La Fiscalía va a por la cúpula de la extinta Unió Mallorquina. No se salva nadie. Munar, Nadal, Flaquer, Buils, Julve, Lliteres, Mateo y Eugenia Cañellas, Vidal, Mas, Losada, Rodríguez, Segura, Massanet, Castañer, Mir, Colom y Moragues. 18 capitostes para quien los fiscales Carrau y Subirán piden penas de prisión en la pieza Cilma del caso Voltor. De hecho, creen que todos conformaban una asociación ilícita para delinquir, con estructura piramidal. Deducir eso por el hecho de que una empresa no hiciera un determinado trabajo –aunque sí lo cobrara– es ir muy lejos y hacen falta más que suposiciones para demostrarlo. Pero los fiscales pescan con la red grande y no les importa si se llevan por delante a gente que nada tenía que ver con el asunto porque ya no persiguen a cada uno de los supuestos delincuentes, sino a todos los miembros de UM en su conjunto.
Esta tendencia del Ministerio Público de ver en todo a gente conchabada para delinquir contrasta con su miopía con el Instituto Nóos y con Aizoon. Consideran que la Infanta Cristina de Borbón, a pesar de ser propietaria al 50% de Aizoon, nada tenía que ver con la trama protagonizada supuestamente por su esposo Iñaki Urdangarin y Diego Torres. ¿No sería más fácil sospechar que Iñaki fuera el testaferro de su esposa? Y quién sabe si nos quedamos cortos. Dada la facilidad de la Fiscalía para atribuir tramas organizadas y redes delictivas, podrían en su delirio pensar que la Casa Real tuvo algo que ver en el saqueo de las arcas públicas. La defensa numantina que los fiscales hacen de la Infanta Cristina es vergonzante. Incluso el Fiscal General del Estado, sin haber interrogado a la hija del Rey, afirmó hace unas semanas que la Infanta ignoraba que en Nóos se cometían ilegalidades.
Con todo lo que vamos descubriendo de la trama Gürtel o con el asunto de los ERES de Andalucía, se sigue sin ver ninguna actuación contundente contra el PP ni contra el PSOE, como las vimos contra UM hasta conseguir su desaparición. Si en Unió Mallorquina alguien cometió alguna ilegalidad, es de Justicia que se aclare y que pague por ello. Pero la criminalización general a todo un partido político, a todos los que tuvieron alguna responsabilidad en él, e incluso a sus militantes es inaceptable. No lo hacen con el PSOE, ni con el PP, ni con nadie. Es fácil adivinar por qué sí con UM.
(Publicado en Última Hora)
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