Los mensajes de whatsapp los carga el diablo. Tanto si se
trata de una conversación entre Luis
Bárcenas y Mariano Rajoy, como
si se trata de un grupo de policías locales de Madrid difamando a la alcaldesa Manuela Carmena y enalteciendo a
Hitler, como si son de un juez y un fiscal con una testigo protegida, que ahora
la Policía Nacional considera una embustera
patológica. Ponen los vellos de punta las amenazas y agresiones a
algunos testigos del caso Cursach; o algunos episodios truculentos
protagonizados presuntamente por agentes de la Policía Local de Palma para
arruinar a algunos locales, beneficiando así a otros; o cómo obligaban
presuntamente a contratar servicios a empresas que ellos controlaban para dejar
tranquilos a los empresarios que cediesen a ello. Pero no escandalizan menos
las conversaciones entre Manuel Penalva,
Miguel Ángel Subirán y la ‘madame’
querulante.
De ser ciertas, ¿cómo se puede entender que el juez Penalva
le dijese a la testigo protegida 31 que había que atar “los cabos sueltos” de
la famosa agenda del puticlub? ¿Cómo hay que interpretar que un magistrado
instructor le diga a una testigo que cuando termine la vista oral de un juicio
que él instruyó, se pase por su despacho para contarle cómo ha ido? ¿Es eso
común en los juzgados de instrucción de Palma? Sería bueno conocer la opinión
de los 20 jueces que acudieron un
domingo a los juzgados de Vía Alemania, escandalizados al ver amenazada su
independencia por una inocua manifestación legal que, además, transcurrió sin
el menor incidente.
Si jueces y fiscales consideran que el proceder de Penalva y
Subirán es normal y adecuado, entonces habrá que concluir que ha sucedido
muchas veces antes, con otros protagonistas y en casos no tan mediáticos. ¿Cuántos
testigos e investigados habrán declarado lo que les habían indicado
previamente, para ver aliviados sus problemas judiciales? Solo pensarlo,
estremece a cualquier persona que crea en el Estado de Derecho. Porque si
producen rechazo determinados actos poco éticos de algunos ciudadanos, mucho
más si son policías, cuando los cometen jueces y fiscales, aunque sea para
lograr que los acusados sean condenados, entonces aún más. Los magistrados del
TSJB deben investigar y aclarar todo, aunque solo sea para asegurarse del recto
proceder de Penalva y Subirán, como es de desear. Solo eso podrá hacer que los
ciudadanos confíen en ellos otra vez.
(Publicado en Última Hora)
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