Demos
la bienvenida al nuevo director del centro penitenciario de Palma, Francisco
José Baldomero, a quien le deseamos que tenga más suerte que sus antecesoras.
Ellas abandonaron el cargo antes de tiempo. María Jesús de Dios será recordada
por ordenar el traslado del empresario Tolo Cursach a la península de forma
irregular. El TSJIB lo revocó por haber tomado esa decisión de forma
injustificada y arbitraria, lesionando gravemente derechos fundamentales de un
preso preventivo, esto es no juzgado y no condenado todavía. Pero la alcaide
también deja una preocupante cifra de funcionarios agredidos durante este año en
14 episodios violentos con un saldo de 60 heridos, el 25% de la plantilla de
vigilancia según la UGT. La cárcel de Palma es el centro donde más agresiones a
funcionarios se producen, lo que exige a los responsables del Ministerio del
Interior que aumenten la plantilla y mejoren sus medios materiales.
Desde
que la Justicia belga se interesó por las condiciones de vida de los internos
en las cárceles españolas y desde que más recientemente los medios se hicieron
eco de las quejas sobre la comida en la prisión de Estremera del exconseller
del Govern de la Generalitat, Josep Rull (quien criticó que la comida era “muy
flatulenta” y las hamburguesas estaban “quemadas”), han cobrado protagonismo
las condiciones de vida en los establecimientos penitenciarios. Está bien que
así sea. A ellos enviamos a hombres y mujeres que han cometido algún delito
grave, para que cumplan su castigo y sean reinsertados en la sociedad. Pero eso
no parece interesarle a nadie, ni qué hacen con ellos y mucho menos si tras
salir de allí son ciudadanos con posibilidades de llevar una vida normal
alejados de la actividad criminal. No nos importa si Instituciones
Penitenciarias acierta o fracasa en su misión de recuperar a los penados.
Se
quejan los exconsellers catalanes, por quienes tantos se han colocado un lazo
amarillo, que los tuvieron conviviendo junto a criminales de muy diversa
índole, algo que no debiera suceder jamás ya que ha de clasificarse a los
internos según el tipo de delito cometido. Eso es algo que sucede en Rusia o
Turquía con los disidentes políticos. Y sin embargo en Palma también ocurre. En
el módulo de mujeres, concretamente, donde conviven todas las reclusas juntas,
lo mismo camellas que homicidas o estafadoras. Un doble castigo que las
feministas no denuncian.
(Publicado en Última Hora)
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