Los magistrados de la Audiencia Provincial parecen
determinados a poner freno a algunos excesos en la instrucción de la causa de
presunta corrupción en el seno de la Policía Local de Palma. La orden de
alejamiento que el juez Manuel Penalva
impuso a José María Rodríguez tras
su declaración judicial en calidad de investigado, fue revocada tras el oportuno
recurso al considerar que la medida no fue justificada. Además y aquí viene lo
más grave, los magistrados de la sección primera consideran que Penalva no ha
puesto a su disposición ningún indicio de la presunta comisión delictiva de
Rodríguez. Seguramente porque no los tiene. Y es que en este caso hay mucha
literatura periodística y pocos hechos probados. Es por esto que la Audiencia
de Palma está examinando con lupa todos los recursos que le llegan y tirando
para atrás algunas de las medidas adoptadas por el juez. La de Rodríguez es la
más reciente, pero hace muy poco, a finales de marzo, ya ordenaron la puesta en
libertad de dos agentes de la Policía Local encarcelados preventivamente desde
octubre, acusados de episodios de homofobia contra una compañera lesbiana. Los
jueces estimaron el recurso de los agentes y les dejó en libertad al entender
que había otras formas de proteger a la denunciante menos gravosas que la prisión
preventiva.
En este caso la Audiencia está cribando buena parte de las
decisiones que adopta el juez instructor y se diría que están atando en corto
tanto a Penalva como al fiscal Subirán,
hartos de que se dispersen de lo fundamental de la causa. La Policía Judicial
está desbordada ante las continuas peticiones y requerimientos que reciben, que
tienen todas las características de ser palos de ciego en una investigación que
no avanza y que se eterniza. Pronto llegará el día en que desde el Palau de Can
Berga haya de revisarse la prisión preventiva de Tolo Cursach y Tolo Sbert
y puede haber sorpresas.
Tampoco cabe descartar sorpresas durante los próximos días
en el caso de los contratos otorgados por Més a su jefe de campaña electoral Jaume Garau. La Policía cree que se han
cometido delitos, ya que al fraccionamiento de algún contrato hay que sumar que
se vestían los expedientes con ofertas presentadas por diferentes empresas que
estaban bajo el control de Garau. Vamos, un fraude a la administración de
manual. De producirse alguna detención el terremoto político sería devastador.
(Publicado en Última Hora)
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