación del STEI a Los Patines se deduce que no han encontrado ningún abogado de los muchos y competentes que trabajan para el sindicato, dispuesto a firmar personalmente una denuncia o una querella ante el Juzgado de guardia, directamente y a pecho descubierto. Se limitan a solicitar que un concreto miembro de la Fiscalía (hay cuatro fiscales adscritos a Anticorrupción) investigue el asunto. Cabe preguntarse si es que acaso al STEI no le vale cualquier fiscal. Tal celo investigador es algo absolutamente novedoso ya que no se recuerda que nunca antes denunciaran los centenares de veces que ellos eran los trasladados. O las comisiones de servicio cuando eran los afiliados al STEI los enchufados como asesores en la Consellería. Nunca habíamos oído hablar tanto de comisiones de servicio. Muchos no sabrán ni lo que son, pero entre lo del profesor de Educación Física de Lloseta y lo del juez Ruz, esta semana hemos recibido un curso intensivo de comisiones de servicio, cuando jamás se había hablado de ello. ¿Esto es lo que preocupa a los ciudadanos?

También el GOB emitió un comunicado de prensa la semana pasada anunciando que solicitarán al Defensor del Pueblo que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional,  contra la recién aprobada Ley Agraria. Más moral que el Alcoyano porque desde 1983 hasta ahora el Defensor del Pueblo solo ha presentado 27 recursos de inconstitucionalidad, de los que han resultado estimados total o parcialmente solo 11. Ahora el GOB quiere utilizar políticamente al Constitucional contra una Ley aprobada por el Parlament de les Illes Balears. Aquí todo el mundo hace de su capa un sayo y anuncia denuncias y querellas, hasta que son ellos los denunciados. Entonces se presentan como víctimas indefensas de los mecanismos represivos del Estado. ¡Ay, pobrecitos!

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"A LA FISCALÍA VAS, BARRABÁS"

No dejamos de leer noticias que transmiten la errónea y penosa percepción de que la corrupción va a más. Los jueces decanos se reúnen en Valencia y lanzan una batería de propuestas para luchar contra el fenómeno que se convirtió hace tiempo en el segundo asunto en importancia para los españoles según el CIS, solo por detrás del paro, aunque eso nunca ha impedido a los votantes otorgar el gobierno a presuntos corruptos, como en Catalunya, Madrid o  Andalucía, por citar algunos ejemplos relevantes. Si se argumenta que Mariano Rajoy carece de credibilidad a la hora de proponer medidas para combatir la corrupción, el PSOE de Pedro Sánchez no anda sobrado, con 2 ex presidentes de Andalucía (Chaves y Griñán) que no dimiten de sus cargos por no perder el aforamiento. Tampoco los jueces decanos pueden dar lecciones cuando piden eliminar aforamientos a los políticos, pero nada objetan a su propio aforamiento, el de casi 7.600 jueces y fiscales, como si ellos estuvieran exentos de sufrir la lacra que sí ha manchado a la Casa Real, partidos, sindicatos, bancos, etc. No hay que olvidar los viajes a cuenta del erario público del expresidente del CGPJ y del Tribunal Supremo Carlos Dívar. O como apuntó el jueves en Canal 4 TV el catedrático de la UIB Joan Oliver Araujo, lo tolerantes y comprensivos que se mostraron los magistrados del Supremo al rebajar la condena de Jaume Matas desde los 6 años y 9 meses impuestos por la Audiencia de Palma hasta los 9 meses de cárcel y sin embargo no fueron igual de comprensivos con Maria Antònia Munar, por la sencilla razón que UM jamás nombró a ningún miembro del CGPJ.

Que hay jueces y fiscales que ejercen una labor encomiable y discreta, está fuera de duda. Que los hay con aspiraciones al estrellato, tampoco. Y aunque no lo parezca, son humanos y por tanto no son infalibles. El varapalo que acaba de cosechar la Fiscalía Anticorrupción con la inadmisión de la querella por el 'caso Cesgarden' lo confirma. Ellos también se equivocan y cometen errores. Sin embargo se ha instalado entre los políticos la propensión de someter a la Fiscalía cualquier controversia. Ahí están Mateo Isern y Andreu Garau: "A la Fiscalía vas, Barrabás". El "calumnia que algo queda" ha dejado paso al "querella que algo queda". Sucede que se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Se va a por lana y quizás se vuelve trasquilado. Y es que quien juega con fuego, puede quemarse.

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