Entre el 4 y el 7 de junio, todos los ciudadanos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, 375.000.000 de electores, estamos llamados a elegir a los 751 miembros del Parlamento Europeo. En España las elecciones se celebrarán el domingo 7 de junio. Mañana, por tanto, a las 0:00 horas, comienzan oficialmente los 15 días de campaña electoral. A España corresponde en esta ocasión elegir 50 eurodiputados o eurodiputadas, en lugar de los 54 que nos han correspondido antes de la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea.
En las últimas elecciones celebradas en 2004 (las elecciones al Parlamento Europeo se celebran cada 5 años), el PSOE obtuvo 25 diputados, el PP 24 diputados, Galeusca – Pobles de Europa (la coalición compuesta por PNV, BNG, CiU, Bloc Nacionalista Valencià y Partit Socialista de Mallorca) consiguió 2 diputados, Izquierda Unida logró 2 diputados y Europa de los Pueblos (la coalición de ERC, EA, CHA, Partido Socialista de Andalucía y otros partidos nacionalistas minoritarios de Asturias, Cantabria, La Rioja y Canarias) obtuvo un diputado. Es decir, únicamente 5 candidaturas obtuvieron representación.
Los resultados de diversas encuestas hechas públicas en los medios de comunicación antes de iniciar la campaña electoral, concretamente las encuestas de Sigma Dos y del Centro de Investigaciones Sociológicas, son coincidentes en cuanto al resultado ofrecido y pronostican que en las próximas elecciones únicamente obtengan representación PSOE (23), PP (23), Coalición por Europa (heredera de Galeusca, además de Unión Mallorquina, Coalición Canaria y Partido Andalucista) (2), Izquierda Unida (1) y Europa de los Pueblos – Verdes (1). Unión Progreso y Democracia, partido que por primera vez concurre a las elecciones europeas, no alcanzaría a obtener los votos necesarios para consolidar un escaño. Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones de 2004 y los resultados de las encuestas, es previsible tan sólo obtengan representación en el europarlamento los partidos ya citados: PSOE, PP, Coalición por Europa (antes Galeusca, PNV+BNG+CiU), Izquierda Unida y Europa de los Pueblos Verdes (ERC-EA). Los mismos que en el año 2004: 5 candidaturas de las 34 que concurren a los comicios.
La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, impone a los miembros de la Guardia Civil la prohibición de pertenecer a partidos políticos. Esto, que a priori pudiera parecer lógico, no lo es tanto si se tiene en cuenta que esta obligación reforzada de neutralidad política sólo se exige a los miembros de la Guardia Civil, por el hecho de ser militares, y no a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía ni al resto de miembros de los cuerpos de policía autonómicos y locales, cuando nuestras misión es exactamente la misma, según establece la Constitución y la citada Ley Orgánica. Así pues, el artículo 15.2 de la L.O. 2/1986 establece que: “Los miembros de la Guardia Civil no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos ni hacer peticiones colectivas: individualmente podrán ejercer el derecho de petición en los términos establecidos en su legislación específica”. Y abundando en lo anterior, la Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, dicta en su artículo 18.1 (neutralidad e imparcialidad) que: “Los miembros de la Guardia Civil no podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales”. Y añade en el punto 2: “En el cumplimiento de sus funciones, los Guardias Civiles deberán actuar con absoluta neutralidad política y sindical, respetando los principios de imparcialidad y no discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Sin embargo y pese a todo lo anterior, sí tenemos reconocido el derecho de sufragio y, por tanto, podemos votar en las elecciones como el resto de la ciudadanía.
Para ser respetuoso con las rigurosas obligaciones de neutralidad e imparcialidad que la Ley me impone a mi y a la totalidad de los y las guardias civiles “en el cumplimiento de sus funciones” (ojo al matiz), me abstendré de mostrar mis preferencias a la hora de ejercer el derecho al voto, ya que no creo que tengan el mínimo interés para nadie. Pero sí quisiera decir que conozco personalmente al cabeza de lista de una de las candidaturas: Willy Meyer. No conozco al nº 1 de la lista del PP, Jaime Mayor Oreja; ni a Juan Fernando López Aguilar, del PSOE; ni a Ramón Tremosa, de Coalición por Europa; ni a Oriol Junqueras, de Europa de los Pueblos – Verdes (ERC); ni a Francisco Sosa Wagner (UPyD). Pero, como he dicho, sí tengo el placer de conocer al primero de la lista electoral de Izquierda Unida - Iniciativa Per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Bloque Por Asturies: La Izquierda (IU-ICV-EUIA-BA). Y por ello, es justo que diga ahora que Willy Meyer siempre ha sido una persona profundamente comprometida con los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil y se ha preocupado por nuestra situación laboral.
En las últimas elecciones celebradas en 2004 (las elecciones al Parlamento Europeo se celebran cada 5 años), el PSOE obtuvo 25 diputados, el PP 24 diputados, Galeusca – Pobles de Europa (la coalición compuesta por PNV, BNG, CiU, Bloc Nacionalista Valencià y Partit Socialista de Mallorca) consiguió 2 diputados, Izquierda Unida logró 2 diputados y Europa de los Pueblos (la coalición de ERC, EA, CHA, Partido Socialista de Andalucía y otros partidos nacionalistas minoritarios de Asturias, Cantabria, La Rioja y Canarias) obtuvo un diputado. Es decir, únicamente 5 candidaturas obtuvieron representación.
Los resultados de diversas encuestas hechas públicas en los medios de comunicación antes de iniciar la campaña electoral, concretamente las encuestas de Sigma Dos y del Centro de Investigaciones Sociológicas, son coincidentes en cuanto al resultado ofrecido y pronostican que en las próximas elecciones únicamente obtengan representación PSOE (23), PP (23), Coalición por Europa (heredera de Galeusca, además de Unión Mallorquina, Coalición Canaria y Partido Andalucista) (2), Izquierda Unida (1) y Europa de los Pueblos – Verdes (1). Unión Progreso y Democracia, partido que por primera vez concurre a las elecciones europeas, no alcanzaría a obtener los votos necesarios para consolidar un escaño. Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones de 2004 y los resultados de las encuestas, es previsible tan sólo obtengan representación en el europarlamento los partidos ya citados: PSOE, PP, Coalición por Europa (antes Galeusca, PNV+BNG+CiU), Izquierda Unida y Europa de los Pueblos Verdes (ERC-EA). Los mismos que en el año 2004: 5 candidaturas de las 34 que concurren a los comicios.
La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, impone a los miembros de la Guardia Civil la prohibición de pertenecer a partidos políticos. Esto, que a priori pudiera parecer lógico, no lo es tanto si se tiene en cuenta que esta obligación reforzada de neutralidad política sólo se exige a los miembros de la Guardia Civil, por el hecho de ser militares, y no a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía ni al resto de miembros de los cuerpos de policía autonómicos y locales, cuando nuestras misión es exactamente la misma, según establece la Constitución y la citada Ley Orgánica. Así pues, el artículo 15.2 de la L.O. 2/1986 establece que: “Los miembros de la Guardia Civil no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos ni hacer peticiones colectivas: individualmente podrán ejercer el derecho de petición en los términos establecidos en su legislación específica”. Y abundando en lo anterior, la Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, dicta en su artículo 18.1 (neutralidad e imparcialidad) que: “Los miembros de la Guardia Civil no podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales”. Y añade en el punto 2: “En el cumplimiento de sus funciones, los Guardias Civiles deberán actuar con absoluta neutralidad política y sindical, respetando los principios de imparcialidad y no discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Sin embargo y pese a todo lo anterior, sí tenemos reconocido el derecho de sufragio y, por tanto, podemos votar en las elecciones como el resto de la ciudadanía.
Para ser respetuoso con las rigurosas obligaciones de neutralidad e imparcialidad que la Ley me impone a mi y a la totalidad de los y las guardias civiles “en el cumplimiento de sus funciones” (ojo al matiz), me abstendré de mostrar mis preferencias a la hora de ejercer el derecho al voto, ya que no creo que tengan el mínimo interés para nadie. Pero sí quisiera decir que conozco personalmente al cabeza de lista de una de las candidaturas: Willy Meyer. No conozco al nº 1 de la lista del PP, Jaime Mayor Oreja; ni a Juan Fernando López Aguilar, del PSOE; ni a Ramón Tremosa, de Coalición por Europa; ni a Oriol Junqueras, de Europa de los Pueblos – Verdes (ERC); ni a Francisco Sosa Wagner (UPyD). Pero, como he dicho, sí tengo el placer de conocer al primero de la lista electoral de Izquierda Unida - Iniciativa Per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Bloque Por Asturies: La Izquierda (IU-ICV-EUIA-BA). Y por ello, es justo que diga ahora que Willy Meyer siempre ha sido una persona profundamente comprometida con los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil y se ha preocupado por nuestra situación laboral.
Esta foto está tomada el 19 de febrero de 2007, un mes después de la manifestación de guardias civiles de uniforme celebrada el 20 de enero en Madrid. Nos entrevistamos en Palma y se interesó por los expedientes que el Gobierno nos había abierto por la protesta. Se ofreció a plantear una pregunta escrita a la Comisión Europea al objeto de llamar la atención de la Comisión Europea y del resto de los países de la Unión sobre las actuaciones del Gobierno español ante el ejercicio del derecho de manifestación de los guardias civiles en los siguientes términos:“El pasado día 20 de enero de 2007 en la Plaza Mayor de Madrid tuvo lugar una concentración convocada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a la que asistieron unas 3.000 personas, tanto miembros de la propia Guardia Civil como ciudadanos y ciudadanas para dar apoyo a la reivindicación de derechos por parte de este colectivo, que después de 30 años de democracia en España sigue sin tener los mismos derechos que la Policía y el resto de ciudadanos.
Los guardias civiles son trabajadores, funcionarios públicos, servidores de los ciudadanos y ciudadanas, a los que se les debe el reconocimiento de sus Derechos constitucionales y profesionales como son, entre otros, la libre elección de residencia, la libertad de circulación, la libertad de expresión, el derecho de petición colectiva, el derecho a ser representados laboralmente por organizaciones ya sean profesionales o sindicales, la plena equiparación y homologación profesional, estatutaria y salarial con el resto de policías y la participación efectiva de los agentes en la prevención de riesgos laborales.
La Guardia Civil, al no formar parte del Ejército según la Constitución española, requiere de una articulación legal como Fuerza y Cuerpo de Seguridad diferenciada del Estatuto de las Fuerzas Armadas.
Tras la concentración ha expedientado y suspendido de tres meses de sueldo a los líderes de la AUGC que promovieron la concentración y se prevén otra treintena de sanciones a otros asistentes a la protesta. El informe del Ministerio del Interior que ha servido de base para la apertura de los expedientes no hay alusión a las intervenciones el día de la concentración de Joan Miquel Perpinyà ni Juan Antonio Delgado, los dos expedientados, y en cambio sí hay una valoración de la AUGC, llegando a sugerir su ilegalización como medida para acabar con el asociacionismo en el cuerpo.
Ante todo lo expuesto, y puesto que estamos ante una clara persecución y violación del derecho al asociacionismo recogido en el artículo 22 de la Constitución española y en abundantes directivas del europarlamento, ¿conoce la Comisión sobre los hechos aquí expuestos? ¿Piensa la Comisión recabar información del Gobierno español sobre los expedientes abiertos a miembros de la Guardia Civil? ¿Qué medidas concretas piensa adoptar la Comisión para sancionar esta vulneración del derecho de asociación?”
Willy Meyer fue entre 1996 y 2000 portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados y, por tanto, es un perfecto conocedor del modelo policial en España. Ha sido diputado en el europarlamento en la última legislatura (2004-2009).
En el año 2001 escribió: “(…) es obvio que la actual Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha sido superada por la propia evolución de la sociedad española y debería abordarse por las Cortes Generales la necesidad de redactar una nueva ley orgánica que adecue el actual sistema policial a las nuevas demandas ciudadanas de seguridad, a los cambios operados en la estructura administrativa del Estado y a una creciente demanda dentro de la Guardia Civil para desmilitarizar el Cuerpo. (…) La Asociación COPROPER-6J realiza una función inestimable con los funcionarios de la Guardia Civil, al igual que otras asociaciones de militares, y es hora que la Administración del Estado vea en ellas a entidades colaboradoras y por tanto necesarias para un mejor servicio de los profesionales de Defensa o de la Guardia Civil. (…) Es de esperar que la Asociación COPROPER-6J siga creciendo en influencia y socios como mejor contribución tanto a la defensa de los intereses de los guardias civiles como a la necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema de policía, federal y desmilitarizado”.
Creo que es bueno acordarse de las cosas y que utilicemos la memoria para lo que sirve. Al fin y al cabo, el debate que algunos plantean sobre quién será el ganador de las elecciones es un debate profundamente inútil y hasta tendencioso, pues carece de toda importancia. Como ya he dicho, en estas elecciones tanto ganará Jaime Mayor Oreja como Willy Meyer: un escaño en el Parlamento Europeo. Nada más y nada menos. Plantear las elecciones europeas como una especie de primarias para las elecciones generales es absurdo porque nada tiene que ver.
Por otra parte, existe la posibilidad de votar en blanco o de abstenerse, cuestión muy peliaguda para la credibilidad de las decisiones del futuro parlamento europeo si continúa aumentando el número de ciudadanos que se desentiende de las elecciones. Recordemos que en las elecciones del 2004 la participación no superó el 45% en España y también en el conjunto de la Unión, y para estas elecciones del 7 de junio el eurobarómetro indicaba que la tasa de abstención podría aumentar hasta el 66%. A pesar de los esfuerzos que van a hacer las 34 candidaturas que concurren a las elecciones para movilizar a la ciudadanía, es muy probable que en esta ocasión aún sean más de 19.039.553 hombre y mujeres, que fueron abstencionistas en el año 2004, quienes decidan quedarse en casa o ir a la playa. ¿Es posible que casi 20 millones de personas estén equivocadas o es una opción bastante juiciosa, como acción y opción personal de protesta? 
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