05 noviembre 2012

CORRUPCIÓN JUDICIAL

Dos jueces fueron expedientados por retrasos y desatención en sus juzgados. Sin embargo, y para corroborar que ellos solo hacían lo que se acostumbra en la Justicia española, otros jueces como ellos tramitaron sus expedientes con idéntico retraso y desatención, lo que motivó que se sobrepasase el plazo de seis meses previsto en la Ley, de tal modo que los dos jueces primeros se han librado de ser sancionados.

Así es como funciona la Justicia española. Sin contemplaciones. Un grupo de altos funcionarios con altísimas prerrogativas sobre la vida y el patrimonio de los ciudadanos, que ahora además amenazan con huelgas ilegales contra el Gobierno que ellos no pueden llevar a cabo, aunque lo hacen cuando les place, y cuyas infracciones disciplinarias quedan habitualmente impunes porque priman intereses corporativos sobre el interés general.

Como es de ver la corrupción no es solamente política, administrativa o empresarial. También la hay judicial. Y mucha. Solo que nadie la persigue, no es castigada y por tanto, no consta que los jueces infrinjan la ley. Absoluta impunidad. Una magnífica pescadilla judicial que se muerde la cola con retraso y desatención mientras exigen normas sobre ‘cargas de trabajo’, convocatoria de oposiciones para ser el único colectivo funcionarial que en estos tiempos que corren se incremente y puedan trabajar aún menos o con más retraso y desatención.

La judicatura en España no se ha convertido en un obstáculo contra la corrupción judicial, sino en un elemento esencial en su reproducción y desarrollo. Esta afirmación se desprende de la decisión del Consejo General del Poder Judicial de mantener secretas las sanciones que se impongan a los jueces y magistrados. Más oscurantismo y mayor corporativismo no se imagina.

Ya nadie discute que la crisis que nos azota tiene su origen en una crisis de valores. El estamento judicial también sufre una gravísima crisis de honestidad y padece un desarrollo moral por el cual los ciudadanos valoran a los jueces como el peor colectivo profesional público según la encuesta del CIS de mayo pasado, donde un 58,2% de los españoles manifestó tener poca o ninguna confianza en el trabajo de los jueces, seguidos de los inspectores de Hacienda (50,1%) y del personal diplomático (42,5%).

Aún estoy esperando oír el pronunciamiento de un solo juez o de una sola de sus asociaciones profesionales, manifestando su preocupación por la impunidad de los dos jueces que han eludido la Ley que tienen obligación de acatar y aplicar. Será porque la satisfacción es general y nadie tiene motivo de queja. ¿Por qué si no?

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