Entre mayo de 2013 y septiembre de 2014, Balears tuvo una
consellera menorquina de Educación, Cultura y Universidades que se llamaba
Joana Maria Camps. En abril de 2014 la Assemblea de Docents se querelló contra
Camps por un delito de malversación de caudales públicos. La acusaron de haber
pasado 134 días en Menorca cargando los gastos de traslado en 32 ocasiones al
erario público en solo 8 meses, además de que estaba percibiendo 22.000 euros
al año por ser consellera y estar empadronada en Menorca. En noviembre de 2015,
el Govern decidió que la Abogacía de la Comunidad Autónoma se personase en la causa
como parte perjudicada por el supuesto despilfarro de dinero público. Ese mismo
mes Camps tuvo que declarar ante el juzgado, pero la causa fue archivada. Ahora,
tras saber que la consellera ibicenca Pilar Costa ha viajado hasta 11 veces a
Ibiza y que en 5 ocasiones aprovechó el fin de semana para quedarse en la isla,
justificando actos ajenos a sus competencias, hay que suponer que la Assemblea
de Docents presentará la correspondiente querella. Y que la Abogacía de la
Comunidad Autónoma que ahora también dirige Pilar Costa -pues tras el cese de
Lluís Segura a finales de septiembre, aún no hay sustituto-, se personará en la
causa para defender los intereses de los ciudadanos. Pero no, señores, ahora Costa
apela a la necesidad de hacer pedagogía. Sucede que si los viajes los hace un
conseller del PP hay que ir a los tribunales y si los hace un conseller del
PSOE, hay que hacer pedagogía. Pero es que es muy sencillo: si va a quedarse en
su casa el fin de semana, debe pagarse el viaje de los 22.000 euros que cobra de
más. Nadie niega su derecho a pasar el fin de semana en Ibiza, pero que se lo
pague ella. Hacerlo de otro modo es aprovechar un acto del Govern para viajar a
Ibiza a costa de las arcas públicas.
(Publicado en Periódico de Ibiza y Formentera)
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