¿Qué clase de monstruos tenemos en nuestros colegios, que
son capaces de coger a una niña de 8 años y entre doce, pegarle una paliza que
la mande directa al hospital de Son Espases? El escandaloso episodio desvelado
por Última Hora, ocurrido en un centro escolar del barrio de Son Roca, desvela
que pese a los planes de convivencia, las charlas sobre acoso escolar y el día mundial
de la no violencia, nuestros chavales no acaban de interiorizar que todo acto
de violencia, ya sea física o verbal, está absolutamente prohibido en nuestra
sociedad y que quien opte por llevarlos a cabo debe afrontar un severo castigo.
Aunque aún es pronto para tratar de establecer responsabilidades, la Policía
Nacional y la Fiscalía de Menores deben tomar cartas en el asunto. Y los
directivos del colegio donde tuvieron lugar los hechos también deberán rendir
cuentas ante la autoridad educativa de la Conselleria de Educación. Cosas así
son alarmantes y ha de actuarse con contundencia en todos los frentes posibles.
Pero esto obliga a reflexionar colectivamente sobre lo que estamos haciendo con
nuestros menores, qué tipo de educación reciben, tanto en casa como en el
colegio, y también si cuando acontecen hechos como el que tenemos delante, la respuesta
legal es la adecuada. Lo que está clarísimo es que no podemos quedarnos de
brazos cruzados y que los culpables de esta barbaridad deben asumir su
responsabilidad y cargar con un castigo ejemplar. La Ley del Menor no busca
tanto castigar como actuar técnicamente para reconducir a los menores de edad
que incurran en delito, pero parece que ambas cosas no son incompatibles y el
correctivo debiera ser ejemplar.
La segunda parte del juicio del caso Can Domenge ha dejado
probado que hubo un soborno de 4 millones de euros que pagó Sacresa a cambio de
amañar el concurso por el solar convocado en enero de 2006. En efecto, la obra
pública ha sido durante años un campo abonado para el pago de comisiones a los
partidos políticos y nadie puede creer que solo UM exigiese su parte del botín.
Cabe preguntarse si los grandes partidos son investigados como la gravedad del
asunto merece, pero a la vista está que no y que incluso la falta de pruebas
hace que la Abogacía de la Comunidad desista de acusar a Jaume Matas por
blanquear dinero con la compra del palacete de la calle San Felio, su reforma y
su equipamiento de lujo. Fíjense cómo estará de difícil la cosa.
(Publicado en Última Hora)
No hay comentarios:
Publicar un comentario