Mientras el país reflexiona sobre esto, surge la polémica por la visita de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, al Lazareto de Mahón y nos enteramos de la existencia de residencias públicas, mayoritariamente de la administración central, destinadas a proporcionar servicios vacacionales a los funcionarios de determinados ministerios, en flagrante competencia desleal con el sector hotelero. El ministerio de Defensa se lleva la palma en cuanto a la titularidad de residencias y clubes deportivos para el disfrute de los militares y sus familias. Esto es lo que ha de abordarse con urgencia cuando hablamos de reformar la administración pública. ¿Cuántos millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado dedicamos a mantener edificios, servicios y personal cuya labor no repercute de forma directa en los ciudadanos?
La Guardia Civil pronto inaugurará la casa cuartel de Palmanova. Junta a las instalaciones policiales se han construido 32 viviendas con un coste de 3,8 millones de euros. ¿Por qué razón hay que facilitar vivienda a unos pocos agentes cuando todos ellos podrían costearse el alquiler de una, como hacen el resto de trabajadores? Rémoras del pasado. Llevamos años aceptando como normal cosas que no tenemos por qué soportar. Es buena hora de adelgazar la administración y prescindir de cosas superfluas que no revierten en la ciudadanía ni en los servicios públicos, sino que son privilegios heredados de épocas pasadas. He aquí un terreno dónde reestructurar y procurar un importante ahorro.
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