Es de justicia reconocer los importantes avances que se
están haciendo en Eivissa en los dos últimos años en materia de suministro de
agua por parte del Govern, Consell Insular y Ayuntamientos. Pero del mismo modo
hay que denunciar la absoluta ineficacia a la hora de afrontar la problemática
del acceso a la vivienda, que a cada día que pasa es más grave y dramática. El
sábado de la semana pasada se llevó a cabo una concentración de la Plataforma
de afectados por los alquileres junto a la Plataforma de afectados por la
hipoteca (PAH), que concentró a unas 250 personas en el Parque de la Paz de
Vila. No se explica por qué razón siendo el problema tan grave y que afecta a
tantas personas, acuden tan pocas a un acto de protesta. O quizás sí tiene
explicación y es que la gente ha pedido la confianza en que los políticos sean
capaces de solucionar el problema. No es de extrañar, porque viendo en la
concentración a tantos cargos públicos de Podem Eivissa, incluyendo a la
vicepresidenta 1ª del Consell y consellera de Vivienda, Viviana de Sans,
protestando como si fuera una activista más sin otra responsabilidad, pues la
gente no se lo traga. A De Sans le corresponde ahora solucionar el problema, no
protestar porque no se soluciona, como si ella no fuera la consellera de
Vivienda.
Desde el Consell se insiste en que no tienen competencias y
que si no se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, no hay nada que hacer.
Sin embargo, en Barcelona Ada Colau sí que está llevando a cabo una guerra sin
cuartel a los pisos de alquiler turístico. En Valencia, la Agencia Valenciana
de Turismo ha sancionado a varias plataformas de alquiler vacacional con multas
de hasta 120.000 euros. Pero aquí, la campaña de inspección que el año pasado lanzó
el Consell se cerró con menos de un centenar de denuncias, según dijo De Sans
en el ‘Consell a la Plaça’ de Sant Antoni. Una cifra manifiestamente exigua
dada la proliferación de pisos que se alquilan a turistas por internet de forma
ilegal. Igualmente sabemos que en Ibiza tan solo 72 viviendas se dedican al
alquiler social. ¿No parece una cifra muy baja teniendo en cuenta la ‘emergencia
habitacional’ que padece la isla?
Hay mucho por hacer y la falta de eficacia en abordar esta
problemática no se camufla con propuestas un tanto peregrinas, como la lanzada
por el president del Consell, Vicent Torres, que pide al Ministerio del
Interior que construya 85 pisos de 50 m2 en el solar anexo a la Comisaría de Policía
de Vila, para que los agentes puedan alquilarlos. Se trata de una propuesta
peregrina porque Interior no construye pisos, construye comisarías si acaso. Y
en todo caso Torres puede plantear la misma propuesta a la Conselleria de
Educación, para que construya pisos para los profesores; a la Conselleria de
Salud, para que construya pisos para el personal sanitario, etc. ¿Por qué no lo
hace?
No hay suelo
Además, esta semana hemos sabido que dentro de un año ya no
habrá suelo disponible para edificar en Vila, lo cual agravará aún más la
situación si no se toman medidas. Así lo advierte un informe de Tinsa. En esta
coyuntura es absolutamente lógico que el precio de los pisos se haya disparado,
lo que hace aún más difícil el acceso a la vivienda. Y ahora ya pueden
manifestarse los de Podem o salir en procesión, lo que más les apetezca. Aunque
quizás mejor dejar las pancartas y ponerse a trabajar, que para eso cobran.
‘Mobbing’
Si alguien tuviera dudas sobre la veracidad de la denuncia
interpuesta por un supuesto acoso laboral por parte del jefe de la Policía
Local de Sant Antoni, la temeraria maniobra del equipo de gobierno de intentar
apartarle del cargo parece corroborar el acoso. Dadas las circunstancias, lo
prudente hubiera sido que el alcalde Josep Tur ‘Cires’ hubiese esperado a ver
lo que sucede con la denuncia, pero pareciera que las ansias de venganza le han
superado. El pleno del Ayuntamiento aprobará previsiblemente enviar al Consell
Consultiu el nombramiento de Francisco Javier Verdugo, para que se pronuncie
sobre su legalidad. Es curioso que ahora se pongan tan tiquismiquis, cuando ahí
tienen a la directora de Seguridad, Ángeles Gallardo, con una sentencia que
anula su nombramiento y que el consistorio se niega a acatar y la ha recurrido.
Si no hay acoso laboral contra Verdugo, lo cierto es que lo
parece. Y siendo ello muy grave, lo es aún más que eso lo hagan políticos
socialistas, a quienes se les presume en teoría cierta empatía por los
trabajadores. Está claro que no es el caso y que Aída Alcaraz, con el respaldo
rotundo del alcalde y de la FSE-PSOE, quiere cobrarse la cabeza de Verdugo por
no aceptar a Gallardo por encima de él y encima, irse al juzgado a denunciar a
la concejala. Pronostico que el asunto acabará mal, porque las cosas en Sant
Antoni no se pueden estar haciendo peor. Feliz domingo.
(Publicado en Periódico de Ibiza y Formentera)
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