02 febrero 2013

SON OMS: VÍA PENAL IMPROCEDENTE

El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y los consellers Sonia Cardona, Bartomeu Escandell y Silvia Tur, además del ex conseller Josep Mayans, todos ellos de Gent per Formentera (GxF) han sido imputados por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y desobediencia. Esta imputación tiene su origen en una querella presentada por el empresario alemán Leo Stöber, administrador de la empresa constructora Sunway S.L, propietaria del complejo Punta Prima. Este defiende su derecho a desarrollar la segunda fase del proyecto ampliando la urbanización en 300 plazas más de las que ahora tiene, ante la oposición de los ahora imputados a través de las Normas Subsidiarias de Formentera, aprobadas en septiembre de 2010. El presidente Jaume Ferrer declaró recientemente que la motivación del querellante radica en que sus expectativas no se han visto cumplidas, le acusa de participar en un juego político para desacreditar al equipo de gobierno y defiende que su partido no quiere que Formentera tenga un desarrollo similar a Manhattan.

De forma bastante parecida otro empresario de la construcción, Ángel Ochando, denunció a Maximiliano Morales, Bartomeu Vicens, Jaime Montis, Miquel Munar y Bernardo Febrer porque según él, le estafaron y le exigieron una comisión del 15% a cambio de recalificar los terrenos de Son Oms para hacer un polígono industrial. Ahora, cinco años más tarde, la fiscalía anticorrupción ha solicitado el archivo de la causa al no detectar indicios de delito. Está claro que Ochando no vio cumplidas sus expectativas y que estaba insatisfecho con el resultado de la repartición efectuada por la junta de compensación del polígono Son Oms y por ello decidió actuar penalmente contra el resto de propietarios de Son Oms y contra los administradores. Es curioso que no actuase contra el ayuntamiento de Palma, en manos del PP, a pesar de que lamenta haber tenido que desembolsar más de dos millones de euros para la falca verde. Y por el contrario sí lo hizo contra los políticos de UM en el Consell de Mallorca, quienes carecían de toda competencia para recalificar y únicamente ejercían un control de legalidad.

Han transcurrido muchos años y se han vertido ríos de tinta sobre lo sucedido en Son Oms, según la versión de Ochando, pero el fiscal no ve motivos suficientes para continuar con la acción penal y sugiere al empresario que acuda a la vía civil. Severamente contrariado, Ochando vuelve ahora a los medios de comunicación a reiterar los mismos hechos que denunció en su día y que no se han llegado a probar jamás, quejoso de que no le hagan caso y de que la justicia proteja a aquellos que le estafaron. Nada dice del reciente informe pericial encargado por el juzgado que concluye que no hubo estafa en las aportaciones de los copropietarios del polígono a la junta de compensación. Y tampoco se puede obviar que Ochando no es ningún empresario modélico, sino más bien al contrario. Actualmente está a la espera de juicio y la fiscalía le acusa de insolvencia punible y pide para él tres años de cárcel.

Hemos llegado a un punto donde, abusando de la vía penal, cualquier promotor sin escrúpulos puede hacer que los políticos que gobiernan hagan lo que él quiera con la sola amenaza de ir con el cuento a la fiscalía anticorrupción. Y como eso es algo que nadie quiere, pues al final acaban sometiendo su voluntad y el bien común a la de dichos empresarios corruptos. Si lo que se reclama es más dinero, la vía penal es improcedente aunque siempre da más juego para que el caso tenga repercusión mediática. Donde haya una denuncia por comisiones que se quite un contencioso administrativo.

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