29 mayo 2013

LA AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL GOVERN



Hemos oído en boca del president José Ramón Bauzá en incontables ocasiones que su Govern no sería una agencia de colocación. Lo acaba de desmentir con sus hechos al nombrar al ex conseller y portavoz del Govern Rafel Bosch, asesor del conseller de Economía y Competitivitat, Joaquín García. No lo consideró bueno para dirigir en la segunda mitad de la legislatura la conselleria de Educació, Cultura i Universitats y sin embargo lo considera bueno para asesorar al conseller de Economía. Eso no se lo traga nadie. Lo que pasa es que al ex portavoz del Govern lo dejaron tirado como a una colilla y como no es funcionario y su puesto de director del colegio Lluís Vives estaba ya ocupado, había que colocarlo en algún lado o enviarlo a las oficinas del SOIB que hasta hace pocas semanas dependían de él mismo, lo cual queda mal. Francamente, no veo al bueno de don Rafel en la cola del paro, aunque dudo que haya placer mayor para los dirigentes del Círculo Balear.
 
Constatamos una vez más dos cosas: la primera, que José Ramón Bauzá ha perdido el más mínimo atisbo de credibilidad y miente más que habla. De continuo hace lo contrario de lo que prometió que no haría jamás. Y la segunda, que los políticos continúan gozando de un sistema paralelo de canonjías y prebendas que no está al alcance del resto de los ciudadanos, que deben pagarlo con sus impuestos confiscatorios. Hay en Baleares 84.000 personas que buscan un trabajo y no lo encuentran, pero como no son ex consellers no reciben ninguna atención por parte del Govern, quien en un ejercicio de cinismo infinito despide a sus propios trabajadores ilegalmente, vulnerando sus derechos y sin pagarles la indemnización que les corresponde, con el argumento contrario al que utiliza para contratar a Bosch. ¿Y estos son los que venían a traernos una nueva forma de hacer política? Yo veo la misma forma parasitaria y oportunista. Igualmente descarada y carente de escrúpulos.

(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/7604-la-agencia-de-colocacion-del-govern)

25 mayo 2013

UNAS PIEZAS QUE NO ENCAJAN



Más allá del escándalo generado por las declaraciones de Bartomeu Vicens sobre Can Domenge, conviene entrar en el fondo de su relato para ver si las piezas encajan o no. No perdamos de vista que Vicens es coimputado y además, está preso por dos condenas firmes de malversación de caudales públicos de 3 años cada una. No podemos darle a sus palabras valor absoluto ni más del que estrictamente tienen, esencialmente porque él busca salir de la cárcel cuanto antes obteniendo un trato de favor que de otro modo no conseguiría. Y sobre todo quiere evitar que su esposa acabe encarcelada por blanquear dinero de Son Oms a través de Metalumba, motivo por el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel para ella y otros 19 para él. Casi nada.
Vicens ha introducido un elemento inédito sobre Can Domenge: que el concurso se amañó presuntamente por orden de Munar y Nadal para que ganase el Grup Fer y no Sacresa, como hasta ahora creía Anticorrupción, a cambio de una comisión de 3 millones €. Pero el Grup Fer no ganó porque el proyecto que presentó no era lo suficientemente bueno. O sea, que inicialmente el concurso no estaba amañado para que ganase Sacresa, como hasta ahora decía la Fiscalía, sino el Grup Fer, cosa que finalmente no sucedió. ¿Cómo es posible que se considere amañado un concurso y la empresa a beneficiar acabe en tercera posición? ¿Qué clase de amaño es este? Vicens afirma que el jurado técnico “fue totalmente imparcial” y que ganó el mejor proyecto, el de Sacresa – Ferrá Tur firmado por Jean Nouvel. Entonces ¿dónde está el amaño si ganó el mejor? Explica entonces Vicens que es después de que Sacresa obtenga la mejor puntuación cuando se le exige el pago del soborno, ahora 4 millones (la mitad por delante) pero no parece lógico que pague cuando ya ha ganado.
Vicens sólo ha devuelto 160.000 € que es un exiguo 26,6% de lo que dice haber cobrado y sólo un 4% de toda la supuesta comisión. Y por ahora no se ha encontrado más dinero a pesar de los registros. Las piezas no encajan y debe seguir investigándose. En estas circunstancias, llevar a juicio el caso Can Domenge sin que se juzgue el presunto soborno se antoja un disparate colosal. Una chapuza jurídica porque el cohecho sería el móvil del concurso y es ilógico juzgar una cosa sin la otra. Absurdo.  Puede acabar pasando que las prisas por despachar el asunto sin indagar convenientemente den al traste con todo el caso.
 
(Publicado en Última Hora el 25.5.2013)

18 mayo 2013

CÓMO DOBLEGAR A UN PRESO


Bartomeu Vicens ha aguantado mucho tiempo la presión pero si quería evitar que su esposa ingresara en prisión ha tenido que plegarse a las exigencias de la Fiscalía, que pedía para ella 13 años y 3 meses de prisión y para él 19 años por el caso Metalumba que se juzgará en noviembre. Vicens estuvo en el punto de mira de Anticorrupción desde que ingresó en la cárcel el 6 de julio de 2010 para cumplir una condena de 3 años por malversación, al pagar 12.000 € de fondos públicos a su contable. En mayo de 2012 fue condenado a otros 3 años de cárcel por un caso muy similar, cuando otorgó casi 12.000 euros a la productora Studio Media en 2004. La Fiscalía entonces le reconoció una  atenuante al devolver el dinero, pero no la de colaboración con la Justicia por su negativa a confirmar sus sospechas en Can Domenge. Ahora parece que Vicens ha aprendido la lección.
 
Los fiscales Carrau y Horrach visitaron en varias ocasiones a Vicens en prisión, junto a sus abogados Valdivia y Campaner, quienes ahora han renunciado a su defensa porque al parecer no cobran. Los fiscales tentan a Vicens y la recompensa es mucha: impunidad para su esposa y para él, cumplimiento como máximo del triple de la condena mayor que se le ha impuesto, que es de 3 años. En resumen: 9 años y por tanto, en 2014 acceso al tercer grado. Ya lo tuvieron más de 2 años sin pisar la calle ni en navidades, hasta que en noviembre del año pasado la Audiencia acordó la concesión de permisos de salida, en contra del criterio de la juez de Vigilancia Penitenciaria y de la Fiscalía. Había que doblegarlo como fuera.
 
Ante la  perspectiva de una condena muy elevada y la posibilidad de que su esposa acabe encarcelada por Metalumba, Vicens ha acabado cediendo. Acepta  pactar con la Fiscalía pero deberá facilitar información inédita. Se dice que confiesa haber cobrado un soborno de 600.000 € pero ¿dónde está el dinero? Si los tiene, es extraño que sus abogados hayan renunciado a su defensa porque no cobran. Y más extraño aún es que teniendo tanto dinero no lo utilizase para pagar la fianza de 100.000 € que en las navidades de 2009 le permitió eludir la prisión gracias a la colecta hecha entre sus compañeros de UM y otros amigos. Por todo esto no se puede descartar que Vicens sólo esté diciendo lo que la Fiscalía quiere oír, sin ninguna prueba y sin entregar el dinero. ¿Le bastará eso para recibir un trato de favor?
 
(Publicado en Última Hora, 18.5.2013)

11 mayo 2013

EL FISCAL CONTRA EL PP


Sabíamos por sus hechos que la Fiscalía Anticorrupción hacía el trabajo sucio del PSIB.  Ahora lo sabemos también por sus palabras. El fiscal Pedro Horrach lo confirmó el jueves en un ejercicio de sinceridad que hay que agradecer. Pero sorprende que lo haga con tanto desparpajo desde la sala del juicio del caso Scala, cuando el martes supimos que el fiscal jefe de Baleares Bartomeu Barceló ha dado instrucciones para que se reactive el caso Ibiza Centro, señal inequívoca de que estaba paralizado no sabemos si por orden suya. Ya demostró el fiscal jefe Barceló durante la apertura del año judicial en septiembre del año pasado que encaja muy mal las críticas y subyace aquí una preocupante y peligrosa propensión a silenciarlas. Muy a menudo lo consiguen facilitando información y acceso a los sumarios a algunos periodistas, aunque con ello conculquen la Ley. Pero de vez en cuando se oyen voces críticas por las actuaciones de la Fiscalía, en especial cuando se desvela en ofrecer un generoso trato de favor a una Infanta de España, que diría el canciller García-Margallo.
 
Es inexplicable que un sabueso como Horrach no vea que las críticas que se le hacen a la Fiscalía no son por los casos que han investigado, sino por los que no lo han hecho, aquellos donde aparecen miembros del PSOE. Es manifiesto el celo investigador en los casos que afectan a PP y UM y la flojera que dedican a otras formaciones políticas. Los ejemplos son innumerables. El último, el archivo de la denuncia del Ajuntament de Palma por el contrato de Jardins de Tramontana en 2008.
 
Dejaremos de lado esta querencia del fiscal Horrach de utilizar su turno de conclusiones finales para hacer política de baja estofa. Perdonaremos sus conferencias abarrotadas de  ex consellers y diputados socialistas aplaudiéndole. Tampoco tendremos en cuenta las fiestas en casa de Aina Salom junto a otros conspicuos socialistas. Pero no podemos disimular la rabia con la que hablaba porque no se acumula en un solo día. Y es comprensible que las críticas por su vergonzosa actuación en defensa de la Infanta Cristina hayan hecho mella en su ánimo, pero nunca tanta como para considerar “digna de admiración” la entereza de Antònia Ordinas, la mayor ladrona confesa de Baleares. Horrach no puede haber trabucado tanto como para confundir desvergüenza con entereza. Esperemos que no.

(Publicado en Última Hora el 10.3.2013)
 

07 mayo 2013

CLXIX ANIVERSARIO DE LA GUARDIA CIVIL



La Guardia Civil conmemora estos días el 169º aniversario de su fundación. Y lo celebra enardeciendo su espíritu militar y encarcelando en la prisión militar de Alcalá Meco a uno de sus agentes durante 3 meses y un día, como antiguamente. La Justicia Militar –que como dijo Groucho Marx es a la Justicia lo que la música militar es a la música– ha sentenciado que esta es la pena que le debe ser impuesta en aplicación del Código Penal Militar, por haber incurrido en un delito de insulto a un superior en la modalidad de maltrato de obra. Se trata del agente canario Juan Carlos Alonso que cuando estaba de servicio en un servicio de orden público apartó a un cabo que le estaba increpando y le dijo “déjame trabajar”. Por esto se le priva de libertad por tres meses.
 
El 20 de enero de 2007 miles de guardias civiles nos manifestamos en Madrid, conmigo a la cabeza, para que se dejase de aplicar el régimen castrense a los guardias civiles mientras no realizaran misiones de carácter militar. El Gobierno socialista atendió nuestra petición y aprobó dos Leyes Orgánicas: la 11/2007, de Derechos y  Deberes de los miembros de la Guardia Civil y la 12/2007, de Régimen Disciplinario. Esta última modificó el Código Penal Militar de modo que no se aplicase a los miembros de la Guardia Civil “en la realización de los actos propios del servicio que presten en el desempeño de las funciones que, para el cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, les atribuya en cada momento la normativa reguladora de dicho instituto”. Y establecía que lo anterior no sería de aplicación “en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el personal del citado Cuerpo se integre en Unidades militares”.
 
La voluntad del legislador está clarísimamente expresada pero se aplica aquí aquella máxima de “redacten ustedes las leyes que nosotros redactaremos los reglamentos”, dejando claro que a la Justicia Militar le importa un rábano la voluntad del legislador, las leyes que regulan la Guardia Civil y el sursum corda, e interpretan la ley a su conveniencia para hacerle decir lo que no dice. Sin embargo, los miembros de la Justicia Militar, una selecta banda de leguleyos que se autoproclaman a sí mismos juristas, cuando habitualmente actúan como un grupúsculo de desalmados defendiendo a su casta y a los privilegios que lleva aparejados (salvando honrosas excepciones), ante el peligro de ver decaer su carga de trabajo y la existencia misma del Cuerpo Jurídico Militar al que pertenecen, decidieron que las misiones militares en la Guardia Civil son todas, incluyendo las que habitualmente son desempeñadas en el marco de la seguridad ciudadana (policía judicial, tráfico, control de armas y explosivos, etc.) y no únicamente aquellas donde los agentes están incorporados en un contingente militar como puede suceder en Afganistán, Líbano o en maniobras militares realizadas bajo la autoridad del Ministerio de Defensa.
 
Y así tenemos un sistema penal militar que se nutre de encarcelar a guardias civiles por auténticas nimiedades, matando pulgas a cañonazos, encerrando a un agente en la cárcel separado de su familia y amigos durante tres meses, por hechos que no merecerían ningún reproche o en todo caso, de merecerlo sería suficiente con una suspensión temporal de empleo y sueldo que es lo que sucede en toda la Administración. Pero no en la Guardia Civil. La Guardia Civil prefiere seguir instalada en el año 1.844, en tiempos de la reina Isabel II. Tratando a sus hombres y mujeres idénticamente igual que entonces. Sin ningún derecho. Sin ninguna consideración. Peor pagados que el resto de cuerpos policiales. Humillados siempre. Y eso les enorgullece cuando debería caérseles la cara de vergüenza. Sonroja verles celebrar el inmovilismo pétreo. Hasta en el modo en que castigan a sus propios agentes. Como en 1.844 porque por ellos, no pasa el tiempo.

(Publicado en www.ciutat.es:
 http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/7268-clxix-aniversario-de-la-guardia-civil)
 

05 mayo 2013

EL VALOR DE CAN DOMENGE


Hay algunos más pesados que los mosquitos del Pla de Sant Jordi en primavera. A fuerza de repetir que el solar de Can Domenge valía 60 millones intentan colar la mentira, pero como tantas veces dice el president José Ramón Bauzá, “una mentira repetida mil veces, no se transforma en realidad”.
 
En el sumario del caso no hay una única valoración, sino varias. Hay una, la del jefe de los servicios técnicos de urbanismo del Consell, Mariano Gual de Torrella (29’3 millones); hay una de tres arquitectos del Colegio Oficial de Baleares a petición de la jueza (60,1 millones); hay otra de Raúl Burillo que en el juicio tendrá que defender la arquitecta de la Agencia Tributaria María José Gil Díez-Ticio (57,7 millones); y hay una de Josep Roca, catedrático de arquitectura legal, derecho urbanístico y valoraciones de la Universitat Politècnica de Catalunya, hecha por encargo del Consell de Francina Armengol en febrero 2008, de 34,2 millones €, donde critica duramente a las dos anteriores por utilizar fórmulas inapropiadas que sobrevaloran el terreno. También hay una valoración del arquitecto Juan Alberto Borrás intervenida durante un registro a Sacresa, de 23,2 millones hecha en junio de 2005, antes del concurso. Y aún habrá otra antes de empezar el juicio porque el propio Consell solicita en su escrito de acusación como prueba pericial una tasación “sobre el valor actual de mercado (…) lo más próximo posible a la celebración del plenario en aras a obtener la mayor exactitud en la valoración”, que puede fijar el valor del solar cerca de los 7 millones que Jaime Bauzá, propietario de Cotesa, ha pagado a  BMN-Sa Nostra. Así pues, el tema del valor del solar no es algo tan claro e indubitado como se pretende, sino justamente la madre del cordero en el caso Can Domenge.
 
La jueza fijó una fianza civil de 37 millones € al considerar que ese fue el perjuicio sufrido por el Consell. Siempre que, claro está, el solar valiera 60 y no 30, lo cual es muy discutible y se tendrá que aclarar en el juicio a partir del 5 de junio. Se dice que el solar fue malvendido y está por ver, pero lo cierto es que en su día la institución cobró 30 millones y Francina Armengol no quiso pagarlos por recobrarlo y eso que según ella valía el doble. Ni María Salom entregar 7 de los 30 ya cobrados en 2006, recuperando así el solar. ¿No es eso malversar? ¿Quién ha causado un perjuicio mayor a la institución?

(Publicado en Última Hora, 4.5.2013)