Una vez que el juicio conocido como ‘caso facturas’ ha quedado visto para sentencia, en el cual han sido juzgados los altos mandos de la Guardia Civil, los coroneles García Peña y Cuadri y el capitán Trujillo, además del constructor Jaime Ferragut, por los delitos de falsedad en certificación de obra, falsificación de documento oficial y falsificación de documento mercantil, ha llegado el momento de analizar las declaraciones del Delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, de quien creí interpretar que trataba de justificar el comportamiento de los acusados y de intentar restar importancia a los hechos.
“En ningún momento (...) se puede traslucir que intentaba justificar nada”, afirmó Socías. Pero leamos sus afirmaciones aparecidas en los medios de comunicación:
- “No fue para enriquecerse”, sino para amueblar la vivienda oficial del coronel Javier García Peña.
- Consideró que en la actuación de los tres agentes de la Benemérita, "no hubo ánimo de hacer daño".
- “Nadie se ha llevado dinero a su bolsillo”, aunque como funcionarios públicos deben ser muy respetuosos con la Ley”.
- “Pese a que en este caso no fue para enriquecerse sino para amueblar una vivienda”.
- “no es que sean de Roche-Bobois, sino de Ikea y Leroy Merlin”, por lo que “no había ningún lujo”.
- “Sí que se hizo mal porque se falsificaron facturas, pero la justicia será la que determinará en qué tipo de responsabilidad han incurrido los actores de este desgraciado suceso”.
¿No parece que está haciendo lo contrario de lo que dice? Si las afirmaciones que hemos reproducido no son un intento de justificar las actuaciones de los encausados y de banalizar lo sucedido, lo parecen...
Para contrarrestar mis opiniones, Socías quiso desacreditarlas haciendo consideraciones personales sobre mí, lo cual lamento profundamente, diciendo que atravieso “una situación complicada en la Guardia Civil a nivel disciplinario, de modo que entiendo que sus declaraciones puedan verse condicionadas por ello”. Socías añadió: “lleva muchos años trabajando en una agrupación no reconocida legalmente, intentando mejorar la calidad de vida de los guardias, y seguramente estas críticas que ha hecho a raíz del juicio tendrían más validez en otras circunstancias”. Según aclaró respecto a las ayudas reservadas a los jefes de comandancia, se otorgan cuando hay traslados por mudanza y son mayores en según que escalones, pero “se perciben en todos”, como los periodos de permiso. “Cuando se sube de escalafón muchas veces son mayores”, recalcó.
Según Socías, para que mis declaraciones tuvieran mayor validez, yo no debería encontrarme en una situación complicada en la Guardia Civil a nivel disciplinario. Pero, ¿qué me ha llevado a estar en esta situación? Precisamente, y como él mismo reconoce, llevar muchos años trabajando para intentar mejorar la calidad de vida de los guardias civiles –pecado nefando, por lo que parece– y denunciar casos de corrupción, como por ejemplo el ‘caso facturas’. Y considero que en peor situación a nivel disciplinario se encuentran los funcionarios que presuntamente cometieron esos delitos, pero… ¿se pedirá para ellos la expulsión en vía disciplinaria, en caso de que no sean condenados por cometer delito, tras lo visto y oído en el juicio? Estoy convencido de que no. Pero para mí, se propone la expulsión por no acudir a un reconocimiento médico sin que se haya probado que fuera citado, sino todo lo contrario: lo que ha quedado probado hasta ahora es que no fui convocado jamás.
No deja de resultar curioso que a mi “situación disciplinaria complicada”, Socías no le reste importancia, al contrario de lo que hace con el ‘caso facturas’. Quizá será porque conmigo no despachaba, ni se tomaba vinos españoles en los actos oficiales, y sí lo hacía con Cuadri y con García Peña… pero los argumentos que utiliza con ellos puede utilizarlos conmigo si él quisiera: yo tampoco he hecho nada con intención de hacer daño, ni he comprado muebles de lujo con el dinero todos los españoles, ni he hecho nada para enriquecerme, ni me llevé dinero a mi bolsillo. Pero en mi caso se propone mi expulsión disciplinaria. ¿Por qué Socías no utiliza idénticos argumentos conmigo que los que emplea para los acusados en el ‘caso facturas’? Por un momento se me había olvidado que soy un simple guardia de la escala básica. Ya lamento que el chanchullo se descubriera durante su mandato como Delegado del Gobierno y es más que probable que sea por esto por lo que trata de restar importancia a lo que sucedió.
Otra cuestión: los muebles que adquirió el coronel García Peña no podían ser de lujo porque sólo disponía de 10.400 euros del erario público, lo cual tampoco da para amueblar minuciosamente un piso, como no sea recurriendo a muebles de 2ª mano del rastrillo Remar o a la Fundación Deixalles… Y por cierto, no se trata de traslados por mudanza, como menciona el Sr. Socías. Le pediría que haga el favor de no confundir a la opinión pública. No hable de mudanzas, que no se trata de eso porque, que sepamos, García Peña no trajo muebles de la península: se los compró presuntamente con dinero obtenido a través del dinero obtenido presuntamente mediante engaño, con un expediente falso para obras. Otra duda que se nos plantea obligatoriamente al tratarse de un juicio a funcionarios públicos es la no personación la causa de la Abogacía del Estado, cuyo jefe es el Delegado del Gobierno.
Por último, sólo diré que lo mínimo que se espera de un Delegado del Gobierno es que lea las leyes que se publican el BOE. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) es ya una Asociación Profesional de las previstas y reguladas en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, y registrada en el Registro de Asociaciones Profesionales de guardias civiles del Ministerio del Interior, sección 1ª, con el número 5. Cosa distinta es que le disguste que nos personemos en casos de presunta corrupción como acusación popular, contrariamente a lo que, en mi opinión, debió de hacer la abogacía del Estado. Quizás también haya a quien disguste que un Delegado del Gobierno califique de “desgraciado suceso” la comisión de un presunto delito, porque tergiversar las palabras lleva a tergiversar la realidad. Desgraciado suceso es un accidente de tráfico cuando un vehículo atraviesa la mediana y colisiona contra otro vehículo que circula en sentido contrario. Pero calificar así la presunta comisión de un hecho delictivo por parte de funcionarios públicos denota, objetivamente, o al menos así yo lo veo, una vez más, ánimo de disculpar, de banalizar y de restar importancia a un caso de corrupción que ha sido objeto de enjuiciamiento por parte de la Audiencia Provincial y del cual esperamos conocer pronto la sentencia del Tribunal.
- “Nadie se ha llevado dinero a su bolsillo”, aunque como funcionarios públicos deben ser muy respetuosos con la Ley”.
- “Pese a que en este caso no fue para enriquecerse sino para amueblar una vivienda”.
- “no es que sean de Roche-Bobois, sino de Ikea y Leroy Merlin”, por lo que “no había ningún lujo”.
- “Sí que se hizo mal porque se falsificaron facturas, pero la justicia será la que determinará en qué tipo de responsabilidad han incurrido los actores de este desgraciado suceso”.
¿No parece que está haciendo lo contrario de lo que dice? Si las afirmaciones que hemos reproducido no son un intento de justificar las actuaciones de los encausados y de banalizar lo sucedido, lo parecen...
Para contrarrestar mis opiniones, Socías quiso desacreditarlas haciendo consideraciones personales sobre mí, lo cual lamento profundamente, diciendo que atravieso “una situación complicada en la Guardia Civil a nivel disciplinario, de modo que entiendo que sus declaraciones puedan verse condicionadas por ello”. Socías añadió: “lleva muchos años trabajando en una agrupación no reconocida legalmente, intentando mejorar la calidad de vida de los guardias, y seguramente estas críticas que ha hecho a raíz del juicio tendrían más validez en otras circunstancias”. Según aclaró respecto a las ayudas reservadas a los jefes de comandancia, se otorgan cuando hay traslados por mudanza y son mayores en según que escalones, pero “se perciben en todos”, como los periodos de permiso. “Cuando se sube de escalafón muchas veces son mayores”, recalcó.
Según Socías, para que mis declaraciones tuvieran mayor validez, yo no debería encontrarme en una situación complicada en la Guardia Civil a nivel disciplinario. Pero, ¿qué me ha llevado a estar en esta situación? Precisamente, y como él mismo reconoce, llevar muchos años trabajando para intentar mejorar la calidad de vida de los guardias civiles –pecado nefando, por lo que parece– y denunciar casos de corrupción, como por ejemplo el ‘caso facturas’. Y considero que en peor situación a nivel disciplinario se encuentran los funcionarios que presuntamente cometieron esos delitos, pero… ¿se pedirá para ellos la expulsión en vía disciplinaria, en caso de que no sean condenados por cometer delito, tras lo visto y oído en el juicio? Estoy convencido de que no. Pero para mí, se propone la expulsión por no acudir a un reconocimiento médico sin que se haya probado que fuera citado, sino todo lo contrario: lo que ha quedado probado hasta ahora es que no fui convocado jamás.
No deja de resultar curioso que a mi “situación disciplinaria complicada”, Socías no le reste importancia, al contrario de lo que hace con el ‘caso facturas’. Quizá será porque conmigo no despachaba, ni se tomaba vinos españoles en los actos oficiales, y sí lo hacía con Cuadri y con García Peña… pero los argumentos que utiliza con ellos puede utilizarlos conmigo si él quisiera: yo tampoco he hecho nada con intención de hacer daño, ni he comprado muebles de lujo con el dinero todos los españoles, ni he hecho nada para enriquecerme, ni me llevé dinero a mi bolsillo. Pero en mi caso se propone mi expulsión disciplinaria. ¿Por qué Socías no utiliza idénticos argumentos conmigo que los que emplea para los acusados en el ‘caso facturas’? Por un momento se me había olvidado que soy un simple guardia de la escala básica. Ya lamento que el chanchullo se descubriera durante su mandato como Delegado del Gobierno y es más que probable que sea por esto por lo que trata de restar importancia a lo que sucedió.
Otra cuestión: los muebles que adquirió el coronel García Peña no podían ser de lujo porque sólo disponía de 10.400 euros del erario público, lo cual tampoco da para amueblar minuciosamente un piso, como no sea recurriendo a muebles de 2ª mano del rastrillo Remar o a la Fundación Deixalles… Y por cierto, no se trata de traslados por mudanza, como menciona el Sr. Socías. Le pediría que haga el favor de no confundir a la opinión pública. No hable de mudanzas, que no se trata de eso porque, que sepamos, García Peña no trajo muebles de la península: se los compró presuntamente con dinero obtenido a través del dinero obtenido presuntamente mediante engaño, con un expediente falso para obras. Otra duda que se nos plantea obligatoriamente al tratarse de un juicio a funcionarios públicos es la no personación la causa de la Abogacía del Estado, cuyo jefe es el Delegado del Gobierno.
Por último, sólo diré que lo mínimo que se espera de un Delegado del Gobierno es que lea las leyes que se publican el BOE. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) es ya una Asociación Profesional de las previstas y reguladas en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, y registrada en el Registro de Asociaciones Profesionales de guardias civiles del Ministerio del Interior, sección 1ª, con el número 5. Cosa distinta es que le disguste que nos personemos en casos de presunta corrupción como acusación popular, contrariamente a lo que, en mi opinión, debió de hacer la abogacía del Estado. Quizás también haya a quien disguste que un Delegado del Gobierno califique de “desgraciado suceso” la comisión de un presunto delito, porque tergiversar las palabras lleva a tergiversar la realidad. Desgraciado suceso es un accidente de tráfico cuando un vehículo atraviesa la mediana y colisiona contra otro vehículo que circula en sentido contrario. Pero calificar así la presunta comisión de un hecho delictivo por parte de funcionarios públicos denota, objetivamente, o al menos así yo lo veo, una vez más, ánimo de disculpar, de banalizar y de restar importancia a un caso de corrupción que ha sido objeto de enjuiciamiento por parte de la Audiencia Provincial y del cual esperamos conocer pronto la sentencia del Tribunal.
Esta foto es del 11 de octubre de 2005, tras una reunión que mantuvimos Ángel Morales y yo con el Delegado del Gobierno, Ramón Socías.
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