La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, compareció este lunes ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, para dar explicaciones sobre el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza a su departamento del accidente aéreo del Yakolev-42 que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003. En el Congreso estaban presentes los familiares de algunos de los 62 militares que perdieron la vida en el vuelo que les traía a España tras 4 meses de misión en Afganistán. Y a ellos la ministra les ha pedido perdón en nombre del Estado, gesto que ellos han agradecido, pues supone un cambio de posición política notable por parte del Partido Popular.
En efecto, los familiares de las víctimas han pasado un auténtico calvario durante muchos años por la cerrazón del entonces responsable de Defensa, Federico Trillo, de limitar el asunto a un mero accidente aéreo del que resultaron responsables los pilotos y no admitir ninguna culpa en el asunto de la contratación del aparato, ni en la desatención de las numerosas quejas sobre las condiciones de aquellos vuelos que los militares trasladaban, ni en la errónea identificación de los cadáveres.
Visto con la perspectiva que dan los 14 años transcurridos desde el dramático suceso, todo lo que envolvió aquel episodio solo puede calificarse de deplorable. La insensibilidad del Gobierno de José María Aznar para con las familias de las víctimas fue algo que solo puede avergonzar y hace muy bien Mariano Rajoy, que fue miembro de aquel Ejecutivo, en corregir la injusticia y el error. Lo dicho no es óbice para afirmar que designar embajador en el Reino Unido a Federico Trillo fue una decisión calamitosa que adoptó Rajoy y que supuso un escarnio para los familiares de los militares fallecidos.
Sin embargo, no se puede aceptar el planteamiento de aquellos que pretenden impedir que Trillo regrese a su plaza de Letrado del Consejo de Estado, plaza que logró por oposición. Los que defienden tal cosa intentan que un funcionario público sea removido de su plaza sin causa legal que lo justifique, lo que no tiene cabida en nuestro ordenamiento legal. El exministro y expresidente del Congreso de los Diputados ha de poder regresar a su plaza porque no hay ninguna norma que lo impida y no se trata de una decisión política, sino de la aplicación de la Ley.
(Publicado en mallorcadiario.com)
No hay comentarios:
Publicar un comentario