En el año 2015, doce internos de la cárcel de Palma
perdieron la vida. En un país democrático, donde estuviera vigente el Estado de
Derecho, con tribunales independientes, este mero dato sería motivo de
escándalo y obligaría a los gobernantes a adoptar medidas y a depurar
responsabilidades. En la cárcel de Palma se violan los derechos de los presos
con una única finalidad: fastidiarles y hacerles la vida imposible. Que su paso
por la cárcel les escarmiente, a costa de triturar su dignidad y pisotear sus
derechos, incumpliendo la Ley. Margalida Sotomayor tenía razón: se vulneran los
derechos humanos, cosa que no parece importar ni al juzgado de vigilancia
penitenciaria.
Tras el relevo de Gustavo Villas de la dirección de la prisión,
llegó Andrea Romero -la primera mujer en dirigirla- y viendo la realidad de lo
que sucedía en la carretera de Sóller, se propuso reorganizar el centro. De
entrada, vaciar el módulo de aislamiento, que con Villas estaba de bote en
bote. Romero ordenó que tres celdas de cada módulo quedasen vacías para que los
castigos se cumplieran allí. Además, se adoptaron medidas para paliar los brutales
retrasos en las clasificaciones y para aligerar las concesiones de permisos,
absurdamente demorados por la burocracia de las juntas de tratamiento. Romero
tuvo que asistir al boicot a sus directrices, lo que la obligó a enfrentarse a
la subdirectora de régimen y a la subdirectora de tratamiento. El administrador
también se le puso en contra. El cortijo de Gustavo Villas se rebeló. Muchos
funcionarios y jefes de servicio estaban indignados con la actitud de Romero,
acusándola de que “solo se preocupa de los presos”. ¡Como si no fuera esa su
principal obligación!
Por lo visto, en la cárcel de Palma, que la directora entre
en los módulos y converse con los internos es un pecado imperdonable. Andrea
Romero no pudo hacer frente al muro que levantaron los funcionarios en su
contra y tiró la toalla. Ángel Yuste, secretario general de Instituciones
Penitenciarias, ordenó su relevo y ahora ha llegado María Jesús de Dios para
tomar las riendas de una de las cárceles más duras del país. Pero a nadie le
importa. Ni la delegada del Gobierno, ni un solo parlamentario autonómico, ni
diputado o senador, moverá un dedo para averiguar qué pasa entre los muros de
la cárcel, un pueblo de más de 1.300 vecinos donde la mafia campa a sus anchas
sin que a nadie le importe.
(Publicado en Última Hora)
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