Cuando un grupo de vecinos se manifiesta contra las decisiones del Tribunal Superior de Justicia, algo falla. Y no es la primera vez. El jueves se manifestaron los vecinos de Campos por las decisiones del tribunal relativas a la demolición de las viviendas ilegales de Ses Covetes; pero en abril y junio de 2010 salieron a la calle vecinos de Portocristo, en contra de la demolición del pont del Riuet. De nada les valieron las manifestaciones ni las recogidas de firmas. No es que ambos casos tengan muchos paralelismos, pero sí es revelador que un buen número de ciudadanos manifiesten públicamente su descontento con las decisiones del TSJB y lo consideren un ataque a su pueblo y a sus economías.
Esta misma semana anticorrupción nos ha demostrado que
un caso concreto, a pesar de estar plagado de irregularidades administrativas,
no supone que se haya cometido delito alguno. Es el caso de la denuncia
presentada por el Ajuntament de Palma por la adjudicación por parte de Aina
Calvo de un contrato de conservación de jardinería a la empresa Jardins de
Tramontana, de la cual es socio la pareja de Francina Armengol. 400.000 euros
de nada. Dicha adjudicación se hizo en 2008 perpetrando un cúmulo de irregularidades,
según dictamen de la Sindicatura de Comptes, que la fiscalía no considera
dignas de investigar. Ya sabíamos que para el ministerio público en Baleares la
Justicia no es igual para todos. El histriónico Miguel Ángel Subirán, el mismo
fiscal que se apresta recelosamente a perseguir toda irregularidad administrativa,
por leve que sea, no considera que este caso sea digno de realizar la más
mínima pesquisa.
La fiscalía anticorrupción está convencida que
cualquier irregularidad cometida por alguien del PP o UM esconde un grave
delito. Si idéntica irregularidad, o incluso más grave, es perpetrada por
alguien del PSOE, no pasa nada. El alcalde Mateo Isern se ha percatado de que recurrir
el archivo del caso que él mismo decidió denunciar y que no se quiere
investigar es perder el tiempo. No hay nada que hacer. No se trata de un caso,
ni dos, ni tres. Son ya demasiados donde la fiscalía se constituye en oposición
al gobierno legítimo y en defensora del PSIB. A partir de ahora habremos de
llamar a la líder del PSIB “Francina de Borbón”. A ella y a los suyos les cubre
un manto de impunidad igual de grueso que a la infanta Cristina en el caso Nóos.
O eso es lo que parece.
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