Imaginemos cómo sería Mallorca si proyectos urbanísticos que se quedaron en meras intenciones, hubiesen visto la luz. Muchos de esos lugares son actualmente zonas severamente degradadas y sin ninguna utilidad pública ni privada. Sucios, abandonados, refugio de indigentes, algunos ruinosos y otros con perspectivas de futuro muy inciertas. La mayoría de ellos se quedaron estancados por una deficiente gestión, siendo benévolos. Algunos de ellos sufrieron el impulso de una administración y el boicot de otra. Otros son sencillamente fruto de la inacción y la negligencia. Pero Palma sería una ciudad mucho mejor si se hubiese logrado reconvertir estos espacios en lugares útiles.
El Lluís Sitjar permanece en el limbo entre la demolición del viejo campo
de fútbol y la construcción de un nuevo estadio, eterno sueño de todo
mallorquinista. Son Busquets pelea por no morir de asco mientras se espera la
urbanización de sus 100.000 m2. La fachada marítima y el edificio
Gesa están a la espera de lo que decidan los tribunales, sin descartar que
Núñez logre la demolición del viejo edificio del arquitecto Ferragut y
construya sus edificios de lujo en ese solar y sobre el parque recién
inaugurado. Can Domenge, refugio de toxicómanos, continúa su lenta pero imparable degradación
sin que el Consell de Mallorca -ni José Luis Núñez, que decía estar dispuesto a
pagar 60 millones de euros por el solar- hayan acudido a la subasta judicial ni
hecho ninguna oferta a Sa Nostra, dispuesta a vender la finca por muchísimo menos
de los 30 millones que cobró el Consell. El canódromo se pudre sin la más
mínima voluntad de ampliar la falca verde de Joan Fageda. La vieja cárcel
convalece sin utilidad ninguna y completamente vacía, sin que Instituciones
Penitenciarias ceda la instalación al consistorio, por más que se le regaló un
solar en Son Morro, donde construyó el Centro de Inserción Social y la cárcel
de madres. La posesión de Son Puig en La Vileta, a pesar de ser un bien
protegido y catalogado, amenaza ruina por la negativa de Rodrigo de Santos y de
Aina Calvo de permitir la instalación de la Ràdio i Televisió de Mallorca, con
el perjuicio económico consiguiente recién declarado por los tribunales.
Los casos citados no son más que el resultado de la política de trampas y minas
que hemos sufrido en Baleares. Nuestros políticos se han dedicado a poner palos
en las ruedas de los proyectos de otras formaciones antes que a trabajar todos juntos
por el bien común. Y así tenemos todos estos espacios emblemáticos convertidos
en auténticos monumentos a la incompetencia de nuestros gobernantes.
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