28 enero 2014

#Perboncamí


La EPA del cuarto trimestre indica que en Baleares hay 9.500 personas en paro menos que el año pasado. Sin embargo, los 134.600 desempleados siguen siendo una cifra altísima, un 22,25% de tasa de paro, cifra que continúa muy por encima de la media europea y es del todo inasumible. Dicen desde la Conselleria de Economía y Competitividad que se trata del séptimo trimestre consecutivo en que se crea empleo neto pero hay quien advierte de que, aunque es cierto que la cifra de afiliados a la Seguridad Social crece débilmente un 0,37% de media durante el 2013, las cotizaciones disminuyen porque los salarios son más bajos y menos las horas trabajadas. O sea, que se reducen las horas cotizadas a la Seguridad Social.
 
Estas cifras macroeconómicas enmascaran una brutal realidad que todos, en mayor o menor medida, hemos comprobado en nuestro entorno: muchos puestos de trabajo a jornada completa se han transformado en empleos a tiempo parcial. Vamos, que muchos trabajadores que estaban contratados a 40 horas, gracias a la reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en febrero de 2012, fueron despedidos y contratados a media jornada o aún menos. Los famosos minijobs han acabado siendo aplicados por la puerta de atrás y sin que nos enteremos.
 
Mucha gente está siendo contratada por cuatro horas diarias y sin embargo, son obligadas a trabajar 8 horas reales. Por no hablar de que muchos trabajadores por cuenta ajena son obligados a pagar de su sueldo las cotizaciones sociales que correspondería abonar a sus empleadores. “Es lo que hay”, les dicen. Y aún son más los falsos autónomos, quienes mayoritariamente trabajan en exclusiva para una empresa, en las instalaciones de esta y con horarios que ella misma determina, de modo que el empresario se ahorra las cotizaciones sociales e incluso, a menudo, hasta las vacaciones del trabajador. Un fraude cada vez mayor.
 
Y así, como el Gobierno vende por un lado que se crea empleo, pero por el otro lado las cotizaciones a la Seguridad Social se desploman, poniendo en peligro el sistema, no ha tenido otra ocurrencia que, a través un Real Decreto Ley, suprimir las exenciones en conceptos salariales como los pluses de transporte, las ayudas de guardería, los planes de pensiones, los seguros médicos privados o los tickets restaurante. Un auténtico atraco a mano armada que cambia las reglas del juego con el partido empezado y que dispara los costes empresariales, como se han apresurado a denunciar las patronales. El Gobierno que iba a bajar los impuestos y a favorecer la contratación acribilla a empresarios y trabajadores indistintamente con una voracidad recaudadora nunca vista.
 
En conclusión, hay más gente sentada a la mesa, pero todos comemos menos. Y los que no están siquiera en la mesa, los hogares que tienen a todos sus miembros en paro en Baleares, suman 41.900, casi un 5% más que en 2012. Cada vez más pobres, contratados en condiciones más precarias y crujidos a impuestos. Pero como dirían Rajoy y Bauzá, ¡vamos por buen camino!
 

 

25 enero 2014

JOANA MARIA CAMPS


El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, es más nocivo que el virus de la gripe A. Su persistencia en defender en solitario las prospecciones petrolíferas, ya sean en el Mediterráneo o en Canarias, es solo comparable a la tozudez de la consellera de Educación y Universidades del Govern, Joana Maria Camps, en reivindicarse por la vía de los hechos como la menos idónea para un cargo de tanta importancia. Y no pretendan culpar del desaguisado a Patri Moreno, la jefa de prensa destituida. La responsable última del caos es Camps.
 
Aún prevenidos por ella misma en mayo de 2013, cuando avisó con franqueza de que “mi experiencia en el mundo de la cultura es la que puede tener cualquiera de ustedes”, su gestión durante estos 8 meses no puede ser peor. A base de inmovilismo, sordera, coacciones y expedientes disciplinarios, tiene a toda la comunidad educativa hecha unos zorros. Desde 1983 ha habido 13 consellers, de todas las formaciones políticas, unos mejores y otros peores, pero ninguno como la actual. Francesc Gilet (PP), Maria Antònia Munar (UM), Alexandre Forcades (PP), Bartomeu Vidal (UM), Bartomeu Rotger (PP), Joan Flaquer (PP), Manuel Ferrer (PP), Damià Pons (PSM-EN), Francesc Fiol (PP), Bàrbara Galmés (PSIB), Bartomeu Llinàs (PSIB) y Rafel Bosch (PP), fueron todas ellas personas altamente capacitadas, cada cual con sus propias debilidades y virtudes. Pero Camps aborrece su propio departamento, lo ignora todo de la cultura, -parece detestarla tanto como el propio presidente Bauzá, lo que ya es decir- hasta el punto de traducir el informe PISA en informe “trepitja”, un error que caricaturiza al personaje de forma precisa. Y es incapaz de solucionar ni el más leve de los graves problemas que afectan a la educación, como es de ver. Con ella todo va a peor.
 
¿Qué sucedería si un funcionario cualquiera de la Conselleria de Educación no asistiese a los actos públicos a los que se supone que tiene obligación de acudir? Si Camps pretende seguir cobrando sin trabajar, Bauzá debiera cesarla inmediatamente por zángana. Se escaqueó de la ceremonia de inicio del curso en la UIB, pasó de la toma de posesión de Carme Riera en la RAE, no fue a los premios Ciutat de Palma y desprecia al Consell Escolar, al que acudió ayer por primera vez en 8 meses. ¿Al margen de tuitear compulsivamente, hace algo para ganarse el abultado sueldo que le pagamos? En absoluto.

(Publicado en Última Hora)

18 enero 2014

UN FISCAL CONSPIRANOICO


Pedro Horrach ha desertado de su tarea de fiscal para ejercer obscenamente de abogado defensor de Cristina de Borbón. En el juicio del caso Scala, Horrach acusó al PP balear de atacar sistemáticamente a la Fiscalía con una “teoría de la conspiración”. Lo mismo que él hace ahora con el juez Castro. “Se llama teoría de la conspiración y se repite hasta la saciedad hasta que cala en parte de la opinión pública”, fueron sus palabras. En Mallorca todo el mundo conspira excepto él, un conspiranoico pertinaz que concede entrevistas a Vanity Fair repitiendo hasta la saciedad la inocencia de la Infanta, a ver si cala.

Se trata del mismo fiscal que ante la Audiencia declaró que a decir de sus respuestas, Jaume Matas más que el presidente del Govern, parecía una figura simbólica. El mismo que mostró su indignación no solo “por el saqueo premeditado de fondos públicos, tantas veces impune”, sino también por “ver cómo, sin escrúpulos, no se asumen las consecuencias penales derivadas de sus propios actos”. El mismo que habló de las dificultades para “romper las pantallas” que se convierten en “barreras casi infranqueables”, que los cargos públicos levantan para ocultar sus delitos. El mismo fiscal que afirmaba que “no es posible” que Matas no supiera nada de la contratación irregular de Antonio Alemany. Y que parafraseando al capitán Schettino, afirmó que Matas y Alemany “se cayeron en una lancha que casualmente pasaba por allí”. Él, que acusó al expresidente de “aprovecharse de forma sibilina” de su cargo y que sentenció “¡miente Matas y miente su mujer!”. Y que en alusión al desconocimiento del hotelero Miquel Ramis del trabajo desempeñado por Maite Areal se preguntaba alborotado “¡cómo lo vamos a saber nosotros!” y “¿se pueden creer que Ramis no supiese lo que hacen sus empleados y más siendo la mujer del presidente?”. El mismo fiscal que aseguraba al jurado que “en el mundo de la gente normal esto no sucede” y que “suena a chiste de mal gusto”. El mismo que alardeaba de “pasos cortos, vista larga y bastante mala uva” y de tener, en cuestiones de corrupción, una capacidad de sorpresa “cada vez menor”.

Recordamos sus televisivos alegatos. Si Horrach está determinado a ridiculizarse, arrastrando con él a toda la Fiscalía Anticorrupción, allá él. Pero mejor sería pedir una excedencia e irse a trabajar al bufete Roca Junyent. Y que no difame más a José Castro de forma tan soez.
 
(Publicado en Última Hora)

11 enero 2014

NEUTRALIZAR AL JUEZ CASTRO


Hace ya muchos meses que Cristina de Borbón, si no fuera la hija del Rey, hubiera comparecido ante el juez José Castro para dar explicaciones de su presunta participación en los hechos protagonizados por su esposo Iñaki Urdangarin a través de la sociedad Aizoon, propiedad de ambos. Su mismísimo secretario y miembro del personal de La Zarzuela, Carlos García Revenga, ya lo hizo como imputado en febrero del año pasado, ya que fue tesorero del Instituto Nóos. Los indicios son abrumadores para cualquiera que quiera verlos y los esfuerzos de la Fiscalía para ahorrarle el trance chocan frontalmente con un mínimo sentido de la Justicia muy difícil de aceptar. ¿Hemos de creer a Horrach cuando afirma, tras reunirse con el fiscal jefe Anticorrupción Antonio  Salinas, que se está pensando si recurrir o no y que tiene las manos libres para actuar según su propio criterio? Es difícil hacerlo.

Hace falta estar muy convencido de lo que se hace para actuar como lo está haciendo el magistrado Castro. A pesar de sus comentarios a veces fuera de lugar y de su exceso de ironía, está demostrando tener un enorme coraje y un profundo sentido del deber. Los insultos y ataques que los medios conservadores y monárquicos profieren contra él, le enaltecen y retratan a la perfección a aquellos que los emiten, contrarios a que la Infanta sea investigada. La Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado están actuando de una forma torticera para proteger a Dña. Cristina y a su través, a la Corona. Están consiguiendo justamente lo contrario.

En la anterior desimputación de la Infanta, la Sección 2ª de la Audiencia se mostró dividida y el magistrado Juan Jiménez emitió un voto particular al discrepar de sus colegas. Jiménez acusó al fiscal de neutralizar la acción investigadora del juez y de pretender “que la convocatoria a declarar ante el Magistrado Instructor contenga la determinación de los hechos que se imputan”, cosa que al final Horrach ha logrado. Además, afirmó refiriéndose a Urdangarin: “No se puede descartar que su esposa tuviera conocimiento de la situación”. Es de suponer que Jiménez mantendrá su criterio favorable al juez Castro y a que Dña. Cristina comparezca ante él como imputada. Lo que finalmente suceda está en manos de Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna, jueces que se mostraron implacables con UM. Habrá que ver si la hija del Rey les amilana.

(Publicado en Última Hora)

04 enero 2014

GESA: UN MAGNÍFICO MONUMENTO


Un informe pericial solicitado por el TSJB y realizado por la profesora Lilia Maure Rubio, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, dictamina que el edificio Gesa del arquitecto Josep Ferragut es un “magnífico monumento”, un “referente nacional” y un “hito de los años 60-70”. No se queda ahí: defiende que el grado de protección debiera ser aún mayor que la mera declaración de Bien Catalogado hecha en 2007. El juez de lo contencioso-administrativo nº 1 de Palma, Francisco Úbeda, anuló la catalogación del edificio en febrero de 2012, a pesar de reconocer que la tramitación de la catalogación fue absolutamente correcta y sin que se hubiese “aportado prueba alguna que permita determinar que la finalidad de dicha catalogación estuviere dirigida a alcanzar fines distintos de los legalmente previstos en la norma”. El juez asumió las tesis de un informe pericial encargado por José Luis Núñez y consideró que el edificio no merecía la catalogación.
 
La presidenta del Consell, María Salom, se vio en la obligación de recurrir aquella sentencia muy a su pesar. En marzo de 2012 ofreció una rueda de prensa junto a Mateo Isern, alcalde de Palma, y en tono compungido y lacrimoso, anunció: “Como presidenta no me queda más remedio, y en contra de mi voluntad, que tener que recurrir esta sentencia”. Si por ellos fuera el edificio Gesa hubiese sido reducido a escombros al instante. Dado que no hubo ningún funcionario del Consell dispuesto a suscribir tal aberración contra el patrimonio arquitectónico, los políticos del PP aparcaron momentáneamente, con gran tristeza, su promesa electoral de derribar el emblemático inmueble de la fachada marítima.

Isern afirmó entonces que “hacer política en base a vendettas tiene estas consecuencias”, obviando que la sentencia descartó motivaciones espurias. Además olvidó maliciosamente que la protección del edificio Gesa se hizo a instancias del Colegio de Arquitectos, con informes favorables de la UIB, de los técnicos de Patrimonio del Consell, de ARCA y otras muchas entidades. Y aunque el PP votó en contra (es decir, a favor de la destrucción de un “magnífico monumento” para levantar en su lugar 3 bloques de pisos de lujo de hasta 7 alturas), el resto de grupos (PSOE, UM, PSM-EN y EU-Verds) votaron a favor de su conservación. ¿Qué dirán ahora Isern y Salom? ¿Continuarán queriendo derribar el edificio?

(Publicado en Última Hora)