La Autoridad Portuaria de Balears parece haber decidido que
los actuales adjudicatarios de las instalaciones portuarias donde hay un club
náutico, cuando se les caduque la concesión, continúen al frente de esas
instalaciones eternamente solo por el hecho de tener “arraigo y proyección
social”. Dado que muchos llevan décadas gestionando esos espacios de dominio
público de tal modo que incluso se creen ser los auténticos propietarios y con
prebendas propias del feudalismo, cualquier otra entidad que quiera relevarles
al frente de la concesión verá sus pretensiones fracasar gracias al blindaje
que la APB ha realizado en forma de nuevos criterios de valoración del concurso
(expediente de competencia de proyectos se denomina oficialmente).
Lo más grave es que estos nuevos criterios se han aprobado
más de 8 meses después de que se publicase en el BOE el concurso por la
concesión del Club Náutico de Ibiza, cuando ya hace más de medio año que los
proyectos están sobre la mesa de la APB. Y naturalmente, estos nuevos criterios
benefician con todo descaro a una de las entidades en perjuicio de las otras.
Si eso no es amañar un concurso, al menos lo parece. Si además tenemos en
cuenta que relevantes personalidades políticas (el presidente de Puertos del
Estado, la presidenta del Govern, el alcalde de Eivissa e incluso el presidente
de la APB entre otros) se han manifestado a favor de la renovación de la
concesión al Club Náutico de Ibiza, parece claro que se está retorciendo la
legalidad para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Pero el asunto no queda
solo en Ibiza porque los mismos criterios se aplicarán al resto de concursos
que se convoquen para las renovaciones del resto de clubes náuticos, las más
inmediatas: Club de Mar y Real Club Náutico de Palma. Concursos que ya no
tienen ningún sentido y que sencillamente servirán de excusa para otorgarles la
renovación a las entidades que lo soliciten.
No hace tantos años se puso de moda la teoría de que los
bienes públicos debían ser subastados en todo caso, de forma que se consiguiera
el mayor beneficio económico de los mismos. ¿Recuerdan el caso de Can Domenge?
Muchos de los que así se pronunciaron ahora, sin embargo, defienden entregar
bienes de titularidad pública por el “arraigo y la proyección social”, que
viene a ser algo así como una discriminación por razón de lugar de nacimiento
completamente contraria a la Constitución y a las leyes. Es previsible que las
cosas acaben en los tribunales, porque nadie acepta pacíficamente que le pisoteen
del modo en que lo hace la APB.
Imaginemos por un momento que, como es de prever, la APB
renueva la concesión al Club Náutico de Ibiza. Imaginemos que esta entidad tira
adelante con el proyecto presentado, que según se informó supone una inversión
de 7,5 millones de euros. E imaginemos que unos años después, cuando las obras
están en marcha y los socios del CN Ibiza ya han tenido que hacer frente a
pagos para dicha inversión, un tribunal determina que la adjudicación fue
irregular. ¿Se imaginan lo que puede suceder? ¿Cómo se solucionará el asunto?
¿Cómo se va a devolver el dinero a los socios de la entidad? Lo que ahora se
despacha de un plumazo puede acabar –y yo pronostico que lo hará– como una verdadera pesadilla para centenares
de socios que actúan de buena fe. Y lo mismo pudiera suceder en el resto de
casos de clubes náuticos cuya concesión caduca y que la APB pretende prorrogar
de por vida, regalando unas instalaciones públicas. Ha habido gente sentada en
el banquillo por mucho menos.
(Publicado en mallorcadiario.com e ibizadiario.info)
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