A buen seguro que
Castro ha meditado en profundidad el alcance de tan grave decisión sin
contar con el apoyo del fiscal Horrach, con quien trabaja codo con codo desde
hace años para esclarecer el caso Palma Arena (del que el caso Urdangarin es
solo una de las 24 piezas separadas que faltan por enjuiciar). Y ha optado por
no hacer con doña Cristina distingos, como si fuera una más. Sin embargo, para
ello ha tenido que rectificar sus propias decisiones y desandar el camino
andado cada vez que se opuso contundentemente a su imputación cuantas veces se
lo pidió la acusación popular que ejerce Manos Limpias. Ahora, aunque nadie se
lo pide formalmente y aunque la Audiencia Provincial ratificó sus anteriores
decisiones de dejar a la hija del Rey al margen de todo, ha decidido dar el
paso por sí y bajo su cuenta y riesgo, lo que ilustres juristas ponen en
cuestión. Pero Castro ya ha sido subido a los altares y suceda lo que suceda, pasará
a la historia judicial de nuestra democracia.
Por su parte el
fiscal Pedro Horrach presenta un recurso a la decisión del juez y la
paraliza. Dice que lo hace sin presiones de ningún tipo y que este tipo de
recursos es normal. ¿Normal? ¿En cuántos casos la Fiscalía Anticorrupción ha
recurrido una imputación ordenada por el Juez en un caso de presunta corrupción?
A pesar de que en Baleares son varios centenares los imputados, no lo ha hecho
jamás. Así, vemos a Horrach transmutado en abogado defensor de Cristina de
Borbón, al nivel de Miquel Roca i Junyent. Y a costa de ello ha quedado a los
ojos de todos como Cagancho en Almagro:
el torero que presa del miedo intentó asesinar, que no matar, al toro desde el
callejón, pinchando en cuello, costados y brazuelos. Tuvo que salir escoltado
por la Guardia Civil de la turba enfurecida. Así están quedando Horrach y la
Fiscalía: con las vergüenzas al aire. Para el Ministerio Público no todos somos
iguales ante la Ley. Ya no cabe duda.
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