Veamos hasta qué punto hay políticos que forman parte de la “nueva
política”, que se creen por encima del bien y del mal, que levitan por encima
del resto de mortales y que siendo cargos públicos, se invisten como juez y
parte de los escándalos que les afectan a ellos mismos. Pablo Valdés, teniente de alcalde de Sant
Antoni de Portmany, se pronunció este jueves en el pleno municipal sobre el
misterioso asunto de las dos denuncias de tráfico que le impuso la Policía
Local el 31 de marzo y que nunca fueron grabadas en la base de datos
correspondiente. Sólo las pagó cuando este periódico informó de ello, cinco
meses después de la fecha de la infracción.
El portavoz de Reinicia afirmó que no hay nadie más
interesado que él en llegar al fondo de esta cuestión. No es cierto, porque
desde el día 3 de septiembre ha tenido oportunidad de explicarse y deliberadamente
no lo ha hecho. Para justificar este silencio altamente incriminatorio, dijo
que “hay acusaciones que por su poca entidad no merecen réplica”. Valdés es
quien decide las acusaciones que tienen y las que no tienen entidad, y por
tanto él determina lo que merece la pena ser explicado o lo que no. ¿Dónde quedan
aquí la transparencia y la disposición a rendir cuentas? Imaginemos que tan
peculiar principio se lo aplica cada gobernante a sí mismo. ¿Se imaginan el
panorama?
La soberbia que demuestra el joven concejal es un rasgo
definitorio que difícilmente se encuentra en otros políticos de Balears.
Estamos ante un episodio más que le desacredita como político y como concejal.
Pero dado el misterio que envuelve el caso, debemos sugerir al alcalde Pep Tur,
que lo ponga en manos de los agentes Malder y Scully. Solo ellos podrán resolver
este inexplicable Expediente X.
El rollo patatero que alega Valdés sobre que esperaba la
notificación de la Guardia Civil insulta a la inteligencia y no hay quién se lo
trague. Habiendo confirmado Aída Alcaraz que las multas impuestas el mismo día
y los días precedentes y siguientes estaban grabadas con un escueto “Sí” que
oculta más de lo que revela, -y revela mucho-, la pregunta que todo el mundo ha
de hacerse es: quid prodest? Y en efecto, que no se grabasen las multas de
Valdés no beneficia a nadie más que a él. No tanto los 400 euros, ¡por Dios!,
pero sí los 6 puntos del carné que de no seguirse el trámite normal y de no
haber transcendido el asunto, Valdés se hubiera ahorrado. La pregunta que debe
responder el teniente de alcalde es: ¿cuántos puntos del permiso de conducir
tenía el día 30 de marzo, un día antes de ser pillado conduciendo sin cinturón
y hablando por el móvil? Conocer este dato podría despejar algunas sospechas,
aunque no todas.
Desde el equipo de gobierno de Sant Antoni se vuelve a difamar
a la Policía Local, insinuando que el responsable de distraer las multas es un
funcionario del Cuerpo. Esperemos que la Justicia descubra la verdad, porque no
la conoceremos de mano de los políticos del pacto entre PSOE-Reinicia-ElPi.
Lamentablemente.
(Publicado en Periódico de Ibiza y Formentera)
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