Hoy el periódico Última Hora de Baleares ha publicado la segunda parte del artículo de opinión que ayer ya se empezó a publicar. Ahí va:
El coronel Sr. García Peña, durante los meses de julio a octubre de 2005, fue adquiriendo mobiliario y multitud de otros elementos para su residencia oficial, bien a través de los fondos que le eran anticipados por la Caja de la comandancia, bien mediante compras directas efectuadas por él mismo, cuyo importe recuperaba posteriormente de la Caja Pagadora, previa presentación de facturas y justificantes de pago. El importe total de esas compras ascendió a 12.208’11 €. La mayoría de dicho mobiliario nuevo fue relacionado en un inventario que suscribió el propio Sr. García Peña y que aparece con fecha 1 de noviembre de 2005, sin visar por nadie más y en ningún caso por algún superior suyo, por lo cual no es peregrino sospechar que una vez que se descubrió lo ocurrido, García Peña decidiese incluir todo lo comprado en el inventario. Sin embargo, existen muebles que fueron adquiridos y no figuran ni en el inventario ni en el Acta de entrada en domicilio que el Servicio de Asuntos Internos levantó en fecha 6 de septiembre de 2006.
Los delitos de los que son acusados por la acusación particular, ejercida por AUGC: son un delito continuado de falsificación de documento oficial, un delito de falsedad de certificaciones, un delito de falsificación en documento mercantil, y una falta de apropiación indebida. Por ello se solicita para el Coronel García Peña, quien fuera en el momento de los hechos máximo responsable de la Guardia Civil en Baleares, una pena de cinco años de cárcel y multa de 15 meses a razón de ocho euros diarios e inhabilitación especial por 4 años por el delito continuado de falsificación de documento oficial. La pena de suspensión de seis meses por el delito de falsedad de certificaciones, y una multa de un mes a razón de ocho euros diarios por la falta de apropiación indebida. Por el contrario, la fiscalía solicita penas irrisorias, concretamente la pena mínima de 3 meses de prisión por el delito de falsedad en certificación de obras con la atenuante muy cualificada de confesión.
Para el coronel Luis Cuadri, quien entonces era 2º jefe de la Comandancia de Baleares, se solicitan cinco años de prisión, multa de quince meses a razón de ocho euros diarios e inhabilitación especial por un tiempo de cuatro años, al considerarle responsable del delito continuado de inducción a la falsificación de documento oficial, dado que supuestamente fue el propio García Peña fue quien le acusó de haberle propuesto llevar a cabo los delitos de los que está procesado. La fiscalía solicita la libre absolución, puesto que no hay más testimonios que le incriminen que las declaraciones de García Peña.
Para el capitán José López García Trujillo se piden dos años de prisión al considerarle autor por inducción del delito de falsificación en documento mercantil. Y para el empresario Jaime Ferragut se solicitan otros dos años de prisión como autor del mismo delito. En estos dos casos, la fiscalía solicita para ambos tres meses de prisión.
Las penas que solicita la fiscalía son considerablemente menores, por no decir ridículas. ¿Por qué razón? Al parecer, hubo un intento de llegar a un acuerdo extra-judicial por el cual el coronel García Peña, el capitán José López García Trujillo y el empresario Jaime Ferragut aceptarían ser condenados a penas mínimas, evitando así que se celebrara juicio público y la consiguiente vergüenza y el escarnio de ver a tres oficiales de la Guardia Civil sentados en el banquillo de los acusados, con la repercusión mediática correspondiente. Sin embargo, la personación en la causa como acusación particular por parte de AUGC, trastocó los planes de evitar el juicio en vista pública.
La instrucción de esta causa fue un “marrón” desde el mismo día en que saltó el asunto a los medios de comunicación y según parece, nadie quería tener que lidiar con el morlaco, de forma que hubo una agria polémica entre los titulares de los Juzgados de Instrucción 8 y 9 de Palma sobre la competencia a la hora de entender de la causa. Finalmente, el Juez Decano Martínez Espinosa declaró competente al Juzgado de Instrucción nº 9, según las normas de reparto aleatorio.
No cabe duda de que García Peña certificó por escrito y con su firma que Construcciones Calabruix S.L. había realizado las obras conforme al presupuesto elaborado por la misma empresa por un importe total de 12.505,32 € y que tal certificación es falsa, además del resto de documentos necesarios en el expediente y que ya hemos detallado. El comandante Asís Olmedo, interventor de la Comandancia de Baleares, afirmó que García Peña mostró un gran desconocimiento de los procedimientos legales establecidos para la gestión económica y que trató de asesorarle sobre ello. También declaró que Cuadri le llamó a su despacho para incidir en las obras del pabellón del coronel García Peña, preguntándole cómo se podía hacer la obra ya que el coronel tenía unas facturas de compras que había efectuado y quería solucionar el problema. El interventor declaró sentirse sorprendido, porque Cuadri no tenía entre sus competencias el control de la gestión económica. Y además, manifestó que se sintió incómodo porque la solución aportada y que se ajustaba a la legalidad, parecía no satisfacer ni a García Peña ni a Cuadri. Por supuesto, el interventor niega haber presenciado la entrega de sobre alguno con dinero y del inventario no sabe nada porque eso se escapa de sus funciones y competencias.
Jaime Ferragut Ferrá, propietario y administrador único de Construcciones Calabruix S.L. dijo que no conocía a García Peña más que porque se lo había presentado el capitán Trujillo. Que un día fue a visitar a Trujillo a su despacho de la comandancia de Palma, donde solía acudir a menudo, y que este capitán le dijo si quería hacer un trabajo, pidiéndole un presupuesto para realizar la obra para la vivienda del coronel. Le llevó un presupuesto, y Trujillo le pidió una factura y un número de cuenta donde hacienda le haría el pago de la obra, y que así la cobraría y luego ya se le avisaría cuando tuviera que hacerla. Efectivamente, le ingresaron el dinero de Hacienda pero nadie, ni el capitán Trujillo ni nadie contactó con él sobre esta cuestión. Niega rotundamente haber hecho entrega de sobre alguno, ni al capitán Trujillo ni a nadie y atribuye el hecho de que se le paguen 12.000 € y después de un año “la obra no se haya realizado a que no hay control, que se han olvidado, que se han despreocupado”. ¿Puede alguien creerse esto?
El 22 de agosto de 2005, según consta en el sumario, el capitán Trujillo le entregó al constructor Ferragut un oficio del coronel jefe de la Guardia Civil de Baleares en el que se le notifica que ha sido adjudicatario de la mencionada obra y que tiene un plazo de dos meses para realizarla. ¿Por qué si en el propio documento constaba que tenia dos meses de plazo para efectuar la obra, no lo hizo? Ferragut contestó que dada la relación que le unía con Trujillo, este le dijo que no se preocupara y que ya le avisaría, cosa que jamás hizo.
El coronel Cuadri era jefe interino de la Zona de Baleares a la llegada del nuevo jefe, el coronel García Peña. Nos abruma la sinceridad con la que al ser preguntado sobre el estado en que se encontraba el pabellón del jefe de la Comandancia, este responde: “(…) es notorio que el equipo de entretenimiento (guardias civiles que realizan pequeñas obras de carpintería, fontanería, albañilería y electricidad) lo emplea el jefe de la unidad que lo tiene a su disposición cuando necesita hacer una pequeña obra o reparación en el mismo, por tanto no creo que el anterior adjudicatario que era el entonces coronel Santandreu lo dejara en tan malas condiciones como al parecer dice el coronel Peña”. Aquí procede una pregunta de las que eternamente viene haciendo AUGC y que jamás nadie contesta: ¿por qué debe haber guardias civiles haciendo trabajos que nada tienen que ver con la seguridad pública, y “a disposición” del jefe de turno, a quien las reparaciones les salen gratis? Aquellos que no vivimos en viviendas oficiales de la Guardia Civil, cuando se nos rompe un grifo o un enchufe, o una persiana, llamamos a un técnico para que nos lo arregle. Y lo pagamos. ¿Por qué tienen que tener los jefes un trato diferente? ¿Acaso su sueldo no les da para ello?
Cuadri se contradice con el comandante interventor, pues manifiesta no acordarse de haberle llamado a su despacho. Por tanto, niega lo afirmado por el comandante interventor sobre su reunión en su despacho, ya que García Peña era quien tenía el mando de la unidad. Cuadri también niega rotundamente haber recibido de García Peña un sobre con dinero. Y también niega haber sugerido al coronel García Peña establecer contacto con una empresa constructora para justificar las obras que este quería hacer en su vivienda oficial. Sin embargo, si manifiesta que García Peña le preguntó si conocía algún contratista para que le hiciera un presupuesto de las obras y le dijo que conocía a Jaime Ferragut, que además era amigo del capitán Trujillo. Cuando el personal de Asuntos Internos le preguntó a Cuadri por qué el comandante interventor afirmó en su declaración que él se había interesado en varias ocasiones por la forma en que se podía solucionar el problema de la justificación de las obras y las compras efectuadas por García Peña, dijo que no tenía ni idea. Así pues, Cuadri niega toda participación en ninguna falsificación en documento público, en documento mercantil o cualquier malversación de caudales, lo cual contradice la versión de García Peña, quien le incrimina directamente como inductor.
Como vemos, son muchos los interrogantes que durante el juicio esperamos ver aclarados, pero lo que está realmente claro para nosotros es que las penas deben ser ejemplares, no ridículas como pretende la fiscalía, dado que los máximos responsables de la Guardia Civil en Balears se dedicaran presuntamente a semejantes tejemanejes, de probarse los hechos relatados, es realmente grave y el castigo que el Tribunal debe imponerles ha de tener en cuenta, no sólo los hechos, sino también los cargos y responsabilidades públicas de los procesados, que además les proporcionaban una relativa impunidad fuera de toda duda. No olvidemos que se sientan en el banquillo los máximos responsables de la Guardia Civil en Baleares en el año 2005. Por infinitamente mucho menos, por la vía disciplinaria en la Guardia Civil se suspende de empleo y sueldo a compañeros y compañeras por muchos más meses de los que pide la Fiscalía en este caso. Y sé de lo que estoy hablando. Yo mismo lo he padecido y lo padezco aún en la actualidad. Pero parece que hay dos varas de medir… Y no nos parece justo ni razonable que se trate desde la Fiscalía con tanta benevolencia actuaciones presuntamente delictivas perpetradas presuntamente por jefes de la Guardia Civil que tenían a su mando más de 1.700 funcionarios públicos en todo el archipiélago y que debían predicar la honradez y la honestidad dando ejemplo de ella, no haciendo supuestamente chanchullos tan cutres como de los que vienen siendo acusados. Confiamos en que el Tribunal aclarará lo sucedido y pondrá a cada cual en su sitio.
Es pronto para hacer una valoración final de lo que hoy hemos presenciado en la Audiencia Provincial, pero prometo hacerlo tan pronto como el juicio quede visto para Sentencia, porque todo ha sido fortísimo. Prometo contarlo con todo detalle, porque ha habido declaraciones tan sinceras y tan dignas de encomio, como que todo un coronel de la Guardia Civil reconozca que "cada comandancia funciona como un reino de taifas, donde el jefe hace lo que quiere". Aun estoy perplejo y abrumado por tanta sinceridad.
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Un adelanto se puede leer en la prensa de Baleares:
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/09/baleares/1228828321.html
http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008120900_2_417103__MALLORCA-coronel-Garcia-admite-firmo-facturas-falsas
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