El juez José Castro debe estar convencido de que
Manos Limpias y Ausbanc son víctimas de una estrategia diseñada para cargarse a
ambas entidades y librar a Cristina de Borbón de la Justicia. Solo así
se entiende su esfuerzo –que ha resultado estéril tras el informe de la Fiscalía
y la decisión del juez Santiago Pedraz– por intentar vincular una
propuesta para reunirse secretamente con el abogado de la infanta, Miquel
Roca, con una celada contra Manos Limpias. Como la reunión no se materializó,
aventurar qué se pretendía en el hipotético encuentro resulta un ejercicio inútil
e irrelevante.
El veterano magistrado debe sentirse mal, quizás por saberse
utilizado por Manos Limpias, pero debe consolarle saber que él ha obrado
siempre guiado por su conciencia, sin otro objetivo que el cumplimiento de su deber
y su labor jurisdiccional. Al fin y al cabo si ha sido utilizado como parece,
no ha sido el único. Más razón tendrá la abogada Virginia López Negrete
de sentirse como un clínex. Consta que Luis Pineda, presidente de
Ausbanc, solo quería de ella “que se coma la sesión” refiriéndose al interrogatorio
a la infanta Cristina durante el juicio. “No se la puede dejar ese minuto de
gloria coño, no se la puede dejar, hay que anularla, además de vez en cuando
hasta humillarla un poco, haga lo que se la mande, porque cada vez que hace
algo que no se la manda me mete en un lío, porque parece que es torpe, corre
esa voz”, se despachaba Pineda por teléfono contra la avezada abogada.
Lo que se va conociendo tras el levantamiento parcial del
secreto sumarial del caso, que tiene en prisión preventiva a los presidentes de
ambas entidades, es escandaloso porque dos entidades de corte mafioso han
estado utilizando los resortes de la Justicia para forrarse denunciando
compulsivamente a todo cristo. Según la UDEF, Ausbanc –que por cierto, era como
una entidad sin ánimo de lucro, como el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin–
se embolsó 39 millones de euros en una década y más de 5 millones en
subvenciones públicas. Pero como todo el mundo sabe o debiera saber, a cada
cerdo le llega su San Martín y quien a hierro mata a hierro muere. El abogado Manuel
González Peeters, defensor de Diego Torres, podrá ejercer la acusación
popular junto a Podemos, el abogado Emilio Rodríguez Menéndez y su
asociación “Pro Justicia siglo XXI”. La venganza se sirve fría y ya veremos
quién acaba en la papelera.
(Publicado en Última Hora)
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