La regidora de Gobernación de Sant Antoni de Portmany, la
socialista Aída Alcaraz, anunció en lunes
en IB3 Radio que dado que la gente tiene costumbre de beber cuando tiene sed, sin
prestar especial atención al lugar en que se halla, lo que incluso les lleva a libar
en la vía pública, y “ante la imposibilidad muchas veces de diferenciar si se
trata de alcohol o simples refrescos nos hemos visto ante la necesidad de
adoptar estas medidas”. Se refería a prohibir que los ciudadanos salgan
a la calle con cualquier tipo de bebida, sea la que fuere, porque igual en una
lata de Coca-Cola se ha introducido algún líquido espirituoso. Para ello se
modificará la ordenanza cívica en este sentido. Se da la peculiar circunstancia
de que la imposibilidad de discriminar entre bebidas alcohólicas o simples
refrescos a la que se refería la joven concejala debe ser privativa de la Policía
Local de Sant Antoni, pues no consta que una medida similar haya sido adoptada
jamás en ningún otro lugar de España. Se desconoce si esta disfunción tiene
alguna relación con la contratación de Ángeles Gallardo, directora técnica de
seguridad, cargo que se solapa con el del jefe de la Policía Local.
Me pregunto qué dirán sus colegas socialistas de Palma. Cuando
el PP se atrevió a aprobar una ordenanza cívica que desde luego no le llega ni
a la suela de los zapatos a la que impulsa el equipo de gobierno portmanyí,
poco menos que los tacharon de fascistas y otras lindezas mayores. Aquella era
una ordenanza infinitamente menos intervencionista que la que defiende Alcaraz,
pero los partidos de izquierdas salieron en tromba y finalmente la Justicia la
tumbó. Creo que ahora pasaría lo mismo –lo de los tribunales, digo, porque la
izquierda es quien patrocina la ley seca– y además nadie la cumplirá porque la
gente, cuando tiene sed, bebe, diga lo que diga la concejal. Y menos mal,
porque de lo contrario habría que reforzar el servicio de ambulancias del 061
ante la avalancha de lipotimias y desmayos.
(Publicado en Periódico de Ibiza y Formentera)