A algunos políticos se les llena la boca de hablar de corrupción,
siempre para lanzar reproches a los demás, pero ellos no se cortan un pelo en ponerle
la alfombra roja a delincuentes o a investigados por la Justicia. Me estoy
refiriendo a los concejales de Som Palma (la marca blanca de Podemos), Aurora
Jhardi y Aligi Molina, a quienes se une Rosa Cursach, directora del Institut
Balear de la Dona. Al comparecer junto a los cinco miembros de Arran condenados
por un delito contra la libertad religiosa, por su irrupción tumultuaria en la
iglesia de Sant Miquel de Palma en febrero de 2014, durante la celebración de
una eucaristía, les han mostrado públicamente su apoyo y solidaridad. Como si
no hubiese quedado probado que delinquieron al llevar a cabo aquel acto que
vulneró derechos de otros, no menos valiosos que los que ellos esgrimieron para
cometer aquel atropello. Y es que cualquier demócrata debiera saber que los
derechos fundamentales no son infinitos y que su límite está en el respeto a
los derechos de los demás. Los condenados eran muy libres de protestar contra
la reforma de la ley del aborto que entonces se impulsaba por parte del
Gobierno, pero no de aquella forma. De hecho, si no se hubiera estado
celebrando una misa, no hubieran cometido ese delito concreto.
El apoyo de Rosa Cursach es incomprensible, dada su
condición de teóloga y de profesora de filosofía y de religión y ética. Si ella
no alcanza a comprender la gravedad de lo que hicieron esos jóvenes asilvestrados,
entonces apaga y vámonos. Sin embargo, el caso de Aligi Molina es previsible,
aunque igualmente aberrante. Su querencia a infringir la Ley está contrastada. Ya
fue condenado por un delito de desórdenes públicos por asaltar junto a otros 42
estudiantes el despacho del conseller de Educación del Govern balear en mayo de
2012. Y además se negó a pagar la multa que le fue impuesta, lo que obligó a
que la Justicia le embargase la cuenta. Así se entiende su empatía con otros
delincuentes, indigna de un concejal de Cort.
Los condenados no muestran el menor arrepentimiento por lo
que hicieron y acusan a la Justicia de connivencia con la iglesia. Delirante. Como
si lo que ellos decidieron hacer no estuviera tipificado clarísimamente en el Código
Penal desde hace años. Igual el tribunal debiera repensarse suspender la
condena a un año de cárcel. Igual sea la única forma de que aprendan.
(Publicado en Última Hora)
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