Nueva ley de libertad religiosa

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El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado esta mañana a los diputados, senadores y eurodiputados de su grupo parlamentario que va a impulsar una nueva ley orgánica de libertad religiosa, lo cual sólo podemos aplaudir por necesaria. La ley vigente data de 1980 y está ampliamente superada por la realidad sociorreligiosa del país. La Constitución de 1978 establece en su artículo 16.3 que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Por tanto, el nuestro es un Estado aconfesional. Sin embargo, eso casa muy poco con los privilegios que ostenta la religión católica en virtud de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y, fundamentalmente, por la falta de igualdad de trato con otras religiones de notorio arraigo en España, como son el judaísmo y el islamismo. ¿Acaso en la declaración del IRPF los ciudadanos que profesan las citadas confesiones pueden marcar la casilla correspondiente a sus credos, como puede hacer cualquier católico, para que el 0,7% de sus impuestos vaya destinado en concepto de asignación tributaria a su correspondiente credo religioso? ¿No debe eso ser considerado como un agravio comparativo intolerable a estas alturas?

No han tardado en saltar los exaltados ultra católicos, azuzados por la siempre bienaventurada Conferencia Episcopal, para predicar que el Gobierno ataca a la Iglesia con una ofensiva laicista, como llevamos oyendo hace años. Y yo me pregunto ¿quién ha incrementado la subvención a la Iglesia Católica del 0,52% al 0,7% en el IRPF, sino el Gobierno del PSOE, a través de los PGE del 2007, con los votos a favor del BNG, PNV y Coalición Canaria? Es más, deberíamos resaltar, para ser justos y más precisos en nuestro contra-diagnóstico que el PP, junto a los comunistas de IU-ICV y Chunta Aragonesista votaron en contra; mientras CiU, ERC, EA y Nafarroa Bai se abstuvieron en la votación… ¿No es un tanto llamativo?

Soy de la opinión que la Iglesia debe recibir cada vez menos apoyo económico del Estado y debe tender a la autofinanciación con el dinero de sus fieles, cosa que está perfectamente contemplada en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, aunque no se cumple en España, por más que se hace sin ningún problema en otros países europeos como Alemania, país de donde es originario el actual papa Benedicto XVI. Sólo así podremos afirmar que la Iglesia es absolutamente independiente del Poder, aunque nos cabe la nunca bien disipada duda de si alguna vez ha querido serlo efectivamente, que eso es algo que nunca ha sido aclarado del todo.

Y en lo que corresponde al Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, también creo que sería bueno que se revisase el acuerdo de 3 de enero de 1979 donde se establece entre la Santa Sede y el Estado Español un nuevo Acuerdo sobre la “Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de Clérigos y Religiosos”, y se derogara el Real Decreto 1.145/1990, de 7 de septiembre, por el que se crea el Servicio de Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas, de forma que desaparezca, como sucedió en los tiempos de la II República, el Arzobispado Castrense, ya que constituye un absoluto y total anacronismo. Incluso la elección del Arzobispo Castrense es un procedimiento absolutamente rancio y arcaico, pues lo nombra el Papa a propuesta de Su Majestad el Rey – de todos los españoles, añado yo, aunque se sobreentenderse – de entre una terna de eclesiásticos convenida entre la Nunciatura y Asuntos Exteriores y aprobada finalmente por la Santa Sede. ¿Sucede lo mismo con el resto de confesiones? La nueva ley orgánica debe solucionar estas distorsiones de la libertad religiosa y de culto, tradicional y exageradamente a favor de la religión católica, cuyo papel preponderante es desmedido, lo cual conculca los derechos de los creyentes en otras confesiones, además de poner en cuestión la aconfesionalidad del Estado establecida en nuestra Carta Magna. La profesionalidad de las FAS, la pluralidad religiosa actual y la entrada de inmigrantes en los Ejércitos, hace conveniente que todo ello sea revisado de forma que se garantice la libertad religiosa de todos y todas y no únicamente a los católicos, además de la legítima y deseable separación entre Iglesia y Estado.