El Partido Popular ha reaccionado con duras críticas a la
aprobación el martes pasado por parte del Govern de PSIB y Més de un Decreto
Ley de medidas en materia urbanística, que tira por tierra un montón de
normativa aprobada por el PP cuando ostentaba una cómoda mayoría absoluta
durante la legislatura pasada. En efecto, el Decreto Ley se carga artículos
clave de la Ley General Turística, la Ley del Suelo y la Ley Agraria, leyes
ordinarias aprobadas en el Parlament. Una vez más Francina Armengol incurre en
el pecado que tanto criticó –y con razón– cuando era jefa de la oposición, pues
modifica leyes por la vía del Decreto Ley, sin los trámites ni el debate
parlamentario requerido.
Entrando en el fondo del asunto, parece muy claro que el PP
entre 2011 y 2015 adoptó una serie de medidas con el objetivo de impulsar la
economía a toda costa. Recordemos que nos hallábamos en recesión y con un paro
en continuo aumento en todos los sectores y especialmente en la construcción.
Nadie puede negar que el Govern se plegó a las exigencias de la patronal
hotelera –que descaradamente hizo campaña a favor del PP en las elecciones
autonómicas de mayo de 2015 y ahora paga las consecuencias– y de asociaciones
de agricultores como ASAJA. Los partidos de la oposición (que ahora están en el
Govern) criticaron muchas de las medidas que se adoptaron y especialmente lo
que llamaron una amnistía urbanística encubierta que impulsó la “Ley Company”. Ahora
son PSIB y Més quienes están en el poder y le han dado la vuelta al calcetín.
Han dado marcha atrás a toda la normativa que el PP desarrolló y además, han
lanzado el impuesto turístico.
Con frecuencia da la sensación de que el Govern
Armengol-Barceló hace con respecto al turismo aquello que criticaban de José
Ramón Bauzá en materia educativa. Ellos también hacen y deshacen sin
encomendarse a nadie, olvidando que el turismo es la principal industria de
Balears y que sus decisiones unilaterales afectan de manera crucial a miles de
empresas y trabajadores. Así pues, convendría que tratasen de dialogar más e
imponer menos.
Por último, es importante reseñar la ofuscación que
demuestra el Govern contra los hoteleros. Tan mal estuvo que el PP se entregara
en sus brazos como que PSIB-Més-Podem les ataquen a la mínima oportunidad que
se les presenta. Pero es que además y tras 6 meses en el Consolat de Mar, aún
es hora de que presenten una sola medida para luchar contra la oferta turística
ilegal. Esforzados como están en presentar a los hoteleros en verdaderas
bestias explotadoras, evasoras de impuestos y repartidoras de miserias y
pobreza, han olvidado que el auténtico desastre lo protagonizan los actores de
la oferta ilegal, invisible a sus ojos de la Administración pero que es la
verdadera causante de la saturación de los servicios públicos en temporada
alta. Ni pagan sus impuestos ni se sujetan a la normativa; es más, se la saltan
a la torera ofreciendo alquileres turísticos cuando no lo son ni lo pueden. Esta
es la causa de que el precio de la vivienda de alquiler sea prohibitivo en
Ibiza, por ejemplo, donde mucha gente alquila pisos urbanos a turistas al
margen de la Ley. Y esos no pagarán Ecotasa.
El PP pudo cometer excesos, yo no lo niego, pero hubo una
finalidad que era la de estimular la economía en un momento de recesión y paro.
Ahora el Govern da marcha atrás sin que nadie sepa exactamente a dónde vamos,
con unas consecuencias claramente negativas para la inversión y los
empresarios, lo que forzosamente repercutirá en la creación de puestos de
trabajo. Y todo ello sin proponer ni llevar a cabo ni una sola medida para
acabar con la oferta turística ilegal, los auténticos piratas defraudadores.
(Publicado en mallorcadiario.com)
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