23 mayo 2015

POLICÍAS DELINCUENTES


Las crudas imágenes de vídeo registradas por la cámara de seguridad de los calabozos del cuartel de Sant Ferran, que registró la presunta agresión por parte de 4 agentes de la Policía Local de Palma a un detenido, son escalofriantes. No es fácil encontrar calificativos para unos funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley que actúan como salvajes prevaliéndose de su cargo con un ser indefenso y con grilletes, que está bajo su custodia. El alcance del asunto lo indica el hecho de que los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán, adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, son los encargados del asunto. Imputan un delito contra la integridad moral para los 4 agentes y piden 2 años de cárcel para cada uno excepto para la bestia que lanzó dos patadas a la cabeza del detenido, al que además se acusa del delito de lesiones con alevosía, con una pena de 5 años. El dichoso vídeo se ha convertido en la principal prueba de cargo. A saber cuántas veces habrá sucedido algo similar sin que el indiscreto objetivo de una cámara de seguridad lo haya registrado. Pone los pelos de punta imaginarlo.

Los delitos de torturas y contra la integridad moral cometidos por autoridad o funcionario público están específicamente reflejados en epígrafe aparte en la memoria anual de la Fiscalía de Balears. En ella se dice que las denuncias son mayores que las causas abiertas al sobreseerse muchas por desistir las víctimas de acusar, lo que es muy revelador. En los últimos meses hemos conocido varios casos de espeluznante parecido. Dos agentes de Policía Nacional que agredieron a un detenido en el calabozo, le amenazaron y le encañonaron con una pistola, fueron condenados a 3 años de prisión. Y también el episodio de un sargento y 3 guardias civiles del Puesto de  Palmanova, que  fueron condenados por la Audiencia a penas de entre 2 y 4 años de cárcel por torturar a 2 ingleses en los calabozos, aunque posteriormente el Tribunal Supremo les absolvió ya que las víctimas no se presentaron en el juicio para ratificar su denuncia, todo un heroísmo teniendo en cuenta que las brutales agresiones y amenazas que sufrieron.

Hace bien Anticorrupción en investigar estos casos, pues no hay mayor corrupción que la de unos policías devenidos en delincuentes, que vulneran con el mayor desprecio la Ley que juraron hacer cumplir. La corrupción policial es aún mucho peor, si cabe, que la corrupción política.
 
(Publicado en Última Hora)

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