El martes pasado, cuando dio comienzo el operativo de
desalojo de las viviendas ilegalmente ocupadas de Sa Penya, se sucedieron los lógicos
momentos de tensión que se han vivido estos días. Los operarios de limpieza
entraban acompañados de la fuerza pública en las casas y desde los balcones y
azoteas otros vecinos del conflictivo barrio gritaban: “¡Sa Penya es nuestra!”,
“¡Da igual que tiren todo, en dos semanas volveremos!”, “¡Somos gitanos, somos
guarros por naturaleza!”. Otros hacían befa de los policías de la Comisaría de Ibiza:
“¡Suerte de los policías de Valencia!”, “¡Han tenido que venir de fuera para
echarnos!”, “¡Los de aquí no se atreven a entrar!”. Por supuesto no podía
faltar el consabido grito de “¡Somos personas, no animales!”. Pude constatar en
primera persona dos cosas: primera, la falta absoluta de respeto por la
Autoridad o sus agentes, las leyes y las normas, un principio básico en todo Estado
de Derecho. Y segunda, la intención de los ocupantes de persistir en su desafío
y volver a las andadas a la mínima oportunidad que se les ofrezca, de entrar en
una casa que no es suya y conectarse a las acometidas de luz y agua municipales.
Y no será fácil impedirlo.
El equipo de gobierno municipal y el consistorio en su
conjunto han sido valientes, como lo fueron sus antecesores, porque lo más
común en estos casos es mirar hacia otro lado. Bien es verdad que Sa Penya ya se
había convertido en un problema demasiado grande y ya se sabe que, a grandes
males, grandes remedios. Pero no deja de chirriar la actitud de la PAH Eivissa
en este asunto, tan combativos en muchos desahucios pero invisibles en uno
colectivo que ha afectado a 20 familias (35 adultos y 15 menores). Hubiese sido
curioso ver a Gloria Corral o a Aitor Morrás manifestarse ante Can Botino, como
lo han hecho ante el Banco de Santander, con su pancarta de “Stop desahucios” o
“La vivienda es un derecho”. Pero está claro que hay desahucios y desahucios.
(Publicado en Periódico de Ibiza y Formentera)
No hay comentarios:
Publicar un comentario