JUECES AMOTINADOS

Tras la huelga de jueces y fiscales del día 20 de febrero ¿qué se ha conseguido? Nada. Por eso amenazan con nuevos paros. Han logrado que por la vía de los hechos consumados, o sea pisoteando la Ley, se les tolere un derecho que tienen vetado. Tanto es así que ni siquiera se decretan servicios mínimos, ni se les descuenta la jornada de huelga del salario. ¡Así cualquiera hace huelga! Se quejan de la politización del CGPJ y de la paupérrima situación de medios que sufren. Tienen razón en esto último, pero no hay nada nuevo en sus reivindicaciones. Son las mismas de siempre. Al menos en la primera huelga, la de febrero de 2009, se cobraron la cabeza del ministro Fernández Bermejo. En la segunda, en octubre de ese mismo año, no consiguieron nada, como ahora.

¿No es escandaloso ver, por ejemplo, al fiscal anticorrupción Juan Carrau manifestarse contra el gobierno del PP? ¿No debieran ser neutrales? No protestan en defensa de la independencia judicial, sino para perpetuar el sistema de elección de miembros del CGPJ que abonó los abusos por los que tuvo que dimitir Carlos Dívar. Las mismas prebendas que reclama para sí el actual presidente, Gonzalo Moliner, cuando se lamenta de que ya no hay “semana caribeña” y que tiene que viajar en clase turista. Las mismas canonjías que han permitido al fiscal jefe y al presidente del Tribunal Superior disfrutar de coche oficial y chofer sin tener derecho a ello. No menos escandaloso resulta ver a jueces manifestarse con su toga en contra del gobierno. Tienen suerte de no tener de jefe al socialista Joan Mesquida. A mí por manifestarme con el uniforme de la Guardia Civil, me suspendió de empleo y sueldo un año.

El ministro Ruiz-Gallardón ha iniciado una reforma integral de la Justicia y pareciera que los jueces y fiscales pretenden imponer al Legislativo la reforma que a ellos corporativamente les interesa. Pero que necesita una modernización es incuestionable. Un ejemplo: la Ley prohibirá a los jueces y a sus asociaciones emitir opiniones en los medios sobre los asuntos que se tramitan en los tribunales. ¿No se les había ocurrido hasta ahora que hacerlo conlleva una presión intolerable sobre sus propios compañeros? Además las asociaciones judiciales sólo se financiarán a través de las cuotas de sus afiliados y no a través de fondos públicos. ¿Se entiende ahora mejor el cabreo de las asociaciones convocantes de la huelga?

 

Publicado en Última Hora, 2.3.2013.