El 24 de julio de 2005, cuando yo era el responsable de la secretaría de Comunicación de AUGC, la principal asociación profesional de guardias civiles, un ciudadano acudió al cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) para pedir ayuda con motivo de una discusión de tráfico. Este hombre falleció en el cuartel hora y media más tarde. Tras la correspondiente autopsia y la comprobación de las cámaras de seguridad del cuartel (que se intentaron ocultar por parte de algunos de los afectados), se supo que había sido golpeado varias veces en el suelo con armas no reglamentarias. El informe forense relató la existencia de relación entre el fallecimiento y la situación de detención, pero determinó que la causa de la muerte fue una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda por la reacción adversa a las drogas (cocaína) que el fallecido ingirió antes de ir al cuartel. La Audiencia Provincial de Almería condenó a tres de los ocho agentes imputados, absolviendo a los otros cinco. Recurrida la sentencia por los condenados, el Tribunal Supremo condenó al jefe del puesto a un año de cárcel por una imprudencia grave con resultado de muerte e inhabilitación, lo que supuso su separación del Cuerpo y confirmó la condena a los otros dos agentes.
Salvando las diferencias, sé bien la presión corporativa que se ejerce por parte de los compañeros, en especial en los cuerpos y fuerzas de seguridad, para disimular toda actuación desviada de la ética o incluso ilegal. Siempre hay –y si no hay, se buscan– circunstancias modificativas con que exculpar o justificar el comportamiento poco profesional de un compañero. Es inevitable que cada cual piense “podría haberme pasado a mí” y desde esta perspectiva, se trate de eludir la propia responsabilidad. Como digo, sé la presión que eso supone y puedo afirmar con orgullo que yo tuve que soportarla y no sucumbí entonces a comportamientos corporativistas que supusieran apartarse del esclarecimiento de los hechos, con escrupuloso respeto a la presunción de inocencia y a la investigación judicial. Sin embargo, hay gente menos proclive a soportar la presión y más dispuesta a subir el siguiente escalón, que es el de presentarse como víctima. Se pasa así de plantear las circunstancias modificativas a pretender hacerse víctimas de ellas y mudar así a víctimas por verdugos y a los agresores por agredidos. ¡Y por aquí sí que no paso!
Ante ciertos abusos cometidos por algunos policías, varios sindicatos (no todos) del Cuerpo Nacional de Policía, en su búsqueda desesperada e indisimuladamente corporativista, primero plantearon la dicotomía indignados-resto de ciudadanos, después laicos-peregrinos, más tarde la responsabilidad del manotazo de un agente a una menor o las agresiones a periodistas fue de la delegada del Gobierno en Madrid. “Viendo el caso que nos hace nuestro Gobierno al decantarse claramente de parte de los llamados indignados, más que de su Policía, acudimos a la Unión Europea”, claman en un comunicado. Y todo esto es como respuesta desaforada al anuncio del ministerio de abrir expediente por falta grave a tres agentes de los antidisturbios de Madrid que se excedieron en sus funciones y agredieron a ciudadanos, como todos hemos podido comprobar viendo los vídeos: [http://politica.elpais.com/politica/2011/08/19/actualidad/1313756841_705247.html].
Hablan de turnos inacabables (circunstancias modificativas), de soportar todo tipo de vejaciones como insultos o que les orinasen encima (argumentos victimistas) y todo, para no dejar solo al “compañero” que actuando como un vulgar camorrista, se dedicó a golpear brutalmente a todo el que se cruzaba en su camino sin mediar palabra.
Creo que los sindicatos de Policía (no todos, sino algunos que están haciendo el ridículo de forma patética) deberían asumir que ellos deben ser los principales interesados en aclarar el asunto, pues ellos como colectivo de trabajadores de la seguridad pública son uno de los principales perjudicados por la mala actuación de ciertos agentes. No hay compañerismo que valga con lo que ha pasado. Y el corporativismo en estos casos extiende la mala praxis de un compañero al todo el colectivo. De manera injusta, por supuesto, pero son ciertas prácticas sindicales como las que yo ahora denuncio las que lo estimulan.
Que cada cual responda de sus actos, que se sepan las circunstancias de lo sucedido, pero no vale tirar balones fuera y justificar lo injustificable. Sois vosotros quienes defendiendo ciertas actuaciones impresentables os estáis cargando el duro trabajo de muchas semanas de miembros de las UIP para mantener la seguridad ciudadana y el orden en un contexto donde muchos deseaban alterarlo. Ante esto, solo cabe la aplicación de la Ley y del máximo rigor en la práctica policial. No victimismo ni corporativismo que ofenden la inteligencia de los ciudadanos. Y por supuesto, plantear el enfrentamiento policías versus ciudadanos, es de género idiota. Todo el mundo sabe quien va a perder en esta lucha y, al fin y al cabo, todos somos ciudadanos.
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