Parece que el Gobierno del PP no está muy contento con
determinados funcionarios. Primero se negó a condecorar al fiscal
anticorrupción Pedro Horrach, pese a los grandísimos y extraordinarios
servicios prestados, en todos los órdenes. Luego se negó a otorgar medallas a
los funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de
Policía, quienes también han ejecutado espectaculares y exitosas operaciones,
con el factor añadido de que se han abstenido de participar en la defensa de la
infanta Cristina, lo cual no todo el mundo puede decir y es aún muchísimo más
meritorio y digno de reconocimiento. Más recientemente la delegada del Gobierno
del PP, Teresa Palmer, ha denegado la licencia de arma al juez Penalva y al
fiscal Subirán, quienes dirigen las investigaciones para desarticular la banda
de delincuentes que ha logrado infiltrarse en la Policía Local de Palma. A
Palmer no le pareció suficiente que ambos funcionarios se encuentren escarbando
entre la porquería de San Ferran para permitirles llevar licencia de revolver o
pistola y quiere que acrediten aún mejor los riesgos a los que están expuestos,
como si no fueran evidentes. En lugar de facilitarles que se protejan a sí
mismos se les asigna protección policial, que es más caro. El PP debiera
disimular un poco porque todo canta mucho.
A cuenta del “proceso catalán” desde diversos medios se dice
que Jordi Pujol Jr. actuaba de testaferro de su padre, el molt honorable
president. Sin embargo esas mismas voces descartan de plano la posibilidad de
que Iñaki Urdangarin fuese testaferro de su esposa Cristina de Borbón o incluso
de alguien de la familia de esta, como su propio padre o incluso su hermano
mayor. ¿A qué descartarlo sin más? Y además ¿por qué S.M. El Rey podía aceptar
y aceptaba regalos (aunque fueran de sátrapas y dictadores saudíes como los
Ferrari que ahora no hay forma de enajenar) y sin embargo se censura que
cualquier funcionario público o autoridad sea objeto de dádivas del tipo que
sean? Tan mal parece una cosa como otra. Pero hay un agravante: los regalos que
le hacían al Rey, cuando pasaban a Patrimonio Nacional (aunque el único que los
disfrutaba fuese Su Majestad), lo que realmente sucedía es que se
colectivizaban los gastos, de tal modo que el mantenimiento de tales bienes era
sufragado con cargo a los presupuestos generales del Estado y no a los de la
Casa Real. ¡Todos a pagar!
(Publicado en Última Hora)
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