Tras la expeditiva respuesta del Estado a la declaración
unilateral de independencia aprobada por el Parlament de Catalunya el 27 de
octubre, por tan solo 70 votos a favor (lo que no les permitiría ni cambiar una
coma del Estatut d’Autonomia), el movimiento independentista ha quedado fuera
de combate. Según confesó la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se trató de una declaración “simbólica”. No se lo
pareció a los miles de catalanes que lo celebraron en las calles y a los que
ella había arengado diciéndoles que no darían “ni un paso atrás”; ni a los que
el miércoles cortaron las autopistas y las vías del AVE. A todos aquellos que
de buena fe creyeron que una nueva república había nacido en Europa, se les
dice ahora que se trató de una pantomima. Por supuesto, a España no se lo
pareció.
Forcadell ha hecho lo que tenía que hacer para librarse de
la cárcel, porque de nada sirve acrecentar innecesariamente el número de
mártires encarcelados. Pero quizás hubiese sido más digno seguir la senda de Oriol Junqueras y el resto de exconsellers
en prisión preventiva. Con los ojos puestos en las elecciones del 21 de
diciembre, es aberrante que los independentistas acepten presentarse a unos
comicios autonómicos convocados por el presidente Mariano Rajoy. La legitimidad de estos comicios emana de la
Constitución y del Estatut, que ellos consideran superados. Entonces, ¿por qué
concurren a ellas? ¿Para volver a saltarse la Ley a la torera?
Hemos llegado a un punto donde cada bando solo ve los
atropellos del contrario y no ve los suyos propios y, encima, todos quieren
ganar. Todos se acusan de violencia, ya ven. Casi nadie quiere una solución dialogada,
sino imponer sus tesis. Y así el problema no se va a solucionar por más que Carles Puigdemont se empeñe en hacer el
ridículo en Bruselas hasta el momento -no lejano- de su detención y entrega a
España. Puigdemont ya no puede liderar un proceso de negociación y sin embargo
el PDeCAT despreció la opción de Santi
Vila para empecinarse en alguien que está prófugo, que más pronto que tarde
acabará en la cárcel y cuya irresponsabilidad política no tiene parangón. La
única salida que queda es que tras las elecciones, se negocie un nuevo encaje
jurídico-político con España. Pero las actuaciones unilaterales fuera de la
Ley, ya se las pueden quitar de la cabeza porque España ha demostrado cómo se
las gasta. Yo ya lo avisé.
(Publicado en Última Hora)
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