¿Recuerda alguien
la polémica surgida entre PSOE y PP por el sistema de escuchas telefónicas SITEL
durante la legislatura pasada? Ahora que el PP gobierna, ya no hay quejas sobre
las garantías que ofrece SITEL o si supone un abuso del Estado contra el Gobierno.
Sumemos a eso la denuncia de Amnistía Internacional España por el uso desproporcionado
de la fuerza por parte de los Cuerpos de Seguridad en manifestaciones y concentraciones
de protesta ocurridas en los últimos meses. ¿No es todo muy preocupante?
Pero lo más brutal
es la filtración de “borradores policiales” a los medios de comunicación para, a
través de la presión de la opinión pública, obligar a las autoridades judiciales
a que investiguen a alguien, incluso a un partido político, sin que nadie se responsabilice
de las acusaciones. La legalización de las denuncias anónimas. Pura GESTAPO. A
partir de ahora, cuando un policía quiera causarle problemas a alguien no tiene
más que escribir en un oficio una serie de acusaciones de cualquier delito, darle
el nombre de “borrador de informe” al documento elaborado y enviárselo al
periódico correspondiente (hay muchos y de variadas líneas políticas, con lo
que solo hay que encontrar el que comulgue con las tesis de uno), aunque por el
camino se cometan un montón de delitos. No es necesario que el “informe” esté
registrado, ni que lleve la firma de ningún funcionario. El periódico en
cuestión lo publicará sin mayor comprobación y se remitirá en todo momento a
fuentes policiales anónimas, aunque se puede ahorrar el trámite anterior si lo
hace el periódico directamente. Es lo que tienen los borradores de informe policial, que siempre los puede hacer cualquiera. Total, nadie se responsabilizará de lo que pone allí...
Para defender el
buen hacer y la profesionalidad de los funcionarios policías, siempre habrá un
sindicato policial (hay tantos como periódicos) que defenderá la legitimidad de
cualquier policía para investigar lo que les plazca. Y oportunamente se acusará
a quien critique este comportamiento estalinista de connivencia con el
delincuente. Si alguien alegase que no hay ninguna prueba, el coro replicará
rápidamente que es porque no se ha querido investigar. Y así acabamos de
convertir España en un estado policial puro y duro. Donde los delitos, si no se
han probado es porque no se han investigado. En tal de acabar con el proceso
soberanista de Catalunya, lo que haga falta. Aunque sea convertirnos en un estado
policial o directamente en una dictadura militar como propone la incalificable Asociación
de Militares Españoles que defiende la intervención de las Fuerzas Armadas en Catalunya.
¿Se puede ser más tarugo?
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