Por esos misterios de la vida que uno no alcanza a comprender, un ciudadano no puede opositar a una plaza en la función pública –ni siquiera interino– si tiene la mala fortuna de estar inscrito en el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia –o sea, que tenga antecedentes penales– y sin embargo, puede ser diputado autonómico o concejal de un ayuntamiento sin el mayor problema. ¿Qué razón aconseja que alguien que una vez fue condenado por un tribunal por haber cometido un delito no pueda ser funcionario y sin embargo sí pueda ser diputado o senador? Eso es algo que se me escapa. Estamos en el caso del concejal de Igualdad y Derechos Cívicos de Palma, Aligi Molina, que el 22 de mayo de 2012 entró en la Conselleria d’Educació e incluso en el despacho del conseller Rafel Bosch de forma violenta y alterando el orden público como acto de protesta, motivo por el cual fue condenado a pagar una multa de 720 euros. El joven regidor de Som Palma no solo no ha cumplido la sentencia, sino que se declara en rebeldía y se niega a hacerlo. La portavoz del equipo de gobierno, Neus Truyols, dijo estar muy orgullosa “de tener un regidor que defiende la escuela pública y de calidad”. Cometiendo delitos si es necesario, le faltó añadir.
Cuesta calificar la banalización de una condena penal. No diré yo que haya que colocar un capirote y humillar a quienes tengan antecedentes penales, pero de ahí a enaltecerlos va un trecho. Además, ¿con qué autoridad moral la nueva regidora de Seguridad Ciudadana de Palma, Angélica Pastor, abre expediente a funcionarios implicados en causa penal –sin que haya recaído sentencia alguna–, pero a la vez no siente ningún reparo en formar parte de un consistorio donde en la Junta de Govern se sienta un compañero condenado en sentencia firme por delito doloso? Es difícil de creer la teórica “mano dura” de la que hace gala la responsable de la Policía Local. Dado que ha solicitado al juzgado de instrucción nº 12 información sobre los policías locales imputados en la presunta trama de corrupción, ¿por qué no aprovecha para pedir informes sobre el cumplimiento de la sentencia del concejal Aligi Molina? Igual dentro de unos meses nos enteramos de que ha sido imputado por quebrantamiento de condena, lo que imagino aún será motivo de mayor orgullo para la portavoz Truyols, si cabe. Dos delitos siempre serán mejor que uno. ¡Qué orgullosos estaremos!
(Publicado en Última Hora)
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