La mayoría de policías locales citados el jueves por el juez
Manuel Penalva, instructor del ‘caso
Cursach’, se negaron a declarar y prefirieron permanecer callados como putas,
como vulgarmente suele decirse. Sin embargo, aquí las putas son las que tienen
una extraña locuacidad y los policías son los que callan como momias. ¿No
resulta curioso? Podría pensarse que este silencio es incriminatorio, porque ha
de obedecer a que no tienen respuestas lógicas a las preguntas del juez y del
fiscal Miguel Ángel Subirán. Pero
podría no ser así en absoluto. Seguramente
se trate de que estando la causa declarada secreta desde hace la friolera de ¡4
años!, algo que tiene pocos precedentes en la historia judicial balear, ningún abogado defensor en su sano juicio
recomendaría a un investigado responder a las preguntas de los investigadores.
Desconociendo todas las pruebas -si es que las hay- con que se sustenta la
acusación, sería una temeridad. Mucho más aún si, como dice el letrado
Francisco Herrero, el fiscal -con la anuencia del juez- abusa de preguntas
sugerentes o capciosas.
Si es cierta la denuncia que hace Herrero de que dijeron
varias veces a los testigos propuestos por la defensa que sabían que iban a
mentir, sin haberles oído ni una sola palabra, la caza de brujas parece más que
clara y tal cosa es incompatible con el Estado de Derecho y con un proceso con
todas las garantías. Pero en fin, no es la primera vez que se interroga a
alguien y sin atender a sus respuestas, finalizada la declaración, el fiscal
presenta un escrito que traía redactado con anterioridad, solicitando medidas
cautelares. Para eso se podía haber ahorrado el interrogatorio, pero está claro
que a algunos solo les interesan sus preguntas y les dan igual las respuestas.
Y se llaman investigadores.
Por graves que sean los hechos, que lo son, el juez y el
fiscal no deberían descuidar los derechos de los imputados porque eso sí que es
comprometer la viabilidad de la causa. Claro que cuando las acusaciones se
apuntalan con declaraciones de un conocido narcotraficante con un historial
delictivo interminable como es el ‘Ico’, algunas prostitutas movidas por no se
sabe qué y extrabajadores despedidos, pues todo cojea mucho. Lo primero de
todo, el derecho a la defensa, porque son más noticiosas las acusaciones que
las exculpaciones. Se cree antes a la madam de un burdel que al político que
niega su relato.
(Publicado en Última Hora)
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