LA LIQUIDACIÓN DEL IMFOF

El mantra “no hay dinero”, al que habría que añadir siendo sinceros “para lo que no  interesa”, está sirviendo como excusa perfecta para eliminar de un plumazo y sin apenas protestas primero al personal y luego a los organismos dedicados a la atención a colectivos desfavorecidos y que necesitan de una atención especial para evitar que caigan en el pozo de la exclusión social. Hay que hacer recortes, los ajustes son necesarios para acomodar los gastos a los ingresos y esencialmente, porque en el pasado se ha gastado por encima de lo aconsejable y muchas veces derrochando el dinero. Sin embargo, los ajustes no carecen de efectos perversos y con las medidas que por parte del ejecutivo autonómico se vienen anunciando, parece claro que la consecuencia directa será un aumento del número de parados y una reducción del consumo debido a la lógica intranquilidad de muchos trabajadores que temen perder su puesto de trabajo.

Decía anoche en IB3 Radio el director del Centre de Recerca Económica UIB-Sa Nostra Antoni Riera, que “un ajuste, sea de la magnitud que sea, siempre impacta negativamente sobre el crecimiento a corto plazo. Y si afecta sobre el crecimiento, afecta sobre los salarios, sobre las expectativas de consumo e inversión, afecta sobre los beneficios y afecta, por tanto, sobre la producción futura y por tanto sobre la ocupación. Entonces sí, un ajuste tiene efectos negativos”. Pero más graves aún que los efectos negativos serán los efectos sociales, que parecen no preocupar a nadie. Por ejemplo: como consecuencia directa de los impagos del SOIB, el servicio de ocupación autonómico (adscrito incomprensiblemente a la Conselleria de Educación, Cultura e Universidades), el IMFOF, el Instituto municipal formación, ocupación y fomento de Palma, ha despedido a 29 trabajadores (entre orientadores laborales y administrativos) adscritos a programas de orientación e inserción laboral para colectivos más desfavorecidos, mujeres, mayores de 45 años y parados de larga duración. Este es un primer paso firme hacia el cierre de varias oficinas de este instituto municipal que a partir del 31 de octubre estarán vacías de trabajadores, pero repletas de usuarios a la espera de atención pública, hasta la eliminación final del propio IMFOF. Los servicios propios del SOIB, ya de por sí escasos y más aún sin poder recurrir a la contratación de personal laboral, no van a poder absorber esta ingente masa de personas que necesitan orientación laboral y atención especial para volver a integrarse al mercado de trabajo. Se les está dejando tirados como a perros, condenados a que se tengan que buscar la vida por sí mismos y abocándolos paro casi de por vida o a unas condiciones laborales precarias, que favorecen caer en situaciones de exclusión social, rupturas familiares, alcoholismo, etc. 

Son los más débiles quienes necesitan de los servicios públicos. Los ancianos, los menores, la gente sin recurso, las personas con discapacidad. Una sociedad que se precie de serlo y quiera estar cohesionada, no puede pretender abandonar a su suerte a los que atraviesan mayores dificultades o están en inferioridad de condiciones. Es inmoral hacerlo y no caben excusas como el mantra que ya estamos cansados de oír, y lo que te rondaré moreno, porque dinero hay para lo que les interesa a ellos. Recortes, los que sean necesarios. En educación, sanidad y sobre todo en servicios sociales, no. A las oficinas del IMFOF no acuden en su mayoría ciudadanos adinerados y con apoyo familiar o social. Acuden precisamente a estas oficinas del Ayuntamiento quienes no tienen dinero, ni apoyo de ningún tipo. A partir de ahora, se encontrarán las oficinas cerradas. Pero yo les animo a ir al despacho de la regidora del ramo, Esperanza Crespí, o del alcalde Mateo Isern, quien seguro les atenderá gustosamente igual que les pidió el voto hace ahora cien días, jurando que no se tocarían los servicios sociales y diciendo que los parados eran su máxima prioridad y su preocupación.