09 diciembre 2017

ATAR LOS CABOS DE LA AGENDA

Los mensajes de whatsapp los carga el diablo. Tanto si se trata de una conversación entre Luis Bárcenas y Mariano Rajoy, como si se trata de un grupo de policías locales de Madrid difamando a la alcaldesa Manuela Carmena y enalteciendo a Hitler, como si son de un juez y un fiscal con una testigo protegida, que ahora la Policía Nacional considera una embustera  patológica. Ponen los vellos de punta las amenazas y agresiones a algunos testigos del caso Cursach; o algunos episodios truculentos protagonizados presuntamente por agentes de la Policía Local de Palma para arruinar a algunos locales, beneficiando así a otros; o cómo obligaban presuntamente a contratar servicios a empresas que ellos controlaban para dejar tranquilos a los empresarios que cediesen a ello. Pero no escandalizan menos las conversaciones entre Manuel Penalva, Miguel Ángel Subirán y la ‘madame’ querulante. 

De ser ciertas, ¿cómo se puede entender que el juez Penalva le dijese a la testigo protegida 31 que había que atar “los cabos sueltos” de la famosa agenda del puticlub? ¿Cómo hay que interpretar que un magistrado instructor le diga a una testigo que cuando termine la vista oral de un juicio que él instruyó, se pase por su despacho para contarle cómo ha ido? ¿Es eso común en los juzgados de instrucción de Palma? Sería bueno conocer la opinión de los 20  jueces que acudieron un domingo a los juzgados de Vía Alemania, escandalizados al ver amenazada su independencia por una inocua manifestación legal que, además, transcurrió sin el menor incidente.


Si jueces y fiscales consideran que el proceder de Penalva y Subirán es normal y adecuado, entonces habrá que concluir que ha sucedido muchas veces antes, con otros protagonistas y en casos no tan mediáticos. ¿Cuántos testigos e investigados habrán declarado lo que les habían indicado previamente, para ver aliviados sus problemas judiciales? Solo pensarlo, estremece a cualquier persona que crea en el Estado de Derecho. Porque si producen rechazo determinados actos poco éticos de algunos ciudadanos, mucho más si son policías, cuando los cometen jueces y fiscales, aunque sea para lograr que los acusados sean condenados, entonces aún más. Los magistrados del TSJB deben investigar y aclarar todo, aunque solo sea para asegurarse del recto proceder de Penalva y Subirán, como es de desear. Solo eso podrá hacer que los ciudadanos confíen en ellos otra vez. 

(Publicado en Última Hora)

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